El Proyecto Enlace del Caño Martín Peña (PECM) trabaja para la rehabilitación de las ocho comunidades que le rodean con la finalidad de que se pueda llevar a cabo el dragado del Caño, con tan sólo un presupuesto de un millón de dólares al año. Mientras el presupuesto de la Junta de Control Fiscal (JCF), impuesta por el Congreso de Estados Unidos, sobre el pueblo de Puerto Rico tiene un presupuesto de $60 millones. El presupuesto de la Junta -que sale del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico- aumentará a más del doble para el próximo año fiscal.
La noticia de que el Proyecto Enlace figura entre las agencias que serían eliminadas en el nuevo Plan Fiscal del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, tomó por sorpresa al liderato del G8.
“Sí nos tomó por sorpresa entendiendo que esta noticia es de octubre 2017 tenemos la esperanza de que en el nuevo borrador fiscal no aparezca, esto es un atraso a este proyecto del dragado del Caño que llevamos muchos años luchando porque esto se realice ya que vemos la luz más cerca a esa esperanza es un golpe muy fuerte para todos nosotros”, declaró a CLARIDAD, Lucy Cruz, presidenta del G8, organismo que agrupa a las ocho comunidades que rodean el Caño.
Junto a la presidenta de la Comunidad Parada 27, Aileen Morales, las líderes comunitarias revelaron que hace una semana tuvieron una reunión en la Fortaleza con una ayudante del Gobernador, la cual dijeron “fue muy buena la reunión y salimos con más esperanzas de las que teníamos, entendemos que por esa parte nos sorprende entonces esa noticia”. Incluso indicaron que hace escasamente un mes el Gobernador nombró a los cinco integrantes a los que tiene derecho a nombrar a la junta de directores del PECM.
Ante lo inesperado de la noticia y en medio de su consternación Morales recordó que la propia JCF el pasado año en uno de sus informes al Congreso de EE UU dijo que el Proyecto Enlace era uno prioritario. “Así que es una cosa contradictoria en el mensaje del gobernador, hace un mes también dijo que era un proyecto prioritario y el Estuario de la bahía y el Caño de Martin Peña así que por eso es que nos sorprende”.
Las líderes comunitarias dijeron reconocer que hasta el momento han trabajado mano a mano con la actual administración y han logrado muchos avances, por lo que volvieron a expresar que la noticia les chocó. Tras el anuncio, Cruz dijo que la Junta de Directores está en proceso de reunirse. “No queremos dar palos a ciegas esto es especulativo en realidad, nadie sabe nada, son cosas que fluyen por distintos oídos”.
La presidenta del G8 defendió que el Proyecto Enlace es una corporación que ha probado ser eficiente que trabaja con un presupuesto operacional de un millón de dólares. “No creo que le hace gran daño al gobierno tenemos aquí empleados que tienen hora de entrada y prácticamente no tienen hora de salida porque tienen un compromiso con estas comunidades donde la participación ciudadana ha sido la pieza clave para que estos procesos tanto de realojo de ubicación de las personas y los trabajos de infraestructura puedan ser un éxito”.
En esa línea Morales se unió a su compañera Cruz y ambas destacaron que fueron los empleados del Proyecto quienes único los asistieron luego del huracán María y denunciaron que las agencias gubernamentales llegaron después de un mes. “La corporación fue la única que estuvo con nosotros luego de Maria y nos ayudó a salir hacia adelante porque aquí no hubo ninguna agencia gubernamental de ninguno…”.
Cruz fue más allá y cuestionó que luego de 16 años de organizado el Proyecto, haber recibido premios internacionales como el del Premio Mundial del Habitat, que otorga la ONU en el 2016, no ve por ningún lado razones para su eliminación, quién está asesorando al Gobernador y cuáles son sus intenciones, “porque también entendemos que tiene que haber algo detrás de esto, pienso yo”.
Otro cuestionamiento que señalaron es que la corporación se supone que tiene una vida corta de 25 años y casi van por 14, por lo que consideran que lo que queda es bien poco, una vez se drague el Caño la corporación se supone que se elimine. Hasta ahora el dinero invertido en el proyecto es alrededor de $30 millones. Explicaron que el dragado conlleva mucho trabajo de infraestructura y el realojo de familias que viven dentro del caño. El proyecto se trabaja con pareo de fondos federales e incluso con donaciones del sector privado.
Hasta el presente se han realojado más de 500 familias pero todavía quedan entre 400 a 500 por reubicar. Entre ellas familias a las cuales hubo que relocalizar por emergencia luego del paso del huracán. Según dijeron más de 1,200 familias se vieron afectadas por el paso del huracán, hubo familias que perdieron el techo de sus casas por completo o parcialmente y mas de 65 casas fueron destruídas por completo.
Enlace no cabe en ninguna otra agencia, ni bajo un privatizador
Por su parte la directora ejecutiva del PECM, Lyvia Rodríguez, reaccionó que hasta ahora lo que hay es un borrador que plantea el cierre de la corporación y en la eventualidad de que se apruebe finalmente hay que esperar a que el gobierno lo convierta en una acción legislativa que puede ser un plan de reorganización o puede ser un proyecto de ley, por lo que sería prematuro poder establecer qué pasara con el proyecto.
“Si sabemos en términos de principios generales que la corporación se creó con el propósito de viabilizar un plan de desarrollo integral que no cabe sin la participación de la comunidad en la mesa donde se toman las decisiones del dinero y los proyectos”, defendió y observó que el propósito fue salvar el proyecto de los vaivenes políticos.
Rodríguez no ve cómo el Proyecto Enlace pueda ser viable bajo algún otro modelo. Expuso que en este año corriente la corporación recibió del FG para fondos operacionales apenas $915 mil dólares para el próximo año fiscal (2018-2019) sólo el 60% del presupuesto será del gobierno de Puerto Rico, el resto provendrá del gobierno federal y de donaciones. A esto se le suma- continuó- una gran cantidad de voluntarios que en un año normal pueden llegar a 400. Por ejemplo, luego del huracán han recibido más de 800 voluntarios externos, sin contar todo el voluntariado del liderato comunitario, asesoría pro bono, todo eso se pierde si el proyecto se mete en otra agencia. En una agencia dijo “es otra conversación lo hacen porque es un proyecto que está liderado por la comunidad, que ven que hay continuidad, credibilidad, donan tiempo porque ven que va a tener un resultado concreto en la gente”.
Esa colaboración tampoco seria probable si el proyecto es un privatizador o una llamada alianza público privada. “En la medida en que la finalidad de este proyecto sea que la comunidad no sea desplazada es bien difícil levantar el tipo de capital que se requiere para invertir en infraestructura y el dragado del caño de parte del sector privado porque los números no van a estar por ahí para hacer ese tipo de inversión. Eso no quiere decir que en el proyecto no pueda haber algunas oportunidades para el sector privado, las hay y las hemos estado identificando”.
En esa dirección añadió que la idea de la corporación y la creación del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña fue precisamente para evitar el desplazamiento de las comunidades y evitar que el dragado sólo fuese de beneficio para otros desarrollos de marinas y hoteles de cinco estrellas.
Rodríguez llamó la atención a que el planteamiento de eliminación es con respecto a la corporación y expresó que no querían enviar el mensaje a la comunidad de que esa eliminación vaya a destruir “necesariamente” al Fideicomiso y al G8. Ambos entes, dijo, continuarán “con unos retos distintos, con una dinámica de trabajo distinta porque ya no necesariamente el proyecto estaría en una entidad donde esa participación es vital y donde trabaje todo el mundo en la misma dirección pero va a continuar impulsando la agenda para la cual fueron creados”.
A lo anterior agregó que el proyecto del dragado está dentro de un convenio entre el gobierno de Puerto Rico y el Cuerpo de Ingenieros (USCI, siglas en inglés) el cual tiene un presupuesto de $215 millones que incluye la parte federal y la porción de pareo de fondos del gobierno de Puerto Rico. En estos momentos dijo “con los fondos de recuperación de desastres se supone que se le inyecten $15 mil millones al USCI para proyectos en lugares afectados por los huracanes.” El secretario auxiliar del Ejército es quien se supone tiene la potestad de escoger cuáles son los proyectos que va a financiar.
Al describir que el proyecto del caño es uno bien complejo a su vez reclamó que éste representa “una oportunidad para que Puerto Rico tenga un ejemplo de cómo hacer una recuperación por desastre en equidad integral que desplazando a las comunidades pobres afro descendientes sino por el contrario donde se trabaje de una manera respetuosa a la comunidad y con sensibilidad. Construir un proceso de recuperación que tenga sentido para todo el mundo y no sólo para algunos sectores”.