A juicio de la economista Martha Quiñones Domínguez, el Gobierno de Puerto Rico debe procurar quedar por completo fuera de la reforma contributiva que se debate en el Congreso de Estados Unidos, en lugar de estar dando un doble discurso como ha hecho hasta ahora. Atribuyó a que los políticos del Partido Nuevo Progresista (PNP), es decir el gobernador Ricardo Rosselló González, y la comisionada residente, Jennifer González, se debaten, la comisionada en adelantar la estadidad y el gobernador en defender la economía y los empleos de Puerto Rico.

La reforma contributiva que se debate en el Congreso de EE UU, por un lado en el Senado se impondría un arbitrio de 12.5% sobre los activos intangibles de las corporaciones de control foráneo (CFC, inglés) que hacen negocios en Puerto Rico y el proyecto de la Cámara impondría un impuesto de 20% sobre las ventas de los productos manufacturados por las CFC a sus matrices en EE UU.

Mientras Rosselló sostenía este lunes una reunión con amplios representantes del sector privado desde los industriales, constructores, farmacias de la comunidad, negocios al detal, el Colegio de Contadores Públicos (CCP), hospitales y otros, que han señalado lo perjudicial de ambos proyectos para la economía del país, la comisionada residente busca enmiendas al proyecto de la Cámara.

“Hay que plantear que para efectos contributivos Puerto Rico no le genera mucha ganancia a Estados Unidos en la recuperación de los impuestos y que el efecto es grave pues nuestras ventas de las empresas estadounidenses son para ellos”, indicó la economista. Añadió sobre los argumentos que el Gobierno de Puerto Rico debe presentar es que si la reforma que busca el Congreso es atacar los efectos que han tenido los Tratados de Libre Comercio sobre la economía de EE UU, la Isla debería dejarse fuera o de lo contrario estas empresas se irían de Puerto Rico pues les sale más caro al no poder reclamar el 4% del impuesto que pagan en Puerto Rico más el nuevo impuesto. Así que entonces les será más barato producir fuera de los Estados Unidos sin importar los tratados. Aunque la reforma responde a una promesa de campaña del presidente Trump los proyectos fueron modificados en el Congreso.

En el caso de Puerto Rico, indicó Quiñones Dominguez que, los efectos de estas medidas pueden ser peor que la eliminación de la sección 936 pues le impone costos más caros a las empresas de EE UU que están en Puerto Rico y cuya producción va directa hacia EE UU. Recalcó que el impuesto es a la producción que hacen las empresas estadounidenses que operan en la Isla y que se vende en EE UU además de aplicarle a las ganancias que retornan, lo que es un cambio en los costos de operación.

En este escenario coincidió con la apreciación de que la Legislatura de Puerto Rico ha detenido la discusión de la reforma contributiva de aquí reconociendo que no es el momento y esperan por la de EE UU además de esperar a ver cómo reacciona la economía de la Isla después del huracán.

Tomando en consideración la situación colonial -a pregunta de CLARIDAD- Quiñones Domínguez, indicó que la propuesta que debería llevar el país al Congreso es la de contemplar un desarrollo endógeno. “El problema es que la propuesta para la Isla no está diseñada y debería contemplar un desarrollo endógeno con un balance con el exógeno y así evitamos estos problemas”. Expuso que con ese tipo de desarrollo se puede fortalecer industrias locales (que sus ventas no pagarían el impuesto en EE UU más allá de los impuestos tradicionales) y se pueden crear empleos locales y generar ingresos aquí además de colocar en positivo la balanza de pagos y fortalecer la producción local.

Eso evitaría que cada vez que EE UU quiera cambiar su política contributiva nos afectará menos. “Pero mientras seguimos con esta política económica de atraer empresas de Estados Unidos (economía exógena) estaremos a merced de los cambios en Estados Unidos y no fortaleceremos las de aquí. Así que la solución debe ser a través de fortalecer la economía local y crear industrias diversas en la Isla”. La economista alertó, que la política económica de desarrollo “no es concentrarse en turismo o en unas cuentas empresas. Es diversificar la economía de manera que pueda soportar las crisis periódicas del capitalismo y balancear los ajustes estructurales que hay que hacer”. Recabó que este tipo de economía hay que discutirla con las comunidades y los municipios para que se diseñe con las fortalezas de cada uno para ir generando los empleos necesarios. Esto requiere que cada municipio se debe evaluar en ese nuevo modelo como motores económicos regionales autónomos y que deben fortalecer sus potenciales que los haga diferentes y que no sea más de lo mismo que tienen los otros.

Quiñones Domínguez propuso que hay que buscar 10 posibles empresas para incubar, como por ejemplo programación de juegos de computadoras o diseño de productos, alimentos o bebidas o cualquiera otra que sea una ventaja para la Isla con el potencial intelectual que se tiene y darle protección y “buscar dentro de la colonia cómo podemos proteger esa empresa y que sea la que genere capital para reinvertir”, concluyó.

Como otra barbaridad después de la catástrofe sufrida por el huracán María, catalogaron varios científicos consultados por CLARIDAD, la privatización del proceso de permisos, que anunció la Junta de Control Fiscal (JCF). La Junta estaría recibiendo propuestas para seleccionar a una firma para “desarrollar, evaluar, e implementar esquemas de permisos expeditos en apoyo al Proceso Críticos bajo el Título V”, de la llamada ley Promesa.

El planificador ambiental José Rivera Santana, censuró la acción de la JCF que es una dirigida a privatizar el proceso de permisos, ya que las agencias que por ley están mandatadas a examinar y pasar juicio sobre los diversos permisos que se solicitan en el país son las agencias como la Junta de Planificación (JP), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP), la Junta de Calidad Ambiental (JCA), y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Rivera Santana, quien es miembro de la Concertación Contra la JCF denunció que además de pretender un proceso de ‘by pass” a los llamados proyectos críticos la acción de la Junta refleja desconfianza en los funcionarios y técnicos que trabajan en estas agencias. Reiteró que mediante la creación del llamado coordinador de revitalización, que ocupa Noel Zamot, el gobierno de Puerto Rico ha quedado en la práctica totalmente fuera de este proceso.

Comentó que aún cuando la JCF se refiere a “revitalización” de infraestructura, la meta es promover inversión privada por lo que están acomodando el término a cualquier cosa.

¿Cuál es la infraestructura que nos hace falta?

Rivera Santana acotó que hay que hacerse esa pregunta para poder reconstruir infraestructura que sea compatible con nuestra situación geográfica y económica. Pero el hecho es que hasta ahora no se sabe cuáles son los proyectos en los que está pensando la Junta de Control Fiscal. Hasta el presente el coordinador Zamot, ha hablado en términos generales de infraestructura de agua, transportación y proyectos de energía. En este último aspecto hay que recordar que hace unas semanas Zamot presentó en las vistas en el Congreso de EE UU al proyecto de la incineradora de Arecibo, Energy Answer (EA), como uno que podía certificarse como un proyecto “crítico”, bajo la Ley Promesa. En esa misma línea Rivera Santana advirtió que los proyectos de gasoductos ninguno hace falta en el país.

Por el contrario señaló que algunos ejemplos de proyectos de infraestructura que hacen falta en el país son iniciar la transición de combustibles fósiles a energía renovable; hacer un examen riguroso sobre las condiciones de los puentes después de ambos huracanes, trajo a la atención a que todavía hay comunidades aisladas por la perdida de sus accesos. Es necesario hacer estudios sobre la estabilidad de terrenos para identificar en un futuro dónde construir y dónde no construir. Para el planificador un proyecto de infraestructura en el cual sí se debe invertir es culminar el dragado del caño Martín Peña, construir plantas de tratamiento de aguas usadas terciarias para tener una mejor calidad.

Por su parte el profesor de geomorfología, José Molinelli Freytes, describió como una barbaridad que después de la catástrofe dejada por el huracán María, se pretenda aplicar leyes más laxas. En tono severo Molinelli Freytes reclamó que hay que ser más rigurosos y hay que establecer la diferencia, entre lo que es hacer las cosas mas rápido y hacerlas bien, y no obviando las leyes ambientales. Reclamó, además, que es momento de discutir de cómo vamos a rediseñar un país que esté mas preparado para enfrentar eventos de la naturaleza. Eso no se consigue permitiendo que se construya en zonas de alto riesgo, como lo son las zonas inundables, y áreas suceptibles a deslizamientos. Preciso que en el país hay más de 160 mil personas que viven en zonas inundables y sobre 100 comunidades en zonas suceptibles a deslizamientos.

Molinelli Freytes, recalcó que es hora de que en Puerto Rico se aplique con más rigurosidad el conocimiento científico, las leyes y procesos ambientales “y no como quiere la Junta de Control Fiscal y Zamot, que es una irresponsabilidad”.

Las catástrofes, naturales o provocadas por los humanos, siempre producen grandes desplazamientos poblacionales. El pasado (y cercano) siglo XX fue escenario de los mayores cambios en la composición social de las naciones desde tiempo inmemoriales, como resultado de catástrofes. Las guerras –enormemente letales “gracias” a los nuevos desarrollos tecnológicos– fueron la principal causa de esas trasformaciones. La primera Gran Guerra, 1914-1918, produjo 22 millones de fatalidades a las que le siguieron otros 20 millones de muertos por las epidemias que luego se desataron. Veinte años después, en 1939, la misma Europa volvió a entrar en guerra extendiéndose el conflicto hacia Asia y América. En esta ocasión la matanza se multiplicó por tres, llegando a los 60 millones. Tras terminar la catástrofe armada, continuaron los grandes desplazamientos poblacionales desde los países devastados hacia las regiones menos afectadas de la propia Europa o al continente americano.

Como resultado de esos eventos muchos países perdieron a gran parte de su población en edad reproductiva. Por ejemplo, tras la guerra civil española –tragedia pequeña en comparación con las dos grandes guerras entre las que se enmarcó– la natalidad del país cayó en aproximadamente 576 mil. Además de la capacidad de reproducirse, los países perdieron muchas de las manos y el talento que necesitaban para reactivar sus economías.

A pesar de esas enormes pérdidas y del dolor que provocó la sangre derramada, todos los países afectados se recuperaron. Unos con mayor velocidad que otros, las naciones devastadas por la catástrofe y por la emigración que le siguió, fueron recomponiendo sus poblaciones y sus economías. La mayoría de los emigrados no regresó a su país de origen, pero algunos lo hicieron trayendo experiencia y recursos que ayudaron a la recuperación.

Este breve recuento de tragedias humanas viene al caso por lo que ocurre en Puerto Rico tras la catástrofe de los huracanes que recientemente nos golpearon, agravada por otro huracán de incompetencia y negligencia desatado tanto por el gobierno colonial como el metropolitano. Como resultado de esos golpes el país está en el tercer mes sin energía eléctrica y la mayoría de la gente no tiene trabajo. Las perspectivas para muchos se complican y el éxodo migratorio hacia Estados Unidos se ha disparado. Como allá la economía está en auge, las posibilidades de encontrar trabajo aumentan y mucha gente joven opta por emigrar. También se ha ido una gran cantidad de personas mayores en busca de servicios médicos y atención social.

Todavía no hay cifras exactas de la magnitud del éxodo. Al final serán algunos cientos de miles, mayormente jóvenes diestros o cualificados. De esos, algunos volverán con el paso de los años, pero la mayoría se quedará en Estados Unidos.

No es la primera vez que Puerto Rico experimenta una ola migratoria de esa naturaleza, aunque en esta ocasión el empujón de salida se produce en unos cuantos meses no a lo largo de años. Durante la década del ’50 del pasado siglo alrededor de 50 mil personas emigraron cada año a Estados Unidos. En 1940 allá vivían alrededor de 70 mil personas nacidas en Puerto Rico o de padres puertorriqueños. Para 1960 la cifra había aumentado a 887,000 y para 1975 ya llegaba a 1.7 millones. Muchos de esos emigrados volvieron a su isla, pero la mayoría, aunque siempre pensó en volver, nunca volvió. (El “mito del retorno”, lo llaman los sociólogos.)

“El desempleo y la falta de opciones económicas en los pueblos pequeños y las zonas rurales obligaron a muchos de sus habitantes a trasladarse a las ciudades más grandes de la isla y, finalmente, a Estados Unidos. En esta época, sin embargo, el nivel de vida de la mayoría de los puertorriqueños mejoró”. (Ayala y Bernabe, Puerto Rico en el siglo americano, página 260.) Podría decirse que el éxodo ayudó a mejorar las condiciones de los que permanecieron en la isla y sin duda hay algo de eso, pero la realidad social es un poco más compleja ya que en esos años se impulsó una estrategia económica que dio resultados.

Pero, independientemente de la amplitud de factores que explican la mejoría, es necesario destacar que la gran ola migratoria de los ’50 y los ’60 no significó el fin de la nacionalidad puertorriqueña ni de ese sujeto histórico que llamamos “pueblo puertorriqueño”. Luego de aquellas décadas, la sociedad boricua siguió existiendo y se fortaleció. Tampoco aquella ola migratoria produjo la asimilación cultural ni la “trasculturación” que presagiaron algunos “expertos” por los efectos culturales que produciría la relación entre los emigrados y los que se quedaron. Todo lo contrario, la nacionalidad puertorriqueña siguió desarrollándose y fortaleciéndose en las décadas que siguieron a la del ’50.

Más que choque antagónico, entre aquella emigración, que ahora llaman “diáspora”, y el pueblo de la isla se ha producido una interrelación muy beneficiosa desde el punto de vista social, económico y cultural. Gracias a los que sufrieron el éxodo allá hay una gran población que cada día gana más protagonismo y que no sólo lucha por sí misma, sino también por los de acá. Además, muchos de aquellos emigrados, o sus hijos, han hecho aportaciones culturales, artísticas o académicas que nos alientan y estimulan el orgullo nacional de todos los puertorriqueños.

La emigración, por tanto, sobre todo la que sobreviene después de una catástrofe, es un fenómeno inevitable que tendrá consecuencias sociales, pero no será el final de los tiempos. Es urgente y necesario que nuestro país se recupere, dejando atrás las dificultades y la incompetencia, para que se aminore la ola migratoria, pero ésta no provocará el fin de lo que conocemos como Puerto Rico.

CLARIDAD

Recientemente, la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico fue sede del foro “El sistema eléctrico que Puerto Rico necesita: diagnóstico y perspectivas”, organizado por el legislador independentista Dennis Márquez. El foro estuvo constituido por cuatro catedráticos del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), ingenieros eléctricos todos: Efraín O’Neill Carrillo, Lionel Orama Exclusa, Agustín Irizarry Rivera y Gerson Beauchamp.

Según explicaba Beauchamp durante su intervención, tras el paso del Huracán María, han quedado en evidencia los porqués del fallo del sistema de energía de Puerto Rico y del lento restablecimiento del mismo a nivel isla. Particularmente, el doctor mencionó la falta de preparación previa por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en términos del abastecimiento de materiales y del almacenamiento de éstos como medida de seguridad.

Hace unos días, un ingeniero puertorriqueño integrante de una de las compañías estadounidenses subcontratadas por Whitefish para restablecer el servicio de energía eléctrica reveló públicamente que la brigada con la cual trabaja perdió el tiempo en Puerto Rico, puesto que no hay materiales para arreglar las monumentales averías que padece la Isla. Dijo, además, que a pesar de no tener materiales para laborar durante el tiempo que estuvo contratada, la brigada continuaba cobrando por hora: “lo lamentable es que bajo el contrato en que nosotros vinimos, ellos tenían que pagarnos a nosotros 16 horas diarias de trabajo, trabajáramos o no”.

Más allá de la preparación de la AEE y de que no exista la politiquería que corroe las gestiones públicas, Puerto Rico necesita una visión energética diferente, que se transforme el sistema de energía eléctrica. Este foro sirvió para presentar (recordar) algunas propuestas que se han estado trabajando desde el RUM hace décadas y que han contado con la colaboración multisectorial.

Se mencionó, por ejemplo, lograr utilizar más el recurso solar que tenemos de forma distribuida, no centralizada, modelo que falló con el huracán. “En Puerto Rico no fallaron las plantas de generación. Aquí hay capacidad de generación suficiente para satisfacer nuestra demanda casi al doble de hoy día. Lo que falló fue el modelo centralizado donde se genera electricidad en lugares impactados social y ambientalmente desproporcionados en relación con otros lugares del país”, expresó O’Neill Carrillo.

Aclaró el ingeniero que antes de hacer la transición hacia otro modelo de generación de energía, es necesario que se tenga en cuenta el recurso de la conservación o “de hacer un uso razonable y eficiente de la energía”. Entonces, la transición tiene que venir acompañada de un entrenamiento social y de un cambio de consciencia en cuanto a los patrones de uso de la electricidad.

“El reto de la energía eléctrica en Puerto Rico no es uno tecnológico, sino social. Hasta que no nos pongamos de acuerdo de hacia dónde queremos dirigir a Puerto Rico y de cuál es el rol de nuestra infraestructura eléctrica, no vamos a ir a ningún lado. Esto no tiene que ver con ideologías ni partidos, porque independientemente de lo que usted crea, necesitamos un sistema fuerte que nos provea unos servicios energéticos para hacer que nuestro país eche hacia adelante”, continúo O’Neill Carrillo.

El catedrático fue enfático en que no se trata solamente de llevar energía solar a las comunidades, sino de generar una conciencia social, ambiental y energética en esos sectores. El doctor Lionel Orama Exclusa coincidió en el planteamiento de la energía como un proceso “socio-técnico, aunque es más social que técnico”. “Si nosotros logramos el 25 por ciento de reducción utilizando eficiencia energética y conservación eso equivale a 25 por ciento que no hay que generar, lo que es igual a una planta menos”, dijo. Para esto, reiteró, es necesario que se promocione entre la ciudadanía la conservación como un recurso energético.

Orama explicó que existen muchas alternativas para cambiar el modelo actual de generación de energía en Puerto Rico, sin embargo no se pueden poner parchos para tratar de solucionar los problemas del sistema. Según él, la transición requiere que un sector amplio del país esté enfocado en un propósito común. “Si yo estoy poniendo curitas tengo que pensar para qué son. En realidad tenemos que ver la herida completa, ver cómo utilizamos otras maneras de resolver mientras vamos curando esa herida y asegurándonos de que cicatrice bien”, comentó.

“La gobernanza actual no funciona porque no provee para la colaboración ni para la deliberación de las soluciones a los problemas. Ese es un problema social que no tiene nada que ver con los paneles fotovoltaicos, los inversores o las plantas de generación”, concluyó.

Por su parte, el ingeniero Agustín Irizarry Rivera habló en su intervención sobre las realidades del cambio climático mundial y las repercusiones que tiene en Puerto Rico. “Esto de María ocurría cada 80 años, pero ahora no va a ser cada 80 años. Así que usted abrázese para resistir de nuevo algo como este huracán. La pregunta es si usted quiere que este perro lo siga mordiendo o no. Qué va a hacer usted. Olvídese de lo que va a hacer el Gobierno por usted. Ése ya falló. Qué va a hacer usted mismo por usted”, preguntó abiertamente al público en aras de hacer constar que parte de la solución la tiene la ciudadanía si se plantea el concepto de la racionalidad, de cuánta energía realmente es suficiente para vivir bien.

“Ese concepto no se maneja en Puerto Rico porque aquí se derrocha la electricidad”, acotó.

“En todas partes del planeta se está luchando con los hechos de que hay nuevas manera de producir electricidad, hay menos consumo de este recurso y de que presumir un crecimiento infinito de electricidad es una locura y lleva a un desastre financiero. En Puerto Rico, desafortunadamente, la discusión está centrada en el precio de la electricidad”, continuó denunciando el ingeniero licenciado.

Finalmente, Irizarry Rivera comentó que es necesario que haya “una estructura de negocio que no simplemente venda energía, sino que nos dé los servicios para que nosotros podamos incorporar la máxima energía distribuida y renovable que podamos”. Según dijo, ésa es la esencia del contenido de una carta que les enviaron recientemente a la Junta de Control Fiscal y a la jueza Taylor Swain los cuatro catedráticos del RUM presentes en el foro. A pesar de esa gestión ciudadana, según dijeron en la actividad, no han recibido respuesta alguna.