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Aun cuando las múltiples acciones legales contra la Ley Promesa y la Junta de Control Fiscal (JCF) están en el mismo proceso, cada una pide una cosa y un remedio diferente, habrá que esperar que la jueza Laura Taylor Swain vaya resolviendo cada una de las controversias y ver cuál de ellas llega hasta el Tribunal Supremo de EEU. Cuánto tardará eso y cuándo cobrarán los acreedores de Puerto Rico, está por verse.
En entrevista el profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIA), Carlos Ramos González expuso la diferencia entre los casos radicados por el Primer ejecutivo de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa y el caso de la firma de acreedoresAureliousresuelto por la jueza Taylor el pasado viernes.Sobre la demanda radicada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, aclaró que éste no está cuestionando la constitucionalidad de Promesa y de la JCF. Expuso que para entender la acción del gobernador había que repasar el trasfondo de la ley Promesa la cual describió como una “bien perversa” ya que está amarrada por muchas partes, que a su vez representan una conjunción de intereses entre los bonistas acreedores que quieren cobrar y los reclamos que hizo el gobierno de Puerto Rico y sus cabilderos ante el Congreso, para que le permitieran un proceso de reestructuración de deuda. Los congresistas de origen puertorriqueño estaban presionando para que la ley no fuera todo lo que querían los bonistas.
Recordó que el primero que puso el tema de la reestructuración fue el gobernador Alejandro García Padilla, al pedir un proceso de reestructuración de deuda, cosa que no se le permite a los estados, quería que se le permitiera al territorio un procedimiento especial bajo el argumento de que el Tribunal Supremo de EE UU había dicho que la ley de quiebra criolla era inconstitucional. Por su parte los acreedores querían una junta de control como la de Detroit cuyo fin era cobrar su deuda.
El Congreso lo que hizo entonces fue combinar las dos cosas, facilitó un proceso para la reestructuración de la deuda y creó la JCF. Pero previniendo que ambas cosas no se pudieran separar dispuso en la ley que si se declaraba inconstitucional el proceso de quiebra, la JCF también sería inconstitucional y viceversa. Esto significa -expuso el constitucionalista- que algunos acreedores no quieren el proceso de reestructuración de deuda, pero todos siempre han querido la JCF. Ramos González indicó que este trasfondo es importante para el pleito del gobernador, es por eso que en su demanda no cuestiona la constitucionalidad de la Ley Promesa -debido a que no quiere que se elimine el proceso de re estructuración de la deuda- ni tampoco quiere que se revise el Plan Fiscal (PF) ni el Presupuesto certificado. Lo que alega el gobernador en su demanda es que cuando la JCF ejerció sus poderes para crear el PF se excedió en los poderes que le dio el Congreso. Entonces el gobernador pide dos cosas; primero una orden de interdicto para que el PF y el presupuesto que ya certificó la Junta y que implícitamente acepta, parte de ese presupuesto y plan no se ejecute ya son asuntos de política pública. Además solicita que el tribunal emita una sentencia que aclare hasta dónde se extienden los poderes de la Junta sobre estos asuntos considerados de política pública. El caso presentado por el gobernador está señalado para presentar los argumentos este próximo 25 de julio.
En tanto la acción radicada por la Legislatura, dijo es una más radical porque dice que Promesa es inconstitucional y la ataca de manera directa porque, entre otros planteamientos constitucionales se abroga unos poderes que el Congreso ya había concedido a Puerto Rico de un gobierno propio y que no tiene el poder bajo la Claúsula Territorial de esa manera. Por lo que en ese sentido-según la demanda- el único presupuesto que debería reconocerse es el que aprobó la Asamblea Legislativa y aprobó el gobernador.
Mientras el pleito de Aureliuos, el cual se presentó mucho antes que el del Gobernador y la Asamblea Legislativa, tampoco cuestionó la constitucionalidad de Promesa, sino el proceso de nombramientos de los miembros de la JCF. Según los demandantes el nombramiento de los miembros de la JCF no siguió el proceso de la constitución de EEUU por lo que piden que los anule bajo la teoría de que el Congreso no tiene el poder de haber creado una junta tan extraña desde el punto de vista en que insiste Aureliuos de que sus miembros son funcionarios de una entidad federal que debió nombrarlos el Presidente y someterlos a consideración del Senado tal como dice la constitución. Alega además que el poder bajo la CT no llega dice a ser tan flexible y tan maleable. Aureliuos pedía que se destituyera a la actual junta y el Presidente volviera a nombrar a sus miembros según el proceso que dispone la constitución.
El profesor Ramos González apuntó que en el fondo lo que está detrás de este pleito es que los acreedores nunca han creído y no quieren el proceso de reestructuración de deuda porque es lento, hasta el día de hoy no han a cobrado un centavo y tampoco cobrarán la totalidad de la deuda. Aun con todas las acciones que ha tomado la JCF los acreedores quieren una Junta que responda mas a sus intereses.
La jueza Taylor Swain determinó que Aureliuos estaba equivocado y acogió en la práctica todos los argumentos que presentó el Departamento de Justicia de EEUU como amigo de la corte en el caso de Sánchez Valle de que el poder del Congreso para administrar el gobierno de sus territorios, la gobernanza territorial es plenario, eso quiere decir que las limitaciones que tiene desde el punto de vista de las estructuras es prácticamente ninguna.
Acotó que en este caso la Jueza no dice que el Congreso puede violar los derechos individuales constitucionales. Este asunto está pendiente en el caso presentado por la Unión de Trabajadores Independiente de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), ya que la CT sí tiene esa limitación.
La juez reafirmó el poder del Congreso bajo la CT para decidir cómo estructura los territorios y eso fue lo que hizo cuando decidió crear Promesa y que aunque la creó no es una ley federal, sino que la hizo formar parte del gobierno de Puerto Rico. En ese sentido el gobierno de Puerto Rico se parece mas al gobierno que tiene cualquier condado o comunidad en un estado de la unión.
Frente a esta determinación el experto en Derecho Constitucional afirmó, “el gobierno de Puerto Rico es, ha sido y será mientras esté bajo la Cláusula Territorial, esté incorporado o no, una criatura del Congreso de Estados Unidos y le da el ámbito de poder que estima apropiado en su sabiduría” Esa agregó es la esencia del planteamiento por lo tanto la estructura de la Junta como es y la forma como el presidente la nombró, dice la ley del Congreso es un ejercicio perfectamente constitucional, según la CT. Incluso comentó que la juez Taylor Swain da a entender en su decisión al igual que lo hizo uno de los informes de la Casa Blanca sobre Puerto Rico que según en el Tratado de París, EE UU compró a Puerto Rico tiene el poder de disponer del territorio.
A la interrogante de las diferencias entre el pleito presentado por la Legislatura y el Primer Ejecutivo que pueden derrotarse uno al otro, Ramos González dijo que presume que la juez va a resolver los asuntos medulares en el orden en que se fueron presentando y hasta que no decida el caso de la UTIER no vamos a estar claros si ésta hará una distinción entre la estructura del gobierno, el poder plenario y los derechos individuales. El pleito del gobierno apenas esta comenzando y todavía los casos radicados por la UTIER, el licenciado Pinto Luego y otros están vivos.
