Por Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch Centro de Periodismo Investigativo
Más allá del debate no resuelto sobre el número de muertes provocadas por el huracán María en Puerto Rico, las vidas de miles damnificados siguen en peligro.
Las circunstancias que causaron las defunciones vinculadas al huracán – que al momento se estima que oscilan entre las 1,000 y las 5,000 víctimas – siguen presentes a casi nueve meses del desastre en sectores urbanos y rurales alrededor de la isla grande y en las islas municipio de Vieques y Culebra.
Durante los pasados seis meses el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y qz.com –un medio especializado en periodismo de datos– recopilaron los nombres, información demográfica, y datos relacionados tanto a las causas clínicas de muerte como a las circunstancias vinculadas a María que detonaron las muertes de 193 personas. La información, recogida entre diciembre de 2017 y abril de 2018 a través de un formulario desarrollado por ambos medios y expertos en salud pública, fue provista por familiares directos en el 95% de los casos y más de la mitad de ellos fueron validados con entrevistas telefónicas. El 47% de los validados proveyó además evidencia documental de la muerte como certificado de defunción y tarjetas de funerarias. En las pasadas semanas, se han recogido 45 casos adicionales que están en proceso de validación.
Los 193 casos documentados por el formulario hasta abril y los 45 recién llegados, se suman a los 64 casos certificados por el gobierno hasta la fecha y a los 68 que habían sido recopilados por el CPI hasta noviembre, a excepción de seis que resultaron duplicados. Usando las tres listas de muertes que han sido expresamente relacionadas al desastre natural, retirando los duplicados, las víctimas suman ya 364.
Sobre la baja cifra en la que se mantiene el conteo oficial, el secretario de Seguridad Pública Héctor Pesquera dijo que “el gobierno de Puerto Rico aguarda por los resultados del estudio delegado a la Universidad de George Washington.”
El formulario logró documentar informes de muertes en 60 de los 78 municipios de Puerto Rico. Una de las limitaciones del mismo fue que al ser electrónico y basado en la iniciativa de los participantes, produce un sesgo hacia las personas que tuvieron los medios para reportar los casos de sus familiares, en lugares que tenían acceso a Internet, por lo que la muestra se desvía hacia personas con un nivel socioeconómico más alto que el promedio de Puerto Rico. Asimismo, es notable que los municipios que aún reportan problemas de servicio eléctrico y de acceso a comunicaciones resultaron con poca o ninguna participación.
El CPI se dirigió en los pasados días a media docena de estos municipios poco representados en la muestra y pudo evidenciar que en efecto los problemas persisten, la mortalidad y vulnerabilidad son altas, y el acceso a Internet de estas poblaciones poco o ninguno.
“(Los municipios no representados) todos van a tener algo en común, sus sistemas no están trabajando bien. Estamos teniendo aún serios problemas de comunicación, explicó el alcalde de Yabucoa, Rafael Surillo, quien ha constatado un aumento significativo en muertes en su pueblo por el alto volumen de entierros. Darlene Rivera, administradora del Cementerio Municipal e hija de una víctima del huracán, confirmó al CPI la alta tasa de mortalidad indicando que en octubre se duplicaron los sepelios y el alza, aunque ha ido mermando, continuaba hasta mayo.
Las muertes se dispararon a tal nivel que tuvieron que construir nuevas fosas justo después del ciclón y las siguen construyendo, atestiguó el CPI.
El CPI y qz.com analizaron los datos de los casos validados y encontraron tendencias claras sobre las circunstancias específicas, cambios y disloques provocados por el desastre, como falta de electricidad, que dispararon las causas clínicas de muerte, como serían ataques al corazón o fallos respiratorios. La información demográfica y tendencias de los casos validados resultó consistente con las de los casos no validados.
El 79% de las muertes se concentró casi en igual proporción entre personas de 60 a 100 años, con una mediana de 76 años para el total de la muestra. Otro 19% de las muertes se concentró en adultos en edad productiva de 40 a 60 años.
La falta de electricidad fue la principal razón citada como el mecanismo subyacente que provocó la muerte, seguida por falta de acceso a tratamiento médico, y luego por daños ocasionados por el huracán, como inundaciones, derrumbes, y daños a estructuras y carreteras.
La muestra también revela que sobre el 60% de las muertes vinculadas al huracán ocurrieron en los hospitales, CDTs y asilos del país por problemas de acceso a servicios básicos en estas facilidades u otras dependencias de servicios de salud. Previo al deceso en estas facilidades, muchas de las víctimas habían acudido en vano a buscar servicios ambulatorios a otros proveedores tales como farmacias, oficinas de médicos generalistas y especialistas, centros de tratamientos especializados de diálisis y quimioterapia. La mayoría de estas facilidades no estaban prestando servicios vitales o tuvieron que cerrar sus puertas quedando los pacientes a la deriva.
El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, confirmó al CPI que alrededor de 1,000 oficinas médicas tuvieron que cerrar a raíz de María por daños estructurales y por falta de electricidad. También, indicó que el evento aceleró aún más la fuga de médicos que viene experimentando Puerto Rico hace años, agravando la insuficiencia de profesionales que impide que los hospitales puedan cumplir con las cuotas mínimas requeridas de personal especializado en sus salas de emergencia para atender adecuadamente a los pacientes.
“La disponibilidad (de especialistas) está limitada. A mí me preocupa. Hay que hacer maravillas para cubrir las necesidades mínimas en los hospitales”, sostuvo el Dr. Ramos en entrevista, lo cual indica que este es un problema latente a nueve meses del huracán.
Entre los problemas específicos de servicios de salud denunciados en los formularios, tanto en facilidades de salud como en sus hogares, figuran fallas en equipos médicos o imposibilidad de utilizarlos por falta de electricidad, condiciones insalubres por la humedad y el calor, falta de suplidos como oxígeno y medicamentos, e imposibilidad de refrigerar medicamentos. Estas situaciones continuaron ocurriendo meses después del paso de María.
El 33% de las muertes documentadas ocurrieron en las residencias de los difuntos, frecuentemente vinculadas a lesiones debido a accidentes por falta de iluminación, a caídas y a fallos cardíacos por esfuerzos extraordinarios en labores tales como el recogido de escombros y la contención de inundaciones. También se reportaron sobre tres decenas de muertes por falta de agua y comida.
Las víctimas restantes en la muestra murieron en otros lugares tales como vías públicas, ya fuese mientras se intentaba transportar los pacientes a algún hospital que pudiese recibirlo o debido a accidentes por las malas condiciones en que quedaron las carreteras.
En los tres grupos principales de lugares de fallecimiento, la mayoría de las muertes documentadas se produjeron durante las semanas y meses que siguieron al huracán, no el día del evento, y continuaron hasta abril de 2018.
Luis Avilés, profesor de salud pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, destacó que el valor de esta investigación es que quienes llenaron el cuestionario lo hicieron directamente para ofrecer información respondiendo a un llamado para documentar las muertes relacionadas directa o indirectamente al huracán María. A diferencia de los otros estudios y análisis estadísticos publicados hasta la fecha, que estaban dirigidos a estimar la cantidad de muertes base de análisis estadísticos, el propósito de la investigación conjunta fue documentar casos específicos de personas cuyo fallecimiento se atribuye al paso del fenómeno y obtener información de primera mano sobre las circunstancias de la muerte y su relación con los eventos que se suscitaron como consecuencia del paso del huracán, agregó.
“La narración que hacen los informantes, por vía escrita o por entrevista telefónica permitió obtener un nivel de detalle sobre las circunstancias del fallecimiento y sobre los mecanismos que causaron o precipitaron la muerte que son muy difíciles de conseguir a través de investigaciones basadas en cuestionarios de preguntas con alternativas múltiple”, explicó el Dr. Avilés.
“Si partimos de la premisa de que las personas en niveles socioeconómicos más bajos están en una situación más vulnerable en asuntos relacionados a condiciones de vida y de salud, cualquier conclusión a la que llegue este estudio resulta ser todavía más grave cuando se toma en cuenta la población general del país”, afirmó el catedrático.
Luego de que el CPI alertara desde la semana después del huracán sobre la discrepancia en los números oficiales de muertes, la cifra de alrededor de 1,000 muertes en exceso para los meses de septiembre y octubre fue estimada por primera vez por el demógrafo Alexis Santos de la Universidad de Pensilvania el 21 de noviembre. El 7 de diciembre, el CPI fue el primer medio que hizo referencia a las muertes en exceso ocurridas en Puerto Rico del 20 de septiembre al 31 de octubre de 2017, comparado con 2016, según las cifras oficiales de defunciones del Registro Demográfico para todo Puerto Rico. Análisis y conclusiones similares fueron publicadas posteriormente por The New York Times.
El número de 4,645 muertes que ha figurado en titulares alrededor del mundo desde mayo, y que ha sido asumido por la población como un número simbólico de indignación colectiva ante la inacción del gobierno en la contabilización de las muertes, surge de un estudio realizado por la Universidad de Harvard, publicado el 29 de mayo en The New England Journal of Medicine, que cubre del 20 de septiembre al 31 de diciembre. La cifra en realidad es la media entre el estimado mínimo de muertes y el estimado máximo que reveló análisis de encuestas realizadas a una muestra de 3,299 hogares representativos de la demografía de Puerto Rico. En esos hogares, encontraron que ocurrieron 38 defunciones vinculadas al huracán.
Los 193 casos recogidos por el CPI y qz.com constituyen la primera muestra de casos donde testigos y allegados detallan los mecanismos y circunstancias específicas vinculadas al huracán que provocaron la muerte. Algunos de los mecanismos más mencionados como detonantes, tales como la falta de electricidad y la consecuente incapacidad de los enfermos de utilizar equipos médicos, continúan presentes entre las poblaciones más vulnerables en por lo menos media docena de pueblos subrepresentados en la muestra, según evidenció el CPI en visitas de campo hechas en las pasadas dos semanas.
COMERÍO: Miles sin techo aún
Las montañas de Comerío y el río que las acaricia engañan a cualquiera que llegue a visitar el lugar. La vegetación ha recuperado su verdor perdido por la devastación del huracán María y las carreteras están limpias, libres de escombros. Pero quien enfoque en los detalles se dará cuenta de que los resultados de los estragos y el peligro permanecen latentes por doquier amenazando las vidas de miles de comerieños, la mayoría de los cuales estuvieron sin agua y sin electricidad casi siete meses. Postes virados que penden de un hilo, cables eléctricos a baja altura y rotos, y personas viviendo bajo techos rotos o inexistentes están por doquier.
Tras la energización del 99% de Comerío en mayo, los problemas de viviendo son ahora el mayor reto que enfrenta aún este municipio de 20,000 habitantes a nueve meses del huracán, admitió en entrevista el alcalde Josian Santiago. Según indicó, un total de 2,000 de las 7,500 residencias existentes en el pueblo –unos 6,000 habitantes– perdieron el techo y la mayoría de estas familias aún no ha podido repararlos porque las ayudas que FEMA ha concedido son insuficientes. Los afectados se refugiaron en las casas familiares o amigos, causando tensiones intrafamiliares por la larga extensión de la estadía, o están viviendo bajo techos remendados que constituyen un peligro constante para sus vidas. El municipio se dispone a comenzar un nuevo censo para saber cuántos de esos techos han podido ser reparados, pero Santiago estima que ronda en el 25%.
A solo dos cuadras de la alcaldía, vive Justina Díaz Pérez, quien sufre por partida doble. El ciclón le arrebató el techo del tercer piso de su casa, donde vivía su hijo Ángel Luis Santiago Díaz. De 35 años, el hombre perdió todas sus pertenencias, y de paso también el empleo. Como tantos otros jóvenes desempleados en Comerío, terminó pasando sus días en la calle y murió abatido a tiros en febrero en la denominada masacre de Comerío, cuando un joven entró al bar El Deportivo y acabó con la vida de cinco y dejó un herido.
En medio de la tristeza, la mujer de 57 años sigue lidiando sola con las filtraciones constantes que se producen en el segundo piso de su casa donde ubica su dormitorio y el de su hija Sulaika Santiago Díaz, no vidente de 38 años. FEMA le dio $1,600 para arreglar el techo cuya cotización fue de $16,000, por lo que no ha podido proceder con el arreglo. Entre tanto, cuando llueve, se dedica a lidiar sola con las inundaciones y a proteger a su hija. Ambas se mudan a la sala en el primer piso, donde almacena además las pertenencias perecederas para protegerlas, y duermen en el sofá.
Justina también culpa al huracán por el asesinato de hijo, porque si no hubiese perdido la casa y el empleo, dijo, no hubiese andado en la calle.
Janice Solivan Roy, directora de Casa Juana, una organización comunitaria dirigida a brindar apoyo a las comerieñas, sostuvo que los desplazamientos y la agudización del desempleo provocados por el huracán en Comerío han causado un alza en los niveles de violencia intrafamiliar, sexual y de género así como juvenil, ya que son cada vez más los jóvenes ociosos en las calles del pueblo.
“En el caso de muchos, los obligó a meterse al lugar de la agresión original y en par de días comenzó a aflorar la violencia intrafamiliar”, sostuvo Solivan Roy.
