Por Tom Sanzillo

La propuesta de deuda nueva, anunciada el 6 de abril por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, para la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) y los bonistas, hará que la situación económica, que ya es insostenible para los residentes y negocios en la isla, empeore.

La deuda de $9 mil millones del sistema eléctrico de Puerto Rico constituye una parte de la deuda total de $72 mil millones que se encuentra bajo la supervisión de la junta del“Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act (PROMESA)”. La mayoría de la deuda se reestructura de forma que los bonistas asuman parte de la responsabilidad, sin embargo, la propuesta de la resolución de la deuda de la AEE no.

Esta propuesta reciente, desafortunadamente, es como el plan fallido previo ofrecido por la AEE. Este plan, que fue desarrollado bajo la consulta de Alix Partners and Navigant Consulting y endosado por la Comisión de Energía de Puerto Rico en junio de 2016, nunca fue firmada por todos los participantes. Bajo la propuesta del 6 de abril, 15% del valor de los bonos, de los bonistas participantes, se reduce y la deuda nueva cubre al menos $6.8 mil millones de la deuda total de la AEE.

La nueva propuesta tiene unos elementos nuevos, establece que los inversionistas no recibirán pagos de intereses o del principal, los primeros cinco años. Además, el plan propuesto menciona que la deuda se pagará completa al cabo de 25 años, luego de los 5 años iniciales. Esencialmente, se estaría alargando la situación hasta el 2047.

Debido a que la agencia que supervisa la deuda de Puerto Rico, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF)” no se comporta de forma transparente, como lo debería hacer, la organización, Institute for Energy Economics and Financial Analysis (Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero), ha decidido hacer cálculos independientes sobre el impacto que tendrá el plan nuevo. A continuación, las cinco razones por las cuales la propuesta es una estafa para Puerto Rico.

1. Requiere que los abonados de la AEE continúen con una deuda onerosa que no pueden pagar

a. El plan presupuestario establecido por el gobierno de Rosselló, detalla que los puertorriqueños solo pueden asumir responsabilidad por un 20% de la deuda total. Sin embargo, la propuesta de la AEE establece que el pueblo pagará un 90% de la deuda

2. Implica que cada dólar del crecimiento económico de la isla, entre ahora y el 2047, se utilizará para pagar la deuda de la AEE

a. Estimamos que la propuesta les costará a los abonados de la AEE alrededor de $17.7 mil millones en total hasta el 2047. Esta cifra incluye pagos a deudas anteriores ($6.8 mil millones en pagos a principal y $10.9 mil millones en intereses). Veremos un aumento de 0.5% al GDP de Puerto Rico; esto implica una expansión de $16 mil millones del GDP o $1.7 mil millones menos de lo que costaría la reestructuración de la deuda. Por lo tanto, el crecimiento económico de Puerto Rico por toda una generación, irá a financiadores fuera de la isla en lugar de beneficiar a la economía misma de la isla. Esto es sin considerar los efectos devastadores de la deuda total de Puerto Rico de $72 mil millones.

3. No es probable que reducirá los cargos eléctricos, aunque el gobernador y otros lo hayan prometido.

a. Aunque se podrán observar mejoras en las tarifas a corto plazo, a largo plazo se podrá observar un aumento general en tarifas. Esta tendencia será uno que destacará a Puerto Rico como una isla con las tarifas eléctricas más altas, solo le sobrepasará Hawái.

4. No ofrece un camino para que la AEE regrese a los mercados capitales.

a. Este plan se enmarca en la presunción de que la AEE emitirá bonos no clasificados (unrated) para pagar deudas pasadas y que la AEE estará fuera de los mercados de bonos cruciales que ofrecen servicios a deudas públicas en todo los Estados Unidos.

5. No ofrece espacio, en el presupuesto de la AEE, para una transición a la economía moderna de la energía renovable que se está implementando local, regional y nacionalmente alrededor del mundo

a. La propuesta presenta todo lo contrario; asegura que Puerto Rico siga adicta a los sistemas de generación de electricidad que son suplidos por energía fósil. La propuesta ignora, por completo, el hecho de que la isla esta bendecida por luz solar constantemente.

Los líderes de Puerto Rico estarán desperdiciando, irresponsablemente, una oportunidad para resolver la crisis presupuestaria de la AEE si continúan con este plan. Si el plan procede, la economía, que ya está mala, seguirá empeorando.

Hay tiempo y espacio para escoger un plan que considere los intereses de Puerto Rico por encima de los de Wall Street. La junta PROMESA todavía puede remendar esta propuesta tan mala, al igual que el gobernador Rosselló. La Comisión de Energía de Puerto Rico puede rechazarla. Además, sería prematuro descartar la influencia de la Legislatura de Puerto Rico cuyos miembros podrían negarse a que proceda este plan nefasto.

El autor es el director de finanzas del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero.

La otra carta, la carta que el presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, le envió el pasado 25 de abril, a los senadores republicanos Thom Tillis y Tom Cottom, es otra de esas misivas para la historia de Puerto Rico, similar a la que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE UU), le envió al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, sobre el plebiscito.

En esta ocasión el presidente de la JCF plasmó en su carta la verdad que tanto él y sus cómplices de la Junta han rechazado escuchar de parte de amplias voces de economistas y otros estudiosos de que las medidas de recorte impuestas al gobierno de Puerto Rico en su plan fiscal llevaran al país a un retroceso económico por casi un siglo.

La misiva por demás deja ver la presión que llevan a cabo los bonistas entre sus defensores en el Congreso –la carta es consecuencia de esta presión– para lograr que se les pague a toda costa, mientras por parte de la Junta, también revela la falta de estrategia que tiene para la renegociar la deuda, apuntó un consultado por CLARIDAD. En su exposición el presidente de la JCF explica las medidas adoptadas en el plan fiscal para poder obtener dinero para pagar la deuda y se defiende de que no es posible sacarle más dinero al país.

En el resumen que se presenta en su primer punto la Junta reconoce que imponer más recortes como piden los acreedores “haría imposible la viabilidad de Puerto Rico, los ahorros a corto plazo conducirían a una espiral fiscal descendente imparable a largo plazo”.

Esta aseveración se repite cuando Carrión expone pese a su pesar, que las “razones por las que hay menos dinero disponible para el Servicio de la Deuda de lo que la JSAF y los acreedores quieren”, responde a que economistas y consultores contratados por la Junta han advertido que las medidas de ahorro que se han tomado en el plan fiscal son tan grandes; “que cortes adicionales a corto plazo podrían producir recursos ligeramente mas altos durante los primeros 10 años, pero nunca lo hacen a lo largo del periodo mas largo del 2018-60; (2) la cantidad de cortes adicionales es limitada ya que las políticas necesarias para generar anualmente mas recursos materiales no son consistentes con un crecimiento sostenible y un camino de equilibrio primario; y (3) con todo el otro riesgo a la baja, no podemos empujar la línea de base al minimo del rango viable”.

Para algunos consultados esto significa en otras palabras que el país no seria viable si se le imponen más recortes. “La carta de la Junta lo que está diciendo es si pudieramos hacer esto sin explotar la economía hasta el 2060 lo haríamos”, comentó a CLARIDAD una fuente relacionada con los trabaajos que logró hacer la ahora eliminada Comisión de Auditoría para el Crédito Público (CACP). Comparó que el futuro de Puerto Rico podría estar en riesgo de caer en una situación como Haití, a quien Francia obligó a pagarle su deuda hasta “ahorcarlo y convertirlo en un estado fracasado”. Mientras que en el caso de Puerto Rico en el 1898 Estados Unidos declaró la deuda que Puerto Rico tenía con España como una “odiosa” y no hubo que pagarla “pero desde entonces lo que ha hecho es explotarnos con su deuda”. En el caso de las medidas que ha impuesto la JCF al plan fiscal pueden considerrse como una extracción económica del país.

Sobre la queja de los acreedores de que la oferta de renegociación de la deuda que les ha hecho la Junta es muy poco, Carrión defiende que el comrpomiso es que según vayan aumentando los ingresos y la líquidez se les va a pagar más y que se va a crear un mecanismo para asegurar que ese exceso de líquidez vaya al pago de la deuda.

¿Cuál puede ser ese mecanismo?

La fuente dio como ejemplo que en el caso de Argentina, el gobierno presionó a los bonistas usando fuerzas de mercado y en la reestructuración lo que hizo fue sustituir bonos que iban a pagar a unas cuantias fijas por bonos que iban a tener una tasa de interés que iba a fluctuar en la medida en que fluctuara el crecimiento económico. Es decir si hay un crecimiento aumenta la tasa de interés, si hay un decrecimiento se disminuye. Pero en el caso de Puerto Rico – señaló- un mecanismo como ese a donde se lleve el exceso de líquidez nunca se ha modelado, no ha esistido. Describió que eso es como un acertijo porque no se sabe cuánta liquidez se va a tener este año y eso nunca se ha visto porque no hay manera de proyectar cuánto va hacer ese servicio de deuda.

La falta de información sobre cuánto podría ser la liquidez, apuntó la fuente se debe precisamente a que el gobierno “no ha podido, o no ha querido” presentar sus estados financieros y aunque la ley Promesa le exige a la JCF procurar que se produzcan los estados finacieros auditados lo antes posible, la Junta no lo ha hecho. La fuente censuró que la JCF no ha contratado a una sola compañía dedicada a auditar las finanzas del gobierno y aclaró que la contratación por la Junta de la firma Ernest&Young fue para hacer unos estimados a base de los últimos estados financieros que son del 2014, de cómo es que se ha estado manejando los ingresos y gastos en los años 2015 y 2016 para entonces ver cómo hacer deducciones en el 2017.

Prosiguió explicando que el estimado que ha hecho la Junta de los gastos gubernamentales para el 2017 podrían subestimarse entre $360 a $810 millones, eso es un margen “espectacular” , y si la Junta fuese a actuar a base de esa estimación va a tener entonces que producir recortes adicionales. En lugar de tener un análisis certero la Junta lo que hace es que se inventa el mecanismo de un punto medio de $585 millones para usarlo como punto de partida para aplicar los recortes.

El entrevistado destacó que este tipo de admisión de errores metodológicos por parte de la Junta tiene un impacto no solo para su credibilidad, sino también para la severidad de los recortes que ella misma está planteando y peor aún para las ventas y privatizaciones de los haberes públicos, dado a que se afecta su valor real.

Como la metodología de la Junta para proyectar cuánto serán los ingresos y gastos del gobierno a diez años es incorrecta, la metodología para determinar cuánto va hacer el servicio de la deuda para cada año se determina luego de recortar a lo mínimo todo lo que se pueda recortar sin “producir una recesión irreversible, sin provocar la insostenibilidad del estado”, estas últimas palabras del propio Carrión.

La fuente denunció que el proceso de la JCF ha sido uno ideológico y a la inversa, no es cuánto aguanta el estado, no es cuánto aguanta la economía del país, es cuánto aguantamos sin desestabilizar, cuánto aguntamos sin producir una situación de estado fracasado.

En esa misma línea a pregunta de CLARIDAD el investigador de la desaparecida Comisión de la Auditoria denunció que la carta deja en evidencia que la Junta no tiene ninguna estrategia para la negociación, porque no quiere. La estrategia que se debió seguir desde un prinicpio fue auditar la deuda e identificar cuánta de esa deuda es ielgal y cuánta es legal, saber cuáles acreedores tienen deuda que no es cobrable para entoncs negociar con los demás.

“De haber tenido una auditoría como la que se pretendía sí tendrían una estrategia porque sabrían distinguir con quiénes se está negociando”. Lo mismo el no tener unos estados financieros auditados, ni una sola deuda auditada, el gobierno está negociando a ciega dando por buena el 100% de la deuda que le llega a tocar la puerta.

Tal parece que el “cambia cambia” entre personajes que se colocan hoy aquí y mañana allá, para impulsar sus agendas hacia Puerto Rico, continúa a todo vapor. En estos días, el país se ha enterado de que Bill Cooper, cuyo nombre sonó insistentemente para ser director ejecutivo y representante permanente de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, ya tiene un nuevo escenario de operaciones. Este “especialista” en asuntos energéticos y principal redactor de la Ley PROMESA se ha convertido en socio administrador de la oficina de Washington de la firma de abogados corporativos de San Juan McConnell Valdés. Esto, tras moverse desde de su puesto como asesor principal en política pública del representante a la Cámara Rob Bishop, presidente del Comité de Recursos Naturales, organismo congresional que tiene la jurisdicción sobre los territorios, colonias o posesiones del gobierno de Estados Unidos, y bajo cuya égida se gestó PROMESA.

El cambio de Cooper desde el Congreso hacia McConnell no es casual. Parece ser una movida destinada a fortalecer el interés de ciertas empresas privadas en los recursos energéticos de Puerto Rico. La misma podría tener lógica cuando se examina la trayectoria de este personaje y sus vínculos con la industria energética.

De hecho, en la redacción final de PROMESA quedó consignada una provisión para que todo proyecto futuro de generación eléctrica en Puerto Rico tenga que ser de inversión privada. Y así se dejó establecido claramente también durante la discusión del Plan Fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en la más reciente reunión de la Junta de Control Fiscal.

Ahí es que la figura de Bill Cooper cobra relevancia. El año pasado, en un artículo publicado en CLARIDAD a raíz de la aprobación de la ley PROMESA y de los rumores insistentes de que Cooper sería nombrado como director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, ya habíamos pasado revista a su largo historial como abogado, representante y cabildero de los conglomerados energéticos de Estados Unidos y otros lugares del mundo.

Cooper se inició como abogado y cabildero de la industria energética desde que era socio de la firma Hunton& Williams, un poderoso bufete reconocido por sus intensas gestiones a favor de la industria energética y contra las leyes de protección ambiental. Según el diario cibernético Watch Freedom Works, Hunton&Williams tenía entre su lista de clientes a muchos de los principales conglomerados energéticos y financieros del mundo como Exxon Mobil Corporation, cuyo más reciente principal oficial ejecutivo, Rex Tillerson, es ahora el Secretario de Estado bajo la administración de Donald Trump. La firma representaba también a Occidental Petroleum Corporation, International Coal Group, el American Petroleum Institute y las Industrias Koch, de los notorios hermanos Charles y David Koch, quienes con sus donativos multimillonarios mueven las ruedas de la política conservadora y de derechas en Estados Unidos y tienen en sus bolsillos a los principales senadores, congresistas y políticos del Partido Republicano en dicho país.

De Hunton&Williams, Bill Cooper pasó a presidir por quince años el Centro de gas natural licuado, un gremio de productores, transportistas, operadores de terminales, desarrollistas y grupos de comercio energético relacionados a dicho combustible. También fungió como negociador para la industria de gas natural previo a la aprobación de la Ley para el Mejoramiento de la Seguridad de las Líneas de Gas en 2002. De ahí pasó a trabajar en la oficina del congresista Bishop desde donde salió la Ley PROMESA, que fue básicamente redactada por él.

El maridaje Cooper/McConnell Valdés podría resultar muy beneficioso para ambas partes y, sobre todo, para la industria energética que el primero tan celosamente ha defendido durante toda su larga trayectoria profesional. Para McConnell Valdés la incorporación de Cooper a la firma puede ser crucial para lograr acceso a los grandes conglomerados energéticos con interés de explorar oportunidades en Puerto Rico.

Como bufete principal bajo la administración de Luis Fortuño y el Partido Nuevo Progresista (PNP), McConnell Valdés participó en la creación de la plataforma legal del malogrado proyecto del Gasoducto del Norte. Por sus vínculos con Fortuño, y también ahora con la Comisionada Residente Jennifer González, ambos miembros reconocidos y activos del Partido Republicano de Estados Unidos, y con la presencia de Cooper al frente de su oficina en Washington, McConnell Valdés aspira a colocarse a las puertas de la bonanza millonaria con que sueñan todos los que apuestan a la privatización energética de Puerto Rico.

El Tribunal Apelativo de Puerto Rico ordenó que se reabrieran los portones del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en o antes del jueves 11 de mayo de 2017 a las 6:00 de la mañana. De la misma manera, la sentencia ordena a la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández Hernández, a velar por el cumplimiento de la determinación.

La ordenanza es consecuencia de la solicitud que le hizo al Tribunal un grupo de estudiantes, en su mayoría de la Escuela de Derecho del mencionado campus, el cual acudió por segunda vez al amparo de la vía judicial de Puerto Rico para solicitar lo mismo: que las autoridades universitarias velen por la entrada segura al recinto riopedrense del sector del estudiantado que desea retomar las labores académicas y culminar el semestre.

De cara a la tercera Asamblea General de Estudiantes de la unidad riopedrense, la cual está pautada para el miércoles 10 de mayo, y en respuesta a la ordenanza del Apelativo, Fernández Hernández emitió una carta a toda la comunidad universitaria el pasado 6 de mayo instando a todos los empleados docentes y no docentes, estudiantes y contratistas a que cumplan con la orden expedida por el Tribunal.

Uno de los estatutos de la sentencia indica que la comunidad universitaria debe “permitir el libre y seguro acceso al Recinto, sus instalaciones, edificios y salones de clases y actividades”, por lo que la carta de la presidenta hace un llamado a actuar bajo la política de no confrontación. También, recalcó en la misiva que cualquier incumplimiento de los miembros de la comunidad universitaria con lo ordenado por el Tribunal podría conllevarles un desacato y las consecuentes penalidades.

Esta determinación del Apelativo revocó el “no ha lugar” que había emitido el pasado 31 de marzo el Tribunal de Primera Instancia y la jueza Lauracelis Roques Arroyo tras el entredicho provisional que el grupo de estudiantes había solicitado en aquella ocasión.

El Tribunal Apelativo indicó, como parte de la ordenanza, que se hará una vista de seguimiento el próximo 16 de mayo.

Medidas para recaudar millones para la UPR

El pasado lunes 8, en una conferencia de prensa frente al Capitolio, miembros del comité negociador del movimiento estudiantil del Recinto de Río Piedras propusieron medidas que podrían recaudar los millones que la Junta de Control Fiscal (JCF) pretende reducirle al presupuesto de la UPR.

Durante el proceso huelgario que mantiene el estudiantado de la mayoría de las unidades de la UPR hace poco más de un mes, y apoyado en ese método de lucha, este comité negociador ha elaborado varias medidas, como ponerle un impuesto de 11.5% a las residencias con valor de tasación de sobre $1 millón.

“Hemos desarrollado propuestas que buscan asegurar el financiamiento público de la UPR, cobrándoles a los que más tienen”, dijo uno de los miembros durante la conferencia.

Otras de las medidas económicas que proponen son la eliminación de la Ley 20 y 22, que brindan exenciones contributivas a inversionistas extranjeros, y destinar a la UPR los contratos de adiestramientos, tutorías y consultorías del Departamento de Educación. Según los universitarios, los estimados de recaudos, incluso, podrían superar los $500 millones.

El comité elaboró este paquete de medidas junto a la Asociación Puertorriqueña para la Economía Política porque está comprometido con buscar “soluciones a la crisis que favorezcan a la mayoría del país”. El grupo de universitarios esperaba frente al Capitolio ser recibido por varios legisladores para presentarles sus propuestas, hecho que forma parte del proceso de mediación del estudiantado con la administración de la UPR.

Claros de que esta semana es importante para el proceso de diálogo y negociación que siempre ha propuesto el movimiento estudiantil en huelga, manifestaron que ratificar el proceso huelgario en la Asamblea General del 10 de mayo es clave para garantizar e impulsar la comunicación entre todos los sectores.

Se expresa Movimiento Estudiantil de Río Piedras

En comunicado de prensa, el Movimiento Estudiantil del Recinto de Río Piedras repudió la orden del Tribunal Apelativo de abrir los portones de ese campus el próximo 11 de mayo. También, señaló que la misma es una clara citación a la confrontación y un intento “antidemocrático” de terminar la lucha por la educación superior de Puerto Rico.

Recalcaron en el comunicado que la huelga fue aprobada por mayoría en dos asambleas –Asamblea General del 27 de marzo y Asamblea Nacional del 5 de abril– y que, en ambas, hubo cuórum. Asimismo, reiteraron que, mientras más represión sienta el Movimiento Estudiantil riopedrense, mayor organización y combatividad tendrá este.

En dicha publicación escrita, el Movimiento Estudiantil aprovechó para repudiar los arrestos a manifestantes luego del Paro Nacional del 1ro de mayo y para cuestionar la “prioridad que ejercen las autoridades políticas y judiciales para investigar y procesar al Movimiento Estudiantil y obrero”, pues en días recientes fueron citados 10 estudiantes al Tribunal de San Juan a raíz de la manifestación realizada en Administración Central el pasado 17 de abril.

Sostuvieron que esa manifestación en Administración Central fue motivada por la indisposición al diálogo por parte de la Junta de Gobierno (JG) y de la presidenta interina.

No cruzará línea de piquete

Según informó en comunicado de prensa el presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), José J. Torres Rosario, la Hermandad no cruzará la línea de piquete este próximo 11 de mayo.

Pese a la ordenanza de la presidenta interina, Nivia Fernández Hernández, de que se acatara la sentencia del Tribunal de Apelaciones, la HEEND respetará la decisión de los estudiantes que opten por permanecer en huelga una vez celebrada la Asamblea General de Estudiantes el miércoles, 10 de mayo en el Coliseo Roberto Clemente de Hato Rey.

“Nunca en su historia nuestra matrícula ha cruzado líneas de piquete, y menos lo va a hacer en esta ocasión en la que el Gobierno y la JCF quieren aniquilar la universidad por razones políticas, quitándole tanto de su presupuesto que la volverían inoperante”, manifestó Torres Rosario.

De igual forma, el presidente de la organización expresó que Fernández Hernández decidió cumplir con la orden durante un periodo huelgario y sin consultar a la comunidad universitaria, lo que catalogó como una irresponsabilidad. “En vez de promover el diálogo como universitaria, incita a la confrontación; ahí trazamos la raya los miembros de la HEEND”, indicó.

“…la vida es para una sola vez… por ello debemos estar atentos cuando la recorremos.”
Adolfo Bioy Casares
Discurso de aceptación Premio Cervantes 1990

“… el caso de quiebra de Puerto Rico va a durar años y por lo tanto, vamos a tener tiempo de sobra para preparar el plan de salida …
Ojalá la generación que tenga a Puerto Rico a cargo cuando llegue ese precioso momento…

comprenda que nuestros problemas sólo los podemos resolver nosotros mismos.”
Benjamín Torres Gotay
END 7 Mayo 2017

Casi no recuerda lo que le pasó cuando su vida cambió y le colocó en la zozobra pastosa de su presente bajo el sol caribeño. El sudor que hoy lo cubre fue trabajado en tierras de caña y fábricas de dueños ausentes, de la modalidad de turno de la economía de enclave en intersecciones construidas por otros. Ambula atolondrado los escenarios propios de años que se remontan al origen, como el viaje a la semilla. En cada intersección, hubo tiempo para pensar un poco, pero tal vez no el suficiente para escoger la mejor ruta, o la que mirase hacia adentro, hacia lo que era y todavía es. Hoy camina sin rumbo, lacerado, atrapado en el laberinto de una historia impuesta por otros, pero también construida, sublimada y aceptada por él mismo en su caminar tentativo repleto de dudas y ambigüedades. En ese recorrido, no estuvo atento; es decir, no siguió el consejo sencillo del amigo de Borges.

Ha recibido golpes desde muchos ángulos y en todas partes de su cuerpo. Las cicatrices son evidentes. Ha habido sangre, alguna derramada cuando ha combatido a los policías de semáforo, a los políticos petimetres de turno,  gastados como suela de unos zapatos que han durado 119 años y hoy no tienen zapatero que los repare. Ha habido sangre también con los jefes de éstos, al otro lado del océano, pero nunca ha sabido mirar bien, ni a los otros ni a sí mismo. También ha habido sangre en guerras ajenas que –triste resulta reconocerlo– recuerda mejor que las otras sangres porque le han dejado cicatrices más profundas, aunque no entiende bien por qué tuvo que tenerlas en su cuerpo.

Si escribiese sus memorias, nuestro personaje hablaría en ellas de sueños vívidos de autonomías fatulas de imposiciones llamadas “comunes”: moneda, mercado, ciudadanía, defensa y otros, como en  una alucinación parecida a la inducida por sustancias psicotrópicas. Pero las memorias las escriben sólo quienes se aproximan al olvido presagiado para todos por Borges queriendo sobrevivirlo, algo que todavía no está en su talante. Por ello, nuestro amigo continúa el camino con sus llagas expuestas, purulentas, infestadas. Únicamente lo salvaría la amputación de los tejidos necróticos. Para ello necesita financiación y la pide de semáforo en semáforo, utilizando el vaso roto del ELA, con resultados muy pobres. Sólo obtiene paliativos over the counter que nada resuelven y nada resolverán

Mientras tanto, a su alrededor y en su interior, pululan agazapados dos grupos de espectadores con características sospechosamente parecidas. Ambos dejarían a nuestro amigo a merced de los buitres, para continuar sobreviviendo como parásitos de la carroña costrosa de sus tejidos ya moribundos. Unos predican que el estado ideal es ese; es decir, que todo permanezca igual. Y lo predican con insólito desparpajo. Otros, más ilusos aún, quieren que el deambulante se redima convirtiéndose en lo que no es, reclamando cobijo y tratamiento gratuito de por vida en un hospital de paredes alegadamente blancas y limpias del cual nunca podría salir.

Si observamos detenidamente a estos dos grupos, nos damos cuenta de que no saben lo que son, lo que fueron, ni lo que quieren ser. Como animales que no existen en la taxonomía social del mundo conocido, especie de lagartos con alas improbables que no sirven para volar, colmillos en las axilas y aletas en las narices. Es más; el cabello y el vello corporal les crece hacia adentro por lo que no pueden ser ni siquiera peinados ni maquillados. Son los monstruos de un país deambulante, mutantes de la genética perversa del colonialismo.

Como todo deambulante que tocó o está próximo a tocar fondo, nuestro país tiene aún la posibilidad real de rehabilitarse. Pero esa rehabilitación no puede ser impuesta. Aunque el sistema que le condujo a ésta y creó sus monstruos puede comenzar a romperse desde adentro del sistema mismo, tal vez comenzando con la intercesión coyuntural de la buena mujer negra del sur del Bronx amiga de Sonia Sotomayor, harvardiana laboralista y comunitaria, y alegadamente enemiga de los fondos buitre, para que se logre la rehabilitación de nuestro país deambulante y la desaparición de sus monstruos, tenemos que decidirlo y hacerlo nosotros mismos, algo que tomará al menos, con suerte, otra generación.

Al día de hoy, deseando estar equivocado, pienso que nuestro país deambulante, a pesar de estar muy cerca del subsuelo del fondo, aún no se ha dado cuenta.