Como para obligarnos a reivindicar su memoria y a nunca olvidarlos, nuestros muertos han hablado. Un estudio realizado y financiado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, en alianza con otras prestigiosas instituciones de Estados Unidos y Puerto Rico, estimó en 4, 645 la cifra de muertes asociadas al paso del huracán María por nuestro país. Un saldo de vidas setenta veces más alto que los 64 fallecimientos promulgados y defendidos como cifra oficial por el gobierno de Ricardo Rosselló y el Partido Nuevo Progresista (PNP)-y en especial por el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera.
Nunca sabremos las verdaderas razones que tuvieron Pesquera y Rosselló para insistir en una cifra tan baja de muertes a causa del huracán. El reclamo ciudadano para que se conociera el verdadero número se hizo desde el principio, porque ya el País intuía que, por la magnitud del desastre, y la destrucción y el aislamiento provocados por el mismo, 64 muertos era una cifra demasiado baja para ser real. Para aplacar el clamor, el Gobernador anunció en febrero que contrataría al Instituto Milken de la Universidad George Washington, para que investigara las muertes por María, investigación que no ha concluido y que ya es académica a la luz del estudio de Harvard.
Ya el Centro Investigativo de Prensa (CPI) había realizado y publicado su investigación que apuntaba a la ocurrencia de más de 1,000 muertes. De hecho, los datos de defunciones del Registro Demográfico de Puerto Rico entre septiembre y diciembre de 2017 –los meses más álgidos de la temporada post huracán– fueron celosamente guardados en estricta confidencialidad, siéndoles negados a los investigadores de Harvard. Solo ahora que, ante la contundencia del estudio de Harvard, se han hecho acusaciones de falta de transparencia al gobierno de Rosselló en la prensa estadounidense, se han publicado los datos del Registro Demográfico, los cuales expresan un aumento de cerca de 1,400 muertes en dicho período en comparación con el mismo período en 2016.
La tentación de maquillar los números es demasiado fuerte para los políticos y los gobernantes. A estos solo les gusta presentar aquello que les hace lucir bien. Y un número de muertos muy alto, en un desastre bajo su responsabilidad, no habla bien de un gobernante. El gobierno de Rosselló, el último y más inexperto en la larga lista de gobiernos coloniales incompetentes y corruptos que hemos sufrido, es particularmente alérgico a los números claros. Sí está estipulado que, al llegar el huracán María, nuestro país ya batallaba con el peso insostenible de un deterioro marcado en todos los órdenes y una deuda pública impagable. Rota la ilusión del gobierno propio por el Congreso de Estados Unidos, ya estábamos bajo la égida de su criatura, la Junta de Control Fiscal.
Tan abundante en recursos –y supuestamente tan rápido y eficiente– el gobierno de Estados Unidos también falló malamente. El mundo entero presenció cómo sus oficiales y funcionarios arrastraban los pies ante el desastre en su colonia, y cómo, a todos los niveles, justificaban su inacción en el supuesto reto logístico que les representa el que Puerto Rico sea una isla y tenga una topografía escarpada. Dieciséis muertos dijo que había el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando nos visitó a los pocos días del huracán. Obviamente, alguien de aquí le dio como cierta esa cifra que el mandatario usó para vanagloriarse de su grandeza y minimizar nuestra tragedia.
La guerra avisada en la que no iba a morir gente- a pesar de que por años se había advertido sobre el creciente deterioro de nuestra infraestructura eléctrica, de agua y de carreteras y su peligrosidad ante un posible desastre- llegó a Puerto Rico en forma huracanada y costó la vida de miles de nuestros compatriotas, gracias a la respuesta oficial más errática y displicente en una emergencia de que se tenga registro en Puerto Rico y Estados Unidos. Hasta ahora, el “premio” a la peor respuesta federal a una emergencia lo tenía la administración de George W. Bush tras el paso del huracán Katrina por Louisiana y Mississippi en 2005, el cual costó 1,803 vidas , y fue un desastre de negligencia y corrupción comentado y condenado en todo el mundo. Ahora, el notorio “premio” le pertenece a Donald Trump, con más de 4,000 muertos a su haber, en una administración federal sorda e insensible a la tragedia en su colonia.
Ante el colapso total del sistema eléctrico y de telecomunicaciones; ante la destrucción masiva de carreteras y puentes por los vientos y las lluvias; ante los enormes desafíos para lograr acceso a nuestras poblaciones más aisladas los funcionarios del gobierno de Puerto Rico y Estados Unidos se mostraron incapaces ante la tragedia, encapsulándose todos en las facilidades refrigeradas del mal llamado Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en el Centro de Convenciones o en el Coliseo de Puerto Rico, y emitían comunicados de prensa continuos que alababan los esfuerzos titánicos que realizaban para salvar vidas. Aquello pareció una comedia de errores. Escasez general de combustible y alimentos; el escándalo del controversial contrato millonario con la empresa fantasma de Montana, Whitefish, para la restauración de la red eléctrica; disputas constantes entre el gobierno de Rosselló y el Cuerpo de Ingenieros por el calendario de restauración y otros proyectos de infraestructura; las cifras engañosas de generación eléctrica de la AEE; un Secretario de Salud invisible ante la crisis de salud pública; un barco hospital estadounidense flotando en nuestras costas sin pacientes suficientes, mientras tierra adentro nuestra gente se moría.
Fuera del confort y el aire acondicionado del COE, en el mundo duro de las familias, barrios y comunidades aisladas, miles se debatían en peligro inminente de muerte, ya por inundaciones como las de Levittown o las ocasionadas por ríos y quebradas crecidos en todo el País; o porque no había acceso terrestre a sus comunidades; o porque los centros de salud y hospitales estaban cerrados o no operaban a capacidad; o porque la total falta de energía eléctrica y de telecomunicaciones imposibilitaba ofrecerles a tiempo algún servicio vital.
Ahora que nuestros muertos por María han hablado, llegó la hora de actuar. Ya sabemos que el Gobernador y la Primera Dama visitaron la instalación memorial a nuestros muertos colocada en una plazoleta frente al Capitolio. Es necesario, entonces, que el Gobernador pase de lo simbólico a lo afirmativo, destituyendo a Héctor Pesquera como secretario del Departamento de Seguridad Pública. Este funcionario merece ser relevado de su cargo por haberle mentido sistemáticamente al pueblo sobre las muertes relacionadas al huracán y por mantener una actitud de claro menosprecio a la pérdida de vidas puertorriqueñas.
