Por Alejandro Schneider

Las movilizaciones del Primero de Mayo en Puerto Rico, al igual que en otras partes del mundo (Francia, Honduras, Perú, etcétera), finalizaron con una fuerte represión policial contra los manifestantes que se desplazaron hacia la Milla de Oro, en Hato Rey, el centro financiero de San Juan.

Esa fecha, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países del mundo, en Puerto Rico, por su condición de colonia yanqui, al igual que en Estados Unidos, ese día no se rememora la masacre de los obreros de Chicago, por lo tanto es un día laborable. Sin embargo, del mismo modo que el año anterior, la jornada estuvo signada por un exitoso paro de trabajadores públicos y estudiantes. De ese manera, diversos colectivos sociales aprovecharon la conmemoración para expresar desde las primeras horas de la mañana el amplio rechazo a la dramática situación que está padeciendo la población boricua.

Recordemos que hace más de ocho meses el archipiélago sufrió dos devastadores huracanes, a pesar del tiempo, sus consecuencias se siguen sintiendo en el presente; tal es así, que hoy en día existen cientos de hogares que carecen de energía eléctrica y de agua potable. Además, de que aún no se conoce la cifra exacta de muertos y heridos por estas inclemencias. Lo que sí se sabe es estos desastres dejaron sin trabajo, sin vivienda y sin seguridad sanitaria a más de medio millón de personas, muchas de las cuales emigraron a Estados Unidos. Todo eso en un contexto donde la mayoría de la población se encuentra atravesando por una grave crisis económica desde el comienzo del nuevo milenio, donde el 46% de las personas y el 43% de las familias se encontraban, antes de las catástrofes naturales, bajo el nivel de pobreza. A eso debe sumar el fuerte desempleo existente, el cual oscila entre un 15 y un 35% en el marco de una tasa de participación laboral de 40%, o sea que el 60% de la población en edad de trabajar se encuentra por fuera del mercado. Frente a ello, la solución brindada por parte del Congreso norteamericano fue la aprobación de un drástico programa de austeridad con el objetivo de pagar la abultada e ilegítima deuda externa, cercana a los 70.000 millones de dólares. Así, en junio de 2016, con el aval del ex presidente Barack Obama, se aprobó la Ley PROMESA, por la cual se impuso una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que se erigió por encima de la constitución boricua y de cualquier legislación nativa. Desde entonces, con el apoyo del gobierno local, de la Legislatura isleña y de los principales partidos políticos, se produjo un empeoramiento de las condiciones laborales (entre ellas, reducciones en los salarios y despidos) junto con un draconiano recorte presupuestario en las áreas de educación, salud, vivienda, etc. En términos cotidianos, esta crisis se expresa en que la actual administración busca privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, al igual que otras veinte corporaciones públicas; no conforme con ello, el gobierno busca clausurar más de trescientas escuelas provocando que una miríada de estudiantes queden sin la posibilidad de estudiar al igual que cientos de docentes permanezcan sin plaza laboral.

Con ese contexto de fondo, la jornada del Primero de Mayo comenzó con distintas manifestaciones en protesta desde temprano en diferentes puntos del país (Mayagüez,Ponce, Arecibo y Caguas, entre otros municipios), cobrando particular protagonismo, la movilización que se concentró en la zona de la Milla de Oro donde confluyeron ocho colectivos sindicales, civiles y estudiantiles provenientes desde distintos puntos de partida: el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el Centro Médico, el Departamento de Educación, etcétera. En forma paralela, en el viejo San Juan, frente al Capitolio, se concentraron cerca de una veintena de entidades laborales convocadas por la Central Puertorriqueña de Trabajadores junto con un grupo de alcaldes opositores al gobierno central.

Sin embargo, la jornada de protesta no finalizó en forma pacífica. Desde hacía varios días se percibía que la policía iba a reprimir las movilizaciones, como había ocurrido el Primero de Mayo del año anterior. Esto se evidenció desde las primeras horas del día cuando las fuerzas de seguridad comenzaron a hostilizar a los manifestantes con diversos provocaciones, tal cual lo expresaron el colectivo de mujeres denominado Marea Feminista.

Al medio día, en el área financiera se hizo más tensa la situación cuando se impidió a una columna de manifestantes alcanzar el punto de encuentro definido con anterioridad. En ese contexto, la policía comenzó a agredir lanzando gases lacrimógenos, golpeando a los trabajadores y estudiantes movilizados y persiguiendo a los mismos por diversas calles de la ciudad. Asimismo, la agresión se dirigió también al interior de las viviendas adyacentes a los puntos de concentración y en las cercanías al recinto de Río Piedras de la UPR. La jornada finalizó con un saldo de varios manifestantes heridos junto con cerca de veinte jóvenes detenidos imputados por delitos “de robo y agresión a la autoridades”, entre otras acusaciones.

En resumen, al igual que el año anterior, la jornada masiva de paro y movilización que finaliza con represión es indicio de que en Puerto Rico asoman nuevos tiempos. Por un lado, es cada vez más evidente el fuerte descontento con la situación económica que existe en la Isla, lo cual se expresa en las diversas protestas que están desarrollando los diferentes colectivos sociales en los lugares de empleo y en las comunidades. Por el otro, el gobierno de Ricardo Rosselló, que responde a la Junta de Supervisión Fiscal, demuestra que para poder gobernar necesita violar en forma permanente los límites de la democracia formal, restringiendo en este caso, las voluntad ciudadana de manifestarse y de movilizarse libremente en defensa de los derechos adquiridos. Asimismo, va quedando cada vez más visible para amplios sectores de la población que las fuerzas de seguridad, sobre todo la policía, son un instrumento que las administraciones emplean para mantener su dominio y control. En otras palabras, el pacto de dominación colonial establecido en 1952, con la conformación del Estado Libre Asociado y el sostén de los grandes partidos electorales (populares y estadistas), se encuentra en este momento dando distintas señales de que está comenzando a resquebrajarse; sin embargo, el futuro dependerá del camino que empiecen a recorrer los propios trabajadores juntos con los estudiantes.

El autor es historiador, Universidad de Buenos Aires, quien ha impartido cursos en la UPR y lleva tiempo investigando el movimiento obrero en AL y Puerto Rico.

Especial para CLARIDAD

“Madre es la más bella flor”, “Madre, la reina del hogar”, “Madre, sóolo hay una”, “Madre, perdóname”… siempre que se acerca el famoso Día de las Madres nos bombardean con frases cursis como éstas. La gente se vuelve loca regalando flores y chocolates, pero pocas personas se dan a la tarea de preguntar en realidad: ¿qué necesitan y se merecen las madres en esta sociedad?

Porque aunque tengamos el amor incondicional de los hijos e hijas, las madres queremos y necesitamos de mucho… en especial de empatía, comprensión y compensación por todo lo que hacemos con dedicación, entrega y sacrificio. Y no sólo las madres, también las abuelas, las madrastras, las tías, las madrinas y las madres de críos cuadrúpedos.

Una de mis frases preferidas desde que me embarqué en esta maravillosa y complicada aventura de la maternidad es “se requiere de todo un pueblo –o una aldea, para ser más literal– para criar a un niño o niña” (It takes a village to raise a child). Sin embargo, ¿qué sucede cuando tu pueblo está dividido y cuando la patria está invadida?

En estos momentos en que nuestro Puerto Rico se enfrenta a una de las mayores olas migratorias hacia los Estados Unidos (EE.UU.), a causa de la crisis económica y de los desastres causados por los huracanes Irma y María, son más las familias que a diario ponen océano de por medio. Cada día hay más abuelas que se despiden de sus nietos, más hijos e hijas que se despiden de sus madres y padres, más hermanos y hermanas que se separan. El otro día compartiendo con unas amistades en una reunión de exiliados, nos dimos cuenta que ambos hijos de doña Margarita y don Gilberto viven en EE.UU., que de los cuatro hijos de don Ebenezer y Zodet tres viven fuera, que de los tres hijos de doña Iris y el Doctor López, dos viven en el norte, y así por el estilo.

Entonces, ¿qué se hace cuando de repente te encuentras criando en un país ajeno y sin red de apoyo? Sin abuelitas a quienes pedirle que te echen una mano cuidando al crío o enseñándole la importancia de hablar español boricua y de comer arroz con habichuelas; sin titís o tíos solidarios que te cuiden al nene para ir a una cita médica, o simplemente cuando quieres dar un paseo a solas con tu pareja.

Poco a poco, con dificultad una va construyendo una nueva aldea. La familia escogida, las nuevas amistades, las ‘mommy friends” (amigas mamás), y por supuesto la boricuada, que te rescata. No obstante, criar en este país –cuyos supuestos líderes aseguran que es del primer mundo y está ‘desarrollado’– no es cáscara de coco, para ponerlo en términos criollos.

Para empezar, la licencia por maternidad, según las leyes federales, le da a la madre un mínimo de 12 semanas para atender al recién nacido, pero sin paga alguna. Eso significa que la mayoría de las mujeres que son asalariadas tienen que usar sus días de vacaciones o por enfermedad porque no pueden costear estar sin recibir ingresos por 12 semanas o más. Ni hablar de días libres para los padres. Luego de tener a la criatura, muchas se ven ante la encerrona de decidir si pagar los altos costos de los cuidos o quedarse en la casa con el bebé.

Una amiga me contó que tomar la decisión de regresar a trabajar después de parir a su niña fue bien difícil ya que el costo de cuidar a una infante es exhorbitante. Luego sacó cuenta de que el primer año de la niña invirtió sobre el 50% de su salario en el cuido de la beba y de su hijo de edad escolar. No obstante, decidió hacerlo con mucho sacrificio, porque sabía que a las mujeres se les hace cuesta arriba reintegrarse a la fuerza laboral asalariada una vez llevas varios años en la casa con los niños.

Otra amiga tuvo que renunciar a su trabajo cuando quedó embarazada pues no podía subir y bajar escaleras todo el día, lo que significó sacar su nena de 4 años del pre escolar, porque sin el ingreso de su empleo no podía costear la escuelita, ni siquiera con las ayudas del estado.

Si a eso le sumamos la falta de empatía y el sexismo de los patronos, la situación de las mujeres se complica más aún. Muy pocas empresas son flexibles a la hora de recoger a los niños cuando se accidentan, cuando salen temprano de la escuela o cuando están enfermos, tareas que usualmente recaen en la madre, aún cuando el padre esté activo en la crianza.

Además, hay un claro menosprecio y poca comprensión en esta sociedad sobre lo que hacemos las madres que nos quedamos en la casa con los niños. Se entiende que lo hacen por elección, y no porque muchas veces es más costo efectivo quedarte en el hogar que pagar cuido; se cree que tenemos mucho tiempo para realizar otras tareas y ¡para descansar! ¡Ja!

Entonces, en este día, que supuestamente es de nosotras, las madres pedimos –y no lavadoras, ni planchas, ni flores, ni bombones– y pedimos mucho. Es más exigimos y reclamamos: una licencia de maternidad con paga, una licencia de paternidad, cuidos costo efectivos, equidad en salarios, una tarea doméstica compartida, una crianza compartida, la erradicación del sexismo y del hostigamiento sexual, empatía, colaboración y más. Pero sobretodo, el Día de las Madres hay que verlo como un día para concientizar, para seguir luchando por lo que nos merecemos, en el hogar, en el trabajo y en la calle.

Por Félix Córdova Iturregui

Especial para CLARIDAD

La situación de Puerto Rico en el momento presente es extremadamente compleja. La percepción de grandes sectores del país es que estamos en un punto decisivo de nuestra historia. Hay muchas razones que validan esta manera de pensar. Pero no se puede perder de vista la dimensión principal de la coyuntura actual. Es el resultado de una política que han impuesto los dos partidos de gobierno durante los últimos treinta años. El aspecto principal de dicha política lo expresó Pedro Rosselló en un enunciado muy preciso y concreto: que el mercado decida. Si hoy la Junta de Control Fiscal (JCF) es la coronación de esa política, llamada neoliberal, con su fundamentalismo de mercado, no es posible separar las propuestas de este cuerpo dictatorial de las propuestas del gobierno. Llevan la misma dirección y forman una misma comparsa.

Si la imposición de la JCF tiene todas las características de un golpe de Estado, no podemos disociar esa apariencia de dos leyes anteriores que tuvieron un carácter parecido: la Ley 7, de 2009, y la Ley 66, de 2014. Ambas crearon un estado de excepción y golpearon duramente a trabajadores y trabajadoras. La Ley 7 hizo algo nunca antes visto en la historia política de Puerto Rico: dejó en la calle a más de veinte mil trabajadores del sector público. Un gobierno estadista hizo añicos la vieja consigna anexionista: “estadidad es seguridad”. Si ayer Richard Carrión presidió el famoso comité (el CAREF) que dio forma a la Ley 7, hoy José Carrión III preside la JCF. Si ayer Carlos García fue el artífice de las terribles cartas de despido de 30,000 empleados públicos, cuando presidía el Banco Gubernamental de Fomento, hoy este banquero inescrupuloso, con su brillante carrera en el Banco de Santander, es uno los exponentes de la línea dura neoliberal en la JCF.

¿Entonces son falsas las contradicciones entre el gobierno de Ricardo Rosselló y la JCF? Aunque caminan en la misma dirección, no son falsos los conflictos. La diferencia principal tiene que ver con el carácter tiránico de la JCF. Mientras este cuerpo frío y calculador está dispuesto a hundir el cuchillo, sin delicadeza alguna, en el cuerpo social de la Isla para extirpar de allí lo que le molesta, el gobierno no puede hacer lo mismo. Hay una diferencia entre ambos que no debe subestimarse: la JCF no es electa, es una imposición del gobierno estadounidense, mientras el gobierno de Ricardo Rosselló fue electo. El núcleo del desacuerdo se encuentra en la reforma laboral y en la reducción de las pensiones. El gobierno ya aprobó el año anterior una reforma laboral que golpeó duramente al sector laboral. Nadie debe olvidar que esa reforma fue aprobada por la Cámara y el Senado? Thomas Rivera Schatz le dio el visto bueno, como también hizo en el pasado con la Ley 7. ¿Cómo es posible, entonces que el presidente del Senado se presente hoy como defensor de los trabajadores? Su nuevo disfraz surge de su reacción ante la JCF. Este cuerpo financiero, con su apetito voraz, quiere llevar el cuchillo hasta el fondo y extirpar lo que queda de las conquistas históricas de la clase trabajadora de la Isla.

Los políticos neoliberales como Rivera Schatz saben que la voracidad de la JCF los liquidaría políticamente. Carlos Romero Barceló lo dijo con vehemencia: la reforma laboral exigida, en combo con la reducción de las pensiones, tendría un impacto análogo al de la Ley 7. Se haría mucho más visible el efecto de la política neoliberal estadista: el empobrecimiento del pueblo trabajador. La vieja consigna, estadidad es seguridad, quedaría sustituida por otra destacando la inseguridad y la pobreza. Pero el temor de Romero Barceló se alimentó también de lo que sus ojos pudieron ver por todos lados: las protestas diarias de comunidades exigiendo el restablecimiento de la luz, padres y maestros luchando contra el cierre de 283 escuelas en diferentes pueblos, y por donde quiera el malestar ante la precariedad de los servicios. Los que no creen en las protestas deben estar con la boca abierta al considerar que el cierre de las escuelas se ha reducido ya a 266.

La celebración el 1 de mayo de este año se dio en un contexto de continuas movilizaciones por diferentes pueblos y comunidades de la Isla. Algo nuevo en nuestra historia moderna, solo comparable a la ola de protestas que precedió el 1 de mayo de 2009 como resultado de los despidos masivos de la Ley 7. Sin embargo, hay una enorme diferencia entre el 2009 y el 2018. Las protestas masivas de 2009 fueron laborales, mientras las protestas actuales tienen un predominio comunitario. Esa diferencia refleja un debilitamiento creciente del movimiento obrero organizado y de la clase trabajadora en conjunto. Desde 2006 han desaparecido más de 275,000 empleos. Decenas de miles de esos empleos han sido eliminados en el sector público. Desde la decisión de eliminar la Sección 936 en diciembre de 1995, casi 100,000 empleos, bastante más de la mitad, se han perdido en la manufactura. Mientras tanto, desde 2006, sobre 300,000 personas abandonaron la isla.

En un contexto en que ha fracasado la austeridad y se insiste en la austeridad, en que se propicia la eliminación del empleo público a favor del privado y no crece el empleo en el sector privado, ¿no deben los sindicatos aglutinar sus esfuerzos reforzando su independencia de los partidos que representan los intereses patronales? En la división sindical reciente en este pasado Primero de mayo es posible que se haya manifestado con mas eficacia que nunca la debilidad de los sindicatos. La mayor concentración, por significativa diferencia, fue la marcha que salió de la Universidad de Puerto Rico con más de 10,000 personas. No podemos olvidar que el año pasado se dio el 1 de mayo más concurrido en la historia de esta isla, convocado principalmente por los estudiantes en huelga.

Un importante signo de los tiempos que vivimos se ha podido notar en los últimos dos paros magisteriales: la contundencia del resultado exitoso ha dependido más de los padres que no han enviado sus hijos a la escuela que de los maestros convocados por el paro. El país se siente agredido por todas las esquinas, las comunidades más aisladas y abandonadas se levantan en protesta ante la ausencia de servicios necesarios para la vida, los padres airados se manifiestan en las comunidades por el cierre de las escuelas, los estudiantes universitarios se ven amenazados por el aumento de las matrículas, más de cien mil pensionados viven la amenaza de ver sus pensiones reducidas, y la escuela pública, así como los servicios de agua y luz se enfrentan a proyectos de privatización.

En un país agredido por todos las flancos no tiene sentido aferrarse a las sillas completamente apolilladas de envejecidas burocracias sindicales. Si el gran sacudimiento social que se vive hoy en Puerto Rico no levanta todas esas nalgas cómodas y encallecidas de sus asientos, serán barridos sin pena ni gloria porque pronto no quedarán ni migajas para repartir ni unión para certificar. Ante las fuerzas de la disolución no tiene sentido la prudencia de la oficina. Si el movimiento obrero no sale a la calle a organizar con nuevas formas de convergencia y solidaridad, sustituyendo la prepotencia con el análisis, el sectarismo con la acción amplia, y el miedo con la determinación, brillarán sus huesos ante la luz del sol.