Mi gente,

Tuve el honor de estar presente en la manifestación del Paro Nacional de este 1 de Mayo.  Palpé la alegría de la gente, de los que están cumpliendo con su pueblo y consigo mismo.  Mi paso era lento pues muchos me honraban saludándome y pidiendo retratarse conmigo, a lo que siempre respondo que sí.

Había pasado un tiempo desde el comienzo de la actividad frente al edificio Seaborne cuando vimos que la gente corría en dirección a la tarima para evadir el gas pimienta y los gases lacrimógenos que lanzaba la policía.  Mi esposa,  mi hijo Rafa y compañeros que estaban cerca que saben que tengo problemas con la vista, me agarraron para sacarme del medio de la calle.  Lo lograron, por supuesto, a pesar de mis protestas.  Cuando parecía que había vuelto la calma, regresamos al medio de la calle para compartir con la gente, pero de momento volvió el correcorre y mi esposa y mi hijo, con la ayuda de una persona que estaba cerca, me movieron rápidamente hacia la acera , fuera del alcance de los químicos que invadían  la calle.  Escuchaba a la maestra de ceremonia repetir insistentemente la consigna “No se dejen provocar”.

Decidimos retirarnos puesto que la actividad oficial había concluido.  Mi esposa y mi hijo me sugirieron que nos fuéramos por una calle detrás de la tarima, pero me negué pues no quiero dar ni siquiera la apariencia de que estoy huyendo.  Así que caminamos hacia la calle Chardón, en dirección a los contingentes de la policía, que por minutos aumentaban en número.  En ese trayecto, me detuvieron muchas personas para tomarse fotos conmigo y me detuve muchas veces, pese a los reclamos de mi esposa y mi hijo quienes luchaban por sacarme de allí lo más pronto posible.  Al poco rato de haber regresado a la casa, cuando ya había concluido la actividad y los manifestantes habían abandonado la llamada “Milla de Oro”, vimos en la televisión los encontronazos  entre los encapuchados y la policía.  Era todo lo opuesto a lo que había sido la dinámica de la manifestación.

Les digo, mi gente, que al analizar la situación y ver muchos de los vídeos y las fotos que han circulado por la redes sociales, me pregunto si no habrá sido un drama preparado por el agente de represión con un largo historial que muchos conocemos: Héctor Pesquera, recién nominado al puesto de Secretario de Seguridad, y por la experta en carpeteo cibernético, la coronela Michelle Hernández.  No hay que ser un genio para saber que los actos de los encapuchados solo serían de beneficio para la Junta de Control Fiscal al intentar crear una impresión muy negativa del pueblo que se manifiesta contra los abusos de la Junta.  ¿Será coincidencia que la abogada que preparó la demanda del Banco Popular contra los manifestantes y que tan velozmente se sometió en el tribunal, trabaja para el mismo bufete que representa a la Junta? Al observar las imágenes en la televisión,  me preguntaba por qué la policía no intervenía para evitar los actos de supuesto vandalismo que ocurrían ante su ojos.  Hasta hemos visto en las redes sociales un vídeo que muestra una fraternal conversación entre un encapuchado y un policía en medio de un ambiente totalmente caldeado.  Hay muchas cosas que parecen no tener sentido.  Claro, lo tienen para quienes organizaron el espectáculo.

Por lo demás, quiero felicitar y expresar mi orgullo a los miles y miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que demostraron que hay mucho valor y mucha dignidad en nuestro pueblo.  Y como un regalo a mi gente, les pongo una foto de nuestro “álbum familiar” con la que nos sorprendió un querido compañero.  Quiero terminar con algo que contestó mi esposa cuando le preguntaron cómo me encontraba.  “Rafael está muy bien.  Él ni se asusta, ni corre, pero logramos protegerlo, pese a sus protestas”.

ccotto@claridadpuertorico.com

El reclamo por una auditoría de la deuda no se basa en meras expresiones, organizaciones profesionales, académicas, el pueblo en general de una forma u otra se ha manifestado en su favor. Esta postura fue confirmada por la encuesta Trayecto Dignidad, la cual reveló que un 86% de la población está de acuerdo con una auditoría de la deuda.

Estos resultados son significativos si se considera primero la poca atención que le prestó la pasada administración gubernamental al tema, y a la misma Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAICP), así como la acción tajante de su eliminación por la actual administración.

Para el profesor de Derecho, Juan Correa Luna, coordinador del grupo, Somos Dign@s, responsable de la encuesta nacional, bajo el nombre de Trayecto Dignidad, estos resultados le son sorprendentes precisamente por la campaña de desinformación que lanzó el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, contra la auditoría, por lo que su impresión era que la auditoría no tenía tantos adeptos. “Cuando ví ese resultado tan alto, monumental me parece que el gobierno ha fracasado en su intento contra la auditoría creo que en la medida en que vayan pasando los días la exigencia por una auditoria será mayor”. Es revelador, además, el que el 39% de los encuestados piensa que la JCF no auditara la deuda, mientras un 37% dijo creer que sí la auditara. “En lo que el pueblo está claro es que debe auditarse la deuda”, destacó, Correa Luna.

El propósito de la encuesta, Trayecto dignidad estuvo dirigido a auscultar los conocimientos y perspectivas de los y las puertorriqueños(as) sobre el derecho a la autodeterminación, el colonialismo y la Junta de Control Fiscal (JCF). La encuesta se llevó a cabo (entre el 25 y 26 de marzo) alrededor de la Isla entre plazas públicas, centros comerciales y otros lugares públicos, se logró entrevistar a 1,126 personas.

La impresión de que hasta el momento la ciudadanía parece estar indiferente frente a las medidas que ha impuesto la JCF, contrastan con los resultados de la encuesta. Correa Luna señaló que cuando se consulta al pueblo en las plazas públcias y centros comerciales los resultados de la encuesta revelan que la gente entiende que las medidas de la JCF van a empeorar la situación y que van a crear mayores problemas. La encuesta arrojó que: el 69.8% de los encuestados dijo creer que las medidas de la JCF aumentaran el desempleo; el 55% que se agravara la corrupción; el 52.6% que se violan los derechos humanos y un 50.4% que se agravara la crisis económica.

El profesor de Derecho quien ha participado en las tres encuestas nacionales anteriores que ha realizado el proyecto Somos Dign@s agregó que lo interesante de estos resultados es que la impresión general coincide con los señalamientos que han hecho economistas tanto del país como del exterior de que las medidas de la JCF son del todo contraproducentes y lo que harán será hundir más al país en la recesión.

La encuesta también recogió el sentir respecto a los recortes en salud, el Sistema de Retiro de los Empleados Públicos y a la Universidad de Puerto Rico (UPR). Una vez más los resultados fueron consistentes con el sentir de rechazo a las medidas. El 91% se expresó en desacuerdo con los recortes a salud, un 5% de acuerdo y el 4% dijo no estar seguro. Sobre el recorte al Sistema de Retiro el 91% se expresó en desacuerdo, el 6% en acuerdo y el 4% en desacuerdo. En el caso de la UPR el 86% rechazó los recortes, un 9% dijo estar de acuerdo y el 5% dijo no estar seguro.

Otro aspecto que auscultó la encuesta fue si se estaba de acuerdo o no con una reestructuración del gobierno. Aquí el 47% dijo estar de acuerdo, un 45% no estuvo de acuerdo y un 8% dijo no estar seguro. Respecto a este particular, Correa Luna hizo la observación de que pese a que las personas entienden que el gobierno debe someterse a unos recortes no ven el víncluo de que esos recortes tendrían unas consecuencias en los servicios al pueblo. “Esa fue la única partida de recortes en que estaban dispuestos a reconocer como favorable pero como castigo no veían el vínculo”, comentó.

Los derechos civiles

Otro aspecto recogido por el Trayecto Dignidad, fue cuánto conocimiento tienen los ciudadanos sobre los derechos civiles. Correa Luna indicó que los resultados de 2017 fueron consistentes con los resultados de la encuesta del 2011. En ambos momentos el 53% de los encuestados no pudo identificar ni un solo derecho civil, incluso personas con altos niveles de educación.

Sin ocultar su sorpresa comentó que estos resultados contrastan con una encuesta realizada en la isla en el 1959 en la que se midió este conocimiento y el 47% de los encuestados sí pudo identificar al menos un derecho civil. Igualmente las personas no lograron identificar la diferencia entre los derechos civiles los cuales son garantizados por leyes y por la constitución y los derechos humanos, los cuales son garantizados por el derecho internacional.

A la interrogante de por qué más personas no traducían su postura de rechazo a las medidas de la JCF y de apoyo a una auditoría, Correa Luna, quien fue uno de los que estuvo tratando de cabildear en el Capitolio a favor de la auditoría, expresó que las respuestas de las personas evidencian sentimientos de temor a manifestarse en contra. “La respuesta es que hay miedo que son bien fundamentados en la experiencia histórica. Primero ir a una manifestación pública con la historia de represión típica de las colonias, con las consecuenias de persecusión… es la historia de Puerto Rico desde España hasta Estados Unidos. Son respuestas típicas de las mismas personas, del temor que se infunde en la colonia, todos esos proyectos que se han convertido en ley lo que han hecho es penalizar la protesta, es continuar la historia de represión”, concluyó.

La auditoría ciudadana va

El Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda (FCAD) anunció que se mantendrá firme en su reclamo por lo que continuará trabajando en una auditoria integral de la deuda pública.

En conferencia de prensa portavoces del Frente dieron a conocer que aunque el gobierno se niegue a auditar la deuda, el colectivo estará trabajando para dar continuidad a la auditoría integral que mandaba la Ley 95 del 2015, pero esta vez de una forma netamente ciudadana, transparente y participativa. Según se informó ya se comenzaron los acercamientos a los excomisionados del interés público para evaluar las alternativas que permitan continuar con la auditoría, además de invitar a todos los sectores que se quieran unir al proceso. “No podemos permitir que nos dirijan a ciegas”, índice Justo Méndez, uno de los portavoces del colectivo.

Eva Prados, otra de las portavoces del Frente trajo de ejemplo que las auditorías ciudadanas de deudas públicas se han realizado en países como Ecuador, Brasil y Argentina, han dado resultados concretos. “En el Frente insistimos por una auditoría integral de la deuda, no una simple auditoría financiera, como interesa realizar la Junta de Control Fiscal o se pretende con la oficina del Contralor Federal”, explicó Prados. El alcance de la auditoría propuesta por la eliminada Ley 97 del 2015, incluía examinar y evaluar el proceso de contratación, refinanciamiento o renegociación de cuarenta (40) años de emisiones de deuda pública.

“Haremos una auditoría integral y ciudadana, con expertos externos, sin ningún conflicto de interés, para evaluar el desempeño y legalidad en la emisión y uso de todos esos fondos”, dijo la también abogada. Asimismo, adelantó que recabarán los fondos que sean necesarios para que la firma de peritos que había sido contratada por la Comisión pueda hacer la auditoría integral. Los fondos destinados para dicha auditoría se mantenían separados para su futura utilización y la Comisión ya había llegado a acuerdos con la firma Macías, Gini & O’Connell, uno de los bufetes expertos en procesos de auditoría pública de Estados Unidos.

Se supone que esos fondos fueron transferidos a la UPR, por la Legisaltura al eliminarse la Comisión.

“Como pueblo no podemos permitir el despilfarro de fondos públicos pagando deuda sin que sea evaluada. Pero si ellos no lo hacen, nosotros lo haremos”, concluyó Prados.

El Frente también se expresó y se unió en respaldo al movimiento estudiantil de la Universidad de Puerto Rico (UPR) a la Marcha por la Auditoría y la Educación Pública, que se celebró este domingo en horas de la mañana y que partió del Parque Luis Muñoz Rivera hacia el Capitolio.

La organización American Association of Retired Persons (AAPR, por sus siglas en inglés) Puerto Rico ha propuesto en sinnúmero de ocasiones la importancia que tiene para el país que la política pública actue a favor de una cultura de envejecimiento con productividad, participación social e integración. Sin embargo, a juzgar por el director de la organización, José R. Acarón, esto no se está cumpliendo actualmente.

“Aquí hay varias mordidas a la gente de la misma población. Estamos hablando de que al mismo grupo se le va a recortar la pensión, se le va a aumentar los impuestos, va a tener recortes de salud”, dijo Acarón a Claridad. Todas estas medidas de austeridad que impulsa el gobierno actual y la Junta de Control Fiscal, y que recaen sobre la creciente población de adultos mayores en la isla (el 37 por ciento de la población tiene 50 años o más), se tienen que ver integradamente porque “afectan el único bolsillo de las mismas personas”.

“Yo digo que es la tercera y cuarta mordida a la misma manzana cuando ya va por el esqueleto”, analizó metafóricamente el director de AARP Puerto Rico.

La tendencia actual de la población de adultos mayores en Puerto Rico es que tiene que seguir trabajando después del retiro, ya sea por necesidad o porque aún se sienten productivos y demandan al Estado la integración en todos los procesos sociales, económicos, culturales y políticos del país. Según una encuesta realizada por esta organización, el 57 por ciento de los encuestados piensa continuar trabajando después de la edad de retiro.

Cuando se llega a la etapa de adulto mayor, la necesidad lleva a las personas a plantearse cómo seguirá viviendo luego del retiro. Por eso, muchos de los adultos mayores puertorriqueños consideran el empresarismo, volver a estudiar, ejercer el voluntariado comunitario, mantenerse trabajando en el mismo lugar o emplearse a tiempo parcial.

La encuesta que realizó AARP Puerto Rico reveló que este sector está cargando sobre sus hombros la economía del país. “El 41 por ciento del empleo, el 41 por ciento de ingreso laboral y el 41 por ciento de los impuestos del Estado están relacionados con las personas de 50 años o más. El 61 por ciento de lo que se consume en Puerto Rico, lo hace el sector de 50 años o más. El ingreso del país en este momento depende de esta población casi en su totalidad”, indicó Acarón a la vez que le mostraba a este medio esos resultados graficados. A esto se le suma que “el 67 por ciento de las personas de esta población está apoyando económicamente a sus hijos adultos y a sus nietos”.

AARP plantea que se tiene que ver el envejecimiento como una herramienta de desarrollo para el país. Sin embargo, “tienes sobre 1.2 millones de puertorriqueños mayores de 50 años con experiencia, con conocimientos y los estás tirando por las ventanas en las compañías y en el gobierno a no hacer nada cuando el país se nos cae en cantos”, criticó sobre la actual situación que se vive en la isla.

De otra encuesta realizada recientemente por esta organización a 800 personas entre las edades de 35 a 64 años se obtuvo que el 51 por ciento de estas personas no cuenta con más de $500 en efectivo para una emergencia.

“Vemos una situación en la que el adulto mayor está aguantando la economía del país y la de su familia. También vemos una próxima generación de 35 a 64 años de edad que no tiene para ahorrar, que le vas a seguir cortando, que le vas a aumentar el CRIM, y los impuestos, que le vas a estar recortando servicios cuando ya no tiene ni $500 ahorrados para pagar una emergencia”.

Cualquier plan de desarrollo económico que se haga en Puerto Rico tiene que estar alineado con la demografía del país. Pero los adultos mayores en el país “se ven como un costo social en vez de como un activo social, y esa es la visión que tenemos que cambiar”, dijo Acarón. El director de AARP también hizo énfasis en que se debe transformar, además, la concepción de que los adultos mayores son poco productivos o frágiles.

Alrededor del mundo se considera a esta población para la vida productiva de cualquier país porque “ha cambiado por completo el panorama de envejecimiento a nivel mundial, pero aquí nos hemos quedado rezagados en un modelo antiguo del siglo XX”.

“Para que Puerto Rico se mantenga competitivo a nivel mundial, no puede darse el lujo de seguir tirando a gente al índice de dependencia, sino que tiene que buscar la forma de mantener a la gente activa y produciendo para el país”, indicó Acarón.

Desde un análisis del Derecho Internacional (DI), la carta enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DJ EEUU) que le ordena a la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) incluir en la papeleta del plebiscito el Estado Libre Asociado colonial (es decir el ELA actual) sustenta –en esta ocasión de parte del poder ejecutivo– el que Puerto Rico sigue siendo una colonia. Esto a pesar de la representación que hizo EEUU en el 1952 ante la Asamblea General de la ONU, de que la isla había alcanzado su “libre determinación” por lo que indujo a la ONU a que se sacara a Puerto Rico de la lista de territorios coloniales y da argumentos respecto a quién debe pagar la deuda pública.

Para el abogado experto en Derecho Internacional, Fermín Arraiza Navas, en ese plano la carta representa un documento de mucha relevancia ante la imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF). En ese aspecto puntualizó que la determinación de imponer una JCF no es otra cosa que un intento tardío para administrar las finanzas del territorio, lo cual se supone era lo que EEUU tenía que hacer desde que se sacó a Puerto Rico de la lista de territorios. Explicó que se supone que desde el punto de vista del DI y de la ONU la responsabilidad de EEUU era administrar el territorio para nuestro beneficio.

“Cuando uno discute la deuda bajo este concepto a quien corresponde pagar es a quien le correspondía administrar el territorio y no lo hizo, por lo que Estados Unidos viola el derecho internacional al eludir su responsabilidad, ellos eran los responsables. A estas alturas si están diciendo que somos colonia llevan más de 60 años incumpliendo con el derecho internacional que era la administración de ese territorio”.

En esa misma postura de violar el DI apuntó que aunque de manera expresa en la carta no se reconoce que Puerto Rico es una colonia, sino que se refiere al país como un territorio no incorporado, se le está diciendo al gobierno del PNP que tiene que llevar a cabo un proceso dentro del marco legal de EE UU, aunque éste sea ilegal desde lo que es el DI. Al denunciar que a EE UU “no les importa el derecho internacional”, describió el plebiscito como “una pantomima política, porque no se saca nada que no sea gastar chavos y los que administran se metan los chavos en el bolsillo”.

No obstante a su juicio los señalamientos que se hacen sobre el asunto de la ciudadanía de advertirle al PNP de que “engaña” al pueblo al decir que la “única garantía” de la ciudadanía americana es bajo la estadidad, además de darles un “cantazo”, refleja una inclinación de que en EEUU hay “aspectos negociables”, en caso de un cambio de estatus soberano. Esto ya que en la misiva se rechaza la definición de la libre asociación y le dice al PNP que en la forma en que está redactada podría llevar la falsa impresión de un ELA mejorado, por lo que se le exige ser más categóricos con las definiciones de independencia y la libre asociación.

Cuestionado si no le parece que la imposición del ELA en la papeleta del plebiscito coloca al país en un callejón sin salida, Arraiza Nieves, tronó “el plebiscito es una trampa, el problema colonial de Puerto Rico no se resuelve con plebiscitos, la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico es ilegal y ellos tienen que cesar la ocupación y razones legales existen para exigirle a ellos internacionalmente que se retiren del territorio”.

Según explicó hay un precedente similar y es el caso de Sur África y Namibia. En este caso Sur África se negó por años ha incumplir con su deber de administrar y dar informes a la ONU sobre el progreso del territorio, llevado el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se le dijo a SA que su presencia en Namibia era ilegal, que tenía que rendir informes y que tenía que abandonar el territorio. Arraiza Navas destacó que en el caso de Puerto Rico hay argumentos legales y de principios para atribuir ante la CIJ los mismos argumentos de que EEUU “ha estado ocupando nuestro territorio de manera ilegal y que no ha cumplido con sus deberes administrativos, que nos han llevado al caos a través de la creación de un sistema económico parasitario que nos tiene en un caos”. No obstante reconoció que para lograr este objetivo se requiere cabildeo en ambos entes, la ONU y la CIJ. “Sería interesante si se consigue países amigos que estén dispuestos a plantear eso en la Asamblea General de la ONU y que se pida una opinión consultiva a la Corte Internacional”, recalcó.

El profesor Carlos Ramos, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana (UIA), apuntó que el reconocimiento en la carta de que la isla es colonia, no es distinta en lo esencial a la posición que ya había asumido el Procurador General en el caso Sánchez– Valles, “es muy demoledora en ese sentido con el ELA”, comentó.

Observó que lo que se expone en el texto parte de la premisa de que Puerto Rico sigue estando sujeto al poder plenario de la cláusula territorial y eso lo repite cuando comenta lo problemático, lo inconstitucional, que sería tratar de que dentro de la claúsula territorial se llegue a un acuerdo de consenso mutuo con el Congreso. Comentó que este tema es uno recurrente entre algunos sectores en la isla y que otros creían superado, pero el hecho es que este fue el engaño principal en la década de los ‘50 y la verdad es que nunca ha habido un pacto de mutuo acuerdo. Puerto Rico todavía está sujeto a los poderes plenarios del Congreso de EE UU.

“El Congreso lo que ha hecho e hizo en el ‘50 es prestar unos poderes y el día que quiso recogerlos, los recogió como ha pasado ahora en el 2017 sin preguntar a nadie porque nunca ha habido un pacto”, reiteró con relación a la imposición de la ley PROMESA.

En el plano internacional también le reconoció importancia a la carta porque una vez más demuestra que EEUU incumple con su obligación internacional de no tener colonias. “Aunque ellos insisten mediante engaño de que no tienen colonias, los eventos sobre todo los úlitmos años incluyendo la posición en la ONU de este año de no tocar mucho el asunto de Puerto Rico esta carta como que da un paso atrás porque obliga a incluir una alternativa colonial”.

Además, reparó, desde el punto de vista del Derecho Internacional al EEUU obligar a incluir en un plebiscito un estado colonial, eso es delincuencia en el DI porque el coloniaje no puede ser una opción en un proceso de autodeterminación precisamente por su contradicción.

Respecto a la posición de que el Departamento de Justicia también rechaza la libre asociación, trajo a la atención de que ahí hay otro elemento y es que bajo el derecho constitucional de EE UU para sus efectos independencia y libre asociación son lo mismo, en tanto y en cuanto los territorios están bajo la cláusula territorial o no están bajo la cláusula territorial. Los que están bajo la cláusula territorial son territorios incorporados, (los estados), los que no están bajo la cláusula territorial, son los territorios no incorporados como Puerto Rico, “desde esa perspectiva solo puedes anexar o dar la independencia, la libre asociación no les suena”. Ramos hizo la anotación de que aun cuando Estados Unidos tiene fideicomisos con algunos países estas son situaciones atípicas.

En el caso de los colonialistas –indicó– que otra lectura que se puede desprender de la carta es que no es posible meter la libre asociación dentro de la cláusula territorial. Además de que constitucionalmente no es posible lo que está haciendo que se sostenga la colonia es que el anexionismo ha crecido, así que desde ese punto de vista lo que en este momento constituye una de las amenazas más serias para extender el colonialismo es el movimiento anexionista, aunque el gobierno permanente de EEUU y sus intereses económicos busquen otras formas de manejar la colonia.