Por Emilio Nieves

El pasado 24 de octubre de 2017 la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de la Cámara núm. 80, del representante del PNP José Aponte, para “disponer el procedimiento que deberá realizar el Secretario de Educación para el cierre, consolidación y/o reorganización de escuelas.” La aprobación unánime de este proyecto, tuvo la oposición de la Secretaria de Educación, Julia Keleher.

Este proyecto, aprobado luego del huracán María, establece que previo al cierre, consolidación y/o reorganización de escuelas el Secretario deberá preparar un estudio con 15 criterios que estará a disposición del público en el Distrito Escolar, a través de la página de internet del Departamento de Educación y una copia enviada al Director de la escuela. Además, establece que no más tarde de 45 días siguientes a la presentación del estudio, “el Departamento deberá realizar una vista pública, en la cual permitirá la participación de todas las partes interesadas y brindará la oportunidad de presentar comentarios o inquietudes con relación al propuesto cierre, consolidación y/o reorganización de la escuela.” La notificación para la vista pública deberá publicarse con por lo menos 20 días previos a la fecha de la misma y deberá celebrarse en una facilidad lo más cercana posible a la escuela afectada y con suficiente capacidad para acomodar a toda persona que interese asistir. El proyecto es específico al establecer que “deberá celebrarse por lo menos una (1) vista pública por cada escuela que se propone su cierre, consolidación y/o reorganización.”

El Informe Positivo de la Comisión de Educación Arte y Cultura que evaluó y recomendó la aprobación del PC 80 señala que “El cierre de cada escuela es un asunto serio que no solo desemboca en la incertidumbre del estudiantado, sino que también es motivo de impacto para la comunidad. Es por esto, que el cierre, consolidación y reorganización de planteles escolares debe llevarse a cabo mediante un procedimiento legislado, uniforme, medible y libre de ambigüedades que aseguren a nuestro pueblo los más altos estándares de transparencia gubernamental y de sana administración pública.”

Los criterios o indicadores que estableció la Cámara de Representantes en el PC 80 con respecto a la escuela de la cual se propone su cierre, consolidación y/o reorganización son:

a. “La matrícula actual y proyectada por los próximos cinco (5) años para los alumnos de la escuela afectada

b. Condiciones de la infraestructura; año y condición física del edificio escolar, el mantenimiento, mejoras recientes o necesarias para el edificio de la escuela, y las características especiales de dicha construcción, si alguna

c. Indicadores de aprovechamiento académico de la escuela

d. Cantidad de empleados por categoría

e. Costos operacionales, incluyendo costo por estudiante

f. Evaluación del costo/beneficio académico y los ahorros resultantes con el cierre, consolidación y/o reorganización de la escuela

g. Localización de la escuela

h. El impacto del cierre, consolidación y/o reorganización de la escuela en los estudiantes y la comunidad

i. Disposición de la escuela, incluyendo una descripción de cualquier uso propuesto o potencial del edificio escolar para otros programas educativos o los servicios administrativos

j.El efecto del cierre, consolidación y/o reorganización de la escuela sobre las necesidades de personal, los costos de la enseñanza, la administración, el transporte y otros servicios de apoyo

k. La capacidad certificada de la escuela receptora ubicada en el distrito educativo de la comunidad afectada para dar cabida a los alumnos a partir del cierre, consolidación y/o reorganización de la escuela

l. Manera en la cual se continuará proveyendo los servicios educativos a los estudiantes afectados

m. Fecha en la cual se proyecta el cierre, consolidación y/o reorganización de la escuela

n. Una explicación detallada de las razones en las cuales se basa la decisión de cerrar, consolidar y/o reorganizar la escuela

o. Cualquier otra información que el Secretario estime pertinente”

Precisamente, el reclamo de todas las comunidades escolares es que se abran espacios para discutir los criterios (indicadores) para cerrar o mantener abiertas las escuelas y las propuestas pertinentes. Este proyecto contiene un proceso que se caracteriza por la sensibilidad, el análisis y la participación democrática. Los legisladores establecieron un proceso justo en la protección del derecho constitucional a la educación, pero claudicaron ante Keleher.

¿Por qué la nueva Ley 85 de “Reforma Educativa” no incluyó intacto el contenido de este proyecto? Porque el Senado no consideró el PC 80 cuando se le sometió el 26 de octubre de 2017. Se seleccionó parcial y convenientemente parte del proyecto y su vigencia la estableció a partir del 1 de julio de 2018, no inmediatamente como indicaba el PC 80 de la Cámara de Representantes.

En la Ley 85 se mencionan los 15 indicadores, previo al cierre de escuelas, pero su vigencia es efectiva después del cierre de las 266 escuelas que la Secretaria, Julia Keleher, quiere imponer. Además, eliminan el proceso de vista pública en la cual participa democráticamente la comunidad escolar.

De este modo, los legisladores de mayoría del PNP, junto a tres senadores del PPD, que votaron a favor de la Ley 85, traicionan a las comunidades escolares al someterse a la voluntad, el capricho y la intransigencia de Keleher.

Las comunidades escolares que están siendo visitadas por estos legisladores deben reclamarles que enmienden su error. En la Cámara de Representantes aprobaron unánimemente, el 14 de mayo de 2018, una Resolución de la Cámara 909, del representante del PIP Denis Márquez, en la cual le exigen a la Secretaria de Educación “la entrega de todo documento o información relacionada con el cierre o consolidación de escuelas públicas anunciado para el próximo año escolar 2018-2019.” Esta resolución requiere información sobre las razones para el cierre y consolidación de escuelas, efectos para los estudiantes de educación especial y cualquier documento, carta o estudio relacionado. Aunque esta resolución no es específica en detener el proceso de cierre, otorga 5 días laborales para que se someta esta información a la Cámara de Representantes. Una evaluación de la información solicitada va a provocar que se detenga el proceso de cierre de escuelas.

En el Senado, Luis Daniel Muñiz, senador de mayoría, sometió una Resolución Conjunta del Senado núm. 221 para “ordenar la paralización del cierre de planteles escolares por el Departamento de Educación hasta tanto la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico pueda realizar una investigación sobre la viabilidad o no viabilidad de los cierres y para que el Departamento de Educación esboce los criterios y haga las investigaciones necesarias para determinar si un plantel debe cerrar o continuar operando.” Esta resolución no ha sido considerada por el Senado.

Por otro lado, la senadora de mayoría, Migdalia Padilla le sometió a la Secretaria de Educación una carta, con fecha del 14 de mayo de 2018, en la cual le plantea 10 preguntas y situaciones relacionadas al cierre y consolidación de escuelas. Le indica que “debido a la seriedad y potencial daño a nuestras familias y niños, el proceso de cierre se debe posponer hasta que se completen estos procesos y podamos contestar las serias y legítimas preguntas de este Senado.”

Las comunidades escolares y las organizaciones magisteriales deben endosar todas estas medidas para y reclamar que se detenga el cierre de escuelas, se discuta con transparencia la información pertinente y se evalúe desde las comunidades escolares las alternativas y propuestas.

A los legisladores hay que exigirle que no se sometan a la voluntad de Julia Keleher y que cumplan con su función de defender los derechos de los constituyentes que representan. Hay que recordarles lo que establece el preámbulo de la Constitución de Puerto Rico de “Que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas.”

El autor es portavoz de UNETE.

Fue un reencuentro de amigos y amigas que según iban llegando al Centro de Bellas Artes de San Juan se alegraban de poder encontrarse para celebrar uno de los juntes más exitosos de los años 70-80, el grupo Aires Bucaneros. Todos y todas los que se dieron cita allí no salieron defraudados Pablo Nieves, Carl Royce, Roy Brown y Zoraida Santiago hicieron su magia llenaron el centro con su música y sus voces.

Bajo la dirección del maestro Tato Santiago, los Bucaneros recrearon gran parte de las dos producciones discográficas que hicieron, Aires Bucaneros (1978) y Casi Alba (1980). Además hicieron canciones que cantaban cuando se presentaban en Estados Unidos y Puerto Rico pero que no están incluidas en ninguno de los discos.

La producción estuvo a cargo de César Saiz y Quique Benet, yo le hubiese puesto más cariñito al escenario, no sé quizás fotos antes o durante el espectáculo, nada, algo que de verdad nos hiciese sentir que estábamos celebrando un aniversario por todo lo alto. Eso no le restó a que la música, que era lo más importante de la noche, fuese excelente a pesar de uno que otro bache en las transiciones de un tema a otro.

En una entrevista reciente Roy señalaba lo importante que fue el trabajo de Aires Bucaneros para su trayectoria y para la música de compromiso social y la lucha por la liberación patria en general. El domingo demostraron la vigencia de ese pensar, qué bueno que se juntaron para poder celebrarlo.

Que cantaron:

Serenata-Juan A. Corretjer

Caballo de Palo-Clemente Soto Vélez

Encántigo-Roy Brown

Noches de Santiago

Vendrás-Hugo Margenat

Bailando con los Negros- Pablo Neruda

Prisa Loca – Zoraida Santiago

Andado de Noche Sola- Juan A. Corretjer

De la tierra en que nací-Zoraida Santiago

Flor de Caimito- Roy Brown

Canción para Vieques-Zoraida Santiago

Arboles-Clemente Soto Vélez

Jinete de Junio-Roy Brown

Casi Alba- Julia de Burgos

Diana de Guilarte-Juan A. Corretjer

Oubao Moin- Juan A. Corretjer

Aires Bucaneros- Luis Palés Matos

Ahora me despido-Juan A. Corretjer

Boricua en la Luna- Juan a. Corretjer

Mr. Con Macana-Roy Brown

Cualquiera que siga el debate público en Puerto Rico durante las últimas semanas concluirá que, según la Junta que el Congreso de Estados Unidos nos impuso como gobierno de facto, la eliminación de una simple ley es la llave para la reactivación económica. La ley en cuestión es la que penaliza el despido injustificado de trabajadores (Ley 80) y, buscando su eliminación, la Junta cuasi militar (es similar a la que se impone tras un golpe de estado) parece estar dispuesta a cualquier pacto.

Según informó la directora ejecutiva de la Junta impuesta, la ex ministra de Ucrania Natalie Jaresko, para lograr la anuencia del gobernador a la eliminación de la Ley 80 se accedió, entre otras cosas, a dejar intacto el presupuesto de la Legislatura y a un aumento de 180% al de la Oficina del Gobernador. Ambas acciones contradicen el muy cacareado propósito central de la ley que el Congreso estadounidense bautizó con el acrónimo Promesa, que era imponer la “disciplina fiscal” y la austeridad pública.

Las dos decisiones fiscales autorizadas por la Junta para la Legislatura y la Oficina del Gobernador implican un apoyo consciente al derroche de fondos públicos o, peor aún, al uso de dinero del pueblo para propósitos políticos. En el caso del Gobernador el grueso del aumento se coloca en el renglón de “comunicaciones a la ciudadanía”, que no es otra cosa que una campaña política disfrazada. Durante el próximo año fiscal los de Fortaleza contarán con cerca de $30 millones para “informar” a las comunidades, lo que sin duda servirá para apuntalar la futura reelección de Ricardo Rosselló.

En cuanto a la Legislatura el pacto incluyó que no se les toque el grasoso presupuesto que tiene actualmente, que les permite a los “honorables” dispensar contratos a manos llenas. Mientras se conocía que el pote del festín no sería tocado, saltó en las noticias el caso de un representante llamado Samuel Pagán, como un ejemplo de lo que es el patrón de gastos de la Legislatura. El representante en cuestión contrata personal mediante una corporación fantasma creada por un “colaborador” a la que le asigna casi $200 mil al año. Como no puede contratar a su esposa porque sería nepotismo, ésta aparece contratada por una oficina del “cuerpo hermano”, el Senado. Con toda probabilidad, entre los asesores del representante está el cónyuge o algún familiar cercano de un senador.

Al autorizar el aumento presupuestario a la Fortaleza, para que lo utilice en campañas políticas disfrazadas, y al permitir que el derroche legislativo siga campante, la Junta de Control Fiscal renuncia al propósito que surge de su nombre. Los dos casos son ejemplos de descontrol, muy ajenos a la “disciplina” que tanto se anunció. ¿Por qué actúan así nuestros procónsules?

El quid pro quo de ese trueque es la eliminación del estatuto que prohíbe el despido injustificado de trabajadores de la empresa privada. Para eliminarlo se necesita, en primer lugar, que el Gobernador envíe un proyecto de ley a la Legislatura y que ésta lo apruebe. La Junta ha estado dispuesta a “comprar” esas acciones tirando algunos cientos de millones de dinero público al desperdicio. Para tratar de justificarse han elevado la Ley 80 al nivel más alto de villanía, casi afirmando que es la causa de la recesión económica que afecta a Puerto Rico desde hace más de una década.

Sólo los empresarios más recalcitrantes, como los que dirigen la Asociación de Industriales y la Cámara de Comercio, han comprado la tesis fatalista de la Ley 80 proclamada por Jaresko. Los demás sabemos que es un embuste adjudicarle tanta maldad a la ley y tanto beneficio mágico a su eliminación. El estatuto no prohíbe todo despido, sino aquellos que se producen sin causa justificada, por el puro capricho del patrono, luego de que el empleado fue evaluado y admitido tras el largo periodo probatorio. Es absurdo pensar que ese cheque en blanco a favor del abuso patronal sea la vara mágica para la reactivación económica.

La Ley 80 existe desde 1976 y ya para esa fecha la economía daba señales de estancamiento, pero se mantuvo creciendo por 30 años más. La recesión que comenzó en 2006 siempre se ha relacionado con la enorme deuda pública acumulada y con la eliminación de la llamada “sección 936”, que incentivaba la inversión extranjera en Puerto Rico. Nadie con un respeto mínimo por la verdad había establecido una relación de causa y efecto entre la debacle económica y la prohibición del despido caprichoso de trabajadores, como lo hace ahora la señora Jaresko.

Obviamente, lo que detrás de esa doctrina es una visión ideológica a favor del capitalismo salvaje, como el que campeaba en los tiempos de la revolución industrial y que ahora cobra fuerza en medio mundo. La campaña de Jaresko no es propiamente contra la Ley 80, sino contra todo el marco legal que desde hace más de 60 años fue creciendo en Puerto Rico buscando hacerle un poco de justicia a los desposeídos. En la mirilla de la Junta está la ley de salario mínimo, la que establece un procedimiento sumario para adjudicar disputas laborales, las que prohíben el discrimen y todos los demás estatutos reparadores que la lucha de los trabajadores puertorriqueños ha logrado imponer.

La campaña de la Junta contra la Ley 80 es un globo de prueba. Si logran que éste empiece a volar detrás de él se van todas las otras leyes que ahora protegen a la mayoría trabajadora. Jaresko sabe que todo el mal que le adjudica a la ese estatuto es inexistente, pero está vendiendo una doctrina, el nuevo estado de derecho que necesita el capitalismo salvaje que la Junta promueve.

Puerto Rico se prepara para una auditoría nunca antes vista en la historia del País: la ciudadana. A dos semanas del lanzamiento de la campaña “Auditoría ya”, la cual tiene como uno de sus objetivos recaudar el dinero necesario para que el frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda y la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público impulsen y dirijan la magna gestión, se han reunido aproximadamente 12 mil dólares a través de la página web AuditoriaYa.org.

Ambos grupos están exhortando a la población a que se unan a los trabajos de auditoría aportando económicamente para que se consigan los fondos necesarios para la contratación del equipo de auditores e investigadores que iniciará el trabajo investigativo y técnico de rigor.

“Si cada persona que firmó la petición por la auditoría de la deuda da un donativo de $10 o $20 podemos recaudar los fondos necesarios para hacer la auditoría con el rigor y la prontitud que se necesita. Sin recursos es imposible hacer este tipo de trabajo, como le pasó a la derogada Comisión creada por ley, que tenía un presupuesto proyectado de 5.5 millones para hacer la auditoría de 40 años de deuda”, indicó la licenciada Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano.

Además de recaudar el dinero –de inicio, estiman necesario $500 mil– para cubrir los costos del equipo técnico e investigativo experimentado, esta campaña busca educar al pueblo sobre la necesidad y ventajas de una auditoria ciudadana.

La Comisión se propone completar los trabajos iniciados bajo la Ley 97 de 2015 para conocer de manera detallada el proceso y las decisiones que llevaron al endeudamiento público de $72 mil millones (es de conocimiento que al menos un 50 por ciento de la deuda del País podría estar en violación de la Constitución de Puerto Rico), cuyos efectos económicos y sociales comienzan a afectar a la ciudanía en general.

“El pueblo sufre tras la imposición de terribles medidas dirigidas a buscar dinero para pagar una deuda que sigue sin ser auditada. Ahora, la Junta de Control Fiscal presentará un plan de ajuste de deuda en el proceso de quiebras a espaldas del pueblo y usando de base el valor de una deuda cuya legalidad no ha sido certificada”, comentó por escrito Roberto Pagán, presidente de la Comisión.

Explicando cómo el pueblo puede responder ante tal injusticia y cómo puede saber qué pasó y quiénes fueron los responsables de la deuda, esta campaña pretende informar a la ciudadanía para que ésta tenga razones para colaborar con la iniciativa.

Según Pagán, “Con una auditoría integral y a través de una comisión ciudadana, amplia y multisectorial, apoyada por un grupo de expertos externos e independientes, evaluaremos las emisiones de bonos, la gestión gubernamental y el desempeño de todos los actores involucrados en el manejo de esos fondos públicos. Este será un ente que responderá a los mejores intereses del pueblo, con la suficiente independencia para evaluar el papel de los actores financieros, así como del gobierno local y federal en toda esta crisis”.

En otras palabras, una auditoría integral permitiría evaluar cuatro aspectos: 1) cuánto realmente se debe del préstamo principal y de pagos de intereses, 2) la legalidad de cada una de las emisiones, 3) evaluar el desempeño y legalidad de las actuaciones de cada persona e institución financiera involucrada, y 4) conocer en qué se utilizaron esos fondos públicos.

La Comisión formada es multisectorial e incluye 17 personas expertas en derecho, economía, finanzas públicas y otras áreas de interés social que aportarán a la diversidad de perspectivas de análisis. El economista José Alameda Lozada, el contador público autorizado José González Taboada, el estadístico Luis Alberto Avilés, el sindicalista Roberto Pagán, la abogada y salubrista Verónica González, la licenciada Amárilis Pagán, son algunos de los que componen el grupo de expertos y expertas.

Estos grupos han insistido en que en más de 18 países, incluyendo Brasil, Francia y Argentina, se han realizado auditorías ciudadanas de la deuda pública sin participación directa del gobierno y con resultados concretos. También han hecho público que en situaciones similares a la de Puerto Rico, países soberanos y estados de Estados Unidos, han procurado hacer una auditoría que permita identificar cómo se llegó a un endeudamiento sin la debida planificación y, además, evaluar la legalidad de cada acto.

Tal como dice la hoja promocional de la campaña, Puerto Rico atraviesa por una de las peores crisis económicas y políticas de su historia. Esta incluye la imposición por los Estados Unidos de una Junta de Control Fiscal y medidas de austeridad terribles como métodos para el pago de una deuda pública de dudosa legalidad.

Por eso, hacen un llamado a la ciudadanía para agilizar el proceso de auditoría por el pueblo. Entre los beneficios que traerá esa gestión están: evitar el cierre de escuelas, el recorte de pensiones, el aumento en los costos por servicios de agua y electricidad, el aumento de los créditos en la UPR, la privatización de servicios públicos esenciales, la eliminación de más derechos laborales, etc.

“Necesitamos tu apoyo para levantar los recursos necesarios para sufragar los costos que conlleva una auditoría de este tipo. Si el gobierno no da dinero para la auditoría de la deuda, la pagamos nosotros y nosotras”, aseguraron ambos colectivos. Para más información y para saber cómo hacer un donativo, entra a: auditoriaya.org.

A juicio del profesor Alfredo González Martínez, la forma en que el gobierno de Puerto Rico, trata de desprenderse de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), disminuyendo su valor, para venderla como “pescao abombao”, levanta cuestionamientos respecto a cuál es el propósito ulterior de su privatización.

El planteamiento fue expuesto en el foro: Ruta Energética: Derribando Mitos y apoderando a la ciudadanía, auspiciado por las organizaciones Cumbre Social y Cambio PR, celebrado en días recientes en la cede del Colegio de Ingenieros. El cuestionamiento parte de un extenso estudio –comisionado a su vez por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER)– realizado junto a su colega economista José I. Alameda Lozada, del proyecto PS 860 dirigido a la privatización de la AEE. La Legislatura nombra el proyecto como La Transformación del Sistema Eléctrico de Puerto Rico. La medida, que ya fue aprobada en la Cámara, se encuentra pendiente de aprobación en el Senado.

González Martínez indicó que la tendencia internacional es considerar la energía eléctrica como un servicio público esencial que está reconocido como un derecho ciudadano por las Naciones Unidas (ONU). En el caso de Puerto Rico narró que ese derecho adquiere un sentido histórico ya que desde principios del siglo XX se vio como un insumo para el desarrollo económico y el servicio es un indicador de desarrollo económico.

Un aspecto medular de toda la discusión sobre la producción de energía hasta ahora poco debatido que presentó es el carácter de industria de “monopolio natural” que posee la energía eléctrica versus lo que es un monopolio privado. Contrastó que la empresa privada suministra la electricidad procurando maximizar sus ingresos y desplazar los costos de la empresa hacia lo público, hacia el estado. No se consideran otros criterios de bienestar social que modifiquen las condiciones de los ciudadanos más vulnerables, el sentido de eficiencia de un monopolio privado es un sentido de beneficiencia privado y de corto plazo, no de beneficiencia social que cumpla con los propósitos de la comunidad.

El proyecto que está ante la Legislatura –apuntan los economistas González Martínez y Alameda Lozada– ignora por completo el atributo del concepto de la energía eléctrica como un monopolio natural, una forma especial de monopolio. González Martínez describió que la condición de monopolio natural surge de la característica peculiar de la demanda y producción de ese producto. Un monopolio natural se describe como la de un servicio esencial a la comunidad cuya ausencia causa amplio daño, el beneficio social supera el beneficio privado, es un servicio que tiene unas ramificaciones que van mas allá de una sola persona, su demanda es una elástica, quiere decir que la cantidad que se compra varía más que el precio.

En este contexto González Martínez, levantó bandera y señaló que hay una contradicción en pretender vender una empresa pública desacreditándola y dejando que se deteriore el activo. En esa dirección denunció que la venta de la AEE podría ser un ejemplo de una tendencia internacional de consolidación financiera para hacer que todas estas propiedades que tienen su valor en la capacidad de producir un flujo de efectivo continuo a corto plazo sirva para formar un conglomerado internacional del cual Puerto Rico pudiera ser la nueva carbonera del siglo 21. El fin sería desde aquí ser un enclave para producir energía como parte de un conglomerado internacional para servir a la región antillana. Afirmó que eso podría ser parte del esquema de que se trate de vender a la AEE al nivel más barato que se pueda.

“La transformación del sistema que se propone es un proyecto que encausaría a una transformación perversa del sistema de energía eléctrica al conducirnos a una transferencia y una administración inapropiada de los activos sin salvaguardar el bienestar público, se enajena un poder público y se prevarica una obligación del estado”, declaró el veterano economista. Denunció, además, que el proyecto de la Legislatura no sólo ignora el atributo de la industria eléctrica como un monopolio natural, sino que tampoco consagra el servicio eléctrico como un derecho humano, y es considerado un servicio ordinario más.

El extenso estudio de González Martínez y Alameda Lozada, desmiente la alegación del proyecto de que la privatización bajara las tarifas del servicio. El estudio afirma que pasar de un monopolio natural público o natural privado, aun con tres o cuatro empresas privadas no bajará las tarifas de la luz, por el contrario aumentarán ya que hay que ganar dinero para los accionistas y mantener alta la cuenta de ganancias retenidas para inversiones futuras. Tampoco habrá subsidios a municipios, residencias de personas de menores ingresos, etc. Además desmiente que el régimen privado garantice un mercado de libre competencia en el que se suministre un servicio en la cantidad y de la calidad socialmente óptima a la menor tarifa posible.

En esa dirección el estudio destaca que la empresa privada necesita el mercado y la demanda y en el caso de Puerto Rico la demanda por la electricidad ha ido reduciéndose de manera rápida, a lo que advierte que la privatización posee el peligro de que ocurra un ajuste tarifario. Esto se confirma con el mismo Plan Fiscal de la AEE del 28 de abril de 2017. En este PF se mide el déficit tarifario de la operación de la AEE en la energía eléctrica desde el 2011 al 2016 y se reconoce que la AEE vendió la electricidad entre 5 a 6 centavos menos del costo necesario. Los economistas cuestionan entonces, si la empresa privada hubiese hecho eso.

La respuesta de González Martínez y Alameda Lozada, es que podían colegir que la empresa privada en aras de cubrir sus costos operacionales, la tarifa tendría que ser mayor, por lo menos 5.5 centavos en kvk. Añaden que usando las mismas proyecciones del PF se podía concluir que el pago adicional de todos los sectores clientes de la AEE llegaría entre el 2019 al 2023 a $3,442 millones. Se repartiría en: residencial $1,281 millones: comercial $1,664 millones: e industrial casi $500 millones.

En fin, entre sus conclusiones destacan que estudios previos confirman que en ningún país en el que se haya privatizado el sector eléctrico se ha tenido los beneficios esperados. Por el contrario se ha experimentado falta de inversión, incremento en tarifas y un servicio cada vez más deficiente. Mientras en Estados Unidos la tendencia a raíz de la des reglamentación de los mercados energéticos ha sido que las empresas poderosas se han consolidado en busca de las condiciones de economía de escala, que es la característica del monopolio natural privado. A lo que advierten que es muy probable a que sean estas empresas consolidadas las posibles compradoras y/o administradoras de la AEE.

En conclusión se recalca que la privatización del sistema eléctrico de Puerto Rico, a base de las experiencias en otros lugares y la historia de la des reglamentación, convierten el intento general en uno de alto peligro para la economía del país y sus residentes.

En el foro, Ruta Energética participaron además, Kathy Kundel, (vía scan), analista de energía del ‘Institute for Energy Economics and Financial Analysis’ (IEEFA); el presidente interino de la Comisión de Energía de Puerto Rico, ingeniero José H. Román Morales; el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, y el profesor Dr. Agustín Irizarry. A excepción de Román Morales, el resto de los deponentes, aun cuando reconocieron que la AEE tiene problemas internos y externos, ha recibido intervención político partidista que la han llevado a la situación actual, rechazaron la alternativa de la privatización. Mientras Román Morales, planteó que para la discusión sobre privatización o no, lo primero que había que definir era cuál era el propósito del cambio.