Luego de 13 años de aprobada la Ley de la Reserva Natural del CEN, (Ley Núm. 126 de 25 de junio de 2012), que establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico la designación como reserva natural del área denominada Corredor Ecológico del Noreste, disponiendo que cualquier actividad o uso propuesto en sus terrenos “estará supeditado y dará prioridad a su preservación, restauración y conservación”, tal parece que el presidente de la Cámara de Representante, Carlos Johnny‘Méndez se cansó de la preservación y pretende cambios a la ley que permitan la construcción en los terrenos de dicha reserva.

La primera en reaccionar a este cambio de postura fue la directora de Sierra Club Puerto Rico, Hernaliz Vázquez, quien denunció que “es inconcebible y causa mucha suspicacia, que sea el mismo Johnny Méndez el que anuncie los posibles cambios a la ley, cuando él fue el coautor del proyecto que dio paso a la protección de más de 3,000 cuerdas de bosques, manglares, humedales, playas y arrecifes en el noreste de Puerto Rico. Es una contradicción y un acto de oportunismo político que, desde la convención de la Asociación de Constructores, se ponga al servicio de los mismos intereses privados que en el pasado intentaron imponer proyectos como Dos Mares Resort”, declaró mediante comunicado de prensa.

El presidente de la Cámara hizo sus declaraciones de intención de cambios a la ley en la convención de la Asociación de Constructores, celebrada en días recientes.

“Lamentablemente, los intereses económicos y políticos ciegan a cualquiera. Llamar al Corredor Ecológico del Noreste un terreno congelado es desconocer lo que pasa en los propios municipios que Johnny Méndez representa. El Corredor no es un terreno congelado, es un espacio vivo que protege a miles de especies y a nuestras comunidades. Pretender abrirlo a la construcción es ceder a los grandes intereses que piensan en desarrollo es solo sembrar cemento”, reiteró Vázquez.

La líder ambiental destacó, que además de su valor ecológico, el CEN ofrece una variedad de actividades ecoturísticas, incluyendo observación de tortugas, avistamiento de aves, alquiler de kayaks y caminatas interpretativas, que atraen a turistas interesados en experiencias naturales y culturales.

Recordó que la protección del CEN, que comprende sobre tres mil cuerdas de terreno a lo largo de la costa entre Luquillo y Fajardo, se logró luego de más de tres décadas de consenso multisectorial y que quienes la defienden solo se oponen a la destrucción del patrimonio natural y a la entrega del bien común a intereses privados.

La directora del Sierra Club instó al representante Méndez a actuar con coherencia y responsabilidad, priorizando el bienestar de las comunidades y la conservación del CEN por encima de intereses privados o decisiones oportunistas.

En tanto, en declaraciones grabadas, la representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciada Adriana Gutiérrez, se expresó sobre lo que describió como un menosprecio por parte de la administración del PNP hacia la conservación de nuestros recursos naturales y ambientales. En esa dirección, enumeró la orden del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que legalizó las casas en la Parguera y que luego fue convertida en ley; la ley que extendió la vida de la carbonera AES en Guayama; el respaldo a la construcción del megaproyecto Esencia en Cabo Rojo; otro en Punta Bandera en Luquillo; lo mismo en Fajardo, en el bosque estatal de Ceiba, y en el Área Metropolitana, en el precinto 4, la pretensión de desarrollar un proyecto, Paseo la Cima, en uno de los pocos pulmones verdes que quedan en el Área Metro y quizás el último pulmón verde que queda en el área de Cupey.

La legisladora del PIP rechazó comentarios de Méndez, de que no se podía “seguir siendo complacientes con los que se oponen al desarrollo”.

“Esas son expresiones irresponsables y alejadas de la realidad del país e intereses de la ciudadanía. No es que nos oponemos al desarrollo por oponernos. Por supuesto que nos vamos a oponer a todo tipo de desarrollo que tenga un impacto en nuestros recursos naturales y en áreas de alto valor ecológico, porque ¿con qué país nos vamos a quedar y vamos a dejar a las nuevas generaciones?”

Gutiérrez hizo un llamado a seguir ejerciendo la presión y la resistencia en todos los espacios desde la Legislatura y desde la calle.

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Cambios a la Ley Electoral

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciado Roberto Iván Aponte Berríos, rechazó que  el proyecto PS 717, presentado por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, fuese una  reforma electoral, es, más bien, es un proyecto a favor de su partido que nuevamente aplasta a las minorías, afirmó.

El proyecto presentado por Rivera Schatz resulta inesperado, dado al hecho de que hace unas semanas se presentó una resolución en la Cámara de Representantes, que fue apoyada por todos los partidos, para crear un cuerpo que analice la actual Ley Electoral, del 2020. A lo anterior, se suma que en el programa del PNP presentado durante la pasada contienda electoral no figuraban cambios a esa ley, que fue toda creación de dicho partido.

“Me parece lamentable que en un momento en que el país pide a gritos por los pasados años que haya una nueva ley electoral, en vez de sentarse todas las partes en una mesa, el presidente del Senado presente su proyecto a favor de su partido y nuevamente aplastando a las minorías”, denunció Aponte Berríos a CLARIDAD.

Acotó que el proyecto no es una reforma electoral de consenso, sino que, en términos generales, lo que  hace son unos cambios cosméticos a fechas del 2021. El proyecto continúa la prohibición de las alianzas y no atiende la representatividad de todos los partidos  en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), aun cuando queden  inscritos en las elecciones. Como prueba, expuso que en el presente en la CEE hay cerca de 400 empleados, la inmensa mayoría del PNP y del PPD (Partido Popular Democrático). El PIP tiene cerca de 20 y el Proyecto Dignidad (PD), el cual quedó inscrito, no tiene  ninguna representación. Esto no cambia en lo más mínimo en el proyecto presentado por el presidente del Senado.

Otro aspecto importante del proyecto, y que es evidente, señaló, es que en términos del voto ausente, a diferencia del voto adelantado, sobre todo por correo, lo que hace es limitarlo y regresa a un lenguaje de la vieja ley, que da menos tiempo para poderlo solicitar. Recordó que en las pasadas elecciones el candidato del PIP y la alianza a la gobernación, Juan Dalmau, sacó el 70 % de los votos.

Una de las cosas que hace con el voto adelantado por correo es bajarlo a 55 años la edad y dispone que se cuente 30 días antes al día de las elecciones; no el mismo día de las elecciones, como es ahora. El propósito de este adelanto, denunció, es que el PNP quiere que se filtre ese voto a su favor para el día de las elecciones generales, lo que contrasta con que el día de las elecciones las personas acudan a votar sin saber qué va a pasar. Eso también le da oportunidad de presionar a los que no hayan ido a votar.

Aponte Berríos cuestionó, además, el porqué del interés en bajar el voto adelantado a los 55 años y no hacerlo desde la edad para votar, los 18 años. “Saben que no tienen ese voto”, dedujo.

Otro aspecto cuestionable del voto adelantado,  es que este en sí es un evento electoral y en las elecciones pasadas quedó demostrado que la CEE no tiene el personal para seguir añadiendo días. Aun cuando no quiere descartar nada, propuso analizar bien las consecuencias. Observó que el PNP y el PPD tienen los destaques gubernamentales y el PNP  trabaja el voto adelantado con sus destaques e incluso con sus empleados del gobierno. Por su parte, el PPD, el cual tiene la mayoría de las alcaldías, lo hace con ese personal. El proyecto de Rivera Schatz también establece que dicho voto se puede contar sin que haya  representación de todos los partidos.

El otro aspecto cuestionable que propone el proyecto es que la solicitud del voto adelantado por correo no tiene que tener la misma dirección que figura en el Registro Electoral. El comisionado electoral del PIP rechazó este cambio y subrayó que es importante que la dirección del elector que lo solicite sea la que aparece en el Registro Electoral. Entre otras, porque la consecuencia de esto es que la persona no estaría votando en el domicilio electoral que le corresponde o que, incluso, la dirección no exista.

A todo lo anterior se une el que el PS 717 propone cerrar el registro electoral 50 días antes de las elecciones, lo que puede impedir la inscripción de nuevos electores jóvenes. Sobre este particular de cómo va la inscripción de jóvenes por parte de la CEE, Aponte Berríos confirmó que este mes de agosto se comenzó un proyecto para acudir a las escuelas superiores y el PIP propuso comenzar con las escuelas superiores a donde no se acudió el año pasado, por lo que ya hay más de 4,000 jóvenes de primer voto inscritos. Se espera atender a cerca de 81 escuelas públicas superiores. Luego de terminado este proceso, se espera regresar a las escuelas a las que se acudió el año pasado. Sin embargo, todavía no se ha acudido ni a escuelas ni universidades privadas.

Por su parte, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), en comunicado de prensa, también rechazó que el proyecto presentado fuese una “reforma electoral”, sino que es un “acomodar las reglas al gobierno de turno”.
“Este proyecto evidencia con claridad lo que venimos señalando desde el 2020: el bipartidismo acomoda las reglas dependiendo de la elección que anticipan enfrentar. En otras palabras, a su conveniencia. Esta medida no busca fortalecer la democracia, sino garantizar su ventaja política. Es un ciclo interminable de parchos que nunca atienden los problemas de fondo ni colocan al elector como verdadero protagonista de los procesos electorales”, expresó Lillian Aponte Dones, pasada comisionada electoral del MVC.

Al igual que el PIP, el MVC defendió que el voto adelantado debe ser para todas las edades. “El problema no es la existencia del voto adelantado, sino la falta de controles y transparencia en su administración. Eso es lo que mina la confianza del país, y este proyecto vuelve a ignorarlo”, declaró Aponte Dones.

Respecto a la propuesta del proyecto de  aumentar el número de Juntas de Inscripción Permanente (JIP), el MVC reclamó que: “En 2022, el MVC presentó una propuesta bien elaborada para establecer 40 JIP/JIT, una en cada distrito representativo, y tanto el PNP como el PPD se opusieron. En 2023, se volvió a someter y nuevamente se opusieron. Qué bueno que ahora reconozcan la necesidad de abrir más JIP; pero ¿por qué nadie habla de fortalecer el Registro Electoral Electrónico (eRe) para que sea más accesible y útil al electorado? Esa es la discusión que se rehúye, porque lo que buscan no es acceso, sino control”.

La excomisionada electoral insistió en que Puerto Rico necesita una verdadera reforma electoral construida en consenso con todas las fuerzas políticas y sociales del país, como se hizo en el pasado. “La intención de este proyecto no es abrir las puertas a la democracia, sino cerrarlas. Esto no es una ‘reforma electoral’, es una conveniencia disfrazada de democracia. Puerto Rico merece un sistema electoral que garantice más derechos, más participación y más transparencia.”, concluyó.