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Hacia una cooperativa de vivienda estudiantil

Por
candida-cotto
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CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

Tres años de arduo trabajo, de incertidumbre, de inseguridad sobre cuándo se tendrían que ir, no saber dónde pagar la renta y enfrentar aumentos exorbitantes. Los jóvenes estudiantes que lograron mantenerse en el icónico edificio La Torre confían en que muy pronto serán propiamente dueños del edificio de su Cooperativa de Vivienda la Torre de Sofía.

La compra en el 2022 del histórico edificio conocido como La Torre, en Río Piedras, por el inversionista Thomas Axon, beneficiario de la Ley 60, marcó para la comunidad llamada Ciudad Universitaria el proceso del desplazamiento. Pilar Torres Lugo, residente de la ahora cooperativa Torre de Sofía, describe lo que significó la compra para los jóvenes estudiantes que se hospedaban en La Torre.

“Lo más difícil fue la incertidumbre para muchachos jóvenes que conocían ese sentimiento por primera vez. El comprador envió una carta por  correo electrónico diciendo que se comunicaría con ellos. En lo que se comunicó pasaron cinco meses. Los jóvenes no sabían dónde tenían que pagar la renta, quién había comprado, si los iban a sacar. Esa incertidumbre, desesperación, fue algo que los marcó y todavía lo tienen marcado en su cabeza”, narró la madre de una joven estudiante que se mudó al edificio junto a otro joven, todos de Abonito, para que pudieran estudiar en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico(UPR).

Axon, cuya firma lleva el nombre de Fortaleza Home, al comprar subió la renta de $400 a $850 y hasta $1,100, por lo que la mayoría de los estudiantes se tuvo que ir. Los que hoy permanecen son estudiantes de maestría que trabajan. “Están sobreviviendo aferrados al proyecto de cooperativa”, nos explicó.

Con el alza en la renta, el inversionista fue haciendo algunos arreglos, pero nada lujosos. Lo más lujoso fue un ascensor nuevo, después de 15 años del edificio de 12 pisos no tener ascensor.

Gabriel González Maley, otro de los inquilinos, recordó que, antes de la venta, la mayoría de ellos eran estudiantes y jóvenes recién graduados. Comparó que el hijo del anterior dueño, que era quien administraba el edificio, tenía la visión de que fuese un edificio con comunidad y llegó a aceptar rentas bajas. La notificación de la venta les llegó por correo electrónico, sin ninguna otra información. En su caso, el apartamento estaba a nombre de su compañero de cuarto, que se había ido para Estados Unidos, por lo que necesitaba la información de dónde pagar y a quién, para cambiar los nombres de las cuentas de los servicios de agua y luz. “Hasta hace poco, había mucha gente desilusionada, diciendo yo me voy del edificio, yo no confío en esa gente, en esos gringos comprando el edificio”. Admitió que todavía es el sentir de algunos.

Cuando por fin los nuevos dueños se pusieron en contacto, les enviaron un correo pidiendo disculpas, que estaban en transición, y les invitaron a “tomar un trago” en la cantina mexicana del primer piso del edificio. “Llegamos algunos de nosotros a escuchar, preguntar. Eso fue meses después de la comunicación. En esa reunión me impresionó que dijeran: ‘Nosotros somos un grupo de inversionistas de real estate (bienes raíces), manejamos unos edificios aquí en Puerto Rico, mayormente en el Condado, pero queríamos expandir nuestro portafolio. Nos interesaba mucho el edifico y estar cerca de la universidad’, que para ellos tenía buena pinta. Con eso nos quiso decir que la renta iba a subir”.

González Maley también comentó que la remodelación de más de envergadura que ha hecho el nuevo dueño fue sellar el techo, algunos arreglos a apartamentos y el ascensor, pero nada lujoso. Incluso antes había una empleada que hacía tareas de limpieza y algo de administración y la botaron porque querían bajarle el sueldo y ella no aceptó.

Fue luego de varias reuniones semanales y una fiesta de Navidad, contó el estudiante, que surgió la iniciativa de crear una cooperativa de vivienda. “No todos querían ser socios porque están de pasada”, comentó el estudiante de maestría del Instituto de Cooperativismo de la UPR. Para el proceso de organizar la cooperativa el grupo tuvo y tiene el asesoramiento de la licenciada de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la UPR, María Hernández.

En entrevista junto a González Maley, la licenciada Hernández compartió que mas allá de asegurar una vivienda para unas personas que ya estaban más que en el límite de lo que podían pagar, su asesoramiento en cuanto al modelo cooperativo era hacerlos conscientes de que en el caso de una cooperativa hay una responsabilidad colectiva.En el esquema cooperativo, la participación activa de cada uno era mucho más importante porque no es que van a construir un edificio, sino que están trabajando con un edificio donde ya se vive y donde hay un inversionista que compró no con la idea de hacer la caridad y sí con la idea de sacar dinero.

“Era doblemente importante que el grupo de trabajo estuviese consciente de que esa organización que se iba a formar tenía que contar con el equipo de trabajo. Lo importante es estar claro de que de aquí en adelante iban a asumir una responsabilidad grande. En la medida en que hagamos bien ese trabajo, yo me tengo que mover de la cooperativa porque sé que hay otra gente interesada que va a venir. Las organizaciones uno las crea normal a perpetuidad. Nuestro trabajo tiene que ser lo suficientemente bueno para que alguien quiera venir y mejorarlo”, explicó Hernández.

El joven estudiante expresó que una de las conversaciones más importantes que tuvieron fue la diferencia entre una cooperativa de titulares y una mancomunada. “Tan pronto aprendimos, la mancomunada nos sirvió de una manera muy lógica; de que si nosotros estamos compartiendo el riesgo y la responsabilidad, queremos ser una cooperativa de vivienda para estudiantes. Estamos hablando de vivienda transitoria, no estamos hablando de que estoy buscando un hogar, un apartamento para mi vida, sino de que soy joven, estoy empezando mi bachillerato, necesito un espacio seguro con comunidad, bien ubicado, hasta que esté listo para transicional a otra cosa”.

En términos legales, la cooperativa ya está creada, ahora están en la etapa de buscar el financiamiento para adquirir el edificio. Torres Lugo y González Maley indicaron que ya han tenido conversaciones con el dueño, quien les ha pedido $2.5 millones. Según se sabe, el inversionista compró en $1.7 millones. González Maley señaló que aun cuando el edificio se puede utilizar como colateral, ha sido complicado adquirir el dinero.  Reveló que tuvieron una conversación con el Departamento de la Vivienda y les dijeron que “eso sonaba súperlindo, pero que ellos nunca han trabajado un caso así”.

Sobre la contestación del DV, la licenciada Hernández reaccionó diciendo que el problema del gobierno es que no hay la visión, de que nunca se ha hecho, cuando aquí tiene la oportunidad de hacerlo. “Es la primera vez, tiene el modelo, un grupo que está dispuesto a asumir. Esa es la política pública: vivienda asequible para las personas. Hay una brecha enorme entre la realidad de nuestro pueblo y lo que se está haciendo para proveer viviendas”.

En estos momentos, dijo, trabajan con FIDECOOP para lograr el financiamiento y esperan por el resultado de una segunda tasación para tener una comparativa y empezar una negociación formal con los dueños. Aun cuando estos les dijeron que sí les gustaría vender, el joven estudiante dijo estar conscientes de que estas son personas de negocios, por lo que deben estar preparados por si les llega otra oferta.

González Maley comentó que en el proceso de organizar la cooperativa han conocido más del contexto del desplazamiento, por lo que parte del propósito de la cooperativa es que los estudiantes, mientras vivan en la cooperativa, tengan esa experiencia de cómo es vivir bajo otro modelo de vivienda. En esa sintonía, también se creó un fideicomiso para perpetuar la Cooperativa de Vivienda la Torre de Sofía, una vez se salde la hipoteca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trato desigual en la Universidad de Puerto Rico

Por
jorge-lefevre
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Especial para Claridad

En algo el discurso sobre la Universidad de Puerto Rico difiere de la del gobierno: mientras la tasa de participación laboral aumenta, mientras la tasa de desempleo se encuentra en un su punto más bajo históricamente, mientras el gobierno celebra estos indicadores y cierto crecimiento económico, a la UPR se le quiere reducir el apoyo y el presupuesto. La retórica de la prosperidad para el país acompaña a la retórica de la pobreza para la universidad.

¿No hay dinero para la UPR? Ese es el discurso de la Junta de Control Fiscal, del gobierno y de la gerencia universitaria, pero el panorama se nos presenta distinto. Desde el 2018 los ingresos al Fondo General de Puerto Rico han aumentado en un 40%: de $9,334 millones en el año fiscal 2017-2018 al actual (aprobado) de $13,095 millones. Y es en ese periodo en el que con mayor fuerza se le ha recortado el presupuesto a la UPR, reduciendo los fondos que se le transfieren de $668 millones en el 2018 a $531 millones en el presente, una reducción de 20% a un presupuesto ya de por sí disminuido. Esto no quiere decir que Puerto Rico ha superado la crisis estructural en la que está inmerso desde – por lo menos – el 2006, pero sí que el gobierno hará todo lo posible para evitar que la UPR reciba los fondos que necesita, aún cuando la economía crezca.

La otorgación del presupuesto a la UPR se ha hecho, desde el 2014, incumpliendo con lo que la Ley 2-1966 establece: el 9.6% del promedio del Fondo General de los dos años previos. Eso equivaldría para el año actual aproximadamente $1,268 millones de dólares, lejos de los $531 millones otorgados. La UPR recibe, en lugar del 9.6%, solo el 4% del Fondo General. Si se sumara lo que la institución ha dejado de devengar por esta violación a la ley, ya se sobrepasan los $3,000 millones en fondos perdidos. Cuando se critique el malestado de la infraestructura universitaria, hay que recordar esta cifra.

¿Hay espacio para ahorros? Seguramente, pero quizás no donde la gerencia apuesta. Es de notar que el salario de quien ocupa la Presidencia ha aumentado en estos años de “austeridad” universitaria. Desde el 1997, se había establecido como tope un salario de $104 mil anuales. Pero esto cambió, de manera reveladora, con la llegada de la JCF: en el 2017, se le concedió un salario de $124 mil anuales a Darrel Hillman; en el 2018, se le otorgó un salario a Jorge Haddock todavía más escandaloso, de $240 mil anuales, y a Luis Ferrao, $174 mil anuales desde el 2022, lo mismo que recibirá Zayira Jordán Conde.

Los puestos de confianza de la Junta de Gobierno y de la Presidencia también le cuestan millones a la UPR, y son posiciones que no atienden a un solo estudiante. Según la información pública más reciente, el Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno gana $10,000 mensuales; el chofer del Presidente, $5,416 mensuales, y dos de sus Ayudantes Especiales, más de $9,500 mensuales cada uno. Todos son puestos de confianza, todos ganan más que un docente sin plaza con doctorado a tiempo completo. La retórica de la austeridad en la UPR va acompañada por el despilfarro indecente para la gerencia.

Incluso la JCF, que tanto dice promover ahorros, ha apostado por este aumento en la gerencia y burocracia universitaria, ordenando originalmente que $20 millones anuales se destinaran a la creación de una oficina (antes, Oficina de Transformación Institucional, OTI, ahora llamada Oficina de Desarrollo, Innovación, y Transformación, ODIT) desde donde se otorgarán contratos para enriquecer a bolsillos privados con fondos públicos. Claro, la “justificación” de la oficina es otra – hacer más eficiente la distribución de recursos de la UPR – pero en el neoliberalismo la justificación va por un lado y el verdadero propósito por otro.

De la OTI, precisamente, salieron contratos a las compañías BluHaus y Cederella, asociadas con BDO, cuyos socios fueron arrestados a nivel federal por fraude en el Departamento de Educación, el mismo caso de Julia Keleher. Esas son las compañías que la gerencia y la JCF han permitido entrar a la UPR mientras hablan de economizar y aumentar ingresos. Y todavía no se ha investigado lo suficiente la relación entre los miembros de la Junta de Gobierno y la otorgación de contratos de la UPR – los conflictos de intereses abundan, aunque aparezcan bajo el manto de la legalidad. El despilfarro indecente de la gerencia se relaciona con el robo.

Los reclamos de la comunidad universitaria se resumen en dos propuestas básicas: restitución de la fórmula presupuestaria y democratización de la toma de decisiones. Si realmente se quiere admitir un número mayor de estudiantes, como apuesta el gobierno con la admisión automática, se requiere el presupuesto para hacerlo. Y necesitamos que la distribución de los fondos de la UPR se haga en función, no de intereses privados e individuales, sino del proyecto universitario que requiere Puerto Rico.

Viva Palestina: El piquete # 100 de Madres Contra la Guerra

Por
candida-cotto
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CLARIDAD

ccoto@claridadpuertorico.com

“¡Viva, viva Palestina! ¡No es guerra, es genocidio!” retumbaron las consignas en el piquete consecutivo número 100 realizado por la organización Madres Contra la Guerra (MCG) en solidaridad con el pueblo palestino ante al genocidio que comete el Estado sionista de Israel en su contra. Como en todas las ocasiones anteriores, la manifestación se llevó a cabo frente al consulado de Israel, en la zona bancaria de Hato Rey.

“¡Fuera el cónsul David Efron, no lo queremos..!”

“Miles de puertorriqueñas y puertorriqueños nos unimos a las millones de personas en el mundo que exigimos un alto al fuego inmediato y el fin del genocidio en la Franja de Gaza”, declaró Sonia Santiago Hernández, portavoz de MCG.

De cara al aniversario de la segunda Nakba desde octubre de 2023, la portavoz de MCG describió como desgarradoras las cifras presentadas por el Ministerio de Salud de Gaza de ese día (30 de septiembre)  De 67,500 muertes, se estima que 19,424 son niñas y niños, 10,000 son mujeres y más de 15,000 envejecientes. Hay 165,697 personas heridas, 14,400 desaparecidas y 1.2 millones desplazadas. Además, 310 trabajadores de la ONU y 251 periodistas han sido asesinados. Treinta y cuatro hospitales están cerrados, las cirugías se realizan sin anestesia, hay falta de insulina y no hay combustible para desalinizar el agua.

La ONU estima que se requieren 800 camiones de ayuda humanitaria cada día, pero por el bloqueo israelí solo entra un 4 % de esa ayuda, por lo que el secretario general de la ONU, António Guterres, y el comisionado Philippe Lazzarini han denunciado que el bloqueo es una violación de las leyes internacionales.

Madres Contra la Guerra no pasó por alto denunciar que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu cuenta con el respaldo del complejo militar-industrial de Estados Unidos, que aporta $3,800 millones anuales en armas y acaba de comprometer $6 mil millones adicionales.

“El interés real de ellos es el petróleo y el gas natural de la franja de Gaza. La propuesta de paz presentada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu ayer es un burdo intento de continuar el apartheid en Palestina bajo el control y hegemonía neocolonial de Estados Unidos e Israel. La presencia militar de Estados Unidos en la región —bases en Qatar, Bahréin, Kuwait e Irak, así como buques de guerra con miles de marinos y armamento— alimenta este ciclo de violencia”, manifestó Santiago Hernández.

“¡Desde el río hasta el mar Palestina vencerá!” Las consignas avivan el ambiente de la manifestación, que en esta ocasión contó con una asistencia de alrededor de 300 activistas y el despliegue de una pancarta exhortando a las personas que pasaban por la avenida a tocar las bocinas de sus autos en señal de solidaridad.

Entre los asistentes estuvo el grupo Educadores por Palestina. Margarita Marichal compartió con CLARIDAD que el grupo recién organizado en Puerto Rico está afiliado al Teach for Palestina, un grupo de estudios que busca educar con el conocimiento, no instruir. La mayoría de sus integrantes son profesores universitarios. Hasta el presente, comentó, estos han recibido ataques en las redes por supuestamente defender “terroristas”, a lo que contestan: “¿Un infante es terrorista de qué?” Marichal exhortó a los educadores de Puerto Rico a que se solidaricen con la lucha de la paz por Palestina y con todas las otras luchas.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Maestros, Miguel Rivera, se expresó en sentido similar y exhortó a los maestros a que en sus salones de clase se hable del tema de Palestina y del coloniaje. “La lucha de Palestina es nuestra lucha porque ambas naciones son intervenidas por el imperialismo. Hago un llamado a los educadores a que conviertan sus salones de clase en trincheras de lucha”.

Al piquete número 100 se unió el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). El representante Denny Márquez Lebrón y los senadores María de Lourdes Santiago Negrón y Adrián González Costa estuvieron entre los presentes.

“Gracias a Madres Contra la Guerra por dirigir esta convocatoria esencial. Sobre todo en días como hoy habrán visto las noticias de lo que se está fraguando entre Estados Unidos e Israel, que más que un acuerdo de paz es el convenio entre el verdugo y el que fabrica la horca”, expresó la senadora Santiago Negrón.

La líder independentistas, que ha denunciado en ocasiones anteriores el genocidio del pueblo palestino, apuntó que el plan de paz de EE. UU. tiene condiciones muy duras, las cuales se pretenden imponer al pueblo palestino sin su plena participación, pero que pudieran representar la salida que permita que miles de palestinos continúen con vida.

“Es una situación angustiosa, profundamente injusta, y que sigue revelando la intención de la maldad del imperialismo, no importa en qué latitud del mundo se dé. Cuando las conciencias no pueden conmoverse ante la imagen de miles de niños desmembrados o consumidos por el hambre, ¿que más nos queda?”. A continuación destacó: “Por eso es importante esta comunión de compañeros y compañeras de personas que todavía tenemos fe en la justicia, que todavía tenemos energía en luchar por la libertad de todos los pueblos. Son tiempos complicados. El fascismo renace con una gran energía y nos toca a todos los que creemos en la libre determinación, no importa cuánto hemos luchado, continuar adelante. Que esta ocasión sea una oportunidad de renovar nuestros votos con la libertad, la justicia, con la solidaridad, con el amor al pueblo palestino y a todos los pueblos oprimidos. ¡Que viva Palestina libre!”.

El joven palestino criado en Puerto Rico, quien ha asistido a todos los piquetes y que, como es costumbre, se identifica solo como Mustafa, se dirigió por último a los asistentes. Con voz evidentemente conmovida, Mustafa expresó que han sido cien piquetes en los que “nos han roto el corazón, y estos ministros, no van a cambiar.

“Nosotros no estamos aquí para cambiar a nadie. Aquellos que después de estos 100 piquetes no hayan visto lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y no sientan su corazón y no se mueva su alma, no va a haber nada que los haga sentir. No tienen amor dentro de sus corazones, por eso les digo que no gasten sus energías en hacerlos cambiar a ellos. Nosotros venimos aquí para que los Netanyahu, los Trumps no nos cambien a nosotros. Para que recordemos que lo que nos une a nosotros con el pueblo palestino no es ni color, no es un lenguaje, ni apenas es una cultura. Lo que nos une a los palestinos de aquí a Puerto Rico, lo que nos une en todo el planeta, es la humanidad y el amor que llevamos en cada uno dentro de nosotros. No permitan que este mundo vil nos arrebaten nuestros corazones”.

 

 

Puerto Rico ante la incertidumbre: oportunidades en salud, creatividad y turismo sostenible

Por
martha quinones dominguez
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Especial para CLARIDAD

Puerto Rico ha seguido históricamente un modelo económico dependiente, caracterizado por la subordinación de su economía a decisiones externas (colonial), de los Estados Unidos. Este modelo ofrecía ventajas iniciales, como el acceso a capital y mercados, pero presentaba límites estructurales que restringen el desarrollo autónomo y sostenible de la isla, llevándola a una economía de dependencia.

Actualmente, Puerto Rico enfrenta un escenario económico cargado de incertidumbre. Factores como la deuda pública, la dependencia fiscal de Estados Unidos, los desastres naturales y antrópicos, la situación demográfica y migratoria, el cambio climático, los problemas energéticos (apagones y altos costos), y la falta de diversificación económica se han convertido en ejes críticos de inestabilidad. La migración de jóvenes profesionales agrava la situación, generando desafíos en términos de inversión y retención de talento. A esto se suma una población envejecida que requiere servicios especializados y atención ante emergencias. Todo esto ocurre en un contexto de altos costos energéticos y el debilitamiento del Estado como actor principal, reemplazado por la Junta de Control Fiscal, que define la política económica y de gasto. Además, la corrupción y la cacería de rentas se han convertido en un negocio institucionalizado. Sin embargo, estos desafíos también abren ventanas de oportunidad en sectores emergentes que podrían transformar la isla en un polo de innovación y sostenibilidad, contribuyendo a diversificar la economía.

Para enfrentar esta incertidumbre, es fundamental implementar estrategias integradas, escalables y adaptables, que combinen la diversificación productiva con el fortalecimiento comunitario. Es indispensable superar el modelo económico impuesto, diseñado en función de intereses externos (primero militares, luego corporativos), sin haber establecido nunca un modelo de producción nacional ni de autosuficiencia. Aunque la política de reshoring (el regreso de empresas estadounidenses a Puerto Rico, especialmente bajo contratos militares) puede parecer una oportunidad, en realidad representa más de lo mismo: un modelo carente de visión soberana, que corre el riesgo de profundizar la dependencia económica en lugar de fomentar un modelo productivo autónomo.

Puerto Rico debe decidir entre continuar con el fracaso de las políticas que buscan “crear las condiciones para los mercados” (supply-side policies), caracterizadas por una permisología deficiente, altos impuestos a los trabajadores, falta de servicios básicos y costos elevados en alimentos, transporte (gasolina y peajes) y vivienda; o construir un nuevo camino que garantice el “derecho a quedarnos” a los puertorriqueños y puertorriqueñas.

Ningún país se ha desarrollado exclusivamente creando condiciones para los mercados. El desarrollo requiere una permisología efectiva, impuestos razonables, infraestructura de calidad y una planificación económica estatal. Los llamados “cuatro tigres asiáticos” demostraron que la planificación económica indicativa desde el Estado, proactiva y enfocada en la innovación, es clave. Esto implica guiar el capital nativo hacia sectores estratégicos emergentes —como las industrias creativas, los servicios digitales, el turismo regenerativo y cultural, y la industria médica— mediante una Política Industrial clara para el Plan de Desarrollo. Hasta ahora, se sigue apostando a lo mismo de siempre, sin presentar un proyecto verdaderamente innovador que represente una nueva visión de país. Esta nueva economía debe tener principios transversales que guíen todas las estrategias. La participación comunitaria (incluyendo todos los niveles de gobierno, academia y sociedad civil) debe ser parte integral del proceso de planificación y ejecución. Los planes deben ser ajustables frente a cambios climáticos, políticos o financieros, con métricas claras de impacto e indicadores de producción, empleo y sostenibilidad ambiental. La inversión pública y privada debe generar beneficios sociales, ambientales y económicos duraderos.

Puerto Rico necesita un plan de desarrollo económico con metas concretas, métricas claras y estrategias para enfrentar los problemas estructurales de su economía. Es necesaria una política industrial para superar la dependencia del modelo de atracción de empresas extranjeras, orientándose en cambio hacia la innovación, el fortalecimiento del capital nativo en sectores estratégicos y la construcción de una economía más resiliente.

La isla cuenta con ventajas importantes en sectores emergentes que combinan innovación, creatividad y sostenibilidad. Tenemos universidades e investigadores comprometidos, preparados para aportar soluciones. Existen oportunidades en industrias como:

Industrias creativas

El cine, la música, las artes visuales, el diseño, los videojuegos y la producción audiovisual se perfilan como motores clave de empleo y exportación de servicios, con menor dependencia de infraestructura física o energía tradicional. Esta llamada economía naranja también incluye artes escénicas (teatro, danza, música, cine, televisión, fotografía), patrimonio cultural (fiestas patronales, festivales como Loíza, Hatillo, carnavales, gastronomía, turismo cultural), patrimonio material (museos e infraestructura histórica), diseño de modas, música popular (bomba, plena y otros géneros), literatura (poesía, ensayo, cuentos, novelas, cómics), medios digitales y publicidad.

Las plataformas digitales y la tecnología permiten a los emprendedores conectar con mercados globales desde Puerto Rico. La isla tiene el potencial para convertirse en un hub creativo-cultural y digital en el Caribe. Pero para ello, se requiere una articulación entre esfuerzos comunitarios, académicos y de política pública, de modo que el valor generado permanezca en la isla y no se fugue hacia capital externo.

Servicios digitales

Áreas como programación, tecnología de información, desarrollo de software y aplicaciones móviles, servicios en la nube, ciberseguridad, consultoría digital, fintech, educación en línea, análisis de datos, comercio en línea y machine learning o aprendizaje automático aplicado a salud, comercio y gobierno, son esenciales. Estas industrias permiten la inserción de Puerto Rico en la economía global sin necesidad de relocalización. Se debe aprovechar el talento local y la diáspora, y fomentar la creación de plataformas tecnológicas propias y de uso de energía alternativa.

Turismo regenerativo y cultural

Este enfoque turístico combina ecoturismo, turismo comunitario y experiencias culturales inmersivas, promoviendo la sostenibilidad ambiental y la conservación del patrimonio. A diferencia del turismo tradicional basado en cruceros o mega-hoteles, este modelo impulsa experiencias auténticas ligadas a comunidades locales, gastronomía, patrimonio y medio ambiente.

La participación de las universidades es clave, especialmente en investigación sobre regeneración de ecosistemas ante daños naturales y antrópicos. Además, se puede desarrollar una economía azul que reconozca el potencial de los mares. Este turismo no solo genera ingresos, sino que también educa al visitante, empodera a las comunidades y ayuda a restaurar ecosistemas.

Industria médica emergente

Puerto Rico puede convertirse en un hub regional para la biotecnología, salud digital, ensayos clínicos y dispositivos médicos inteligentes. Ya se producen dispositivos médicos en la isla, lo cual representa una base sólida. Se debe invertir en investigación y desarrollo para diversificar la producción médica y aprovechar el talento local, especialmente en salud mental. La proximidad con Estados Unidos, los laboratorios existentes y el talento bilingüe son activos clave para desarrollar este sector.

Para concluir, transformar la incertidumbre en oportunidades. Se requiere activar a los actores clave —gobierno, universidades, hospitales, cooperativas, ONG, sector privado e inversionistas, incluyendo la diáspora— para coordinar esfuerzos hacia un desarrollo económico sostenible. Puerto Rico debe convertir la incertidumbre en una oportunidad para generar empleo de alto valor agregado, fortalecer su resiliencia y proteger su entorno.

La educación y la investigación deben estar en el centro de esta transformación, ya que forman a los ciudadanos en áreas clave como programación, servicios creativos, investigación médica, regeneración de ecosistemas y más. No se puede desvincular el rescate de nuestras instituciones públicas de la estrategia de desarrollo.

Puerto Rico necesita un plan económico con metas claras, métricas verificables y énfasis en la reducción de desigualdades sociales. El combate a la pobreza debe ser un eje central, junto con el fortalecimiento institucional del Estado. Solo un gobierno con capacidad de implementación podrá lograr una transformación real.

Por último, la Asociación de Economista en su Asamblea el 17 de octubre estará tratando el tema de la incertidumbre con más aportaciones sobre las oportunidades que existen. Puede llegar a la Asamblea en la Universidad Sagrado Corazón y participar.

 

Cómo dos comunidades del sur de Puerto Rico se organizan para influir en la política

Por
laura quintero y luis d.alfaro
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Agrupaciones reconocidas por su trayectoria de lucha por la justicia ambiental y social han encontrado apoyo en la organización Maria Fund, creada después del huracán María

 

Para algunos, los cambios son parte natural de la historia. Para otros, son el resultado de acciones colectivas. Tener conversaciones 1-1,  mapear los recursos en una comunidad, elegir un tema central y desarrollar campañas son algunas tácticas empleadas por grupos comunitarios en Puerto Rico, para ayudar a las personas a reconocer que “la situación que viven no es normal” e impulsar cambios.

 En el sur de Puerto Rico, la lucha comunitaria se ha centrado en la justicia ambiental, con campañas para combatir operaciones industriales, que emiten gases nocivos para la salud y el ambiente.

“Nuestra formación ha sido tener que pensar todo el tiempo en la autodefensa comunitaria porque, si no, te matan”, comentó José Manuel “Nolo” Díaz Pérez, parte del equipo de la Casa Tallaboeña de Formación Comunitaria y Resiliencia, en Peñuelas.

Desde los 50 para acá, en ese y otros municipios del sur, se han establecido empresas de refinería de petróleo, un vertedero para desperdicios industriales tóxicos, una planta carbonera y una planta procesadora de gomas, cuya operación provocó incendios de grandes proporciones. Además, se intentaron establecer incineradoras, gasoductos y plantas de producción de herbicidas, pero estos planes fueron detenidos por las comunidades, recordó Díaz Pérez.

El periódico El coquí era el único periódico en Peñuelas y fue utilizado para ayudar a organizar a la comunidad. Foto suministrada.

Díaz Pérez era solo un niño cuando su papá, junto a otros vecinos y vecinas, rescataron terrenos del antiguo ingenio, en su barrio de Tallaboa. Levantaron su centro comunal, parque de pelota y cancha de baloncesto en esos terrenos. “Había grupos de teatro, de música, torneos.  Esa fue la escuela de organización comunitaria para futuras generaciones”, comentó. Mediante la unión vecinal, se prepararon para luchar contra las amenazas ambientales, cuando, en 1975,  la compañía Proteco comenzó a depositar desperdicios industriales peligrosos en Peñuelas.

Por años, las amenazas siguieron surgiendo y mutando: en los 90, se revelaron los planes de construir un gasoducto; entre los 90 y los dos mil, se lidió con las repercusiones a la salud por la contaminación del área; en los dos mil, se levantó un campamento contra el depósito de cenizas de carbón en los vertederos.

Similarmente, la Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos (Idebajo) nació como parte de una herencia de saberes tras décadas de lucha comunitaria. “Somos herederos del movimiento en contra de Monsanto en los 80”, dijo Roberto Thomas Ramírez sobre la victoria de la comunidad Las Mareas, en Salinas, al derrotar a la compañía en su intento de construir allí una planta de producción de herbicidas.

Idebajo se fundó en 2010 ante la necesidad de preservar los acuíferos del sur y promover el desarrollo sostenible de las comunidades excluidas de la región sureste de Puerto Rico. Mientras, la Casa Tallaboeña surgió como respuesta a las emergencias de los huracanes y terremotos que afectaron el archipiélago entre 2017 y 2020.

“Luego del huracán María, había que hacer algo con el colapso del gobierno. La ayuda de Maria Fund fue vital porque pudimos desarrollar estrategias para afrontar la situación y proyectarnos para crear infraestructura a futuro. Esa semilla la plantó Maria Fund”, expresó Díaz Pérez sobre los orígenes de la organización incorporada en 2022.

Maria Fund, es una intermediaria de recursos, que se ha posicionado entre los primeros 25 donantes filantrópicos en Puerto Rico, en solo ocho años desde su fundación. Su enfoque ha sido la justicia social, asignando recursos a grupos que hacen organización de base en el archipiélago.

Apuesta consciente por la organización de base

En tiempos de múltiples crisis y de austeridad, la labor de organizar a las comunidades es clave para su bienestar. “Organizar es la ruta o guía para lograr los cambios que queremos. Ningún derecho se ha logrado sin lucha y sin organizar”, explicó a 9 Millones la Directora de Movilización de Recursos de Maria Fund, Raquela Delgado Valentín.

Las tácticas para organizar, sin embargo, toman tiempo y mucho trabajo. Según una encuesta hecha por el Maria Fund en 2022, distribuida entre grupos de base comunitaria, las tres prioridades que más urgían eran expandir y retener sus bases, fortalecer sus destrezas de organizar, y promover el desarrollo de líderes.

Por eso, la Iniciativa de Trabajo de Base del María Fund agrupó cuatro organizaciones con historial de lucha en Puerto Rico, a fin de compartir sus conocimientos de organización y poder colectivo durante casi un año.  El conocimiento unido de la Casa Tallaboeña, Idebajo, Taller Salud y la Federación de Maestrxs de Puerto Rico produjo Organízate: Herramientas para organizar tu comunidad, un documento que recopila estrategias claves de organización. Su propósito, además, era comenzar a relatar la historia de organización comunitaria en el archipiélago, que está escasamente documentada, según Delgado.

 

De izquierda a derecha, Rígel Lugo, directora de Desarrollo del Maria Fund; Raquela Delgado, Directora de Movilización de Recursos de Maria Fund; y los cuatro participantes de la Iniciativa Trabajo de Base: José Manuel “Nolo” Díaz Pérez, parte del equipo de la Casa Tallaboeña de Formación Comunitaria y Resiliencia; Tania Rosario, directora de Taller Salud; Roberto Thomas Ramírez, exdirector de Idebajo; y Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Foto suministrada

Cada organización contribuyó una táctica al manual, todas derivadas del conocimiento de sobre 15 años de experiencia, y de sus impactos respectivos en el bienestar de las comunidades y en el avance de los derechos.

El mapeo comunitario e identificar un problema en común

Una de las comunidades con las que Idebajo exitosamente colaboró fue el Comité Comunal Playa-Playita en Salinas, el cual rescató a la escuela La Rosada para brindar destrezas distintas como construcción, ebanistería y pesca. Esta escuela fue parte del plan gestionado por la comunidad para impulsar el desarrollo económico y agrícola, educación comunitaria, protección de acuíferos y el ecoturismo.

Idebajo luego aplicó estos conocimientos en la comunidad de Barriada Morales en Caguas, que se planificaba expropiar en 2005 para cederle ese espacio a distintas empresas. Tras identificar 11 grupos claves y 5 años de trabajo organizativo, la comunidad logró presentar una propuesta al Municipio de Caguas en 2010, que se convirtió en un acuerdo de desarrollo propio.

Esta táctica, conocida como “mapeo”, tiene el fin de entender las situaciones, fortalezas, recursos, formación política y relaciones de poder en una comunidad. Algunas de las estrategias para realizar un mapeo son las conversaciones, reuniones grupales, asambleas y los censos comunitarios. Todo esto crea un “mapa mental y afectivo” que facilita la organización, comentó Thomas Ramírez.

Sin embargo, el cambio potencial en comunidades como estas se limita por la falta de poder popular existente. “Incidir directamente en las decisiones que les afectan no se puede lograr si la gente no está organizada, y la gente no se puede organizar si no tiene autonomía; si no siente que no le debe su supervivencia a otro”, abundó el actual voluntario de la organización.

Otra limitación es la división o falta de unión ante todos los problemas y crisis. Por eso, la Casa Tallaboeña aportó la táctica de elegir un problema en común.  En su caso, los vecinos de Tallaboa se han enfrentado a la contaminación como una amenaza constante. En ese proceso, la educación es clave.

La comunidad de Tallaboa participa de una reunión convocada por el Frente Amplio Contra el Gasoducto del Sur y el Comité pro Salud y Ambiente de Tallaboa. Foto suministrada

“La lucha por sí sola no tiene fruto si no va de la mano de educación. Creeme que gente que no tenía ni cuarto grado sabía el impacto del gasoducto. Eso ayuda a que la gente pueda identificar que ‘esto me afecta a mí y a mi comunidad’. Esa lucha crea empatía en otras comunidades que se puedan identificar”, contó Díaz Pérez.

Laboratoria para organizar

A partir de estas conversaciones, el equipo de María Fund reafirmó que hacía falta un espacio para compartir estos conocimientos y desarrollar habilidades. De ahí nació la Laboratoria para Organizar, un programa piloto que estrenó este año para capacitar a líderes con destrezas y habilidades organizativas, ya sean de grupos que hacen este trabajo o quienes buscan incorporar la organización.

En total, el proyecto duró 6 meses, benefició a 25 organizaciones de todo el archipiélago, y tuvo una inversión estimada de alrededor de $60 mil en transporte, hospedaje, estipendios, materiales educativos y su actividad de cierre, entre otras cosas.

“Queríamos ofrecer una capacitación avanzada a líderes que están comprometides con la organización comunitaria y proporcionar herramientas para creación de campañas, expansión de estrategias organizativas y políticas, pero también cómo compartir saberes entre elles”, explicó Delgado, quien estuvo a cargo de la iniciativa.

El primer cohorte empezó en febrero, con una capacitación de 5 días en Maunabo. Aquí, reunieron a 25 líderes para entrenarles en temas como los mapas de poder, las campañas, estrategias de reclutamiento y retención, y el desarrollo de liderazgo entre sí.

Luego, profundizaron en estos temas en la segunda fase, llamada Comunidades de Práctica. Estos espacios virtuales permitieron reforzar las destrezas y ofrecer acompañamiento en aplicarlas. Cada encuentro fue facilitado por dos o tres líderes del cohorte, quienes conectaban los temas a ejemplos puntuales en Puerto Rico.

El cierre celebró los logros del programa con presentaciones de los participantes, festejo y la entrega de unos cuadernos reflexivos, que contenían tácticas derivadas de Líderes de la laboratoria, ejemplos concretos de Puerto Rico, y espacios para reflexionar y escribir sobre el contenido de la libreta. Delgado explicó que querían capturar los aprendizajes para que cada organización participante pudiese aplicarlo en un futuro: “De aquí surge la necesidad de que estas conversaciones no se queden en las notas de la libreta de cada quien”.

El programa se hizo en conjunto a Midwest Academy, una organización estadounidense fundada en 1972 que adiestra a líderes comunitarios. Según Delgado, esta colaboración enriqueció el espacio al traer estrategias y experiencias nuevas y distintas a la mesa. Su participación fue costeada aparte, a través de una subvención que consiguieron, otorgada por Ford Foundation.

Un mejor Puerto Rico es posible

Fortalecer las relaciones entre las agrupaciones de base también sirve de apoyo mutuo para crear el poder colectivo, que es parte de las metas que tiene Maria Fund.

Como ejemplo de ello, Delgado mencionó como logro el que las organizaciones participantes de la Laboratoria pudieron convocar sus bases a participar en las vistas públicas sobre el proyecto Esencia, un megaproyecto turístico que propone cubrir 2,000 acres y 3 millas de terreno protegido en Cabo Rojo y cuyos permisos se han otorgado de forma irregular.  Para Delgado, “esa solidaridad y unidad en la acción es de las ganancias de este proceso”.

La Directora de Movilización de Recursos también reconoció que hacen falta más iniciativas como la Laboratoria, un sentimiento prevalente entre los participantes. Aunque aún no han lanzado otros programas de desarrollo en organizar —pues la Laboratoria se considera un programa piloto—, María Fund sí lanzó varias convocatorias de fondos para fortalecer a grupos que organizan alrededor de temas particulares o que trabajan narrativas sobre temas como la juventud, la justicia reproductiva y la defensa comunitaria. En conjunto, estas convocatorias han contado con hasta $600,000 en fondos disponibles.

Este apoyo, sin embargo, va más allá del monetario, que es clave para la subsistencia de las organizaciones. “No es simplemente otorgar subvenciones o grants, es también estar en una conexión más intencional con los grupos que apoyamos […] para escuchar de primera mano qué necesidades tienen”, abundó Delgado.

Este acercamiento también fue aplicado en la Iniciativa de Trabajo de Base, donde crear un espacio vulnerable y seguro fue clave para comunicar las necesidades de cada grupo e identificar en conjunto soluciones.

Ilustración que resume el Puerto Rico con el que aspiran a construir las organizaciones participantes en la Iniciativa de Trabajo de Base. Ilustración hecha por La Maraña para el documento “¡Organízate!”. Imagen provista por Maria Fund. 

 Cuando comenzó la Iniciativa, uno de los primeros ejercicios fue que cada líder definiera cómo era el Puerto Rico con el que soñaban. Para construirlo,  María Fund reafirmó su apoyo a organizaciones que comparten su visión.

“Nuestro enfoque y apoyo siempre va a estar dirigido a los grupos que tengan como su mirada y visión lograr los cambios estructurales que hacen falta para vivir en un Puerto Rico justo, libre, equitativo, donde quepamos todes, donde podamos vivir en bienestar”, puntualizó Delgado.

 

Esta historia  se produjo junto a 9 Millones, un medio independiente que hace periodismo que inspira a la acción.

 

 

 

 

 

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