Con un director ejecutivo de un pasado de señalamientos dudosos, que días antes de comenzar propiamente en su puesto, este lunes 23 de julio, ya tiene cuáles serán las primeras plantas de generación de energía que va a vender para comenzar la privatización, estamos a la expectativa de qué sucederá en la vista en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos, el miércoles 25 de julio. Mientras, continúa la divulgación de los malos manejos, el saqueo contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) –sin prisa y sin pausa– y, por ende, contra el pueblo de Puerto Rico.

No bien superada la crisis de las renuncias en la AEE, el Instituto para el Análisis Financiero y Económico para la Energía (IEEFA, siglas en ingles) denunció en un nuevo artículo que los prolongados escándalos por la compra de petróleo en la AEE socavan las iniciativas de la privatización y las reformas de contratos en la corporación.

Según sugiere el análisis de IEEFA la práctica prolongada por más de 30 años en la AEE de comprar petróleo de baja calidad a precios de alta calidad contribuyó a la ruina de este servicio público. El conocimiento de esta práctica podría socavar las iniciativas de la privatización, ya que los titulares de bonos podrían reclamar pérdidas millonarias por ello.

“Aunque las debilidades en los procesos de adquisición y contratación de la agencia son claras, no se abordan en la ley de privatización, recientemente promulgada y aparentemente diseñada para transformar a la PREPA”, indicó en comunicado de prensa, Tom Sanzillo, director de finanzas de IEEFA y coautor del informe con Cathy Kunkel, un analista de energía IEEFA. “Tampoco se abordan adecuadamente en las reformas contractuales propuestas recientemente”.

El informe de IEEFA establece que existe un historial de “fraude, evasión de supervisión y distorsiones presupuestarias” en la AEE, como producto de un acuerdo por el cual las compañías petroleras que trabajan en conjunto con la Oficina de Combustible de la AEE y los laboratorios privados de pruebas de petróleo muy probablemente le vendieron petróleo a sobreprecio a la Autoridad. Además cita detalles tanto de una demanda colectiva presentada en 2015, que actualmente se está litigando, así como de una investigación en el Senado de Puerto Rico en 2016. Y señala que la AEE gastó aproximadamente $ 23 mil millones en combustible entre 2002 y 2014, lo que sugiere que el costo para los consumidores y tenedores de bonos podría haber sido de más de $ 1 mil millones.

Se identifica que tanto las compañías implicadas en el escándalo, Petrobras, Petro West, Shell, Trafigura y Vitol, como el tema en general -expone IEEFA- han sido pasados por alto, especialmente fuera de Puerto Rico. “Aunque se remonta a muchos años atrás, la estafa en cuestión tiene implicaciones significativas hoy, especialmente con respecto a las reformas de gestión que se necesitan para reconstruir la AEE”, dijo Sanzillo. “El Estado Libre Asociado de Puerto Rico no puede avanzar, y mucho menos prosperar, sin un sistema eléctrico asequible y confiable. La historia de mala gestión y corrupción de la AEE -cuyos ejemplos más evidentes se pueden ver en las operaciones de la Oficina de Combustible de la agencia y en el esquema de compra de petróleo descrito en este informe- sigue siendo un impedimento importante para su éxito y su capacidad para mantener el acceso al capital mercados “.

De acuerdo con IEEFA, el escándalo de la compra de petróleo puede dar una oportunidad a los titulares de bonos de la AEE para presentar demandas contra las partes involucradas. La AEE se encuentra en bancarrota con una deuda de más de $ 8 mil millones, y los acreedores “pueden tener motivos para reclamar por los daños causados por la mala gestión y corrupción de la AEE” en las prácticas de adquisición de petróleo descritas. El informe también describe una “supresión sistemática” de denunciantes.

Por último, sugiere el que si en efecto Puerto Rico se mueve a adelantar la construcción de más fuentes de energía renovable, según lo establece el plan fiscal de la AEE certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF), una consecuencia positiva involuntaria sería que se “afloje el agarre corrupto que tiene el sector de combustible fósiles sobre la AEE”.

A las y los puertorriqueños ni la lucha ni la perseverancia nos es ajena. En ese espíritu, el Movimiento 20 de septiembre: A descolonizar nuestra Nación, se propone llevar a cabo, los días 20 de cada mes, una manifestación en el Puente Dos Hermanos, llamado ahora también, el Puente de las Mujeres, con el fin de lograr que la Asamblea General de las Naciones Unidas (AG ONU) atienda el caso colonial de Puerto Rico. La iniciativa, convocada en primera instancia por el exprisionero político Oscar López Rivera, dio inicio este viernes 20 de julio, a las cinco de la tarde; simultáneamente otro grupo hizo lo propio en la ciudad de Chicago.

En un acto simbólico, Josefina Pantoja, portavoz de la iniciativa del grupo de mujeres que por cuatro años consecutivos se manifestó todos los últimos domingos de mes en el Puente Dos Hermanos a favor de la excarcelación de López Rivera, hizo un paso de batón a este nuevo esfuerzo, a la vez que destacó la alegría, el colorido y las consignas que caracterizaron la manifestación de las mujeres cada domingo. “¡Qué mejor causa que volver aquí para la causa más importante, la soberanía!”, expresó Pantojas al llamado de López Rivera al 20-9.

“Todas y todos se preguntarán por qué el 20.9. Y es en honor a toda aquella población invisible para los que ostentan el poder, que son víctimas de la indiferencia criminal y negligencia, tanto del gobierno de Puerto Rico, como de los Estados Unidos, en atender sus necesidades básicas de techo, agua, comida, servicios médicos, entre otros derechos humanos fundamentales, tras el azote del huracán María, el pasado 20 de septiembre de 2017”, declaró, a los presentes el licenciado Fermín Arraiza Navas, portavoz del 20-9.

El paso del huracán María, dejó al descubierto la pobreza, denunció la crisis fiscal por la que atraviesa el país y desenmascaró la imposición de una junta de control fiscal por el gobierno de Estados Unidos, que se ha dado a la tarea de desmantelar los servicios básicos con el propósito de que Puerto Rico pague una deuda “que en última instancia pertenece al Congreso de EE UU”.

Arraiza Navas puntualizó que la crisis de desigualdad social que vive el País y la violación de nuestros derechos humanos fundamentales está vinculada de manera intrínseca a la situación colonial, y expuso que la única solución es la descolonización por virtud de la Declaración Sobre la Concesión de la Independencia a Todos los Pueblos y Países Coloniales (Resolución de la AG ONU 1514). Añadió que el 22 de diciembre de 1988, la AG ONU aprobó la Resolución ARE43/47, Derecho Internacional, para la eliminación del colonialismo, con la que declaró la década de los 90 el decenio para erradicar el colonialismo. “Sin embargo, a casi 30 años de aquella declaración, y tras 120 años de coloniaje estadounidense, Puerto Rico sigue siendo colonia de los Estados Unidos de América, privando a las puertorriqueñas y puertorriqueños de proclamar su autodeterminación e independencia”.

La manifestación, que duró una hora, contó con la participación de la portavoz de la Mesa de Trabajo Ana Belén Montes (MTABM), Miriam Montes Mock. Al igual que otras organizaciones, la Mesa de Trabajo de Ana Belén Montes depuso el pasado mes de junio en las vistas del Comité de Descolonización de la ONU. En referencia a lo que describió como el reto lanzado por López Rivera, de pasar de la contemplación a la acción, recordó las palabras de la intelectual Nilita Vientós Gastón, de que la disidencia es la actitud necesaria para encaminarnos a una vida democrática y a una esfera pública no excluyente.

La portavoz de la Mesa de Trabajo de Montes, repasó que en hoy, en pleno siglo XXI, existen gobiernos que violan los derechos humanos de sus residentes; pero también que hay disidentes a quienes el estado castiga con la cárcel o el exilio. En esa línea apuntó que el caso de Ana Belén Montes es el de una disidente que estuvo en desacuerdo con la política de agresión del gobierno estadounidense hacia el pueblo cubano. “Su disidencia tomó forma de solidaridad hacia el pueblo agredido”.

En tanto, la portavoz del Comité de Amigos y Familiares de Nina Droz Franco, licenciada Mariana Nogales Molinelli, manifestó, “en este espacio reafirmamos el compromiso con la defensa de Nina Droz y todas las personas que han sido procesadas el 1 de mayo de 2017 y de 2018, y otros eventos”. La portavoz del Comité hizo el compromiso de estar todos los 20 de mes en reclamo por la descolonización.

En un aparte con CLARIDAD, preguntado sobre sus expectativas respecto a cuánto tiempo tomará este esfuerzo al compararlo con los cuatro años que estuvieron las mujeres reclamando en el puente su excarcelación, López Rivera reaccionó: “Yo espero que sean más o menos los mismos logros, porque cuando se lucha –y cuando se lucha por causas justas y nobles–, siempre existe la posibilidad de lograr las metas, y yo creo que la descolonización de Puerto Rico la lograremos”.

El luchador independentista, que estuvo 35 años en prisión, apeló a que si se mira bien la mayoría de los puertorriqueños y las puertorriqueñas aman a Puerto Rico, a nuestra cultura, nuestra identidad, lengua y forma de ser “así que definitivamente somos la mayoría de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Si nos unimos y luchamos, podemos hacer que Puerto Rico sea una tierra, una nación libre y soberana, podemos hacerlo como las mujeres lo hicieron en este puente”.

En particular, dijo que le gustaría ver en la manifestación a la juventud puertorriqueña, dado que el futuro de toda sociedad está en las manos de la juventud, y va a ser esa juventud la que va a sufrir las consecuencias de la política de hoy día. Respecto a las razones de por qué todavía el caso de Puerto Rico no ha llegado ante el pleno de la ONU, y si se debe al cabildeo en contra por parte del gobierno de EE. UU., López Rivera, quien fue uno de los deponentes en las vistas del CD el pasado mes de junio, lo atribuyó a que en la ONU las naciones capitalistas, que tienen mucho capital, están unidas. Estas tienen también sus colonias, por lo que son las fuerzas económicas del capital las que verdaderamente deciden lo que va a pasar en el mundo. No obstante, expresó confianza en que la mayoría de las de las personas en el mundo estén inconformes y quieran un mundo mejor y más justo “Yo creo que la descolonización es ese primer paso en movernos hacia un mundo más justo, y creo que, no importa las posiciones que tome Estados Unidos, eventualmente la mayoría triunfará”.

Apesar de que la semana pasada el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una sentencia a favor del Departamento de Educación (DE) en cuanto a la aprobación del cierre de escuelas, luego de que la Asociación de Maestros demandara a la agencia gubernamental por incumplimiento en los procesos seguidos, la oposición por parte de gremios magisteriales y de organizaciones de padres y madres no cesa.

La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) informó que presentará un recurso de reconsideración ante este cuerpo judicial, amparándose en las diferencias entre los jueces del caso, de los cuales dos se mostraron en contra de las movidas del DE y uno se inhibió. De igual forma, la AMPR propuso un año de moratoria al proceso de cierre para dar paso a una manera ordenada en la cual se consideren las opiniones de los miembros de la comunidad escolar.

El mismo día que el Supremo tomó la decisión, dejando de lado la determinación anterior de inconstitucionalidad del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, la Comisión de Derechos Civiles (CDC) presentó un informe sobre el cierre de las escuelas con la intención de proteger los derechos humanos, la educación de los niños y niñas de Puerto Rico y el derecho a la participación en asuntos públicos que tienen los ciudadanos.

En ese informe, se evidencia el respaldo de la CDC a la recomendación de la Asociación de Maestros, para que el DE provea una moratoria de un año que permita un proceso ordenado Además, se concluye que el proceso llevado a cabo por la agencia gubernamental “lesionó el derecho a la educación de los niños y niñas del sistema público”. En su ejecutoria, el “DE incumplió la responsabilidad básica que tiene de que sus decisiones tomen en cuenta los intereses particulares de las comunidades y personas afectadas por sus acciones y de asegurar que las decisiones estén sustentadas por un peritaje articulado y después de llevar a cabo un proceso deliberativo democrático”, según lee el informe.

Sin embargo, el argumento de la mayoría de los jueces del Supremo fue que “la secretaria Julia Keleher ha actuado de forma “razonable” en el proceso de cierre y que ha estado implementando los procesos de transformación de acuerdo con el plan y la logística que se había establecido a la luz de la realidad fiscal, de las necesidades de mejorar las condiciones y el ambiente académico y de optimizar el uso eficiente de los recursos del sistema”, tal y como expone la sentencia del Supremo.

Inician las clases, pero…

La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) denunció la semana pasada que el DE ha ubicado a unos 1,200 maestros permanentes en proyectos para los cuales no estudiaron ni se certificaron. A tales efectos, la Secretaria reveló que esos miles de maestros han sido asignados a proyectos especiales, los que estarán centrados en el uso de la tecnología y programas de cooperativismo y emprendimiento en las escuelas.

Según ha expresado Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR, la situación de reasignación del magisterio se agrava porque “si en dos años no logran los requisitos para la plaza que se les impuso, serán despedidos. Así lo admitió la secretaria de Educación, Julia Keleher”.

La líder denunció que, para reducir la cantidad de maestros necesarios, el DE comenzará el próximo periodo escolar, con el cierre validado por el Supremo, de cientos de escuelas; con la medida de aumento del tope de estudiantes por salón y con la movilización obligatoria de maestros a otros planteles. “Todo esto se hace en detrimento de la calidad de la enseñanza y el aprovechamiento académico de los niños y niñas”, a juzgar por la portavoz sindical.

Las reubicaciones están cobijadas por ley, pues el Proyecto del Senado 563, convertido en la Ley 84 del 7 de agosto de 2017, faculta a la secretaria de Educación para llevar a cabo estas movilizaciones de educadores. En su momento, la FMPR se opuso a esta medida, propuesta por el senador novoprogresista Abel Nazario Quiñones.

Martínez ha señalado públicamente que, además de los maestros permanentes que ubicarán en proyectos especiales, los cierres de escuelas dejarán fuera este año a sobre 3,000 transitorios, muchos de los cuales calificaban para sus permanencias.

“Reasignar maestros a cursos y especialidades que no estudiaron, ni tienen la aptitud, es un claro atropello. El maestro ya estudió unas materias a base de sus intereses y capacidades y nadie puede obligarle a certificarse en otra área para la que posiblemente no tiene destrezas, máxime cuando su contrato con el DE (formulario 409) señala claramente la categoría para la que fue reclutado”, afirmó Martínez en una manifestación convocada por ese gremio luego de la que el Supremo validara la posición del DE.

Baja la matrícula de estudiantes

Durante el periodo establecido para realizar matrícula electrónica, 18 mil alumnos no fueron inscritos por sus padres, madres o encargados en los registros escolares. Esa cifra proviene de que solo fueron confirmados 287 mil estudiantes de los 305 mil que el DE proyectaba para la matrícula del año escolar 2018-2019.

En un comunicado de prensa emitido el pasado jueves 19, la secretaria Julia Keleher indicó que el DE entiende que hay varias razones para que estos estudiantes no estén matriculados: los traslados a Estados Unidos, el descontento general ante el cierre de planteles escolares o los ingresos a colegios privados.

De paso, explicó en el comunicado que cerca de 8 mil estudiantes se trasladaron a Estados Unidos, pero hubo 6 mil que regresaron meses después del huracán María y actualmente permanecen en el sistema.

ccotto@claridadpuertorico.com

La portavoz del Comité de Amigos y Familiares de Nina Droz Franco, licenciada Mariana Nogales Molinelli, denunció el traslado de prisión y nuevos abusos por parte del Buró Federal de Prisiones (FBP, siglas en inglés) contra Droz Franco.

Las denuncias fueron hechas durante la actividad del Movimiento 20 de septiembre: A descolonizar nuestra Nación, (20-9) este pasado viernes 20 de julio, en el Puente Dos Hermanos, ahora llamado también el Puente de las Mujeres. En otra de las circunstancias mas burdas de la situación colonial en que se vive en Puerto Rico, la licenciada Nogales Molinelli, dio a conocer que misma mañana en llamada telefónica Nina le informó que había sido trasladada –el día antes- del Centro de Detención Federal en Guaynabo (la llamada cárcel federal) y se encontraba en una prisión en Oklahoma, de donde a su vez sería trasladada a la prisión en Tallahase, Florida, donde se supone permanezca para cumplir su sentencia de dos años. “Esta es una de las expresiones mas burdas del coloniaje que es la represión que nos procesa y encarcela reafirmamos el compromiso que tenemos con todas las personas que están dispuestas a luchar porque hay muchas ms que estamos dispuestas a defenderlas”, afirmó.

La licenciada Nogales Molinelli dio a conocer otro incidente ocurrido el 13 de julio, en el cual Droz Franco, fue intervenida por guardias en un acto que no había ocurrido antes y despojada de su ropa, cortada con navajas, incluyendo la ropa interior, mientras uno de los guardias grababa la agresión. “Queremos insistir en que las violaciones de derechos humanos contra la compañera Nina Droz se siguen cometiendo y las vamos a seguir denunciando y ese es el compromiso firme del Comité no solo con ella sino con sus familiares. En este espacio reafirmamos el compromiso con la defensa de Nina Droz y todas las personas que han sido procesadas en 1 de mayo de 2017 y 2018 y otros eventos”. La portavoz del Comité hizo el compromiso de estar todos los 20 de mes en la actividad de reclamo de la descolonización de Puerto Rico.

El Comité de Puerto Rico en la ONU (COPRONU) rendirá un homenaje al congresista puertorriqueño Luis Gutiérrez, el sábado 4 de agosto, en la sede del Colegio de Abogadas y Abogados, en Miramar. Tras 24 años, Gutiérrez –de padres boricuas, nacido y criado en la ciudad de Chicago–, se retira el próximo noviembre de su escaño como representante por el Partido Demócrata por el Cuarto Distrito de Chicago.

“Luis tiene a Puerto Rico en el corazón y siempre colabora de la manera que puede. Lo hizo en Vieques cuando se ofreció, como todos los demás, a ser arrestado por desobediencia civil; participó en la campaña de Oscar, por lo que hay que hacerle una mención especial; él no se integra en la campaña, él venía, hace dos décadas, luchando por la excarcelación de Oscar. Oscar para Luis es como un hermano, estuvieron desarrollando actividades juntos en Chicago antes de que Oscar fuera encarcelado”, describió y narró el licenciado Noel Colón Martínez, sobre los méritos de Gutiérrez que validan el reconocimiento ofrecido por COPRONU.

El también portavoz de COPRONU, coincidió con el señalamiento sobre la habilidad de Gutiérrez para conciliar su apoyo a las causas de Puerto Rico y cumplir con las de sus representados ante el Congreso por el distrito cuatro de Chicago. Colón Martínez, comentó que el Distrito Cuatro es uno principalmente de votantes mexicanos y puertorriqueños, y Gutiérrez ha dado unas grandes batallas en contra de todo el discrimen contra los emigrantes, por lo que no le fue difícil tener un apoyo casi incondicional de los votantes y del liderato mexicano en Chicago.

“Luis ha defendido con el mismo tesón que defiende causas puertorriqueñas, es más, con mayor tesón, la causa de los inmigrantes. Es la única persona que consiguió en el Congreso de EE UU que se aprobara legislación para favorecer a los inmigrantes”. Para lograr la legislación, el boricua obtuvo el apoyo de republicanos como Jhon Mcain, y el demócrata fenecido Eduard Kennedy. Su insistencia lo enfrentó también al expresidente Barack Obama. En mucha literatura de Estados Unidos acerca del tema de los inmigrantes se reconoce al político boricua como el “Marthin Luther King de los latinos”.

El portavoz de COPRONU recordó que Gutiérrez nació en Chicago y vino a la Isla cuando tenía unos 15 años, al pueblo de San Sebastián. Las fuerzas anexionistas trataron de seducirlo; pero por el contrario; el joven se unió al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Desde siempre, el congresista ha mantenido presión sobre el cambio que debe darse desde Estados Unidos al tratamiento del estatus colonial al que ha sometido a Puerto Rico por tantos años.

Ante la retirada del Congreso del boricua, a juicio del licenciado Colón Martínez, no considera que se vaya a dar un vacío en la representación, tanto de Puerto Rico como de los mexicanos de Chicago, “Yo creo que siempre habrá una representación puertorriqueña o mexicana en ese Distrito Cuatro. Claro, la fuerza del liderato de Gutiérrez en este momento era muy grande y creció por su confrontación constante. No se trata de Trump ahora, también se enfrentó primero a Obama, que inició un proceso de deportaciones”, recordó.

Aun cuando algunas personas se desalientan con la atención del caso de Puerto Rico en la ONU, el portavoz de COPRONU reiteró la importancia de mantener el trabajo en ese foro, así como el trabajo que desarrolla el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano para dar a conocer el caso de Puerto Rico en el plano internacional. En el caso de COPRONU, dijo que mantiene una intervención directa sobre las delegaciones en Nueva York y se encarga de promover la resolución anual que se le presenta al Comité de Descolonización (CD) para su consideración. Este trabajo logró que en un momento el CD apoyara la asamblea constitucional de estatus como un proceso de descolonización, a la vez que ha reiterado que el caso sea elevado a la Asamblea General.

En particular, destacó que el trabajo de COPRONU ha logrado mantener la unidad del apoyo latinoamericano a Puerto Rico, aun con las graves diferencias de régimen políticos entre los países miembros: Chile, Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Estos países, en relación con Puerto Rico, afirmó, “se mantienen unidos, en una armonía perfecta. Ya los acuerdos del Comité son por consenso, no se vota siquiera; no hay nadie que pida aclaraciones o se oponga. Pelear contra Estados Unidos en la ONU no es fácil; pero abandonar la lucha no es posible. Esa lucha hay que mantenerla”.