Especial para CLARIDAD
La clase trabajadora sufre y paga por todos los males en la sociedad que conocemos y en la que vivimos. El desarrollo del estado moderno nos llevó hace más de un siglo a la creencia de que existía un contrato social entre el gobierno y el individuo. En palabras sencillas, el individuo trabaja, cumple con las normas sociales y políticas y el gobierno le garantiza su bienestar.
El medio o instrumento de hacer efectivo este contrato es el impuesto, una cantidad de dinero que el individuo da para recibir los beneficios de ser parte de la sociedad. Una vez la nobleza imponía unilateralmente el impuesto que se podía dar en especie, es decir, los frutos del trabajo. Según evolucionó la sociedad feudal al estado burgués las reglas cambiaron con ofertas de justicia, libertades, derechos e igualdad. Los impuestos tomaron formas sutiles de pagar.
Hoy pagamos un impuesto anual al momento de pagar las contribuciones basados en los ingresos de cada cual. Pero esas contribuciones se pagan durante todo el año cada vez que cobramos el salario. Y esas contribuciones no son uniformes. Quienes más ganan pagan menos. De igual manera las empresas y corporaciones pagan menos que el individuo. Eso se logra mediante fórmulas hechas por los representantes de la clase adinerada que ponen topes al ingreso para pagar contribuciones. Pero la médula de la fórmula es que el noventa por ciento de la clase trabajadora aporta más a la sociedad que el diez por ciento que aporta la clase adinerada.
Además del pago por ingreso, pagamos impuestos por todo lo que compramos (IVU) o por los servicios que recibimos, ejemplo, el uso de la telefonía, la energía, el agua. Hay productos como las bebidas alcohólicas o el tabaco que tienen impuestos destinados a un fin específico. Hasta las multas de tránsito son un impuesto, además de una penalidad.
Vemos entonces que el contrato social entre el individuo y el estado es una puerta giratoria entre el dinero que aportamos todos y los servicios que recibimos. El gobierno-estado no aporta nada que no sea el administrar nuestras riquezas. Pero siempre hay algo escondido entre las letras pequeñas de los contratos. En este caso la maldad se encuentra en la división social que nos muestra que las clases que componemos la sociedad no somos iguales. Que existe una mayoría que sobrevive y sufre ante las desigualdades, la pobreza, la escasez y la falta de servicios. Que esa mayoría depende del ingreso y la deuda para vivir.
Existe una minoría que no tiene problemas en pagar por todo. Incluso pueden pagar impuestos por artículos de lujo como son ciertos autos, joyas o servicios exclusivos. Esa minoría se asegura ocupar los puestos del gobierno, es decir el poder ejecutivo, legislatura, jueces y demás instancias de gobierno. Así hacen las leyes, las guías de contribuciones e impuestos y la forma de ofrecer los servicios del contrato social a los miembros de la sociedad.
Después de la segunda guerra mundial ocurrida entre el 1940 al 1945, el mundo, es decir la clase trabajadora tuvo dos polos de referencias, la propuesta capitalista, la sociedad regida por el mercado y la propuesta socialista, con planificación económica desde el estado. En esa lucha de ofertas se desató la llamada guerra fría. Ante un movimiento sindical internacional con preferencias de izquierdas, los gobiernos capitalistas hicieron concesiones y reconocieron derechos a la clase trabajadora. De esta manera surgen organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas, con su propuesta de descolonizar el planeta y reconocer derechos humanos y universales. También surgen otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Comercio Mundial y las ONG que buscan fortalecer las economías de mercado emergentes mediante la emisión de deudas, campañas de propaganda en contra de ideologías de izquierda y otras de naturaleza militar como es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN.
Para las décadas de 1960 hasta finales de 1980 el estado de bienestar se consolidó en las primeras economías de mercado. Se reconocieron como derechos la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la protección social, la protección a la mujer, la niñez y los envejecientes. Diversas leyes en diferentes países instrumentan hasta hoy estos derechos.
Pero los ricos del mundo no descansaron desde el día uno para enmendar el contrato social a su favor. Y los impuestos han sido la clave para fortalecer sus posiciones ideológicas. Tomemos el ejemplo de una medida socialista que se ha convertido en un logro emblemático de la sociedad norteamericana, el seguro social. Todo trabajador debe pagar una parte de su salario y los patronos (públicos y privados) aportan una cantidad similar. El gobierno administra los fondos para asegurar un ingreso al trabajador después de cierta edad y aportaciones pagadas. También se aseguran ciertos servicios médicos.
Todo norteamericano vive orgulloso de esta medida que en su inicio fue repudiada por la clase adinerada de EE UU y tildada de medida comunista. Hoy la clase adinerada que dirige el gobierno norteamericana anuncia que el seguro social se acabará en las próximas décadas y proponen planes privados controlados por la banca privada para administrar fondos de retiro individuales. Puerto Rico, por ser colonia de EE UU sigue los ejemplos y sufre las consecuencias.
El ejemplo del seguro social unido a la explicación del por qué existen los impuestos nos debe dejar claro que los trabajadores pagamos todo, hasta las aportaciones de los patronos privados ya que esta surge del valor adicional que la clase trabajadora imparte a las mercancías y los patronos convierten en riqueza.
A raíz de la desaparición de la Union Soviética en la década de 1990 como estado socialista, las ideas neoliberales tomaron fuerza en todo el planeta. La idea central neoliberal consiste tres puntos vinculados entre sí. Primero, que el estado es muy grande, por lo tanto debe reducirse a favor de la función de facilitar procesos. Segundo, que los servicios que otorga ese estado deben ser traspasados a la empresa privada ya que esta es eficiente y ágil. Y tercero, que se deben eliminar todas las regulaciones, permisos y controles establecidos por el estado a favor de la iniciativa privada ya que el mercado se auto regula en base a la oferta y demanda.
Esta idea neoliberal, descreditada por las experiencias habidas, sigue con fuerza en la colonia. Los gobernantes ganan elecciones prometiendo eliminar el gobierno que aspiran a dirigir. Hacen contratos leoninos para vender hospitales, escuelas, carreteras, el sistema de comunicaciones, de agua y energía. Se ha recurrido a la deuda, inversión del capital en actividades del gobierno, para operar a favor de los intereses financieros y bancarios. Hoy, endeudados y sin capacidad de pago, la metrópolis crea una ley (Promesa) para que una Junta de representantes del capital administre la colonia y la rehabilite para tomar prestado.
Esta ley ha permitido desmantelar las corporaciones públicas que quedaban, quitar derechos a los trabajadores sindicalizados y los no organizados, congelar convenios colectivos y beneficios económicos negociados, despedir trabajadores, reducir a un mínimo el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, eliminar los sistemas de retiro de los empleados gubernamentales, reducir las pensiones y otros beneficios, atacar y poner en jaque los sistemas de pensiones de la AEE y la UPR, entre otros.
La desregulación busca eliminar la legislación que protege el ambiente y las agencia reguladoras. Los inversionistas y contratistas se burlan de los grupos ambientalistas y los atacan con violencia en todos los escenarios.
Y para colmo, la clase trabajadora ha pagado más de $2,000 millones por las gestiones de la Junta de Control Fiscal desde 2017 hasta hoy. Y seguimos pagando todo, los costos en dinero y los costos en servicios deficientes y ausentes.
Y la peor privatización existente, LUMA y GeneraPR, pretenden que levantemos nuestra protesta por un impuesto más en la factura de la energía eléctrica destinado al pago de las pensiones. Y los cabilderos pagados que dirigen programas de radio y televisión le hacen coro al pago anunciado.
La verdad es que las pensiones de la AEE, el seguro social y las pensiones de todos los trabajadores gubernamentales las hemos pagado siempre la clase trabajadora en ese contrato social que legitimó los impuestos llamados contribuciones. Todos nuestros pagos de impuestos van a costear las operaciones del gobierno. Así que el problema no son los impuestos. El problema es para que se usen. Si los impuestos se usan para garantizar los servicios esenciales de educación, salud, vivienda, trabajo y protección social o los impuestos son para favorecer a las elites de aquí y de allá.
O si por el contrario los impuestos son pagar una deuda que no es nuestra. O si los impuestos son para dar créditos contributivos a inversionistas extranjeros, a empresas que prometen empleos que no aparecen y otras acciones favorecedoras del gran capital. O si los impuestos son desviados mediantes altos salarios y beneficios a ejecutivos del gobierno y la empresas privadas contratadas.
La solidaridad de clase debe prevalecer. Todo trabajador paga las pensiones de los que trabajaron antes. Y necesitamos más trabajadores que paguen las del futuro. Pero los gobernantes quieren engordar los bancos de inversión con planes de retiro individual. Quieren eliminar los planes de retiro negociados entre uniones y patronos. Quieren que los trabajadores nos peleemos unos con otros mientras ellos se apropian de nuestros impuestos pagados.
El problema no son las pensiones. El problema es quienes gobiernan, para qué gobiernan, cómo gobiernan y para quienes gobiernan.
