Al llegar al semáforo donde intersecan la calle Enterprise y la avenida Baldorioty de Castro, resaltaba un letrero gigantesco que decía “La Junta miente: Hablemos la verdad”; al lado una carpa y personas conglomeradas en su interior y alrededores.
Mientras la Junta de Control Fiscal (JCF) presentaba el informe Kobre & Kim en el Centro de Convenciones, un grupo de ciudadanos –entre ellos miembros de distintas organizaciones– manifestó su rechazo a la investigación de la deuda preparada por el ente federal en una actividad organizada por Vamos Puerto Rico el pasado martes, 18 de septiembre.
El panel fue dirigido por la presidenta de Vamos Puerto Rico, Ana Irma Rivera Lassén y participaron Luis José Torres Ascencio, vicepresidente de la Comisión Ciudadana por la Auditoria de la Deuda; Eduardo Berrios, presidente de la Junta de Retiro UPR; Javier Córdova, presidente de la Asociación de Profesores Puertorriqueños Universitarios (APPU) y Marinilda Rivera del Colectivo Dignidad.
Entre otras irregularidades, los ponentes cuestionaron el que este informe no pase juicio sobre los actos que llevaron a la deuda y no señale responsables; el gasto de 16 millones de dólares en una investigación que de ninguna manera representa la auditoría de la deuda; la destrucción de la UPR y la reducción de salarios y pensiones.
Torres Ascencio, señaló que desde el inicio la JCF se ha negado a realizar alguna investigación exhaustiva sobre las causas de la deuda e incluso a utilizar la palabra “auditoria”.
“De hecho, no fue hasta que el Comité de Acreedores no Asegurados solicitó que se investigara la responsabilidad de entidades como el Banco Popular, Santander y UBS que la JCF anunció que haría su propia investigación y contrató la firma Kobre & Kim” añadió.
El informe Kobre & Kim destaca y visibiliza que entidades como el Banco Popular, Santander y UBS incurrieron en practicas de conflicto de interés porque estaban “jugando en ambos lados de la ecuación”; mientras participaban con el gobierno en la venta y emisión de bonos, por otro lado cuestionaban y dudaban sobre la capacidad del gobierno para pagar estos bonos y la legalidad de ciertas transacciones.
“La pregunta que no contesta el informe es qué va a pasar con esos conflictos de intereses. En ese sentido el informe no solo no señala a los responsables de la deuda, sino que no propone soluciones concretas”, sostuvo el vicepresidente de la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda.
En su turno Eduardo Berrios, presidente de la Junta de Retiro de la UPR cuestionó que “la JCF ha expresado al sector público que va a hacer un recorte de un 10% sin ninguna explicación”.
Por tanto, sostuvo que la posición de la Junta de Retiro exige una explicación ya que toda la data valida que con un plan de beneficios definidos se garantiza la perpetuidad de las pensiones en la UPR.
Si la Junta de Gobierno (JG) de la UPR adopta la propuesta de la JCF, que consiste en cerrar el plan de beneficios definidos, la Junta de Retiro proyecta que el fideicomiso se va a quedar sin fondos en 5 años.
“Nosotros pagamos 200 millones en pensiones, si se implantara esa propuesta serían unos 500 millones. Ahora la Universidad aporta al plan de retiro entre 79 a 82 millones. Si en 5 años tuviesen que pagar 200 millones y en el futuro 500 millones ahí hay un atentado directo a la existencia de la Universidad”, explicó.
“Aquí lo que está en peligro son las fuentes de ingreso que al cerrar el plan fiscal se impactarían las pensiones vigentes y futuras. En contra de lo que ha presentado la Junta de Gobierno UPR, porque en las múltiples versiones del Plan Fiscal no se ha contemplado cerrarlo, sino reestructurarlo ¿Qué significa eso? Solo ellos lo conocen” añadió.
Javier Córdova y Marinilda Rivera fueron los últimos ponentes.
Córdova, por su parte, mencionó que uno de los elementos fundamentales de la ley universitaria es la garantía de autonomía fiscal “se supone que de todo el ingreso que genera el gobierno de Puerto Rico –fondo general– el 9.6% va a la UPR de y esa fórmula básicamente garantizaba la autonomía de la Universidad.
Ese 9.6% que recibe la Universidad garantiza la participación y contribución de la universidad en el país dependiendo como estén las finanzas. Según explicó el presidente de la APPU, en 2013 se alteró la Ley Universitaria y se congeló la fórmula porque las finanzas del país estaban subiendo a pesar de la crisis y no querían darle más dinero a la Universidad.
Desde el 2013 hasta 2016 la UPR recibió $833 millones del Fondo General. Fue el gobierno quien en 2017 planteó reducirle a la Universidad $450 millones y desde entonces las reducciones son cada vez más dramáticas.
Actualmente el presupuesto de la universidad está en $597 millones y pretenden reducirlo a $410 millones que es menos de la mitad de los $833 aprobados en el 2013. Lo que se refleja en aumentos de matrícula a nivel sub-graduado y graduado; reducción de estudiantes; eliminación de beneficios marginales a docentes y no-docentes; desmantelamiento del plan de retiro; eliminación del plan médico, exenciones de matrícula, etcétera.
“Una agenda neoliberal en contra de todo lo público”, describió.
Rivera, por su parte, compartió los datos preliminares sobre un estudio realizado en 2016 por el Colectivo Somos Dignos. Ya en aquel entonces los resultados reflejaron desacuerdo con los recortes propuestos por el ente federal a Salud (91%), Sistema de Retiro (91%) y la UPR (86%) así como la percepción de que las acciones solo agravarían la situación fiscal, económica y social del país.
Un 86 % estuvo de acuerdo con que la deuda se debía auditar. 70% creía que la JCF aumentaría el desempleo; 67% que reduciría los servicios básicos; que agravaría la corrupción un 55% de los casos; que vendría a violar derechos en vez de protegerlos y en el 52% de los casos que agravaría la crisis económica del País.
