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La opción no puede ser no hacer nada. Puerto Rico debería adoptar el Impuesto Mínimo Global (IMG) o, de lo contrario, se arriesga a perder hasta $3.8 mil millones anuales.

El asunto de si Puerto Rico puede y debe adoptar el IMG fue abordado en el foro  Impuesto Mínimo Global, Perspectiva internacional y contexto local. Auspiciado por la organización Espacios Abiertos (EA),  en el foro participaron el  Dr. José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, Planificación y Agricultura de Colombia; Verónica Grondona, asesora senior de la Comisión Independiente para la Reforma de Tributación Internacional Corporativa (ICRIC, en inglés); Dra, Eileen Segarra Alméstica, del Departamento de Economía del recinto de Río Piedras de la UPR, y el subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Humberto Mercader Pérez. El foro fue moderado por Daniel Santamaría Ots, director de Investigaciones de EA.

En su introducción, Santamaría Ots aclaró que Puerto Rico no  tiene que pertenecer al G-20 o al Banco Mundial  para formar parte de este marco del IMG. “La realidad es que no. Sí es importante coordinar con el Gobierno federal, pero Puerto Rico tiene una autonomía fiscal. La realidad es que Estados Unidos suscribió acuerdos  mínimos, aunque no lo ha implementado. En el caso de Puerto Rico, no se ha comprometido”.

El IMG no es uno que se impone a todas las compañías  por igual. Es solo para las que tienen ingresos por encima de los $821.55 millones anuales, ($750 millones de euros). El IMG no quiere decir que es un impuesto  adicional al que ya estén pagando las compañías. El impuesto es global, lo que está en discusión es dónde lo van a pagar. Al respecto, indicó que a partir de enero de 2025, las compañías multinacionales que sí hayan implementado el IMG pueden reclamar la diferencia de los países que no lo han adoptado, y aquí es donde, apuntó, hay una  potencial transferencia de una economía como la de Puerto Rico, que tiene una tasa efectiva  de 2.43 %. Espacios Abiertos ha estimado que esa diferencia podría generar hasta $3.8 mil millones anuales.

Santamaría Ots indicó que el año pasado hubo un intento de legislación en la Cámara de Representantes, pero la medida no prosperó y levantó ciertos señalamientos por parte del Gobierno Federal y el Departamento de Hacienda de aquí, por tecnicismos, entiende se pueden abordar. “Muy importante: entendemos que no es una cuestión de manera unilateral, sino es una decisión de política pública en que todos deben estar sentados a la mesa”,señaló. En esa línea, dijo que el propósito del foro era transparentar una conversación de expertos internacionales en la academia, que ya se tiene, para que cuando se emita legislación, la Asamblea Legislativa, ya sea en la extraordinaria o el año que viene, pueda emitir una decisión informada.

A nivel internacional el doctor Campos, quien al presente es codirector de la concentración en Desarrollo Económico y Político de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de Columbia University en Nueva York, indicó que al presente: “Más del 70 por ciento del comercio internacional se lleva a cabo entre empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial. Eso brinda a las multinacionales oportunidades suficientes para brincar entre diferentes regímenes fiscales. Esas empresas compiten con las compañías locales que no pueden trasladar fácilmente sus obligaciones tributarias a otras jurisdicciones. Cuando las multinacionales no son gravadas, o son gravadas a tasas más bajas que el resto de las empresas, e incluso que los trabajadores, el estado de derecho se ve afectado. Esto alimenta un ambiente de insatisfacción en la sociedad”.

En el caso de Puerto Rico, aunque como territorio no incorporado de  Estados Unidos enfrenta numerosas restricciones, su autonomía fiscal  le permite adoptar el IMG. Señalo que Puerto Rico ha utilizado esa limitada autonomía de una manera peculiar, cediéndola a través de incentivos tributarios  y tasas preferenciales sobre los ingresos de las empresas multinacionales. Pero en el marco actual del IMG, “ya esos beneficios no funcionarán”.  Seguidamente advirtió que “si  Puerto Rico no introduce un impuesto propio, las ganancias que hoy no grava por otorgar generosos incentivos a las multinacionales serán objeto de tributación en otros países que sí hayan implementado el impuesto IMG”.

Mientras, el subsecretario del DDEC, Mercader Pérez, dio a conocer que la  agencia comenzó una serie de conversaciones con empresas que hacen negocios en Puerto Rico para hablarles del IMG. Estas son compañías que tienen decretos firmados con las condiciones para operar en la isla.

Según explicó, el proceso con las empresas sobre la nueva ley de impuesto reveló que en Puerto Rico ya hay compañías que están pagando el top of tax o sobretasa en otros países. Aunque en Estados Unidos todavía no se ha implementado y las empresas con compañías matrices en Norteamérica no tienen tanta prisa por pagar el IMG, las europeas sí, porque ya lo están haciendo en otras partes.

El funcionario ofreció como ejemplo de la creatividad que se requiere para diseñar un marco que tenga sentido a una compañía que opera aquí. Mencionó que vio cómo en Singapur el Gobierno negocia de manera individual con cada empresa un crédito reembolsable por inversión dentro de los parámetros de su ley. “Al final del día, tenemos que ponernos creativos con los incentivos. Tenemos que ser agresivos porque al final del día yo prefiero una tasa baja con el empleo y con el ingreso a una tasa alta sin el empleo y sin el ingreso”.

Por su parte,  la profesora Segarra Alméstica narró que en los años 50, cuando a Puerto Rico se trajo la estrategia de incentivar empresas a través de incentivos contributivos, la cual lleva ya  más de 70 años utilizándose, puede haber sido algo innovador; pero ya no. “El problema es que no hemos evolucionado con el tiempo. Puerto Rico se quedó bien atrás en términos de estrategias de desarrollo económico porque insistimos en que los incentivos contributivos es la manera. Lo que nos está diciendo el mundo es que los incentivos contributivos no es la manera”.

La profesora recordó que cuando se dio la discusión de la reforma contributiva, en Estados Unidos esto se discutió. Apuntó que “ya de por sí Puerto Rico está perdiendo dinero al tener contribuciones tan bajas porque estas compañías norteamericanas, que son la mayoría de las multinacionales que se encuentran localmente, ya están pagando impuestos sobre parte de esas ganancias que reportan en Puerto Rico. Lo que no tenemos es una buena medida de cuánto es, y eso yo creo que es una pieza central”.

El estudio de EA sobre el IMG y su impacto en Puerto Rico  indica que en el marco  que adoptaron las entidades internacionales, el que se implementaría en Puerto Rico, se basa en dos pilares: el primero, que reasigna impuestos sobre los beneficios de las grandes multinacionales a los mercados donde realizan sus ventas, y, el segundo, el IMG y la Cláusula de Sujeción a Imposición (CSI), que establece un impuesto mínimo del 15 % para las multinacionales con ingresos anuales consolidados superiores a $ 821.55 millones.

El informe de la EA, que se centra en el Pilar II y sus implicaciones en Puerto Rico, señala que el IMG podría aumentar de manera significa  los ingresos fiscales a corto plazo, pero también presenta riesgos a largo plazo si no se adapta su modelo económico para mitigar los impactos. Ya sobre 140 países han implementado el IMG.

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Es sábado. Afuera, el sol calienta la brea de la avenida Degetau en un día atípico para la racha de lluvias que han pasado. Adentro, el aire acondicionado de la sala de emergencias contrasta con el calor callejero. Cuando entras, debes registrarte en una computadora marca Dell que el hospital cuelga de una pared para nuevos ingresos. No hay mucha conmoción. Algunos hablan de tiendas nuevas en el pueblo, otros del tiempo que han esperado; pero todos exhalan el mismo aire soporífero que domina en el salón de paredes grises. Son las 2:10 de la tarde.

La sexta persona en entrar a la sala se confunde un poco con la computadora de autoingreso y le pide ayuda al guardia de turno, un joven que atiende y aclara las dudas de quienes esperan. Hay un par de señoras que tertulian sobre las peripecias de sus síntomas y la morosidad con que les atienden. La más parlanchina de las dos se incorpora y le pide al joven guardia que le busque a una enfermera. Este le avisa que varios esperan en la lista del doctor. Ellas también.

Ahora, a menos de 20 minutos de haber llegado, hay ocho personas. Las últimas dos en llegar fueron una madre con su hijo. Al igual que la sexta persona —una señora canosa con un sándwich— se les pasa brevemente tras una puerta para el análisis inicial de presión arterial, ritmo cardíaco y otros pormenores. En menos de 15 minutos, otra puerta los escupe a la misma espera de los demás. Por estas puertas también entran y salen visitas esporádicas para los hospitalizados.

Resulta que un don esperaba afuera por las dos señoras contertulias. Que prefería el calor al sopor, dijo. También habló de un laboratorio que reflejó, para una de las mujeres, un déficit de vitaminas que desembocó en un leve sangrado cuyas causas aún desconocían.

De momento, una enfermera abre la puerta inicial, que da a la oficina del doctor, y todos miran. Llamaa un nombre que, al parecer, no está en la sala. Algunos sueltan un bufido y comentarios alusivos a horas de espera. La espera crece a nueve personas. A las 3:00, lo único que impide que el silencio reine en la sala es el SmackDown entre Cody Rhodes y Kevin Owens, de la World Wrestling Entertainment (WWE).

Una señora explica cómo un dolor de espalda acabó en una visita al doctor que, desde entonces, la mantiene en un vaivén de citas infructuosas. Simultáneamente, aparecen el señor con las  dos señoras por una de las puertas. Según corroboró adentro, un solo doctor atiende al grueso de este gentío, que ya supera las diez personas. Tras los cristales con tintes que separan el calor del frío, una que otra camilla carga, rodeada de especialistas uniformados, a pacientes con suero. Los montan en ambulancias y, ya acomodados, parten sobre el asfalto caliente a otro lado.

A las 3:09, las señoras suspendieron la cháchara y respondieron al intercom, que finalmente anunció su despacho. El señor se mantiene entre los predios y la sala. Aparte del leve bullicio de afuera, casi no hay movimiento en el área.

“Casi cuatro horas. Yo nos hacía aquí todo el día”, acotó una de las damas. Cuando las dos se perdieron tras las puertas, los sonidos en la sala se limitaron a uno que otro murmullo ininteligible, hasta que otra señora finalmente lo dijo. El hospital, aseguró al otro lado de su llamada, ha mejorado notablemente en sus servicios desde que pasó a manos de la administración Pavía. No tanto como para que bajara el tiempo de espera, agregó, pero que el centro ya contaba con una oferta más “completa” de especialistas.

Este hospital, que fue vendido por la deuda de medio millón de dólares que sus dueños anteriores acumularon, ya luce con los aires de cambio de sus nuevos gerentes. En sus patios exteriores, un bosque simulado modela ciervos con pingüinos, pinos con estrellas, pesebres con nacimientos, troncos con luces festivas y todo en una sincronización muy acogedora.

La espera se ha vuelto la norma. Muy pocas quejas pasean por la sala, y nadie quiso compartir los porqués ni los cómos de su experiencia este sábado. Un vistazo en las redes, sin embargo, arroja luz del trato aquí:

“Mi gente, un pensamiento que no sé cómo se lo tomen. Estuve en el nuevo Pavía de Caguas. Lo están decorando muy bonito como bosque de Navidad encantado, para sacar fotos en sus áreas verdes. Un nacimiento bello y cuatro árboles en la entrada que llegan al techo y hay más que verlo. Pero el servicio a los pacientes, pésimo. Qué cosa, ¿no? [Los adornos] son más grandes que uno”, denunció, el pasado 8 de noviembre, una mujer que fue a atenderse.

Como suele pasar en el ciberespacio, la publicación provocó una retahíla de comentarios alusivos a la falta de especialistas, despidos injustos, televisores dañados y una falta de personal que se nota desde la sala de emergencia. En otro post, una expaciente cagüeña recomendó la sala de emergencias del PMC por el “pésimo servicio” del hospital. “Estuve horas largas y me fui. Ni cuenta se dieron”, relató el pasado 7 de junio.

Pero el 7 de junio y el 8 de noviembre, ambos, cayeron viernes. A lo mejor los viernes son más lentos que los sábados, pero hoy no impone percances. La brisa apenas mece el follaje, el tráfico va y viene con ligereza, y la gente llega lentamente a la sala. El estacionamiento  multipisos guarda, hilera tras hilera, espacios para carros; pero la espera es la misma de siempre.

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A cuatro semanas de las elecciones y 16 días de escrutinio general, todavía no se tienen los números finales de las elecciones de noviembre  2024. Ni siquiera se espera que el escrutinio termine a mediados de diciembre.

“Lo que uno quisiera es que, por lo menos, los precintos de San Juan sean contados al cien por ciento.  Eso requiere mucho trabajo el martes y miércoles”, reconoció el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciado Roberto Aponte Berríos, en referencia a los continuas controversias y obstáculos habidos en el proceso de escrutinio general.

Aponte Berríos señaló que el problema principal es el cuadre de actas, para lo que se debió   reorganizar mejor las mesas. Aunque fue algo que ya se hizo, ahora el trabajo se debe dedicar  más a cuadrar actas previo a continuar por los precintos. “Como cada cual tiene sus intereses, sobre todo, el PNP quiere empujar mucho el conteo de colegio regular y por correo y no tanto otro tipo de voto. Esa ha sido la complicación en un principio”.

Pero en términos del escrutinio en general, dijo considerar que han sido varios los factores por los cuales en un principio ha sido uno muy lento. Uno de ellos es que hay unas generaciones de voluntarios que no sabían contar a cuadritos ni cuadrar actas. “Eso es una arte que se ha perdido y requirió adiestramiento y alguien en mesa para dirigirlo”. Por otro lado, indicó que es una realidad que hay mucho voto de nominación directa y que primero hay que identificar ese tipo de voto y sumar y restar a otros candidatos. También resaltó que antes el proceso estaba mejor planificado porque si se abría una mesa y había un maletín en esa misma mesa, se empezaba a contar y concluía allí; es decir, se cuadraba el acta.

“Lamentablemente, con el código electoral,  las papeletas se mueven de una mesa a otra, a la máquina, y hay una fragmentación del conteo de votos que lleva a no tener un tracto del conteo de votos”, describió.

A la pregunta de si se supone que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tuviese reglamentos para conducir los trabajos de escrutinio, el licenciado Aponte Berríos dijo que sí los hay, pero que han habido muchas determinaciones recientes impulsadas por el Partido Nuevo Progresista (PNP) a las cuales la  presidenta interina, Jessika Padilla, se ha unido, por lo que no se han seguido los reglamentos y manuales: “En muchas ocasiones se están cambiando las reglas a mitad de camino”. Señaló que este  ha sido el ciclo electoral donde más controversias se han dado por la misma razón del Código Electoral del 2020. Expresó que comparado con lo difícil que fue el escrutinio del 2020 en el Coliseo Roberto Clemente cuando se estrenó el actual Código Electoral, este escrutinio ha sido peor.

En cuanto a los votos que todavía quedan por contar y a la conducta del comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges, de dar declaraciones a la prensa sobre quién ganará con el voto adelantado, con todo lo que no es presencial, cuando aún no se ha terminado el escrutinio, el comisionado electoral del PIP, reaccionó: “No es la primera vez que a un comisionado o un líder del PNP le gusta adelantarse a los acontecimientos pronosticando y echando hacia atrás declaraciones, y eso está pasando aquí. Por eso, nunca me van a escuchar decir, en el caso específico de Adriana (Gutiérrez) en el precinto 4, nunca (aquí falta algo, qué es lo que nunca dirá). No sabemos qué finalmente va a pasar hasta que no esté el cien por cien de las papeletas contadas, no solo el voto por correo”.

Añadió que en  cada precinto hay voto a domicilio que falta por contar, voto ausente y votos del día de las elecciones que no han pasado por la máquina, así como voto añadido a mano que todavía no ha sido contado, por lo que hay toda modalidad de voto que aún no se ha contado. Comentó que tres días antes del escrutinio se sabía que faltaba por contar de 110 -115 mil votos por correo. Por otra parte, el voto a domicilio lo solicitaron 66 mil personas. El comisionado electoral del PIP trajo a la atención y recordó  que ese voto se contó mal el sábado previo a las elecciones. Ese fue el voto sobre el que los comisionados locales dijeron que había un problema por las marcas, que al pasar por las máquinas de escrutinio, las papeletas no se contaban. Aunque algunos comisionados electorales locales pasaron correctamente las papeletas, otros no. En reunión, los comisionados electorales en la CEE decidieron que había que contar de nuevo el voto a domicilio debido a que, por las explicaciones que los comisionados locales daban, no se tenía la certeza de que esas papeletas se hubieran contado una sola vez, que podría ocurrir que algunas se estuvieran contado doble.

Con todo lo acontecido, a juicio del licenciado Aponte Berríos, las controversias más agudas en estos comicios tuvo que ver con  el voto adelantado por correo los días antes de las elecciones, proceso para el cual no hubo garras para fiscalizarlo, censuró. Al respecto, narró que hubo casos de varias personas que llevaron sobres con papeletas votadas, como fue el de una  persona que recogió más de 500 sobres con papeletas votadas en Camuy, Moca y Lares y los llevó a la oficina de correos de la calle Kalaf, al lado de la CEE. Hubo otro caso de más de 300 sobres en que una misma  persona de Maunabo los llevó  al correo de Plaza las Américas. En este pueblo, la contienda a la alcaldía es una cerrada.

El comisionado electoral del PIP denunció que la Comisión pudo haber sido más diligente en hacer una investigación sobre lo que  se vio como un patrón de  individuos que llevaban cientos de sobres a oficinas de correo cuando eran de otros municipios lejanos.

Por otro lado, una situación que se pudo haber evitado, según el relato de Aponte Berríos, es el que directores de campaña estuviesen en el escrutinio. Recientemente, el director de campaña de la candidata del PNP, Oriol Campos, estuvo en el escrutinio, lo que provocó malestar entre los comisionados y otro personal. Aponte Berríos dijo que hace meses atrás  llevó a discusión ese tema cuando se discutieron las reglas del escrutinio. Su propuesta no fue aceptada.

“En ese momento, le dije a la presidenta que no abriera esa caja de Pandora. En el caso de Oriol Campos, que es una persona controversial, que lo vimos en esta contienda  haciendo declaraciones muy violentas y ofensivas, eso podría  crear discordia en momentos en que pudieran estar los ánimos caldeados”.

No obstante, el comisionado electoral del PIP reconoció que lo mejor que ha ocurrido en el escrutinio es el comportamiento de  los voluntarios de todos los partidos políticos, los cuales han trabajado en unas condiciones donde el lugar es uno incómodo, cerrado y no tiene estacionamiento.

Aponte Berríos expresó dudas de que se pueda terminar el escrutinio entre el 20 y 22 de diciembre,aun cuando se corrija el asunto del cuadre de actas. El proceso se movería mucho más rápido, “pero dudo que se concluya a mediados de diciembre. Pienso que va a ser más tarde”.

Según el Observatorio de Equidad de Género, en lo que va de año en el país se han registrado 80 feminicidios, incluyendo 20 feminicidios íntimos, dio a conocer Taller Salud, en ocasión de conmemorarse este 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

“La violencia de género sigue siendo una de las problemáticas más graves que enfrentamos como sociedad. Estos asesinatos no solo reflejan un serio problema de seguridad para las mujeres, sino que evidencian la urgente necesidad de desmantelar las estructuras que perpetúan esta violencia y proveer soluciones inmediatas y efectivas para las sobrevivientes”, señaló Taller Salud en declaraciones en comunicado de prensa, organización feminista con una trayectoria que data desde el 1979.

Ángela Cruz Félix, psicóloga clínica y directora de la iniciativa Mujeres y Salud de TS, demandó el que era hora de que el gobierno le dé a las sobrevivientes el apoyo, la seguridad y la justicia que necesitan con acciones concretas. “El Estado debe garantizar la seguridad de las mujeres y sus familias, asignando recursos para albergues de emergencia y para organizaciones como la nuestra que trabajamos con sobrevivientes sin los procesos burocráticos que retrasan el acceso a los servicios. Además, el Estado debe asignar recursos a las agencias y tribunales del país para garantizar que cualquier mujer en una situación de violencia pueda encontrar los servicios que necesita cuando solicita ayuda».

Al respecto la organización especificó entre las medidas que debe adoptar el gobierno: aumentar la asignación de intercesoras legales en casos civiles y criminales en todos los tribunales del país: reducir los tiempos de espera para las sobrevivientes en las salas judiciales, además de las reposiciones y re-calendarizaciones. Estos retrasos atribuyó Taller Salud muchas veces son estrategias para desgastar la voluntad de la victima para seguir con las denuncias.

Otras medidas son invertir en el acceso a vivienda segura y asequible para las mujeres y sus familias: brindar mayor apoyo y flexibilidad desde las políticas laborales para incluir licencias pagas y planes de reintegración laboral que permitan a las mujeres rehacer sus vidas sin poner en riesgo su estabilidad económica. “Nos referimos a licencias que consideren los procesos de recuperación y asesoramiento legal ya que los procesos de sanación y recuperación para las sobrevivientes no son lineales, y toman tiempo”.

Además del servicio directo a sobrevivientes, desde 2021, Taller Salud coordina la Mesa del Este, un espacio multisectorial que reúne a organizaciones, agencias gubernamentales y la comunidad para atender las múltiples necesidades de las sobrevivientes en los municipios de Carolina, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo y Fajardo.

“El trabajo realizado desde la Mesa del Este ha logrado en primer lugar construir alianzas estratégicas para cambiar las prácticas y procesos que obstaculizan el acceso a servicios y las barreras estructurales para atender la violencia de género priorizando en este momento nuestra área de atención. Además, ha contribuido a reducir la revictimización, ofreciendo una red de apoyo para las mujeres y referidos oportunos en nuestra región. También hemos fortalecido la prevención organizando campañas y esfuerzos educativos para erradicar la violencia de género. Por último, hemos capacitado al personal clave en las diversas agencias, fomentando la atención respetuosa y empática hacia las sobrevivientes.” explicó Tania Rosario Méndez directora ejecutiva de la organización feminista.

Por su parte la Red Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, (NAVG) igual planteó la urgencia de que se brinden más servicios de apoyo a las víctimas de agresión sexual en Puerto Rico. Coraly León directora ejecutiva indicó que con ese propósito, la Red está capacitando en una academia a nuevas intercesoras legales que acompañen en los tribunales a las sobrevivientes de agresión sexual.

“Yo soy sobreviviente de violencia sexual y conozco en carne propia los retos y las dificultades que tienen las y los sobrevivientes a la hora de lograr acceso a la justicia. Por el tabú, por muchas de nuestras creencias culturales, muchas víctimas y sobrevivientes se sienten aisladas, culpables de la experiencia dolorosa que vivieron, que estuvo fuera de su control y se sienten hasta desconectadas de su cuerpo”, expresó León sobre la necesidad de servicios de apoyo de las víctimas de agresión sexual.

Los datos sobre la violencia de género hablan por si solos. De acuerdo a las estadísticas del Negociado de la Policía, para el año 2023 se reportaron 1,278 incidentes de violencia sexual, de los cuales el 79.9% de las sobrevivientes fueron mujeres. Además, el 75.45 de las víctimas son menores de 17 años de edad. El delito de mayor incidencia reportado es actos lascivos (67.9%), seguido de agresión sexual (27.7%). Un 52.3% de los ofensores son familiares y 35.4% son conocidos. Se sabe que la inmensa mayoría de los casos de violencia sexual no se reportan. El Departamento de Salud ha estimado que en Puerto Rico ocurren anualmente unos 66,000 casos de algún tipo de violencia sexual.

“La agresión sexual es una de las violencias más terribles que puede una persona experimentar porque pierde el control y la autonomía frente a la persona agresora, de cómo es percibido su cuerpo. Te hace sentir insegura en tu propia piel. Es bien importante que las víctimas y sobrevivientes de violencia de género en escenarios como los tribunales cuenten con un adiestramiento capacitado y sensible para poder acompañarlas en uno de los procesos más duros que puede pasar alguien, para que no sean revictimizadas en el tribunal y para minimizar los daños emocionales”, comentó León.

Sobre la Academia de Intercesoras Legal la Red recibió una subvención de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). La primera sesión contó con 29 participantes, para casos de violencia doméstica y actualmente están capacitando a 30 nuevas intercesoras en casos de agresión sexual en la segunda sesión que se extiende hasta diciembre.

En la academia en la que participan profesionales de la conducta como trabajadores sociales, psicólogos y consejeros se capacitan tanto a nivel teórico como práctico, con experimentadas intercesoras legales en temas como el marco legal prevaleciente, los protocolos de intervención, las diversas formas de agresión sexual, el impacto psicológico en las víctimas, mitos y realidades de la violencia sexual y las estrategias para acompañar a las sobrevivientes. Como parte del curso se visitan los tribunales, la división de la Policía a cargo de órdenes de protección y se exponen a los y las estudiantes a intervenir en apoyo en casos reales de víctimas en las salas especializadas de violencia de género en los tribunales.

La procuradora interina de la OPM, Madeline Bermúdez Sanabria, indicó que este año es la quinta academia desde 2018, centrada en específico en los casos de agresión sexual, un área crítica e invisibilidad en la lucha contra la violencia de género. Desde 2018 hasta 2023, informó que se han certificado cerca de 70 intercesores. “Nuestra meta es clara: seguir fortaleciendo la Academia de Intercesores Legales, con varias academias proyectadas este año, y seguir apoyando a las víctimas con profesionales capacitados y comprometidos. El acompañamiento en los tribunales es vital para las víctimas de agresión sexual, y gracias a la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, esta academia ofrecerá a los profesionales de la conducta la oportunidad de formarse en este rol crucial”.