Por Gabriela Ortíz Díaz

y Cándida Cotto Hernández/CLARIDAD

Como embocadura al conversatorio que CLARIDAD realizará el próximo 13 de julio abordamos varias voces dentro del espectro político del País. Como una acción “imprescindible”, la “única vía abierta”, la necesidad de tener “paciencia y disposición de ceder”, “un denominador común”, con éstas y otras descripciones reaccionaron al cuestionamiento del significado y la importancia de las alianzas para Puerto Rico en este momento histórico. Más allá de reconocer su necesidad en las expresiones de los emplazados afloran sentimientos de la disposición hacia esa búsqueda.

“Hay que empezar con los que estamos”

Para la líder independentista María de Lourdes Santiago, en el Puerto Rico actual, “es imprescindible encontrar espacios de acción conjunta, de coincidencias”. La actual vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) reconoció en entrevista con este medio que, aunque “las alianzas no tienen cabida actualmente en el sistema electoral de Puerto Rico”, éstas se tienen que construir amparándose en la visión de que “todos los que creemos en la independencia o en otras formas de soberanía, cultivemos espacios en común y que dentro de esos espacios, podamos realizar acciones que sirvan para enfrentar a las fuerzas anexionistas, para promover el mensaje de la soberanía y para generar acción política aquí y en el exterior”.

Lo de menos es el tamaño del grupo que se disponga a aunar esfuerzos para adelantar el problema de estatus en Puerto Rico, “yo creo que hay que empezar con los que estamos. No va a llegar el momento mítico en el que haya mucha gente que crea en la independencia o mucha gente que crea en la libre asociación. Si esperamos a ese momento para organizarnos, no pasa nada. Los movimientos siempre empiezan con los que están, los que están dispuestos a dar el paso al frente. Sabemos quiénes son, hemos coincidido en varias ocasiones”, dijo la licenciada.

Quien fuera candidata a la gobernación por el PIP en las pasadas elecciones recordó que las alianzas existen a nivel comunitario y están presentes en distintas organizaciones. Para ejemplificar ese pensamiento, la portavoz indicó que “el esfuerzo que se hace todos los años en las Naciones Unidas es concertado y no se podría hacer si no fuera de esa manera”.

“Hay unos espacios de lucha que podemos compartir. En el tema del estatus, ojalá y esas fuerzas disidentes dentro de otros campos retengan esa fortaleza para hacerle frente a los sectores más retrógrados”, enfatizó Santiago a la vez que aseguró que en el PIP han tomado unos pasos específicos en esa dirección. “Si se hubiera dado la versión original del plebiscito, ése hubiera sido un espacio importante para fortalecer vínculos”, finalizó la líder.

“Paciencia y disposición a ceder”

Por su parte, la periodista Wilda Rodríguez admitió que en el Puerto Rico actual existe la necesidad política de que se unan personas con el fin de caminar juntas, aunque haya diferencias en el grupo, hacia el fin común de la descolonización y soberanía de Puerto Rico. Ahora bien, Rodríguez enfatizó que lo más difícil de las alianzas es que las personas aunadas tengan la capacidad, la disciplina y el respeto para llegar a consensos. Para ella, uno de los elementos claves al momento de constituirse una alianza es que las personas no pueden pretender imponer sus principios, sino que deben llevarlos a la mesa de negociación y tener la paciencia y disposición de ceder.

En ese sentido, Wilda Rodríguez considera que el Junte Soberanista, del cual ella forma parte, ha logrado educar sobre qué son las alianzas políticas. Según la periodista, llegar a consensos requiere generosidad y respeto ante todo, y los que integran el Junte han podido cumplir con esos principios, obteniendo una “base sólida, compacta”.

Entre otras representaciones, las personas que conforman el Junte –del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), del Movimiento Unión Soberanista (MUS), soberanistas del Partido Popular Democrático (PPD), individuos en el plano personal como Néstor Duprey, Silverio Pérez, Tito Román y Alexandra Lúgaro –están claras de que el fin de la alianza no es participar en unas elecciones, sino ir juntos por la descolonización y soberanía de Puerto Rico. “Se unirá más gente a su tiempo”, pero Rodríguez aseguró que los que están trabajando desde el Junte “tienen la capacidad para adelantar la convocatoria ahora mismo”.

“Las alianzas no son para de aquí a mañana. Tienen que cimentarse en la confianza, la que se traduce a la ciudadanía”, finalizó Wilda.

“Única vía abierta”

El analista político Néstor Duprey, por su lado, certificó que la “única vía abierta para lograr un triunfo electoral y encaminar un proceso de verdadera descolonización es la concertación de una alianza lo más abierta posible entre los que afirmamos la nación, rechazamos la anexión y abogamos por la descolonización vía la soberanía, reconociendo cada cual que para adelantar esos objetivos no hay que dejar de ser lo que uno es, sino constituir una gran alianza política”.

Duprey es consciente de que “las limitaciones de la ley electoral son un problema, pero no es un problema insalvable”. El moderador del programa radial Fuego Cruzado entiende que sobrellevar esas limitaciones “requiere mucha madurez política, mucho desprendimiento patriótico de verdad y un alto nivel de creatividad que debe producirlo la urgencia de la situación que vive el País”.

Establecer cuán viables son esas alianzas en este momento “va a depender de la voluntad y el desprendimiento de los actores políticos y del reconocimiento de que es una situación compleja, que no puede ser atendida con las estrategias de siempre”, dijo. El doctor en historia hizo hincapié en que para resolver la situación de estatus actual “tiene que haber un junte de voluntades lo más amplio posible que reconozca la necesidad de los objetivos comunes: adelantar la descolonización, afirmar la nación y rechazar la estadidad”.

“Hay condiciones para las alianzas”

Asimismo, el licenciado Carlos Gallisá cree que en estos momentos en Puerto Rico, “ante el desastre de los dos partidos, sobre todo del Popular, y teniendo en cuenta que ninguno de los dos es mayoría”, puede darse una asamblea de estatus que reúna líderes que no necesariamente tienen que dejar de lado sus ideologías políticas. Según comentó a este semanario, ahora mismo “hay coincidencias sólidas de terminar el problema colonial y hay condiciones para las alianzas porque hay divisiones en los partidos”, tal como lo evidenciaron los votos que obtuvieron Lúgaro y Cidre en las pasadas elecciones.

El también analista en Fuego Cruzado, recordó en entrevista que en Puerto Rico hubo alianzas electorales de todo tipo de 1902 a 1944. Mencionó que de 1902 a 1930 dominó el Partido Unión, una alianza en la que convivieron independentistas y anexionistas. Luego, del ’32 al ’40 gobernó la Coalición de Socialistas y Republicanos, un junte de patronos y obreros cañeros. Después, el tripartismo unió sectores de los socialistas, republicanos y liberales, quienes lideraron hasta el 1944, año en el que se alzó el PPD.

Primero es la unidad patriótica

“Para el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) las alianzas es uno de los principios de nuestra organización, declaró una de sus vicepresidentas, licenciada Wilma Reverón Collazo. “En el MINH nos hemos destacado por trabajar la formación de alianzas de distintos aspectos. Hemos tenido seminarios de fines de semanas completos donde hemos invitado a representantes de las organziaciones de las comunidades para hablar sobre las alianzas del trabajo político con el trabajo de de las comundiades”.

Reverón Collazo, destacó que el MINH hace una distinsión entre lo que son alianzas, convergencias y sobre cuando son alianza tácticas y o estratégicas. “Entendemos que primero tenemos que conseguir la unidad patriótica que quiere decir que tenemos que fortalecer la unidad entre los independentistas y esa unidad independentista a su vez insertarse entonces dentro de unas alianzas mas amplias como son las alianzas que se hacen con los soberanistas, los libre asocianistas como lo es el Junte Soberanista en este momento. Además de eso hay unas alianzas que son nacionales que ya son cuando uno entra en unos espacios de alianzas mucho más amplios que van mas allá de la cuestión del estatus”. Como ejemplo de esa postura narró que miembros del MINH, trabajan en otras iniciativas como lo es la Concertación Nacional Contra la JCF (CNCJCF), la lucha contra el incinerador y el Campamento en Contra del deposito de cenizas en Peñuelas.

“Para el MINH no existe un accionar político sin las alianzas, en este momento histórico que estamos viviendo la urgencia es más aún porque existen las condiciones debido a la imposición de la dictadura de la JCF, debido a las crisis económica que es una estructural de la colonia, tenemos que redoblar los esfuerzos de poder entrar en todas las alianzas que se están creando a nivel de pueblo como fue la participación del 1 de mayo. Son alianzas que de nutrirse, de trabajarse, de fomentarse, de establecerse podrían verdaderamente culminar en unos esfuerzos que finalmente no sólo atenderían el tema del estatus, sino el de la forma económica que quiere el País”.

Hay una masa crítica

El veterano luchador independentista y analista político, licenciado Noel Colón Martínez, afirmó creer en las alianzas y dio como ejemplo el hecho de que favoreció la postulación de la ahora alcaldesa Carmen Yulín Cruz, por considerar que a nivel municipal no había contradicciones importantes.

“A nivel de gobernación sí se plantean contradicciones más importantes”. Colón Martínez señaló la conducta de los electores respecto al reciente plebiscito como ejemplo de las posibilidades que tienen las alianzas. “Creo que en Puerto Rico aparte de lo que es el centro de los partidos grandes –PNP y PPD– existe una tendencia en este momento a ser crítica de las actuaciones de estos dos. Eso permitió que 300 mil electores del PNP no votaran en este plebiscito, personas que evaluaron por sí mismas la situación y entendieron que esa oferta que les hacía el PNP no se justificaba por lo que creo que la sociedad civil que es lo que podríamos considerar la masa grande del Partido Popular y del Partido Independentista, en ambos existen tantas áreas en las que se puede trabajar juntos y como la educación política está imponiendo una búsqueda de acercamientos para crear alianzas creo que eso es muy bueno”.

A la impresión de si consideraba que los jóvenes estén más dispuestos a contraer alianzas el veterano activista consideró que las alianzas se están dando a todos los niveles, aunque anotó que a nivel de los jóvenes se puede visualizar más, pero a su vez reparó que el problema es que los jóvenes son el grupo que tradicionalmente tiende a votar menos, “pero sí son mas flexibles al momento de considerar la posibiliad de alianzas”.

“Un deber ciudadano”

“Desde mi punto de vista las alianzas son bien, bien significativas, debe haber algún denominador común para que se logren pero verdaderamente este es un momento para formar alianzas y si ello es factible, todo independentista debe hacer todo lo posible para que se logre”, señala Oscar López Rivera al ser abordado sobre el tema.

En cuanto a la participación de los jóvenes: “El futuro de toda sociedad está en su juventud y para mí la idea de que personas jóvenes estén interesadas en el independentismo y a la misma vez dispuestos a unirse y promover la unidad suena bueno”.

El exprisionero político, quien depuso en la reciente vista sobre el caso de Puerto Rico, en el Comité de Descolonización de la ONU, afirmó que en este escenario las alianzas son importantes, “tenemos que trascender muchísimas cosas y entre ésas hay que trascender el “kioskismo” y para mí en estos momentos la descolonización de Puerto Rico es el denominador común y si amamos a Puerto Rico nos incumbe a todos luchar para la descolonización.

“Desde que llegué a Puerto Rico he estado promoviendo la unidad donde quiera que he ido con la gente fuera de Puerto Rico. La unidad es un denominador común. La inmensa mayoría ha recibido muy bien este mensaje, todas las personas, en Nueva York, Chicago, Hartford, Springfiled, te hablo de miles de personas. No es algo trillado es un deber de ciudadano del pueblo de Puerto Rico” .

El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Carrión, se mostró “sumamente complacido” tras reunirse con representantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR), para abodar la situación económica de la principal casa de estudios del país. En la reunión, Carrión dialogó con un grupo de rectores de la UPR, representantes del claustro y de los estudiantes. Luego de la cita, el presidente del organismo que maneja las finanzas del gobierno de Puerto Rico indicó que la UPR será considerada como “servicio esencial”, según indicaron académicos presentes en el encuentro.

“Durante la reunión entablamos un diálogo abierto y constructivo acerca del futuro de la institución y estoy sumamente complacido con el resultado de la reunión”, dijo en declaraciones escritas. Añadió que “les reiteré la importancia de que la administración universitaria someta cuanto antes un plan fiscal para la UPR que esté enmarcado dentro de y sea consistente con el plan fiscal certificado del gobierno de Puerto Rico”.

A su vez, aseguró que la JSF “pondrá todos los recursos que tiene disponibles para evaluar justa y responsablemente el plan fiscal que entregue la universidad con el fin de propiciar la viabilidad y sostenibilidad fiscal de esta institución que tanto aporta a nuestra Isla”. El plan fiscal de la UPR fue elaborado por investigadores y docentes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) en colaboración con otros sectores universitarios. Asimismo, el plan fue discutido con el director de Finanzas de administración central de la UPR, Norberto González, el pasado lunes. Según ha trascendido, el plan fiscal que se presentó es un “híbrido”, que conjuga propuestas del plan fiscal diseñado por la la gerencia de la UPR y propuestas de los académicos. El pasado 28 de abril la junta de gobierno de la UPR rechazó el plan fiscal elaborado por el comité de finanzas de la entonces presidenta interina de la UPR.

El “procesamiento selectivo” es una defensa que pueden levantar los acusados de delito en nuestro sistema justicia. Quien la levanta alega que ha sido “seleccionado” para ser imputado de un crimen como resultado de un trato discriminatorio ya que el estado se ha hecho de la vista larga ante personas en similar situación. La defensa muy pocas veces prospera aunque esa selectividad se da con sobrada frecuencia.

No hace mucha gracia utilizar ese argumento para defender al grupo de personas vinculadas al Departamento de Recreación y Deportes (DRD) recientemente acusadas por la fiscalía federal. Pero independientemente de la poca estima que este grupo merece, si miramos al pasado reciente, encontraremos casos iguales o peores con los que dicha fiscalía utilizó una vara distinta.

En el caso del DRD, el esquema que surge del pliego acusatorio hecho público incluye varios elementos bastante comunes. El primer paso fue identificar una fuente de fondos a los que se podía acceder con una propuesta “imaginativa”. El segundo fue diseñar un programa a desarrollar con algo de creatividad y mucha palabrería. El programa en cuestión debía dirigirse a alguna “población en desventaja” para que sea atractivo. El tercer paso fue conseguir los “contactos” para lograr aprobación de los fondos. Luego se ejecutó el “programa novedoso” con el mínimo de gastos posible y se repartieron las ganancias. En los primeros pasos, hasta que se llega a la repartición de beneficios, curiosamente no hubo “delito” a pesar de la evidente malversación. Este apareció cuando llegó la repartición y ésta incluyó al funcionario que ayudó a identificar los fondos y a viabilizar la aprobación.

Aunque en estos casos el delito aparece al final, si es que el funcionario facilitador mete la mano en el pote, ya fuere para él o para el partido político en el poder (o para ambos, lo que resulta más común) el esquema conduce, desde el principio, a la malversación de fondos públicos. Aun cuando el facilitador no guise en el festín, siempre se produce el desperdicio de grandes sumas de dinero en programas insulsos, innecesarios que, utilizando a los pobres como excusa, se diseñan y ejecutan con el solo propósito de engordar los bolsillos de los apadrinados.

El esquema del DRD, descrito en detalle en el pliego acusatorio, fue bastante clásico aunque ejecutado de manera burda y amateur. Una vez Ramón Orta se aseguró el nombramiento como Secretario tras las elecciones de 2012, se reunió con sus compinches para planear los “tumbes” que darían. La fuente de fondos sería federal, conseguidos a través de una “agencia hermana”, el Departamento de Educación, destinados a fines educativos y recreacionales. Los programas a desarrollar resaltan por su banalidad y, además, porque ninguno de los promotores tenía la más mínima experiencia en la materia, pero lo importante era obtener el dinero. Nombres como “verano saludable”, “aprendo saludable” y “matemáticas en contexto” dan una idea de las tonterías inventadas por individuos que nada sabían de nutrición ni tampoco de matemáticas. Pero a pesar de que eran evidentemente insulsas, consiguieron la asignación de más de diez millones de dólares que se repartieron entre los agraciados.

Desde antes de que terminara el cuatrienio en el que Orta estuvo al mando del DRD, la fiscalía y el FBI ya habían detectado el esquema fraudulento y en diciembre de 2016, antes de que Orta vaciara su oficina, efectuaron el primer allanamiento. Esa eficiencia merece aplausos, pero qué lástima que en el pasado, durante la reciente administración de Luis Fortuño, dejaran pasar un esquema mucho peor en el que se malgastaron más de $26.2 millones de fondos federales.

Me refiero al esquema que ideó e implantó el exrepresentante del PNP Pedro Figueroa que estuvo también dirigido a una “población necesitada” o, más bien golpeada por la propia administración de Fortuño. La población en cuestión fue la de los empleados públicos que fueron lanzados a la calle tras aprobarse la fatídica Ley 7. Como se recordará, la aprobación de aquella legislación implicó el desempleo inmediato de 30 mil trabajadores del Gobierno, despedidos en un momento en que la economía estaba en contracción por lo que la posibilidad de volver a encontrar empleo era mínima.

Esa tragedia fue la que el exrepresentante Figueroa y sus socios convirtieron en oportunidad ideando un programa para “adiestrar” a los nuevos desempleados y supuestamente ayudarles a buscar empleos. Según el entonces director ejecutivo del Consejo Ocupacional, agencia a cargo de repartir los fondos, Pedro Figueroa lo llamó y le dijo “te voy a diseñar algo”. Al funcionario en cuestión, un tal Aurelio González Cubero, le pareció que “era muy lógica” la propuesta y en apenas 7 meses Figueroa dispuso de $6 millones para dispensar “adiestramientos”. El río de dinero que consiguió Figueroa no terminó en esos $6 millones. La cifra se multiplicaría por 4 durante los dos años siguientes hasta alcanzar $26.2 millones, según denuncias hechas en 2012 por el senador Eduardo Barthia.

¿Investigaron la fiscalía federal y el FBI el esquema diseñado y ejecutado por Pedro Figueroa durante los años de Fortuño? Eso nunca lo sabremos, pero reclamos no faltaron. Tan pronto se otorgó el primer contrato en 2009, el de los primeros $6 millones, la Coalición Sindical exigió una investigación del FBI denunciando que el contrato a Figueroa duplicaba funciones que ya estaba haciendo el mencionado Consejo de Desarrollo ocupacional. Nada ocurrió en aquel momento ni ocurriría después cuando los $6 millones siguieron creciendo hasta llegar a $26.2.

Por eso, cuando tras el arresto de Orta y sus compinches, la fiscal Rosa Emilia Rodríguez se ufanó en conferencia de prensa de su cruzada contra la corrupción, algunos se sonrieron. Uno de los más sonreídos debió ser el exrepresentante Figueroa quien, tras “ayudar” a los despedidos por Fortuño, ya debe estar buscando otra “gran idea” para “ayudar” a los que despida Ricardo Rosselló.

El movimiento obrero puertorriqueño tiene la virtud de contar con sindicalistas como Radamés Quiñones Aponte, quien fuera uno de los fundadores de la Unidad Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud(ULEES). La ULEES se formó para la década de los setenta del siglo XX pero la militancia obrera de Radamés data desde mucho antes. Radamés, quien era natural de Salinas, era activista independentista desde los tiempos de escuela superior, según dan fe dos de sus amigos de juventud, los compañeros Nelson Sambolín y Nelson Santos. Dirigentes de la ULEES nos comunican que sus estudios de enfermería graduada, los realizó en el Hospital de Damas, institución organizada por la ULEES.

Al graduarse como enfermero en los setenta, se trasladó a San Germán para trabajar como enfermero anestesista en el histórico Hospital de La Concepción, fundado por el Obispo Alonso Manso en los primeros años de la colonización española, (1511). Allí, Radamés se inició en las filas sindicalistas, y se afincó en esas lides cuando se tiró a la calle con las enfermeras prácticas, en una huelga donde la Fuerza de Choque se movilizó para acallar con sus macanas la participación de los trabajadores de la salud. Cuando se desarrolló esa huelga, el hospital estaba ubicado en el pueblo, cerca de la Calle Luna. Para esa época la lucha de independencia y la lucha sindical estaban fortaleciendo sus formas de movilización y organización ante el llamado del Movimiento Pro Independencia al trabajo de base y la lucha de calle en apoyo a los reclamos obreros. Llamado, al cual Radamés Quiñones no era ajeno, al incorporarse a las diferentes esfuerzos organizativos que se desarrollaban en San Germán, la Ciudad de las Lomas.

Con nuevas estrategias organizativas, el MPI reactivó sus organismos de base mediante los círculos de estudios, el trabajo estudiantil y la propaganda en los centros de trabajo. Radamés Quiñones fue parte de esos esfuerzos, junto a Israel Torres Penchi, Miguel Santín, René e Iván Matos, Alberto Márquez, (responsable de Educación Política del MPI y miembro de su Comisión Política), Don Abraham, Don Jandro (quien trabajaba en el Hotel el Oasis y había sido fundador del MPI; y el Dr. José (Pepe) Román, entre otros. El entusiasmo y el optimismo pegajoso de Radamés contribuyó al despunte de un Junte de viejos militantes pipiolos, nacionalistas y emepeístas; y de mucha juventud que tuvo a bien llamarse el Círculo Lola Rodríguez de Tió, el cual inundaba de CLARIDAD los semáforos de la calle Luna todos los viernes en la tarde.

Allí estaba Radamés como uno de los más entusiastas vendedores del Periódico CLARIDAD, con Jorge Silva (Puro). Ese colectivo Lola Rodríguez de Tió se encargó eventualmente de organizar Lajas y Sabana Grande, además de organizar una FUPI en la Interamericana de Sol Luis Descartes; y una FEPI (Federación Estudiantil Pro Independencia, en la Escuela Lola Rodríguez de Tió. Ello, sin contar los círculos de estudios del Guamá, Sabana Eneas, el Cotui, El Retiro y en la General Electric, donde se trató de promover su sindicación.

Ese empuje para organizar, para movilizar y para pelear nunca lo perdió Radamés. Si algo han tenido los hospitales privados a lo largo de décadas ha sido un sindicato consecuente en la lucha sindical- con convenio o sin convenio; con descuento de cuotas o sin descuento, certificados o descertificados. Eso me lo afirmaron los funcionarios de la ULEES Ariel Echevarría y Justiniano Díaz. Radamés era un guerrero sindical. No digo que fuera el único, ni que otros no lo hayan hecho, pero la ULEES y Radamés han escrito su propia historia con los trabajadores y trabajadoras de la salud, siendo persistentes en los principios sindicales y en la solidaridad obrera.

La ULEES cuenta con una infraestructura envidiable: local, tecnología y tumbacoco. Todo ello-enfatizan los sindicalistas- Radamés lo tenía disponible para dar solidaridad. No esperaba que se le solicitara. Era desprendido con las causas justas: con la lucha estudiantil, con los reclamos comunitarios y con todos los esfuerzos para acabar con la desigualdad. Con mucho orgullo, una de las delegadas me hablaba que la Unión le enseñó a respaldar todas las actividades justas. Que vió su transparencia, su verticalidad y claridad. De otra parte, Radamés era un gran amigo.

No escapa para las personas que compartimos con él su compromiso con la educación obrera. Desde el Día uno, comenzó a apoyar al Instituto Laboral de Educación Sindical, el ILES, enviaba a su gente. Recientemente en Ponce, para el Día Internacional de los Trabajadores, participamos con una veintena de delegados y delegadas jóvenes del inicio de una promoción de educación sindical, lo que aprovechamos para rendir honor a Pedro Grant; y rememorar algunas de las anécdotas del Instituto Laboral de Educación Sindical, el ILES, del cual fue un ferviente colaborador.

Hay algo que no puedo dejar de decir: es que nunca tranzó con la afiliación de uniones puertorriqueñas a las norteamericanas. Para él era una cuestión de principios. Lo cual no le restaba capacidad para entender esa dimensión de la diversidad, tan necesaria para llegar a la unidad en la acción.

La ULEES da cuenta de sus aportaciones para mejorar las condiciones de trabajo en el sector de la salud. Destaca la ampliación de cláusulas en los convenios, la reclasificación de las escalas de enfermería en alianza con el Colegio de Enfermeras Graduadas e involucrarse en un esfuerzo legislativo para establecer un salario digno mediante legislación a las enfermeras prácticas y privadas. De la misma manera, hizo constar su solidaridad internacional apoyando durante muchos años la Revolución Cubana, la Misión de Puerto Rico en Cuba, Juan Mari Brás y otros esfuerzos de solidaridad patriótica. De las últimas gestiones compartidas con Radamés, destaco el apoyo al homenaje a Juan Mari Brás, y a la Misión de Puerto Rico en Cuba.

Radamés, como Pedro Grant, Angel Báez, Isolina y otros y otras, han dejado un amplio legado cultural, sindical y político. Necesitamos su ejemplo, para seguir adelante. Gracias, Radamés.

Una nueva junta de gobierno al servicio de los bonistas, es el claro propósito de la nueva ley que “reestructura” la composición de la actual Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El gobernador Rosselló Nevares, firmó este lunes 26 de junio la nueva Ley de la Autoridad de Eenergía Eléctrica (AEE) la cual constituye de facto una destitución de los actuales miembros de la JG de la AEE. La nueva ley reduce de nueve a siete los miembros de Junta con lo cual se reduce la representación en el citado cuerpo de la mayoría de los abonados de la AEE que es el pueblo.

La nueva JG estará constituida por tres personas nombradas a total discreción del Gobernador. Otros tres nominados por el Gobernador para consentimiento del Senado. Estos tres nominados a su vez serán seleccionados de una lista de candidatos como resultado de un proceso de búsqueda de talento. Este requisito de “independencia” es para cumplir 2/ 3 de los requisitos impuestos por la Junta de Control Fiscal (JCF). El séptimo miembro será el representante de los consumidores, seleccionado mediante elección dirigida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Antes eran tres los representantes de los consumidores.

Según la nueva ley cinco de los siete miembros deberán ser residentes de la isla, sus miembros deberán fijar por unanimidad su compensación, o en su lugar lo hará el gobernador. Para uno de los ya exrepresentante de los consumidores en la JG, el licenciado Carlos Gallisá, los cambios responden a exigencias de los bonistas y acuerdos entre la JCF y el gobernador Rosselló Nevares. El Plan Fiscal de la AEE fue sometido a la JCF en reunión el pasado 19 de marzo y aprobado por la JCF el 28 en abril 2017, en su resolución número cinco. En ambas reuniones se aprobaron cambios y tomaron decisiones que no fueron compartidas con la JG.

Gallisá, defendió que la junta destituída ha sido la de mayor independencia de criterio que ha tenido la citada corporación pública y que por el contrario la falta de transparencia, una cero fiscalización, la politización, una apertura a la corrupción, una reducción de ingresos, dado a la asignación de una remuneración a sus miembros, serán algunas de las consecuencias de la nueva junta.

Llaman la atención las palabras del Gobernador al firmar la ley de que los cambios al máximo rector de la AEE “ayudará a recuperar la credibilidad del gobierno y encaminar la economía de la isla”. Eso contrasta con la misma resolución número cinco de la JCF que aprobó el PF. La resolución reconoce que habrá un aumento en la tarifa del kilovatio hora, de 21 centavos, mientras habrá una reducción en el consumo de 23%.

En la resolución también se advierte que si no se cumple con los objetivos del Plan fiscal de; “reducir sustancialmente el costo de generar energía (costos de combustible) y mejorar la red de distribución a través de acuerdos de colaboración pública / privada sin obstáculos y / o privatizando completamente la generación de energía”, habrá la necesidad de privatizar por completo la generación de energía. Mientras tanto el acuerdo de reestructuración (RFA) de la deuda de la AEE se encuentra en suspenso.