Mientras más casos contra la Ley Promesa de parte de grupos de la sociedad civil puertorriqueña lleguen ante la consideración de la juez Laura Taylor Swain, más oportunidad habrá de demostrar las consecuencias del menoscabo, la violación de los derechos políticos y humanos, que significa la imposición de la ley y su Junta de Control Fiscal (JCF) para todas y todos los puertorriqueños. Así se desprende de la exposición de una nueva demanda por parte de las uniones de la Corporación del Fondo Seguro del Estado (CFES) y sus asesores legales.
La Unión de Empleados (UECFSE) y la Unión de Médicos (UMCFSE) presentaron la semana pasada una segunda demanda contra la JCF y el gobierno de Puerto Rico, en la cual plantean que el plan fiscal (PF) certificado por la Junta viola la ley Promesa, la constitución de Estados Unidos (EEUU) y Puerto Rico, y el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva bajo la constitución de Puerto Rico.
En conferencia de Prensa el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, explicó que la Constitución de EEUU tiene una cláusula que prohíbe el menoscabo de las obligaciones contractuales y cuando dice que prohíbe se refiere a que los estados no pueden menoscabar una obligación contractual de un convenio colectivo. Esta obligación contractual está avalada también por la constitución del ELA que establece que hay un derecho a la negociación colectiva y por tanto un estado no puede alterar las disposiciones de un convenio colectivo a menos que exista una justificación apremiante.
En esta dirección plantea que las leyes aprobadas por el gobierno de Puerto Rico entre ellas la Ley ley 66 del 2014, la Ley 3 del 2017, la Ley 8 del 2017 – la que crea el empleador único y el programa de movilidad y la Ley 26 del 2017, todas ellas están incorporadas en el PF de la CFSE certificado por la JCF y al estar incorporadas han menoscabado de manera sustancial los derechos negociados en los convenidos colectivos de las uniones de la CFSE. La aplicación de estas leyes a los trabajadores de la CFSE han tenido un impacto de alrededor de $139 millones para los de la UE y unos $12.7 millones para la UM.
El licenciado Emmanuelli Jiménez, expuso que los empleados y médicos de la CFSE tienen su convenio colectivo y que forman parte de la operación de una entidad que es solvente, que no tiene problemas económicos y que además presta un servicio esencial, e incluso que el Fondo es un servicio esencial para la estabilidad de la económica del sistema capitalista al dar una inmunidad patronal por accidentes en el trabajo, por lo que es indispensable para el sistema económico y político que tenemos.
Destacó que estos señalamientos son “importantísimos” porque la Ley Promesa dice que el plan fiscal debe proveer el financiamiento adecuado a los servicios esenciales. “Entonces tenemos aquí una corporación pública que es solvente que ha sufrido por mucho tiempo unos ataques del gobierno central, que ha menoscabo sus finanzas pero ha sido por problemas que tiene el gobierno central, no el Fondo”. Desde este hecho dijo que la aplicación de las leyes de austeridad laboral a los empleados de la CFSE no se justifican a la luz del servicio esencial que presta y a la luz de que la corporación no es una entidad que tenga insolvencia económica. La CFSE tampoco ha presentado un caso de Titulo 3, de Promesa de ajuste de deuda. “En ese sentido no se justifica que el gobierno le aplique las disposiciones de austeridad a unos empleados de una corporación pública que no está en este tipo de problemas”, reiteró.
En tanto la constitución de Puerto Rico-dijo- tiene una cláusula similar, por lo que considera que hay un espacio para cuestionar estas leyes bajo estas cláusulas y si se resuelve que en efecto no hay una justificación para menoscabar los derechos de los trabajadores de la CFSE pues la ley es inconstitucional. Según explicó el licenciado Emmanuelli Jiménez de ser así entonces la jueza Taylor Swain tendría que entrar en el remedio apropiado que evidentemente sería la restitución de todas las prerrogativas en el convenio.
El licenciado Emmanuelli Jiménez, quien participa de varios pleitos contra la Ley Promesa, aclaró que esta demanda es un reclamo distinto a la que presentaron los trabajadores y los médicos de la CFSE hace unos meses. Indicó que este es un pleito nuevo, independiente, con un procedimiento adversativo que va a seguir su tramo bajo las reglas de quiebra que apliquen a los procesos de Título III. .
En el primer caso las uniones plantearon que la Ley Promesa es inconstitucional porque violenta la Enmienda número 13 -la cual prohibe la esclavitud- y la Enmienda 15 -que prohibe el menoscabo del voto por razón de raza- de la Constitución de EE UU. En ese caso el planteamiento básico -expuso- es que Puerto Rico ha tenido un gobierno propio, aunque limitado, insuficiente, pero habiendo un gobierno propio a la luz de la constitución de 1952, ese gobierno fue menoscabado sustancialmente con la Ley Promesa.
Continuó que la controversia que tenía y que tiene todavía ante si la juez Taylor Swain, -respecto a la polémica sobre el presupuesto- es precisamente a los efectos que tiene la Ley Promesa en los poderes políticos del gobierno. Describió las consecuencias de que mientras los ciudadanos y empleados del Fondo -todos- nos afectamos en nuestro derecho al voto, votamos por unos funcionarios que no tienen los poderes porque han sido menoscabados, que no tienen los poderes para implantar políticas publicas, ni siquiera el presupuesto. Ese derecho que se tenía para un gobierno propio se ha menoscabado.
Además, señaló que se han menoscabado las prerrogativas democráticas que están protegidas por la Constitución federal y el Derecho Internacional de los empleados del Fondo porque los que están implantando las políticas públicas son personas que no han sido electas por ninguno, sino que fueron personas seleccionadas por el presidente de EEUU de una lista que le dio el Congreso. A juicio de Emmanuelli Jiménez el nuevo pleito viene a redondear los planteamientos que tienen los demandantes en oposición a la Ley Promesa y reinvindica los derechos políticos en el primer caso como los derechos laborales.
Robo en el Fondo con el Plan Fiscal de la JCF
En tanto el presidente de la UECFSE, Francisco Reyes, presente en la conferencia de prensa denunció que el Fondo es una “corporación auto sustentable, que no depende de asignaciones del Fondo General del Gobierno para operar y cumplir con su deber constitucional de proveer un seguro completo y servicios de salud de manera que los trabajadores lesionados puedan retornar a sus labores. Pero con las leyes aprobadas el gobierno atentó contra la estabilidad económica del Fondo al exigirle transferir fondos a otros agencias”.
Se refiere a que en el PF certificado por la JCF aprobado el 29 de junio le imponen a la corporación una reducción de $315. 7 millones en cinco años. A preguntas de CLARIDAD sobre cómo se haría esta reducción Reyes expuso que la reducción en los gastos, implica cortes en servicios. Las pólizas a los patronos se van a seguir cobrando, pero en la Ley 26 se habla de un “sobrante” es decir -los $315.7 millones- van a ir al gobierno central.
Se trajo a la luz que hay versiones del PF de la JCF que hablan del concepto de monetización del Fondo, concepto que significa privatización. En algunos estados de EEUU este tipo de servicios de salud a los trabajadores lesionados está privatizado. Para el licenciado Emmanuelli Jiménez dentro de la visión que tiene la JCF la privatización de la CFSE es una de las “joyas de la corona”, al igual que la AEE.
Mientras el vicepresidente de la Unión de Médicos, Walter Ramos, denunció que desde hace varios años la plantilla de médicos de carrera en la CFSE se ha ido reduciendo de 250 hace 12 años a 119 al presente lo que afecta los servicios. Precisó que, desde hace 12 años que no se revisan las escalas salariales por lo que la aplicación de las nuevas leyes laborales hacen muy poco atractivo la corporación para los nuevos médicos. Reclamó que los médicos que trabajan en el Fondo practican una medicina ocupacional especializada y denunció que por ejemplo hay dos regiones Arecibo y Caguas en las que quedan solo dos médicos de carrera. El Hospital Industrial no tiene especialistas en dermatología, gastroenterologo, las plazas de internistas están congeladas, hay un solo ortopeda, no hay cirujanos y hay un solo neurólogo por contrato. Este personal para atender alrededor de tres mil pacientes.
