La Unión de Abogados y Abogadas de Servicios Legales (UAASL) denunció que la gerencia de la Corporación de Servicios Legales se niega a sentarse a negociar un nuevo convenio colectivo ante el vencimiento del convenio vigente este próximo 30 de junio.

Según dio a conocer la Unión en comunicado de Prensa desde el 11 de mayo le cursaron una comunicación a la gerencia de la CSL en la que le solicitaba que se retomaran las negociaciones e incluso que ya tenían para ello separado el salón número 4 del vestíbulo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). La Unión además presentó los nombres de los miembros de su Comité Negociador y solicitó los documentos de reglas de negociación y la contrapropuesta de negociación de la Gerencia.

Por su parte -denunció la Unión- el representante de la gerencia de la CSL, licenciado Carlos Padilla no cumplió con su contestación de que se enviarían las propuestas en o antes del 14 de mayo y rechazó las propuestas de la Unión de reunión en las fechas del 14 y 21 de mayo por no ser hábiles para los restantes miembros del Comité Negociador de SLPR. En su lugar propuso comenzar la negociación en la semana del 29 de mayo, a escasos 30 días del vencimiento del Convenio Colectivo.

Sin embargo el 14 de mayo el Lcdo. Padilla, vía correo electrónico volvió a posponer las reuniones de negociación alegando a la situación financiera y presupuestaria de la CSL hasta una fecha posterior al 4 de junio.

Ante esta excusa la Unión expresó extrañarse debido a que la CSL siempre ha accedido a los fondos del programa LSC (dinero federal), sin ningún problema, aun cuando son fondos competitivos, y que se conoce con bastante tiempo de antelación las fechas originales para presentar propuestas, y que se supone sea un proceso harto conocido por la Gerencia, no estuviesen mínimamente preparados para trabajar esos documentos, y tuvieran que posponer la negociación, presentada desde marzo de 2018.

Debido a que la gerencia de la CSL se niega a sentarse a negociar antes del 4 de junio la Unión le propuso al patrono que reconsidere la propuesta original de negociación, presentada el 27 de marzo pasado, de dejar el Convenio vigente como está. De esta manera se llega a un acuerdo con el patrono y SLPR libera todos sus recursos para poder dedicar todo su tiempo y esfuerzos para completar la propuesta de fondos a LSC. La gerencia tampoco contestó a esta propuesta.

Por lo tanto de no de no sentarse a negociar y lograr acuerdos con el patrono en o antes del 30 de junio de 2018, fecha límite para firmar el Convenio Colectivo la Unión denunció mas de una veintena de los derechos que perderían los trabajadores. Entre otros la afiliación a la Unión sería voluntaria; el patrono tampoco está obligado a descontar cuotas; se perderían las licencias sindicales; el abogado pierde el derecho a tener acceso al expediente de personal; queda sin protección para presentar querellas en casos de violaciones al Convenio Colectivo por parte del patrono. Este derecho se vería reducido al mínimo concedido por la Ley; los poderes y prerrogativas gerenciales serían más amplios que los reconocidos por el convenio, como lel que la CSL podría cesantear por cualquier razón no prohibida por la Ley. Se perderían los derechos a licencia de paternidad, adopción, sin sueldo, por orientación de convenio, judicial, militar, fallecimiento en la familia, comisión funeral y autorización para estudios en horas laborables, entre otros derechos laborales negociados.

La Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT) ha incorporado su voz al numeroso y diverso coro que se ha manifestado en contra de la legislación que, según han indicado sus portavoces Josefina Pantoja Oquendo y Marta Elsa Fernández Pabellón, le asesta un golpe más a la clase trabajadora del país que está compuesta en más de 40 por ciento por mujeres. Señaló Pantoja Oquendo que desde finales del siglo XX, pero con más intensidad en la última década, las entidades que agrupan a los patronos, como la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales y otros sectores conservadores han intentado menoscabar los derechos laborales alcanzados por medio de lucha y militancia. Reiteradamente han propuesto eliminar o enmendar medidas cuyo propósito es establecer un equilibrio en la balanza de poder que se inclina a favor de los dueños de las empresas privadas. “Ha sido motivo de orgullo para Puerto Rico contar con legislación protectora como la Ley de Madres Obreras, la Ley 100 que prohíbe el discrimen en el empleo, la Ley 89 contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo, la que viabiliza la lactancia y, por supuesto, la Ley 80 contra el despido injustificado. Estas y otras leyes reconocen la importancia de valorar las aportaciones que al desarrollo económico del país hacen las trabajadoras y trabajadores, estableciendo garantías para su estabilidad y tranquilidad en el empleo, lo que constituye un incentivo para que tengan un mayor y mejor desempeño. El deseo de socavar el estado de derecho ha sido una constante que se ha agravado con la llegada de la Junta de Control Fiscal y su avasallador ataque a reivindicaciones fundamentales del Pueblo”, criticaron las portavoces.

“Son bochornosas las actuaciones del gobierno de Puerto Rico con relación a la utilización de la Ley 80 como pieza de cambio en el toma y dame que mantiene con la Junta y sobre el cual siempre queda la duda de si es realidad o teatro. Lo cierto es que, independientemente del carácter prospectivo que el Senado le impartió al Proyecto 1011 de dicho cuerpo, se ha colocado a las trabajadoras y trabajadores de la empresa privada a la merced del músculo patronal, eliminando la posibilidad de una mesada o compensación económica mediante un proceso legal expedito cuando sin causa justa sufran despedidos. No se ha demostrado el impacto favorable que tendrá en el desarrollo económico del país la eliminación de la ley y por el contrario, especialistas en el campo de la economía sin ataduras políticas han señalado que puede ser contraproducente y estimular factores como la emigración masiva, que tanto daño nos está haciendo. El hecho de que existan otras legislaciones que garantizan derechos, como algunos han planteado, no minimiza el grave impacto que conllevará la pérdida de los que establece la Ley Contra el Despido Injustificado”, explicó Marta Elsa Fernández.

Destacaron que en el caso particular de las mujeres que ya tienen en su contra la falta de equidad salarial, despedirlas puede ser más fácil por los roles estereotipados que les asigna la sociedad patriarcal. Su asistencia y puntualidad se afecta por la abrumadora doble jornada de trabajo que incluye el cuido de las hijas e hijos y personas envejecientes; las visitas requeridas a las escuelas, hacerse cargo cuando hay enfermedad o cuando no hay clases ni quien les cuide. “Además, como indicaba un experto en el área laboral recientemente, al tomar la decisión de aumentar sus ganancias mediante despidos será más probable que los patronos opten por sacar a mujeres en edad reproductiva, más que a varones, para ahorrarse los pagos de la licencia por maternidad, así como el tiempo y el lugar adecuado para la lactancia o extracción de la leche materna”, abundó Pantoja. Continuó diciendo que de poco vale preservar el bono de Navidad y las licencias por vacaciones y enfermedad, los cuales las personas despedidas sin razón por parte del empleador no podrán disfrutar.

Señalaron las portavoces que si finalmente prevaleciera la posición del Senado y su voluble presidente respecto a que la no aplicación de la Ley 80 sea solamente para empleados y empleadas de nuevo reclutamiento, se estaría validando un tipo de discriminación, especialmente contra la gente joven que se incorporará a la fuerza de trabajo, lo que consideran inaceptable. “Nuevamente las mujeres que son mayoría en la industria manufacturera, farmacéutica y de servicios como tiendas y restaurantes, añadirían precariedad a las desventajas laborales que ya tienen de empleos con bajos salarios, a tarea parcial y con pocos o ninguno beneficios marginales”, trajo a colación Marta Elsa Fernández.

En repudio a las actuaciones de la Junta de Control Fiscal contra la clase trabajadora y en defensa de los derechos de las mujeres, la OPMT participará en la actividad que en respaldo a la Ley 80 ha sido convocada por el frente Pueblo Unido para el martes 5 de junio a las 4:00 de la tarde frente al Departamento del Trabajo. Allí se exigirá que no se derogue la Ley 80 y la renuncia del Secretario que dirige la agencia.

Por Nelson del Castillo/Internews Service

La resistencia del gobierno de Puerto Rico a confirmar la cantidad de muertes a consecuencia del huracán María, que oficialmente mantuvo en 64 por los últimos ocho meses, provocó una mezcla de indignación y dolor reflejada en una protesta frente al Capitolio, en San Juan, donde se expusieron cientos de pares de zapatos como reacción a las 4.645 muertes que arrojó un estudio de la Universidad de Harvard en coordinación con la Universidad Carlos Albizu.

“El gobierno nos quitó el derecho a llorar a nuestros muertos”, afirmó Cynthia Román, 58 años, a la agencia Inter News Service (INS) mientras sollozaba de forma casi imperceptible en la Plazoleta de la Democracia frente a la sede de la Asamblea Legislativa en el sector de Puerta de Tierra en la isleta del Viejo San Juan.

La mujer residente en el municipio de Caguas aseguró que “estoy aquí por los que no tienen familias que los lloren, que son muchos más, por eso esto me produce un poco de rabia y de todo”.

Román, como otros cientos de personas que desfilaron por el lugar para testimoniar su dolor por las víctimas del huracán María que devastó a Puerto Rico el 20 septiembre de 2017, manifestó que los familiares ni siquiera han podido guardar luto.

“La rabia que siento es porque nosotros teníamos derecho a llorar a nuestros muertos y el gobierno nos quiso quitar ese derecho, al igual que el derecho a guardar luto y eso da rabia y sentido de impotencia”, sostuvo.

La protesta silente, solo evidenciada por los cientos de pares de zapatos de diversas formas, colores y tamaños, incluso de bebés, fue una iniciativa de un grupo de personas, entre éstas el poeta y director del suplemento cultural En Rojo Rafa Acevedo y la periodista Laura Candelas, luego que el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares mostrara resistencia a aceptar la cifra de 4.645 víctimas directas o indirectas de María, debido al colapso del sistema eléctrico, la telefonía y los centros hospitalarios, entre otros servicios esenciales.

El gobernador Rosselló Nevares llegó el domingo hasta el lugar, acompañado de la primera dama Beatriz, y sus hijos Claudia Beatriz y Pedro Javier, según documentó la fotoperiodista de CLARIDAD Alina de Lourdes Luciano en su página de Facebook.

Desde que se conoció el informe divulgado el pasado 29 de mayo por el New England Journal of Medicine de la Universidad de Harvard, y que reseñó simultáneamente el diario The New York Times, el secretario de Seguridad Pública, Héctor M. Pesquera, mantuvo su resistencia a la cifra, a pesar de que el 28 de octubre de 2017 aceptó que el Negociado de Ciencias Forenses, bajo su autoridad, había autorizado la incineración de 911 cadáveres “de muertes naturales” ocurridas del 20 de septiembre al 18 de octubre.

Para entonces, Pesquera insistía en que los fallecimientos por el huracán sumaban 51 personas.

Ante las críticas en este sentido, en febrero pasado el gobierno de Rosselló Nevares comisionó a un coste de 305 mil dólares una investigación a la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad de George Washington para revisar la cifra actual de 64 muertos que maneja el gobierno.

“Me produce una tristeza como nunca la había sentido, no es solo los que murieron, es lo que están sin contar”, expresó Vero Pabellón, de 25 años, a la agencia INS.

La joven de Caguas indicó que llora la pérdida de Jothny Rodríguez, a quien consideraba su tío.

En el lugar, que fue desmontado este domingo por sugerencia de sus organizadores, junto a los zapatos hay mensajes a distintos difuntos, como uno dejado a Arnold Rodríguez García (1937-2017) por sus hijos Alan, Sandra, Nanette, Ronald y Jazmín, que “te aman y te amarán siempre”.

También para “mami Idalia Hernández (1932-2017), estarás en nuestros corazones por siempre”.

Para Gabriela Pérez, 25 años, la denuncia “es bien importante para ver el impacto de lo que pasó” ante la negativa del gobierno de reconocer las consecuencias de la tragedia ocasionada por el ciclón María, cuyos efectos todavía persisten.

“Esto es el pueblo ante la actitud del gobierno; hay que entender este acontecimiento, el gobierno no pensó en la gente, solo pensó en el dinero, nunca investigaron”, dijo la joven puertorriqueña de Nueva York, que hace cuatro años reside en el Viejo San Juan, y que prefirió no seguir hablando del tema porque “no quiero llorar”.

Los organizadores de la protesta la describen como un genocidio, por lo que la actividad de recordación que comenzó el viernes y concluyó el domingo, probablemente se escenifique en otros lugares.

El Departamento de Salud de Puerto Rico reveló este sábado que desde septiembre a diciembre de 2017 se registraron 11.459 muertes, las cuales no necesariamente están asociadas con el huracán María.

Para ese mismo periodo del año anterior, 2016, fallecieron 10.062 personas, lo que marca 1.397 muertes más que en 2017. INS

C

onflictos de intereses por parte de miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF), el menoscabo de sus derechos y beneficios laborales, discriminación racial, violación de los derechos humanos y civiles, en fin su inconstitucionalidad, son tan solo parte de los argumentos de una demanda presentada por tres grupos sindicales de la Corporación del Fondo Seguro del Estado (CFSE), contra la Ley Promesa, el Gobierno de Puerto Rico y el gobierno de los Estados Unidos.

La demanda dada a conocer en conferencia de prensa este 31 de mayo fue presentada por la Asociación de Empleados Gerenciales (AEGCFSE), la Unión de Empleados (UECFSE) y la Unión de Médicos (UMCFSE). La acción es conducida por el Bufette Rolando Emanuelli Jiménez. Como dispone la misma Ley Promesa la demanda fue presentada ante la sala de la juez Laura Taylor Swain.

La acción cuestiona el Título III de la Ley Promesa a base del daño que han sufrido las tres uniones obreras debido a las leyes de austeridad aprobadas por el gobierno de Puerto Rico y que fueron implantadas por el Plan Fiscal (PF). Se alega que la Ley Promesa es inconstitucional ya que establece un régimen político con dos objetivos principales; la de supuestamente lograr la responsabilidad fiscal del gobierno de Puerto Rico y dos lograr un ajuste de las deudas. El licenciado Emanuelli Jiménez indicó que esta ley representa un menos cabo dramático de las prerrogativas políticas del Estado Libre Asociado (ELA) según fue concebido por la Ley 600 en el 1952, la cual aunque dio los puertorriqueños la capacidad de elegir un gobierno local con unas prerrogativas mínimas básicas, pero que como quiera se reconocían unos derechos que se están ejerciendo desde el 1952.

Continuó que Promesa acaba con ese régimen y destacó que todavía no se ha hecho el estudio sobre cuantas cláusulas constitucionales esta ley dejo sin efecto de la constitución de Puerto Rico. Reparó que todos los días se ve en las noticias sobre cómo la JCF ha ido imponiéndose en su afán de suplantar todo el sistema socioeconómico de Puerto Rico por un modelo neoliberal.

El licenciado Emanuelli Jiménez argumentó que la Ley Promesa está fundamentada en la Cláusula Territorial, Artículo IV de la Constitución Federal (EE UU). Esta cláusula que es la que permite al Congreso administrar los territorios y otras propiedades fue interpretada por el Tribunal Supremo de EE UU a principios del siglo 20 en los famosos casos insulares, los cuales estuvieron permeados en su totalidad por una ideología racista. El juez que resolvió los casos insulares – Jim Crow- fue el mismo –que resolvió la jurisprudencia que estableció la doctrina discriminatoria contra de los negros de, separados pero iguales, que establecía que los ciudadanos negros norteamericanos no tenían derecho a disfrutar de las mismas prerrogativas sociales, civiles y económicas que tenían los blancos por tanto se podían mantener separados. Esta doctrina que fue implantada en 1876 no fue revocada hasta el 1964.

El pleito presentado por los sindicatos de la CFSE -continuó explicando el representante legal- se fundamenta en que la jurisprudencia de los casos insulares, nadie puede dudar que es racista y que permite la discriminación política de que Puerto Rico pertenece a pero no es parte de y es ahí que se fundamenta la aprobación de la Ley Promesa. Debido a que Promesa se basa en esa interpretación de la cláusula territorial el efecto es que nos han privado de esas prerrogativas políticas.

En resumen se plantea que la Ley Promesa viola la Enmienda 13 que es la cláusula de la constitución que prohibe tanto la esclavitud como la servidumbre involuntaria y viola la Enmienda 15 que prohíbe que se discrimine o se menoscabe el derecho del voto por razón de raza. Además Promesa también viola el ordenamiento internacional vigente -el cual Estados Unidos ha suscrito- que prohíbe afirmativa y claramente que un poder imperial menoscabe las prerrogativas mínimas de los derechos civiles y humanos que deben tener todos los seres humanos en el planeta.

Dentro de ese contexto se señaló que los gremios de la CFSE están pidiendo que que se declare inconstitucional la Ley Promesa, que se anulen todas las actuaciones de la JCF y que se anule toda la ejecución de los PF que están menoscabando los derechos económicos y adquiridos de los obreros del FSE y que están consignados en los diferentes convenios colectivos y reglamentos que son aplicables.

Ya radicada la demanda lo próximo es que el TF emita los emplazamientos contra la JCF, al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de Puerto Rico, los cuales tendrán 30 días para contestar la demanda. El licenciado Emanuelli Jiménez, anticipó que los demandados presentarían una moción de desestimación como han hecho en todos los demás casos, que se certificaran cientos o miles de páginas de argumentación y reclamó que el caso es uno de mucha envergadura política en el cual Estados Unidos se juega la esencia de la relación política que tiene con Puerto Rico. En tanto los líderes sindicales de la CFSE denunciaron la intención de la JCF de privatizar la corporación pública, los riesgos que la privatización representa para toda la clase trabajadora del país y el impacto en los trabajadores de la corporación.

“El menoscabo de los derechos y beneficios laborales tienen consecuencias graves y negativas para los trabajadores del Fondo y el Estado Libre Asociado. Arroja a los empleados a un entorno inseguro, ilegal y económicamente inestable. Estas acciones gubernamentales son un duro golpe para la fuerza de trabajo que solo puede resultar en la disminución de la productividad laboral. Por lo tanto, perjudicará un servicio esencial que debe garantizarse, y nos concede legitimación activa para llevar esta reclamación”, manifestó el presidente de la Unión de Empleados, Francisco Reyes.

En cuanto a la demanda Reyes destacó la necesidad de parar a Promesa y exhortó a que era el momento oportuno y que esperaban recibir el respaldo de todas aquellas organizaciones que en algún momento dado, se puedan identificar con los planteamientos que estaban llevando las tres organizaciones y que “hemos decidido ocupar un campo que otras organizaciones en el país no han decidido hacerlo”.

Mientras el presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales, José Ortíz Torres, denunció que la JCF en su PF no colocó a la CFSE como un servicio no esencial con el fin de desmantelarlo y privatizarlo. “De entrada hay que llevarle a la Junta de Control que el Fondo Seguro del Estado se trata de seres humanos para incorporarlos a su centro de trabajo y su vida productiva que el empleo trasciende a un asunto económico a un asunto emocional, a un asunto físico”.

El presidente de los gerenciales denunció además el conflicto de intereses del presidente de la JCF, José Carrión, quien es corredor de seguros y acusó que Carrión “viene detrás del negocio del sistema de compensaciones” y más aun afirmó que no tenía duda de que la derogación de la Ley 80 lo que persigue es la futura privatización tanto de la AEE como la CFSE, la ACA para que vengan patronos privados a través de ya sea alianzas público privadas o la privatización total para despedir a empleados públicos.

Por su parte el presidente de la Unión de Médicos, Héctor Benítez, advirtió sobre los riesgos a la salud de los trabajadores que representa la privatización de la corporación. “La Corporación desde su fundación tiene una doble responsabilidad proveer una cubierta de seguro amplia y económica que ofrezca inmunidad absoluta al patrono protegiéndola de cualquier acción judicial que pudiera iniciar en su contra un trabajador lesionado con relación aun accidente o una condición derribada de su ocupación”.