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Moshayra Vicente hace llamado a la rama judicial: “Que se autoevalúen”

Roberto Viqueira Rios, Foto tomada de FB.

 

CLARIDAD

Para que “no se pierda la fe en nuestro sistema”, la viuda de Robert Viqueira añade que no se le deben asignar más casos al juez Ángel Llavona Folguera hasta revisar su conducta en sala

Nota editorial: Esta es la última entrega de una serie de cuatro artículos a partir de la entrevista que hiciera CLARIDAD a Moshayra Vicente Cruz, viuda de Robert Viqueira Ríos. Apoya el periódico de la Nación Puertorriqueña suscribiéndote a CLARIDAD.

 

Los cánones de ética que rigen a la judicatura en Puerto Rico establecen, en su preámbulo, la necesidad de que los jueces actúen de forma independiente e imparcial, garantizando la igualdad de toda persona. Moshayra Vicente Cruz, la viuda de Robert Viqueira (asesinado en su hogar, el verano del año pasado), piensa que ese garante se incumplió en su caso, así como en otros casos que ha tenido el juez Ángel Llavona Folguera ante si.

En entrevista con CLARIDAD, la mujer de 43 años no sólo denunció las injusticias que entiende se cometieron contra su familia, sino que pidió que las autoridades en la rama judicial evalúen al juez. “No le deben dar más casos hasta que se revise su ejecución”, añadió.

Vicente Cruz reconoce que la tragedia que tocó a su familia no es común. Su vecino Eduardo Meléndez Velázquez usó un símbolo nacional —el sonido del coquí— como alegado instrumento de tortura; utilizó un rifle; y tenía cámaras apuntando a la residencia de la familia cuya contraseña era envidiaViqueira2016. Sin embargo, al contestar qué quisiera que el país aprenda de todo este proceso penal, menciona: “Que esto le puede pasar a cualquiera”. No habla del asesinato en si, sino del abandono de las instituciones y del uso de su dolor para generar audiencia y desinformación por parte de ‘creadores de contenido’.

De hecho, ya otras familias le han validado que no es la primera ni la última a quien le ha pasado: algunas le han contado sobre sus propias experiencias dolorosas y decepcionantes con el juez Llavona Folguera. Pese a ello, Vicente Cruz aclara: “Mi interés no es personal. Yo lo que quisiera es que esto no le vuelva a ocurrir a una familia en Puerto Rico”.

CLARIDAD pidió réplica tanto del juez como de la jefatura de la rama judicial por medio de la Oficina de Prensa de la Oficina de Administración de Tribunales, la cual se limitó a responder: “Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, las determinaciones judiciales están sujetas únicamente a los mecanismos de revisión previstos en las leyes, reglamentos y la jurisprudencia interpretativa aplicable”.

Por su parte, el abogado de defensa Adán Rivera decidió no entrar en más comentarios sobre este caso y expresó que quería respetar el duelo de Vicente Cruz.

A continuación la última parte de la entrevista que CLARIDAD hizo a la viuda y madre de tres hijos.

Laura Quintero: Los cánones de ética judicial de Puerto Rico establecen que los jueces “velan por la igualdad de toda persona ante los Tribunales y evidencian, mediante su comportamiento, la importancia de una Judicatura independiente e imparcial para la protección de los derechos humanos”. ¿Crees que el juez Llavona cumplió con esta promesa de imparcialidad e independencia?

Moshayra Vicente: No. Definitivamente, no. Desde el primer momento, observamos que hacía comentarios que no eran propios. Inclusive, durante mi testimonio, cuestionó la definición que yo ofrecí del ruido ensordecedor —que fue la palabra que usé— y prácticamente se burló de mi testimonio. De eso no tengo duda. Insinuó en varios momentos que se alteró y manipuló evidencia, a pesar de que la defensa no desfiló prueba para probar esas alegaciones. Aquí se mancilló la reputación de la familia Viqueira, específicamente del hermano de mi esposo, Miguel Viqueira, para presentar una visión distorsionada de lo que pasó el 15 de julio y los días subsiguientes… El abogado de defensa lo acusó de alterar la evidencia, pero nunca presentó prueba sobre eso. Mancilló reputaciones de forma irresponsable.

En cuanto a esas alegaciones, ¿los casquillos de las balas que disparó Viqueira se recuperaron?

Los casquillos se recuperaron ocho días más tarde. Siempre estuvieron allí. Siempre… Yo estoy tranquila porque yo sé lo que ocurrió…

Durante el juicio hubo unas alegaciones sobre modificaciones a los videos de seguridad. ¿Qué tiene que decir sobre eso?

Aquí se habló de que las cámaras de seguridad de mi residencia; la núm. 37, había un video que pudo haber captado el momento del asesinato cuando el asesino disparó… La verdad es que ese video no existe. No se grabó ese momento, del que la defensa insistió en que se había borrado en preguntas a la agente investigadora… Las cámaras estaban configuradas para grabar en modo de movimiento, no de manera continua. Por razones que no puedo precisar, esa cámara que apuntaba directamente al ángulo de la acera, no captó el momento. Todo el que tiene cámaras en su residencia sabe que si están configuradas para grabar en movimiento, se tienen que dar las condiciones, y el sistema decide cuál de las cámaras activar de acuerdo a las condiciones en el entorno. La única que activó en ese momento fue la que apuntaba a la entrada del portón peatonal donde Robert fue asesinado.

Me quedé en el juicio esperando que la fiscal me preguntara sobre eso, pero ella no lo hizo porque no lo encontró pertinente. Yo no tengo control de las determinaciones que los investigadores o la fiscal hayan entendido pertinente o no en cuanto a la escena. Se acusó —a mi cuñado específicamente— de alterar evidencia. A lo mejor, ellas [las fiscales] entendieron que no era pertinente aclarar porque [esas alegaciones] no alteraban los hechos. Aparte, de que él es el tío de mis hijos; él fue porque mis hijos lo llamaron; mi esposo había muerto; claro que iba a estar allí con nosotros. Fue autorizado a entrar a la casa; no estuvo en el lugar de los hechos.

Si tuvieras una audiencia con la presidenta del Tribunal Supremo o con una conferencia judicial, que vaya a revisar los cánones éticos de la judicatura, ¿qué le pedirías?

Que evalúen, en este caso específicamente, al juez Llavona. Hay que revisar los cánones de ética judiciales porque no pueden olvidar que las víctimas que llegan a testificar llegan hasta allí [al tribunal] esperanzados en que se les va a hacer justicia y no para que sean revictimizados y acusados de victimarios como fue en mi caso. Ademas, me gustaría expresar que el juez Ángel Llavona no está capacitado para permanecer en la judicatura de este país. Estoy recibiendo mensajes de familias que alegan que también han sido objeto de injusticia por parte del juez Llavona. Eso es bien preocupante. No le deben dar más casos hasta que se revise su ejecución.

Cuando dices que has estado auscultando todos los recursos, ¿también una querella ética?

Eso incluye todos los recursos disponibles, pero mi interés no es personal. Yo lo que quisiera es que esto no le vuelva a ocurrir a una familia en Puerto Rico. Ya sabemos que al juez Llavona no le tiembla el pulso a la hora de tirar a un asesino a la calle.

Hablando ahora del Departamento de Justicia, ¿cómo evalúas el trabajo de las fiscales?

Entiendo que el Departamento de Justicia, a través de las fiscales, hizo todo lo que estuvo a su alcance para lograr la justicia. No tengo la menor duda de eso porque ellos siempre creyeron en mi, que fui la única testigo presencial, y siempre estuvieron alentándome a mantenerme firme con mi testimonio porque la evidencia ellos entendían que era contundente para probar asesinato en primer grado. Considero que la total responsabilidad recae en el juez Llavona.

¿Crees que hubo misoginia en este proceso penal y judicial?

Sí fue evidente que el juez era misógino y el abogado de defensa también. Se notó y todos tuvimos la oportunidad de presenciarlo: [estaba] totalmente en contra de las fiscales. El juez no disimulaba.

¿Qué reflexión haces sobre nuestro gobierno y el sistema judicial? ¿Tú crees, como dicen algunos, que el sistema judicial colapsó o, más bien, operó tal cual fue diseñado?

Desde mi humilde opinión —porque no soy conocedora de estos procesos, pero como ciudadana de esta amada patria— los ciudadanos tenemos a los tribunales de este país para atender las dificultades que tengamos. Lo menos que esperamos es que nos escuchen y resuelvan. Me gustaría que, a raíz de lo que ha sucedido, se revisen esos postulados; se autoevalúen como entidades y agencias encargadas de darnos auxilio, para que nos sintamos escuchados; nos sintamos validados y no se pierda la fe en nuestro sistema.

 

La autora es periodista independiente, que colabora con CLARIDAD. También, es editora del medio periodístico 9millones.com, nombrado así por los 9 millones de boricuas en el mundo.

 

 

 

Sindicato de la UPR exige acción para situación con presidenta

DAVID-MUNOZ-PRES-SINDICATO-TRABAJADORES-UPR-SE-EXPRESA-DURAMTE-CONFERENCIA-DE-PRENSA-SOBRE-PRESIDENCIA-EN-LA-UPR. Foto suministrada

 

 

CLARIDAD

 Enfatizando el “crítico ambiente” que permea en la Universidad de Puerto Rico (UPR), el Sindicato de Trabajadores del sistema universitario advirtió, el 25 de febrero, que la Junta de Gobierno (JG) institucional debe responder al “deficiente desempeño” de la Dra. Zayira Jordán Conde.

Con las firmas de más de 500 empleados, el Sindicato publicó, desde la Administración Central en el Jardín Botánico, un informe con criterios formulados por la propia matrícula del gremio, simbolizando cómo los trabajadores también están sometidos a evaluaciones pautadas por la administración. Para David Muñoz, presidente del grupo, el reclamo del Sindicato se une a otras denuncias hechas públicas.

“Estamos en total acuerdo con todo quien manifieste que la doctora Zayira Jordán Conde no cumple con la expectativa de la mayoría de los trabajadores ni de la inmensa mayoría de la comunidad universitaria… La exigencia está respaldada por la presentación de una carta al CPA Ricardo Dalmau, presidente de la Junta de Gobierno, en la que más de 500 empleados miembros del Sindicato piden que el tema sea atendido con prioridad en la próxima reunión del cuerpo rector”, expresó Muñoz.

De esa reunión, pautada para el 26 de febrero, no trascendieron expresiones mayores por parte de los integrantes de la JG. Sin embargo, el Sindicato adelantó su postura en contra de la permanencia de Jordán Conde como cabeza de la UPR. Entre otras razones, Muñoz indicó que la funcionaria:

  1. No conoce el sistema universitario.
  2. No tiene la capacidad administrativa para desarrollar los programas de infraestructura de la institución.
  3. Está subordinada al “capricho político” y no a las necesidades de estudiantes, docentes y no docentes.
  4. Opera con un carácter “prepotente, antiobrero y arrogante” que conduce a la UPR a “un camino de destrucción”.
  5. No ha actuado en defensa de un nuevo Plan de Clasificación y Retribución de los trabajadores.

“Es necesario mencionar que, a lo largo de que la Dra. Jordán ha asumido la presidencia de esta universidad, hemos tenido unos conflictos laborales que nunca se habían visto anteriormente. En Cayey, todavía el asunto no se ha atendido, igual que en Humacao. Hoy también nos acompaña doña Mercedes, una trabajadora nuestra que, luego de 47 años trabajando para nosotros, la universidad ha dicho que la va a cesantear”, explicó el presidente de la unión.

El caso particular del recinto de Cayey trata sobre una reducción de pagos para varios empleados bajo el pretexto de que no trabajaban o estaban manifestándose en esos días. En ese sentido, Muñoz argumentó que los trabajadores del sistema UPR están expuestos a este tipo de despido arbitrario e impredecible. Y aunque el Sindicato se ha caracterizado por “amar el diálogo”, contó, la tensión con la presidenta ha llegado a un punto raya en “no conducir a ninguna parte”.

Con relación al reciente nombramiento de Vanessa Santo Domingo –excomisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP)–, el presidente del Sindicato indicó que la administración no debe pensar en nuevas designaciones sino en “sentarse” con la comunidad y entablar un diálogo.

“La presidenta tiene que estar en la disposición de actuar y trabajar mano a mano con toda la comunidad universitaria, lo que realmente no ha hecho. Simplemente ha actuado con la autoridad que tiene”, añadió.

Muñoz recordó la última visita que hiciera, el pasado 24 de febrero, el Comité de Infraestructura de la JG al Recinto de Río Piedras. El recorrido, de acuerdo con el líder sindical, evidenció que el deterioro físico del primer centro docente del país corresponde a una reducción presupuestaria sin precedentes. El presidente del Sindicato coincidió con las 11 firmas del Comité que reprochaban las expresiones de Jordán Conde, quien responsabilizó a las rectorías por las condiciones de sus recintos.

Muñoz también reveló que varios integrantes del Sindicato decidieron asistir al recorrido porque entendían que Ricardo Dalmau confirmó su asistencia. Empero, el presidente de la JG no estuvo durante la evaluación.

“La presidenta ha dicho que se va a autoevaluar, pero nosotros le hemos hecho el favor de evaluarla, de manera que ella no tenga que hacerlo… Nunca había ocurrido una situación como esta en que una persona no cumple. Y cuando alguien no cumple y no tiene las herramientas para hacer la función que le fue delegada, que no fue delegada por nosotros, hay que organizarse”, dijo el presidente.

De no haber una respuesta por parte de la Junta de Gobierno, Muñoz no descarta recurrir a las convocatorias de piquetes y manifestaciones para hacer valer su reclamo. Hasta el momento, no se ha dado una conversación multisectorial, aunque el líder entiende que estas denuncias se dan “en paralelo” y encuentran causa común.

“El día del recorrido, había gente del Consejo General de Estudiantes. Tenemos una muy buena relación con ellos, con la APPU y la Hermandad. Los reclamos básicamente, naturalmente, son los mismos. Porque lo que es injusto es injusto para todos”, respondió Muñoz a CLARIDAD al concluir la conferencia.

Extienden término de la  ley 22

 

Claridad

ccotto@claridadpuertorico.com

La Legislatura aprobó extender hasta el año 2055 el marco de la Ley 22 (ahora Ley 60), pese a que de acuerdo con el más reciente Informe de Gastos Tributarios del mismo Departamento de Hacienda (DH) publicado en junio de 2025, se estima que  las pérdidas de ingresos del gobierno por concepto de esta ley superaran los $18 mil millones entre el 2024 y 2030. Esta cifra cuadruplica el estimado anterior de $4,400 millones proyectado para el periodo de 2020–2026.

La denuncia de la aprobación del PC 505, el cual ya debe estar pendiente de la firma por la gobernadora, Jenniffer González, fue hecha por la Coalición Puerto Rico no se vende.  El proyecto que estuvo pendiente en el Comité de Conferencia desde junio de 2025 impone una carga contributiva de 0 % a 4 % para los futuros beneficiarios de la citada ley. En el expediente legislativo solo se encontró un informe “positivo” de dos páginas, fechado el 25 de abril de 2025.

La portavoz de la coalición,  Ane Hernández, a preguntas de CLARIDAD denunció que la medida se aprobó sin vista pública, por lo que no hay ningún informe que justifique o sugiera cuántos, si hay, potenciales beneficiarios esperan por la extensión del decreto, que pueda indicar cuál fue la línea de pensamiento o cuántas personas estarían interesados.

“Esta medida confirma que estamos ante una administración que prioriza a millonarios foráneos con privilegios contributivos por encima del desarrollo del capital local. No se trata de crecimiento económico, sino de un modelo que subsidia a unos pocos mientras el resto del país enfrenta aumentos en la vivienda, recortes en los servicios de salud, alzas en la tarifa eléctrica y la pérdida de recursos públicos. Con $18 mil millones proyectados en pérdidas, la única política fiscal responsable es eliminar estos incentivos, no extenderlos hasta 2055”, expresó la portavoz de la Coalición.

Según estima la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), en el año fiscal 2027, el PC 505 allegará $27.8 millones y $60.6 millones al Fondo General.  Dicha proyección contrasta de manera marcada  con los datos del propio Departamento de Hacienda, cuyo Informe de Gastos Tributarios estima que para ese mismo año por concepto de la ley 22 se dejaría de recaudar $2,634.5 millones.

La coalición argumentó que la narrativa de crecimiento económico no se sostiene con los datos oficiales. “Incluso en el escenario más optimista, la cifra proyectada por la OPAL no representa una fracción significativa de los ingresos no devengados. ¿Cómo se puede presentar como beneficiosa una medida cuyo costo proyectado es sustancialmente mayor que los supuestos ingresos que generaría?”, cuestionó Hernández.

Parte del trabajo de la Coalición es conocer sobre los impactos que ha tenido el citado decreto, pero el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)  apenas contesta  sus  peticiones de información y, cuando lo hace, provee información son incompleta, además de que las alegadas auditorías que hace no son públicas, denunció. Lo que sí aseguró que está público es el Informe de Gastos Tributarios de Hacienda de cuánto estas personas están dejando de pagar por estos beneficios.

Otra agencia en la cual la Coalición hizo gestión para conocer sobre los verdaderos impactos del decreto es Rentas Internas de EE. UU. (IRS, en inglés), pero hubo que demandar  para que les enviaran

un informe del que aun están examinando los datos. “Cuando te dan la información es casi inaccesible para las organizaciones que trabajamos con una capacidad personal limitada. No ha habido una actualización formal pública sobre la auditoría que hizo el  GAO (de EE. UU.), que también hizo una declaración pública exhortando a que la información se haga pública y exponiendo que no cree que la ley tenga un impacto favorable para Puerto Rico”.

Según el informe de  la Coalición de abril del 2025, los inversionistas residentes en Puerto Rico  donaron en el 2022  un promedio anual de $14,034 por individuos a organizaciones sin fines de lucro. Hernández, recordó que  una primera investigación de la Coalición  reveló cómo los beneficiarios de la ley 22 crean sus propias organizaciones sin fines de lucro mediante sus esposas o familiares y, básicamente, lo que hacen es donarse entre  ellos mismos e incluso algunas se dedican  a abogar a favor de la ley. “No es que estén creando organizaciones para aportar y poder cumplir con el decreto”, manifestó Hernández.

La portavoz de la Coalición Puerto Rico no se vende denunció, además, que la especulación en la compra de propiedades por beneficiarios de estos incentivos ha contribuido al encarecimiento del mercado y al desplazamiento de residentes locales. La legislación aprobada no incluye mecanismos para atender la especulación inmobiliaria ni medidas que protejan a las comunidades del desplazamiento.

Por su parte, Cristian Martínez,  director ejecutivo de Construyamos Otro Acuerdo, que es parte de la Coalición, señaló: “Dieciocho mil millones de dólares representan inversión potencial en infraestructura energética, salud, educación y pensiones. Cuando un incentivo no genera retornos medibles en empleo y producción local, se convierte en una transferencia regresiva de riqueza. Los datos oficiales demuestran que el balance fiscal es negativo”.

Para concluir, Hernández afirmó: “Desde la coalición de Puerto Rico  no se vende entendemos que debe haber una auditoría de todos estos aspectos. En cuanto a los incentivos, estos deben ser centrados en las personas que vivimos aquí. Creemos que, definitivamente, tener medidas para que los que estén fuera emigren hacia aquí es necesario, pero creemos que más urgente es asegurar la vida de los que estamos aquí”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja la capacidad financiera

 

Aun cuando durante el pasado año 2025 el ingreso anual real ajustado por inflación aumentó de $24,069 a $24,714, esto no fue suficiente para compensar el deterioro gradual de la capacidad financiera de los consumidores.

De acuerdo con un reciente análisis de la firma Estudios Técnicos, Inc., dado a conocer mediante comunicado de prensa,  el Índice de Fragilidad Financiera del Consumidor (IFFC)  registró un deterioro sostenido durante el 2025, reflejando un aumento gradual en la presión financiera de las personas en Puerto Rico. El índice pasó de 0.33 en el primer trimestre a 0.46 en el cuarto, ubicando al consumidor en un nivel más elevado dentro del rango de fragilidad financiera moderada.

Leslie Adames, director de Análisis y Política Económica de Estudios Técnicos, indicó: “La evolución trimestral del índice durante el 2025 —0.33 en el primer trimestre, 0.36 en el segundo, 0.43 en el tercero y 0.46 en el cuarto— confirma un deterioro continuo de la posición financiera de los consumidores, sin señales de estabilización”.

Este comportamiento respondió al desempeño adverso de varios componentes del índice. Las quiebras personales aumentaron durante el año, al pasar de 904 en el primer trimestre a 962 en el tercero, antes de descender levemente a 926 en el cuarto. Asimismo, la tasa de desempleo subió de 5.4 % en el primer trimestre a 5.7 % en el cuarto trimestre. Aunque el ingreso anual real ajustado por inflación aumentó de $24,069 a $24,714 en ese periodo, esto no fue suficiente para compensar el deterioro gradual observado en los demás indicadores, explicó Adames.

Por tipo de cartera, la tasa de delincuencia (préstamos en atraso 30-89 días) de la banca comercial en los préstamos de consumo incrementó de 2.70 % en el primer trimestre de 2025 a 3.4 7% en el cuarto trimestre. La cartera hipotecaria mostró una tendencia similar, al aumentar de 1.18 % a 1.36 %. En tanto, la delincuencia en tarjetas de crédito subió de 2.31 % a 2.48 % y en los préstamos de automóviles de 2.77 % a 3.72 %.

“Estas tasas de delincuencia ya superan el promedio histórico para los últimos cinco años (2020-2024), lo que es preocupante. El exceso de liquidez de los estímulos fiscales federales que recibieron los consumidores durante la pandemia ya no está disponible, limitando la flexibilidad que en su momento tuvieron para financiar el consumo y cumplir con el servicio de la deuda”, expresó el economista.

Si bien el ingreso real de los trabajadores continuó aumentando y el mercado laboral mostró resiliencia en términos de niveles de empleo, estos factores no lograron compensar el efecto del aumento en las tasas de delincuencia de las carteras de préstamos consideradas en el índice ni el alza en las quiebras personales. Además, Adames destacó que una proporción significativa del empleo generado ha sido a tiempo parcial, lo que limita la estabilidad y previsibilidad del ingreso de las personas y reduce la capacidad para fortalecer su posición financiera. De igual forma, la estabilidad observada en la tasa de desempleo durante la segunda mitad del año no se tradujo en una mejora sustancial en la situación financiera de los consumidores.

El IFFC se construye a partir de cinco variables: delincuencia en la cartera de préstamos de consumo e hipotecaria (préstamos con 30-89 días en atraso), tasa de desempleo, quiebras personales e ingreso anual real de los trabajadores. El índice se clasifica en cuatro niveles de fragilidad financiera: baja (0–.25), moderada (0.26–0.50), alta (0.51–0.75) y extrema (0.76–1.00).

El economista advirtió que, de cara a 2026, el entorno macroeconómico presenta riesgos que podrían agravar la fragilidad financiera de las personas. Entre ellos, destacan el aumento en los niveles de endeudamiento del consumidor y la persistencia de presiones inflacionarias. “Será fundamental monitorear la política arancelaria de Estados Unidos, que continúa generando un alto grado de incertidumbre y podría traducirse en mayores costos al consumidor, particularmente si las empresas pierden capacidad para absorber incrementos adicionales en sus estructuras de costos.

A esto se le añade el que el desenlace del proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica constituye un factor crítico. “Un incremento en las tarifas energéticas elevaría los costos operacionales de las empresas —especialmente aquellas con menor margen financiero—, lo que podría provocar ajustes en empleo y producción y presionaría aún más la estructura presupuestaria de los hogares. Para el consumidor, mayores tarifas de electricidad implicarían una reasignación forzada del gasto, reduciendo consumo discrecional y debilitando la actividad económica en un contexto ya caracterizado por fragilidad financiera moderada”, puntualizó.

 

Gracias a los que resistieron, ahora celebramos

 

CLARIDAD

La vida te da sorpresas, canta Rubén Blades. ¡Quién podía predecir que tres cuartos de siglo después de que en muchos lugares de nuestra América se decía que los puertorriqueños habíamos perdido nuestro idioma o, peor aún, que nos lo habían deformado, de esta isla caribeña nace el movimiento que reafirma el español y el ser latinoamericano! Y esa reafirmación se hace, precisamente, en el corazón de Estados Unidos, utilizando sus medios, en el momento en que allí se quiere imponer a la fuerza el inglés como único idioma. De este país, que una vez se consideró víctima de “transculturación” (“Masticas una jerigonza medio española medio slang”, escribió en 1953 el poeta cubano Nicolás Guillén), surge una figura artística -Benito Martínez, alias Bad Bunny- que, proclamando su identidad latina y caribeña, se convierte en portavoz de todo el continente.

Para dramatizar la particularidad de ese hecho, es necesario repasar la larga historia que nos trajo hasta aquí.

Los esfuerzos por “americanizar” a Puerto Rico comenzaron tan pronto se oficializó nuestra condición de “posesión” estadounidense, tras el Tratado de París de agosto de 1898. El mismo esfuerzo se daba de forma simultánea en otra posesión de Estados Unidos a miles de millas de distancia: el archipiélago de Hawái, también recién adquirida. El objetivo era arrinconar, minar, “lavar” la identidad particular del pueblo conquistado sustituyéndola por la del nuevo posesor. En ambos archipiélagos el proceso continuó de forma inalterada durante las primeras décadas del nuevo siglo XX.

Para poder trasmitir e ir moldeando una nueva identidad, el más importante paso inicial tenía que ser con el idioma. La lengua única de la nueva potencia colonial, el inglés, era desconocido para la casi totalidad de sus nuevos súbditos y si tal realidad no cambiaba el proceso de “americanización” se tornaría imposible. En el caso de Puerto Rico el idioma de sus habitantes era el castellano, lengua extraña a los invasores. Y si era necesario convertir el inglés el idioma principal de los puertorriqueños o, al menos, que se hablara con fluidez, la trasformación tenía que empezar en el sistema educativo.

Un informe de 1899 del general George Davis, tercer gobernador militar impuesto por Estados Unidos (mayo 1899 a mayo 1900), lo decía con mucha claridad: “Si se americanizan las escuelas y se inspira el espíritu americano en los profesores y los alumnos… las simpatías, puntos de vista y actitudes se harán esencialmente americanas. La gran masa de puertorriqueños es todavía pasiva y maleable.”

Ese fue el gran proyecto de Estados Unidos en Puerto Rico a partir de agosto de 1898, del que existe amplísima documentación. Se trajeron maestros, se incorporó en las escuelas la simbología del nuevo colonizador (bandera frente a cada escuela, juramento, celebración de fechas históricas) mientras simultáneamente se suprimía todo lo que recordara la realidad previa a la invasión. Para hacer avanzar el proceso se creó una Escuela Normal para formación de maestros originalmente instalada en el oriental municipio de Fajardo.

Si bien ese proceso de “americanización” está ampliamente documentado, no lo está tanto la simultánea resistencia de los puertorriqueños que permitió derrotar la estrategia del colonizador. El mismo informe del general Davis antes citado reconocía que la estrategia que se delineaba en 1899 no sería de fácil implementación: “Existe una gran oposición a las escuelas americanas”, decía. Esa oposición fue callada, pero generalizada y sin duda efectiva. Tal vez algún día, cuando todo se investigue a fondo, se pueda reconocer la deuda que nuestro país tiene con los cientos de maestros y maestras que, contraviniendo lo ordenado, enseñaban en español, enfatizando en nuestra cultura, y a los miles de alumnos que gustosamente alimentaban su puertorriqueñidad. Y también a los que, ya de forma abierta y pública, tomaron las calles para reclamar un cambio formal de una política que en la tercera década del siglo lucía totalmente fracasada.

A pesar del evidente fracaso de su estrategia las autoridades estadounidenses insistieron en ella hasta bien entrada la década de 1940, aunque tuvieron que ir haciendo concesiones importantes frente a los reclamos del pueblo. La más importante de estas llegó más de treinta años después de la imposición inicial cuando el puertorriqueño José Padín Rodríguez, nombrado Comisionado de Instrucción en 1930 por el presidente Hoover, dispuso que la enseñanza en la escuela primaria, hasta octavo grado, sería en castellano. El inglés, no obstante, se mantuvo como lengua vehicular para la educación secundaria y superior.

En 1943 la Legislatura puertorriqueña, respondiendo a los reclamos populares, aprobó la legislación para restituir el español como lengua vehicular en todo el sistema de escuelas públicas. Lo aprobado, sin embargo, nunca se convirtió en ley oficial porque el proyecto fue finalmente vetado por el presidente estadounidense Harry Truman. La oficialidad del vernáculo en el sistema escolar debió esperar a 1949 cuando el nuevo secretario de Instrucción Pública, nombrado por el recién electo gobernador Luis Muñoz Marín, emitió una “circular” disponiendo que el uso del español como lengua vehicular. En la práctica, esa era la realidad desde mucho antes como resultado de la resistencia pasiva y activa de los puertorriqueños a la imposición del inglés como legua vehicular de la enseñanza pública.

En realidad, aun cuando tanto en las escuelas como en la administración pública el inglés fue el idioma oficial durante medio siglo, Puerto Rico nunca dejó de hablar y sentir en español. Todas las expresiones culturales de las puertorriqueños -música, literatura, etc.- siguieron siendo en castellano y, a pesar de la insistencia en el inglés, sólo una porción muy pequeña de la población lo habló con alguna fluidez. Esta cita del escritor Pedro Salinas, quien arribó a Puerto Rico en 1943 tras siete años en Estados Unidos, nos dice mucho: “Sí, he vuelto a respirar español, en las calles de San Juan, en los pueblos de la isla. Y he sentido una gratitud, no sé a quién, al pasado, al presente, a todos y a ninguno en particular, gratitud a quienes me dieron mi idioma y al nacer yo, a los que siguen hablándole a mi lado”.

Esa misma gratitud sentimos todos hacia quienes durante más de medio siglo resistieron aquella ofensiva del nuevo colonizador para cambiarnos el idioma y la identidad. Gracias a ellos, en pleno siglo XXI producimos hijos que van por el mundo proclamando lo que somos y, simultáneamente, defendiendo a todos los latinoamericanos.

 

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