CLARIDAD

A raíz de la demanda que la Asociación de Maestros de Puerto Rico sometió contra el Departamento de Educación en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, desde la semana pasada se discute mediáticamente el tema de la inconstitucionalidad de las escuelas Chárter –Escuelas Públicas Alianza, según las nombra la Ley 85 del 2018– y del programa de vales educativos.

Luego de que el pasado 5 de julio la jueza superior Iris Cancio González determinara que tanto las escuelas chárter como los vales educativos, principales programas de la Reforma Educativa propuesta por el Gobierno actual, son contrarios a la Cláusula de Sostenimiento de la Constitución de Puerto Rico, la administración de Ricardo Rosselló Nevares recurrió el miércoles 11 al Tribunal Supremo para solicitar que se revierta la decisión de Cancio González.

Ante eso, el máximo foro judicial paralizó el viernes 13 la sentencia que declara inconstitucionales las chárter y, antes de emitir la determinación final, otorgó cinco días laborales a ambas partes para que argumenten a favor o en contra.

El presidente del gremio magisterial ÚNETE, Emilio Nieves, expresó a este medio que “si el Tribunal Supremo decide algo contrario a lo que decidió el Tribunal de Primera Instancia, sería utilizando criterios que no están conformes a un análisis jurídico constitucional, sino ideológicos”.

La postura del Gobierno de turno, por otro lado, es ampararse en el éxito de las alianzas en este ámbito educativo para justificar la instauración del modelo chárter y de los vales educativos en Puerto Rico.

Sin embargo, para Nieves, hablar de alianzas es parte de la “estrategia” o “truco” que utilizó el gobierno para redactar la Ley 85 o Reforma Educativa: “No aparece el concepto ‘escuelas Chárter’, sino el de Escuelas Públicas Alianza”. De hecho, la jueza Cancio González destacó que el Tribunal ha reiterado que “el nombre no hace la cosa”. Por lo tanto, denominar las escuelas chárter como Escuelas Públicas Alianza no las hace menos susceptibles del veto constitucional.

Al revisar el caso, la jueza identificó unos elementos que evidencian que la Escuela Pública Alianza es una modalidad de privatización. Según enumeró Emilio Nieves, la jueza argumentó que se trata de una privatización porque quienes dirigirán las escuelas no son funcionarios públicos, porque los maestros no serán servidores públicos, además, porque las escuelas tendrán facultad para expulsar estudiantes, limitar la matricula y modificar los currículos de enseñanza.

Pese a la determinación del Tribunal de Primera Instancia, el Gobierno aún queda facultado para crear escuelas chárter en alianza con municipios o con la Universidad de Puerto Rico, por ser estas entidades públicas. La jueza fundamenta este punto en que ambos sectores son una extensión del servicio público. Sin embargo, la posición de ÚNETE en ese sentido es que “no validamos el modelo de escuela chárter bajo los municipios o la Universidad porque son dos instancias que actualmente tienen un tipo de alianza con las escuelas publicas que sí es válido y que sí ha funcionado”.

“Sin tener la autonomía administrativa ni otro manejo de fondos, en estos momentos, los municipios apoyan servicios de transportación y de mantenimiento de los planteles escolares, por ejemplo. Con las universidades existen alianzas de adiestramientos a los maestros, de parte del profesorado. Es una alianza de apoyo al servicio educativo, no de administración”, especificó Nieves.

Señaló Emilio Nieves que el Gobierno tiene razones políticas y económicas para impulsar la implementación de la privatización de escuelas. En términos económicos, se justifica “porque este [es] el último paso en el proceso de federalización del sistema público…El Estado ya agotó todas las propuestas federales sometidas (tutorías para estudiantes y desarrollo profesional para maestros). Esta es una búsqueda de fondos federales”.

Del lado político, éste considera que, en la medida en que el Gobierno valida las escuelas chárter, auspicia más de cerca la ideología estadista. “Aunque en los Estados Unidos solo un 6 por ciento de escuelas son chárter, luego de 25 años de implantación del modelo, el gobierno de Rosselló lo ve como una herramienta adicional para promover la estadidad en Puerto Rico y el proceso de americanización y federalización del sistema educativo”.

Por otro lado, el cierre de escuelas que se ha visto en los últimos meses favorece que, aquellas entidades que tengan la oportunidad de administrar planteles cuenten con más fondos del Estado. El nombre del sistema universitario Ana G. Méndez ha sonado como posible administración para las escuelas chárter. Asimismo, el Departamento de Educación no ha descartado la posibilidad de la intervención estadounidense en la fase administrativa si se implanta este modelo en Puerto Rico.

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Una amplia gama de organizaciones feministas agrupadas en la Coordinadora Paz para la Mujer (CPM) denunció que las mujeres en el País se encuentran en una “crisis nacional”, de violencia doméstica, de hostigamiento sexual en el trabajo, y de un incremento en las agresiones sexuales que amenazan su seguridad y sus vidas.

En conferencia de prensa en la sede del Colegio de Abogadas y Abogados (CAPR), a mediados de la semana pasada, las portavoces de la Coordinadora atribuyeron la situación — la cual describieron como precaria, especialmente por la crisis económica—, a las reformas laborales, el mal manejo gubernamental ante las consecuencias del huracán María, a las políticas fiscales adoptadas por la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Estado, que han tenido un impacto particular sobre las mujeres como trabajadoras, como consumidoras y como responsables primarias de velar por la salud y la estabilidad de los menores y las personas de mayor edad.

“La situación se ha tornado en una crisis nacional para las mujeres ante el hecho de que el Gobierno no está asumiendo sus responsabilidades como corresponde, lo que representa la violación de sus derechos humanos en múltiples áreas. Un ejemplo lo constituye la reducción de fondos a las organizaciones sin fines de lucro, cuya principal bandera es la defensa de los derechos de las mujeres, y que han asumido el apoyo a ellas y sus hijas e hijos, mediante la prestación de servicios. De igual forma, los procedimientos burocráticos extremos ante agencias gubernamentales constituyen un reto cada vez más difícil de superar para la aprobación e implantación de sus propuestas. Esto limita el desarrollo de los diferentes programas y la continuidad en la prestación de los servicios para las víctimas y sobrevivientes. Además, el cierre de Tribunales y de proyectos especializados en violencia dificulta que tengan un acceso real a la justicia”, denunció Vilma González, portavoz de la CPM.

La Coordinadora trajo a la atención los 12 asesinatos de mujeres por violencia  de género en lo que va de año y el alto número de casos de hostigamiento sexual denunciados en el ámbito laboral, especialmente en escenarios gubernamentales de altas esferas, lo que dijeron hace de la violencia de género en el País un asunto que requiere atención y acción prioritaria. Estas circunstancias afirmaron,  son una clara manifestación  de falta de equidad de género y evidencian que no existe un plan gubernamental integral y coordinado para atender el problema. Dieron como ejemplo la reciente controversia surgida en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) con el Departamento de Justicia (DJ) y el caso de hostigamiento en la Compañía de Turismo (CT).

La Coordinadora censuró la falta de política pública, de protocolos para manejar casos de violencia de género en casos de emergencias e incluso el que Gobierno obvia disposiciones legales en casos de hostigamiento, lo que envía un mensaje negativo a las sobrevivientes de la violencia de género en sus diversas manifestaciones. Esto provoca confusión y desaliento, cuando deberían sentirse motivadas y respaldadas para denunciar el discrimen y la falta de equidad.

A preguntas de la prensa, Tania Rosario, portavoz de Taller Salud (TS), calificó de inaceptable que el País todavía no tenga protocolos para atender y proteger la vida de las mujeres en casos de desastre. “Puerto Rico no se va a mover de donde está y todos los años va a haber una temporada de huracanes. Exigimos un protocolo que proteja la vida de las mujeres en situación de desastre”. La activista también denunció la impunidad en los casos de hostigamiento sexual, ante lo cual expresó: “Nosotras estaremos apoyando las víctimas, estaremos denunciando cada vez que sea necesario hacerlo y estaremos dando el apoyo e información que se necesita, educando a la comunidad para que conozca cuáles son sus derechos. Muchas veces, la mayoría de las veces, los casos de hostigamiento sexual resultan ser impunes y lo hemos estado viendo recientemente”.

González agregó que se hace imperante y necesario que la perspectiva de género atraviese a todas las agencias, en referencia a las agencias públicas, y acusó que hay una cantidad de gente en recursos humanos en las agencias que no tienen idea de la perspectiva de género. Tampoco hay los protocolos y hay falta de perspectiva de género a la hora de mirar qué está ocurriendo en el País y cuáles son las necesidades de las mujeres. Eso debe incluirse en un currículo, que los grupos feministas están luchando desde el 2006. Hasta ahora, dijo, todos los partidos se han negado a implantar el currículo a pesar de todo el trabajo que ha hecho la CPM.

“Cada vez que una víctima lleva una querella, se le minimiza como sobreviviente de violencia doméstica.  Desde hace 25 años, al día de hoy, continúa la crisis, al día de hoy todas las denuncias que hacemos quedan dependiendo de a dónde van; si es a Justicia, es un asunto político; lo vamos a pasar por debajo de la mesa y no vamos a considerar nada”, manifestó Hilda Ramón, intercesora de la CPM, con lo que reafirmó que el maltrato institucional hacia las mujeres que trabajan en el país es constante.

En tanto, la licenciada Josefina Pantoja, de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT), aludió a que frente al mensaje negativo que están enviando las autoridades, las mujeres pueden sentirse defraudadas. Lo importante fue que la Coordinadora de la Mujer, las 34 organizaciones que la integran y otras organizaciones no se iban a quedar calladas, por lo que continuarían haciendo la denuncia. Pantoja señaló el poder de hacer presión que tienen las mujeres con el voto, “el que todo el mundo busca cada cuatro años”, mientras tanto, la lucha se mantiene, incluso las acciones legales.

El grupo de mujeres declaró que es urgente la necesidad de preparar protocolos de desastres con perspectiva de género. Advirtieron que no es necesario la contratación de ninguna universidad extranjera, ni traer ningún experto, ya que en Puerto Rico hay expertos. El tema no es una materia nueva, ya tiene una trayectoria y una literatura revisada, “no hace falta más que voluntad y enviar un mensaje claro de que la vida de las mujeres importa”, reclamaron.

La sicóloga social, Mercedes Rodríguez, censuró el que en estos momentos haya una gran falta de respuesta gubernamental a la violencia de género.  Este es el momento en que más se sabe sobre este tema y hay más información para prevenir la violencia de género; pero es el momento en que uno ve que cómo desde la Legislatura se elimina la equidad de género, lo que calificó como “una vergüenza nacional”.

Aun cuando las portavoces de la CPM dijeron que no hay números exactos de cuántas agresiones se dieron en los refugios luego del paso del huracán María, y de que probablemente no se tenga nunca, las organizaciones han estado viendo y atendiendo un incremento en los casos. Se estima que en la medida en que pase el tiempo, continuarán aumentando.

Por otra parte, a preguntas de CLARIDAD, la vice presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales (CTS), doctora Mabel López Ortiz, presente en la conferencia de prensa, también atribuyó la falta de una política con perspectiva de género en el Gobierno a que el problema está en que han puesto a personas en puestos claves para trabajar el asunto de las mujeres y la violencia en la familia, que tienen poco conocimiento del servicio y sin  perspectiva de trabajar el problema de la violencia por la que atraviesan las mujeres como un problema estructural. Expuso que ante la situación económica por la que atraviesa el País y, por ende, las familias, los problemas de violencia intrafamiliar suelen dispararse. Mientras, el Estado no le ha dado prioridad a las necesidades reales del pueblo. “El Gobierno dice que son pocos los recursos —aunque sabemos que hay una contradicción cuando vemos dónde está puesto el dinero—; pero por ejemplo, en el Departamento de la Familia hay una escasez de trabajadores sociales porque no tienen forma de reclutar gente porque la escala salarial de un trabajador social es la más baja en el País”. Coincidió con la denuncia de las organizaciones feministas de que el Estado no está haciendo su trabajo.