CLARIDAD
Las recientes detenciones han infundido un ambiente de incertidumbre y tensión en muchas comunidades
Caguas– La calle Eugenio María de Hostos en el barrio Savarona de este pueblo está muda. Salvo por unas señoras charlando frente a sus apartamentos y unos vecinos lavando sus carros, ni una persona anda por esta u otras callejas del sector. Mucho menos los obreros que se apeaban diariamente del mismo carro, en la misma esquina, a la misma hora, al regresar de sus trabajos.
La razón es consabida: desde que el presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald J. Trump, asumió el mando del ejecutivo federal, las personas migrantes viven con la preocupación constante de enfrentarse a la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) u otras autoridades fronterizas. Savarona, compuesta mayormente por gente de nacionalidad dominicana, no es la excepción. Desde hace unos meses, se han ejecutado numerosas intervenciones para deportar a personas indocumentadas y perfiladas como migrantes. Para lograrlo, agentes disfrazados y uniformados aguardan desde la esquina para patrullar la zona y “llevarse” a los trabajadores.
“La vez que se llevaron a dos, ellos (los agentes) estaban con chalecos como si trabajaran en construcción o algo así. Vienen en una van blanca, y han venido como tres veces en menos de un mes. Y eso acá, porque sé de otras áreas donde se han llevado un montón. Por donde está la (lavandería) Burbujita, hay un negocio cerrado porque se llevaron a una empleada y a dos o tres que vivían en la casa”, compartió, bajo el seudónimo Alanis, una vecina de la zona.
Pero la lavandería no es el único negocio impactado por estas redadas. Por donde converge la Hostos con la calle Monseñor Berríos, hay un colmado que filtra retazos de bachatas pesadas. Adentro, dos hombres reñían en una mesa de billar mientras tres los miraban y bebían. En la barra, otros seis más vaciaban y llenaban sus vasos con licores de todo tipo. La barista pendía de lado a lado como un metrónomo que servía alcohol. CLARIDAD intentó recopilar declaraciones de los concurrentes, pero ninguno– ni los contendientes del billar, ni sus observadores, ni ningún componente de la barra– quiso compartir. Al salir, uno de los espectadores del juego trancó la puerta.
“Todo el mundo recogido”, expresó Juan, seudónimo de un vecino dominicano, sobre la respuesta de la comunidad a las detenciones. Además, el residente de Savarona coincidió con Alanis al señalar la esquina donde pasan los agentes.
“Ellos se han tirado par de veces y se han llevado a varios. A veces tienen uniforme y a veces no. Esto siempre ha sido tranquilo, pero ahora casi no se ve a nadie”, ha dicho Juan mientras lustra la carrocería de su Ford F-150.
De pronto, la puerta del negocio se abre otra vez. Sale una dama a atender una llamada a la vez que echa un vistazo por las dos calles. Mira arriba de la Berríos, mira abajo. Repite el patrón con la Hostos. Termina su llamada y entra de nuevo. De nuevo se tranca la puerta. La calle, entretanto, sigue muda. Tan muda que se oyen los pájaros trinar por los árboles y el agua fluir por las cunetas. Apenas se oye, ininteligible, un noticiero lejano desde un balcón.
“A veces, ellos se sentaban allá en la esquina a coger fresquito. Ahora lo hacen muy poco y, si lo hacen, están como ariscos. Pero imagínate, se asustan. Yo no los he visto, pero a ellos los golpean. Aquí se dice que a muchos los golpean. Y déjame decirte que están buscando a los trabajadores, a los que se bajan en esa esquina. Allí se bajaban como tres o cuatro y se dividían pa’ las casas”, agregó Alanis.
Estas dinámicas crean un ambiente de incertidumbre en la comunidad, tanto para personas sin estado migratorio regulado como para sus vecinos de toda la vida, de acuerdo con Luis Santiago. Retirado del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), el residente de Savarona opinó que las medidas del gobierno — tanto el de Trump como el de la gobernadora Jenniffer González— carecen de empatía.
“La forma en que se ha llevado no es la mejor. De acuerdo con la política del presidente de los Estados Unidos, solo iban a coger criminales, pero lamentablemente se ha llevado gente con papeles, gente trabajadora. Y él cambia mucho de postura. Ahora se quiere llevar a los que trabajan en la agricultura. No hay justicia social”, sostuvo Santiago.
Igualmente, el exoficial del DCR desconoce de intervenciones en la zona. No obstante, admitió sospechar de ciertos vehículos y personas en el área que aparentan ser agentes de alguna autoridad policial. “Después de tantos años, uno sabe de eso”, añadió. El vecino de Savarona entiende que el gobierno local tiene el deber y la capacidad de hacerle frente a las políticas del mandatario.
Por su parte, el Municipio de Caguas se desvinculó de toda redada o arresto que se expida en el ayuntamiento. En un comunicado dirigido a este medio, el asesor en Seguridad Luis Miranda Morales expresó el rechazo de la administración.
“En nuestra ciudad viven extranjeros que han llegado en busca de mejores oportunidades. Entiendo que la migración no debe ser vista como un problema, sino como una oportunidad para construir comunidades más ricas en diversidad, solidaridad y progreso”, reza el mensaje. Del mismo modo, el funcionario anunció que el Municipio dialoga con organizaciones sin fines de lucro para apoyar a las familias afectadas en Caguas.
“Hacemos un llamado a la ciudadanía a mantenerse bien informada sobre este asunto y a conocer la forma adecuada de reaccionar ante estos procedimientos, los cuales, según ha trascendido públicamente, continuarán. Es importante destacar que, aunque nuestra Policía Municipal tiene como función principal velar por la seguridad y el orden público a nivel local, no participa en operativos migratorios”, concluyó la misiva del pueblo.
“Se han expandido, no solamente están en el área metropolitana”
En entrevista telefónica, la directora ejecutiva del Centro de la Mujer Dominicana, Romelina Grullón, reconoció que las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) se dan en todo el país. Aunque “gran parte” se da en Santurce y Río Piedras, nos cuenta Grullón, la incertidumbre está presente en todos lados.
“No se sabe exactamente cuándo van a estar. A veces sabemos porque la gente dice ‘mira, acaba de irse ICE, que estaba por ahí’ o lo mandan por las redes, pero no sabe exactamente cuándo van a atacar. Tampoco la cantidad de veces que atacan, y hay muchas redadas y muchos arrestos que uno ni siquiera se entera”, explicó la directora ejecutiva.
En ese ambiente, Grullón adujo que la solidaridad de la comunidad puertorriqueña es clave en momentos como ahora. Y a pesar de las iniciativas y campañas que se han emprendido — como la declaración de hospitales y farmacias como santuarios—, la activista entiende que “la mayoría” continúa refractaria al buscar servicios.
“Nosotras tenemos los servicios abajo por eso mismo, porque no queremos exponer a algunas personas. No sabemos, no se sabe exactamente cómo serán las detenciones. Pueden estar en el Tren Urbano, en la estación de la guagua… No se saben los métodos con que van a hacer las redadas y los arrestos”, indicó Grullón.
La tarde transcurre sin mayores aspavientos. Los carros pasan por la Hostos para salir del casco urbano hacia otras partes de la Ciudad Criolla. La bachata del negocio continúa tenuemente sonando, como una voz amortiguada, por la calle vaciada. La puerta, por si acaso, sigue con seguro.
