Las aspas de los molinos de viento giran sobre cultivos de soya y maíz modificados genéticamente, platanales y fincas aplastadas por la fiebre del cemento. Aparece el mar Caribe, áreas verdes a la izquierda, y a la derecha una salida que conduce a un territorio ocupado: las semilleras multinacionales como Monsanto controlan el 31% de las tierras con mayor potencial para la agricultura en el municipio de Juana Díaz. Es el epicentro transgénico de Puerto Rico.
De norte a sur, de este a oeste, las semilleras ya dominan alrededor de 10,000 cuerdas públicas y privadas. Eso equivale al área destinada en 2016 a la siembra de plátano, que el Departamento de Agricultura identifica como el cultivo vegetal de principal importancia económica en el País.
Nadie sabía del boom silencioso de las corporaciones de agroquímicos y transgénicos en las mejores fincas de la Isla, hasta que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) inventarió las propiedades tras visitas de campo y consultas a documentos públicos, y luego analizó el área con información geográfica digital suministrada por la Junta de Planificación. Con el avance de las semilleras en Puerto Rico, la Isla se convirtió entre 2006 y 2015 en la localidad con más permisos para hacer experimentos con transgénicos en todo Estados Unidos y sus territorios.
En Juana Díaz aparecen camiones militares color khaki tras las rejas del Fuerte Allen de la Reserva del Ejército de Estados Unidos, y al doblar a la derecha, en el barrio Capitanejo, caminan empleados de las semilleras vestidos con trajes protectores blancos de pies a cabeza. Son clara señal de los trabajos intensivos con sustancias químicas en el paisaje repetitivo de soya y maíz. La colonia estadounidense es el paraíso de corporaciones que dominan la industria global de las semillas transgénicas y los agroquímicos: Monsanto, Bayer CropScience, DuPont Pioneer, Syngenta, Dow AgroSciences, AgReliant Genetics e Illinois Crop Improvement.
Este sector industrial recibió más de $526 millones en subsidios y exenciones contributivas entre 2006 y 2015, según un análisis de esos beneficios que consta en documentos gubernamentales. Fueron los años en que Puerto Rico se sumía en el impago de su deuda de $69 mil millones, lo que provocó que el Congreso de Estados Unidos le impusiera una Junta de Control Fiscal.
En esa misma década, las multinacionales acapararon el 14% del área de las fincas públicas de la Autoridad de Tierras con mayor potencial para producir comida, en el corredor agrícola de Guayama a Juana Díaz. Así lo indican los cálculos con sistemas de información geográfica que hizo David Carrasquillo, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, a petición del CPI. Puerto Rico solo produce el 15% de sus alimentos, según el Departamento de Agricultura. Las multinacionales no usan esas tierras para producir comida, sino para experimentar. Envían las semillas fuera del país para continuar el proceso de investigación y desarrollo, y luego las venden en el mercado global. Las semilleras no sólo alquilan, sino que han comprado alrededor del 50% del área de todas las fincas que controlan. Monsanto ya es dueña de unas 1,762 cuerdas, mientras que la alianza Dow AgroSciences y Mycogen Seeds posee 1,748.
A la izquierda de la carretera #1, antes de llegar al río Bucaná, se levanta una cerca de tela metálica coronada de alambres de púas. No exhibe un letrero con el logo de Monsanto, a la que pertenece, según el Registro de la Propiedad. Entre los huecos de la verja se ve una tierra sin hierba, camiones que vierten una sustancia química sobre el terreno, y un cobertizo blanco a lo lejos. Con 1,061 cuerdas, equivalente a 600 campos de fútbol, esta es la finca más grande de todo el inventario de las semilleras. Al norte, en el barrio Sabana Llana, comienza otra propiedad de 509 cuerdas de la misma multinacional con sede en el estado de Misuri. Al este, se extienden campos de experimentación alquilados por las semilleras Illinois Crop Improvement, una asociación que trabaja por los intereses de la agricultura del estado de Illinois, y la suiza Syngenta Seeds.
En medio de toda la actividad de experimentación está enclavada Arús, una comunidad de apenas siete calles, una barbería, una capilla católica, un templo evangélico, una escuela y un bar.
José Ramón Campos, que lleva 51 años viviendo en Arús, se levanta a las 5 a.m. para caminar en el parque de pelota y mantenerse en forma. “Pero ahora es lo contrario. Hay una pestilencia”, dice Campos, preocupado por su salud. “Yo me he tenido que meter allí, para llamarles la atención”, indica señalando al otro lado de la calle, donde Monsanto tiene su campo de experimentación. “Tiran químicos durante el día y la noche. Nos da mucho ardor en los ojos”, añade Leonor Campos, su esposa. “Siempre uno está con dolores de cabeza y dolores de garganta”.
Las ventanas y las puertas de las casas están cerradas. No sólo para protegerse de las sustancias químicas, sino para evitar el polvorín que levantan los camiones y el viento, porque la tierra está descubierta por causa del herbicida. La tierra se pega a las ventanas, las cortinas, las mesas. De entre un grupo de 10 vecinos reunidos para discutir cómo la semillera los afecta, Héctor Luis Negrón Cintrón da un paso al frente, ayudándose con el bastón. “Me da problemas respiratorios. Tengo que estar rascándome todo el cuerpo”. Antonio Avilés Pacheco, quien vive hace diez años en Arús, asegura tajantemente que los vecinos han desarrollado un olfato detector de pesticidas y herbicidas. “Es notable cuando utilizan los productos químicos. Al respirar podemos percibir que están en el ambiente”.
Tomás Torres era un “listero”, el que se encargaba de pasar lista de los obreros que trabajaban en estas tierras que pertenecían a la Sucesión J. Serrallés, y que antes producían caña, mangó y vegetales. Sabe que los agroquímicos no son nada nuevo; los usaban sus antiguos patronos. La diferencia es la cantidad y quién manda ahora: “Monsanto es el rey de la agricultura de Juana Díaz”, aseguró. Antonio Avilés Pacheco añade: “Debe ser el rey del veneno. Porque eso es lo que trae Monsanto”. Señala al árbol donde se reúnen los vecinos. “Nosotros estamos ahí sentados, pero nos instruimos. ¿Por qué nosotros tenemos que ser los conejillos de indias? ¡Somos conejillos de indias! Eso es un laboratorio, eso no es agricultura”.
Félix Morales Torres, otro vecino de Arús, solía cruzar por una servidumbre de paso de lo que ahora es la finca de Monsanto para ir a la playa de Boca Chica. “A mí me gusta pescar. Pero ya no se puede entrar por ahí porque cerraron los portones. No tenemos acceso a la playa. Antes pescábamos camarones, tirábamos anzuelo, chinchorro”.
Los vecinos sostienen que hasta ahora nadie había llegado a Arús para que sus voces contra las semilleras fueran escuchadas ¿Qué quiere la comunidad? “A ver si alguien interviene y controla eso, o que Monsanto se vaya de aquí”, concluyó Campos.
Entre la capilla católica y el templo evangélico de Arús, la calle conduce a Manzanilla, una comunidad de casas humildes que colinda al sur con la playa, y al norte con la finca de Monsanto. El pastor de la Iglesia Misionera del vecindario dijo que un empleado de la compañía fue a atender las preocupaciones de los vecinos mostrándoles un vídeo corporativo. “Nos dijeron que los productos químicos que están usando son para matar un gusano; nos dijeron que no nos afectan, aunque los que los echan usan trajes blancos de protección”, añadió el pastor. “Yo digo que nos compraron un poquito. Podaron unos árboles de la carretera, hicieron una fiesta de Reyes y les trajeron juguetes a los niños. Donaron parte de la comida para una limpieza en la comunidad. Donaron pollo con papas”.
Los terrenos de las semilleras se extienden principalmente a lo largo de 117 kilómetros, unas 73 millas, en casi toda la costa sur de Puerto Rico. Incluyen 143 cuerdas de la Estación Experimental Agrícola de Isabela y Aguadilla, en el noroeste del país, que Monsanto alquiló y está en proceso de entregar para enfocar los trabajos en Juana Díaz. Hay 18 cuerdas adicionales de la alemana BASF, y 218 de la tejana RiceTec, que no trabaja con semillas modificadas genéticamente sino con híbridas. También cuentan unas 900 cuerdas de un agricultor en Santa Isabel que siembra frutas y verduras, y donde la semillera 3rd Millenium Genetics cultiva soya y maíz. Esta última es muy diferente a las demás corporaciones, pues desarrolla cultivos híbridos para el consumo del ganado local.
Hay más tierras en manos de las multinacionales que pagan a otros dueños de fincas para que siembren en su terrenos los cultivos experimentales. “Son negocios y el agricultor tiene que ganar dinero”, explicó Ramón González, expresidente de la Asociación de Agricultores. Posee terrenos en el municipio de Salinas, los primeros que se ven al bajar por la autopista #52, colindantes con instalaciones de Syngenta y DuPont Pioneer. González no quiso precisar cuánta tierra destina a los transgénicos ni a qué semillera da servicios. “Le siembro a varias de ellas”’, sostuvo.
Las fincas del sur. ¿Por qué aquí? ¿Qué tienen de especial? Están en el área de menor precipitación de Puerto Rico, mientras se sirven de agua de canales de riego: las semilleras pueden regar sus cultivos de forma científica, sin que las plantaciones estén expuestas a demasiada lluvia que atrae hongos. La zona está identificada como tierra para la agricultura “de importancia estatal” y con una categoría del 1 al 4 de uso agrícola, la máxima calificación en términos de capacidades químicas y físicas para la producción de alimentos y fibras, según el Servicio de Conservación de Recursos Naturales, agencia federal dedicada a la protección de los suelos. Se trata de propiedades con fertilidad natural y llanas, por lo que se pueden mecanizar, y el trabajo es mucho más fácil en comparación con la faena en la jalda. A eso se añade que se encuentran en la ruta de las dos ciudades más importantes, Ponce y San Juan, con acceso fácil por la autopista #52.
“Esto es lo que yo necesito”, exclama el empresario Duamed Colón. Pone una rodilla en el suelo, parece tomar algo y enseña el puño como si hubiese agarrado tierra. Pero no está en las fincas del sur, sino en un hotel de la capital, donde se llevó a cabo una cumbre de innovación empresarial auspiciada por el Fideicomiso de las Ciencias, Tecnología e Investigación, que busca expandir la base industrial del País. De entre todos los participantes de la cumbre, Colón es el único que intenta innovar desde la agricultura autóctona. El Fideicomiso becó a este biólogo con estudios graduados en ciencias agrícolas en el Recinto Universitario de Mayagüez, para que empleara el cultivo de tejido, una modalidad de biotecnología agrícola, en el desarrollo de plátanos vigorosos que no estén contaminados con el gusano barrenador.
Este nemátodo, una de las principales plagas del plátano, agujerea la planta desde las raíces hasta el centro, causando que los agricultores apliquen pesticidas para intentar salvar la cosecha, lo que encarece costos, aumenta el tiempo de trabajo y añade al medio ambiente un componente tóxico. Colón intenta desarrollar una marca de plaguicidas biológicos que no causen un impacto a la naturaleza, y experimenta con plantas cobertoras que acompañan los alrededores de los plátanos, para mantener a raya las llamadas malezas, prescindir de herbicidas y evitar la erosión. Pero el científico, empresario y agricultor necesita resolver el escollo principal para el crecimiento de su empresa: conseguir 100 cuerdas de buena tierra a un precio módico. Al terminar su presentación durante la cumbre, auspiciada en parte por Monsanto, Colón puso dos mapas de los municipios sureños de Juana Díaz y Santa Isabel sobre un mostrador del hotel. Señaló las fincas de la Autoridad de Tierras, agencia que ofrece a los agricultores alquiler de terrenos públicos a precios económicos. Pero la Autoridad de Tierras aún no ha respondido su solicitud de arrendamiento desde hace casi tres años, porque alegadamente sus predios ya están ocupados. De las 6,591 cuerdas controladas por las multinacionales de transgénicos entre Guayama y Juana Díaz, el 44% las alquilan a la agencia gubernamental.
“Se está quedando afuera un proyecto como el de nosotros”, denunció Colón. “No te estoy hablando del romanticismo de la agricultura. Estoy hablando de una empresa real de biotecnología agrícola que ya contrató a un doctor para pagarle el sueldo que merece un profesional de su nivel, y un asistente de laboratorio”.
Sólo Monsanto arrienda 791 cuerdas a la Autoridad de Tierras en el barrio Río Cañas Abajo, en Juana Díaz. Eso es lo que dice el contrato registrado en la Oficina del Contralor, pero en realidad Monsanto está ocupando 842 cuerdas, según los inventarios de arrendamiento oficiales. Eso quiere decir que el Gobierno le deja gratis la diferencia de 51 cuerdas. Esa es la mitad de la tierra que necesita el empresario Duamed Colón para desarrollar su proyecto empresarial y científico. En medio de las fincas gubernamentales en el barrio Río Cañas, Monsanto compró tres propiedades adicionales equivalentes a 76 cuerdas, donde construyó sus instalaciones privadas con $800,000 de fondos públicos que le dio como “incentivo” la Compañía de Fomento Industrial, que promueve a Puerto Rico como un destino para las inversiones.
“Todo el argumento de que las semilleras extranjeras crean empleos es relativo. Agro Tropical quiere crecer, crear empleos y producir comida, pero estamos limitados por el acceso a la tierra”, añadió Duamed Colón.
En cambio Monsanto, Syngenta Seeds, Dow AgroSciences junto con Mycogen Seeds, DuPont Pioneer y su matriz DuPont, Bayer Crop Science y AgReliant Genetics controlan cada una más de los 500 acres (515 cuerdas) permitidos por la Ley de Tierras y la Constitución de Puerto Rico. La cuerda es el sistema para medir área que heredaron los puertorriqueños del coloniaje español, y equivale a 3,930 metros cuadrados. Es prácticamente lo mismo que un acre, el sistema de medición heredado como colonia estadounidense.
¿Por qué el límite de 500 acres? La disposición fue ideada por el gobierno militar de Estados Unidos tras la invasión de 1898 a Puerto Rico, para evitar el latifundio, como se le conoce a las explotaciones agrarias de grandes dimensiones por parte de las corporaciones. Esta medida se convirtió en el corazón de la reforma agraria luego de la Gran Depresión, en medio de huelgas contra las grandes corporaciones cañeras, que ocupaban parte de las mejoras tierras que podían utilizarse para producir comida. Con la Segunda Guerra Mundial de fondo, submarinos de Hitler hundían barcazas que traían alimentos a Puerto Rico, y en la Isla había hambre. Fundado con el lema de “Pan, tierra y libertad”, el Partido Popular Democrático (PPD) creó el Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre los cimientos de esa reforma agraria. Su artífice, Luis Muñoz Marín, promovía las expropiaciones de las propiedades mayores a los 500 acres, para que pasaran a la Autoridad de Tierras, creando las llamadas fincas de beneficio proporcional, que nunca rindieron frutos por haber nacido en medio de un romanticismo de la tierra ajeno a la ciencia y la técnica, como explica Rubén Nazario en su libro El paisaje y el poder: la tierra en el tiempo de Luis Muñoz Marín.
En la pasada década, las administraciones PPD y del Partido Nuevo Progresista (PNP) parecen haberse rendido ante las multinacionales que sobrepasan el límite constitucional. El exsecretario de Justicia Guillermo Somoza Colombani indicó, en una opinión legal del 20 de junio de 2012, que las semilleras podían dominar más de 500 acres porque no se dedican a la agricultura, sino a una actividad científica y empresarial llamada investigación y desarrollo. Puerto Rico regresa así a la época en que las grandes corporaciones cañeras podían dominar las mejores tierras. “Lo que tenía que hacer el Secretario de Justicia era mirar la intención de la ley con los ojos del presente”, analizó el abogado Carlos Ramos, profesor de Derecho Constitucional, cuando supo del avance de las multinacionales en las mejores tierras de Puerto Rico. “Con las semilleras estamos viendo que ya empezó el latifundio del Siglo XXI. Esta es una nueva versión de lo que ha sido la historia de América Latina y de Puerto Rico durante el siglo pasado. Estas corporaciones poco a poco van a estar interfiriendo en el uso de la tierra, se van a manifestar como un poder político que influye en la legislatura, y eso precisamente es lo que quería prevenir la Constitución”.
