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El espectro del ELA

 

Especial para CLARIDAD

Por lo menos de los fundadores del Estado Libre Asociado se puede decir que articulaban lo que entendían que era un nuevo tipo de relación con los Estados Unidos como un mecanismo que podía resolver los problemas sociales y económicos de Puerto Rico. Cuánto lograron con ese mecanismo es materia de debate. Pero el discurso de Pablo José Hernández el pasado 25 de julio, en la conmemoración de la Constitución de Puerto Rico, reduce el problema colonial a uno meramente jurídico. Al hacer eso, vacía el debate sobre el estatus de Puerto Rico de cualquier contenido concreto, programático. Al hacer eso, imposibilita un cambio de rumbo.

Pablo José reconoce que el Estado Libre Asociado y el autonomismo se encuentran en un “estancamiento”, en “crisis y desorientación”. Se debe, según él, a la imposición de la Junta de Control Fiscal y a dos decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos (Puerto Rico vs. Sánchez Valle, U.S. vs. Vaello Madero). Estas limitaron “la soberanía [de Puerto Rico] en casos penales” y reafirmaron: “que el Congreso podía tratarnos diferente en programas de bienestar social, y reconoció que no teníamos más autonomía que los estados”.

La economía aquí brilla por su ausencia. El análisis de Pablo José no toma en cuenta el fracaso del proyecto petróleo-químico en la década de los 1970, que fue el proyecto económico emblemático del ELA; tampoco toma en cuenta que, posterior a este fracaso, la economía en gran medida vendría a girar alrededor de la Sección 936, es decir, de un inciso en la ley tributaria federal; ni toma en cuenta que la eliminación de la Sección 936 por el Congreso de los Estados Unidos llevó a una crisis económica y fiscal en 2006, dos años previos a la Gran Recesión; no toma en cuenta que esta crisis transformó por completo la composición social de Puerto Rico, los niveles y los estilos de vida, la demografía. El mundo que el ELA creó estuvo dando tumbos tres décadas hasta finalmente desplomarse en la primera década del siglo XXI. Pablo José no responde a esta historia, a la materialidad de la crisis del ELA. Solo a su espectro.

Como se trata de una discusión sin contenido, la defensa del autonomismo y del ELA mejorado no depende de que estos sean un mecanismo más apropiado para el país que se desea. Ese país deseado ni siquiera fue materia de discusión en el discurso. El método del descarte basta. “La estadidad para Puerto Rico es imposible”, dice. “La independencia sí está disponible, pero los puertorriqueños abrumadoramente la rechazan […]. Y si la estadidad no está disponible ni es deseable, y la independencia está disponible pero no es deseable, por eliminación, parece que solo podemos mantener lo que tenemos”. No estamos ya ante la idea del “mejor de dos mundos”, sino “el menos malo entre todos”.

Es el mismo método que usan, dicho sea de paso, sectores estadistas o independentistas que han perdido fe en que la historia de este país será la obra del propio pueblo. Con descartar jurídicamente (¿?) las demás opciones, se tiene la batalla asegurada, como si la definición del país que queremos se resolviera igual que se resuelve una lista de compras.

Ante la crítica que le han hecho al autonomismo por sus carencias al definir “ELA mejorado”, Pablo José presenta “tres principios”: “economía”, “identidad”, “democracia”. Lejos de especificar un proyecto, sin embargo, cae en generalidades. “Economía” se reduce a “fortalecer la economía puertorriqueña”, que implica depender menos de fondos federales (aunque también dice que luchará por aumentarlos) y a “maximizar recursos” producto de la autonomía. “Identidad” se reduce a la no asimilación, y a participar en más foros internacionales, “como hacemos ya”. “Democracia” quiere decir trato igual en programas federales, un mecanismo para consentir o no en la aplicabilidad de leyes federales en la isla y clarificar los poderes del Congreso y los de Puerto Rico en esta relación. Justo después, sin embargo, aclaró que “tampoco necesariamente impulsaremos cada uno de estos ejemplos concretos”.

El problema de fondo es que la preocupación de Pablo José es la refundación del Partido Popular Democrático, no la refundación de Puerto Rico. Si lo segundo fuese el caso, se necesitaría, realmente, un análisis concreto de la crisis de la colonia capitalista, haría falta un proyecto económico coherente y detallado, un análisis de cuáles pudieran ser vehículos políticos que impulsaran ese proyecto. Se requeriría el apelar a las necesidades del pueblo trabajador, como incluso intentaron hacer, con todas sus contradicciones, los fundadores de su propio partido. Aquí, sin embargo, se apoya meramente el espectro del ELA, es decir, un ELA vaciado de su contenido original, sin las corporaciones públicas que le caracterizaron, por obra del mismo PPD (los intentos de la privatización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Telefónica bajo el gobierno de Rafael Hernández Colón; la privatización del aeropuerto que fue respetada por Alejandro García Padilla; la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica que es obra bipartita), sin autonomía fiscal, en fin, sin proyecto social.

Pablo José no es una figura política capaz de fundar ni proponer, parece, sino solo de aprovecharse del vacío para continuar con su aspiración, de carácter, no social y colectivo, sino individual. Por eso, la llaneza de su análisis de la historia y de la realidad inmediata. Mucho más se pudiera decir sobre su forzada interpretación de los logros del autonomismo.

Una alternativa real a las múltiples crisis con las que carga Puerto Rico requiere de una discusión y de un análisis colectivo, que no podrá llegar a otra conclusión que a la superación de la colonia y de la supeditación económica de Puerto Rico a los Estados Unidos. En ese momento, quizás, la palabra “refundación” tenga algún tipo de contenido, y no sea un mero espectro. O, en todo caso, si lo fuera, que sea como el espectro del padre de Hamlet, anunciando, como decía Hostos, la revolución.

“Puerto Rico tiene sol para la eternidad”

Entrevista a Arturo Massol Deyá

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

“Al igual que Arabia Saudita tiene petróleo para muchos años, en  Puerto Rico nosotros tenemos sol para la eternidad. La pregunta es por qué no hacemos más aprovechamiento de ese combustible, y el gas, para lo que falte en última instancia, en lo que se logra una transición completa”, defiende el profesor Arturo Massol Deyá.

Para el director ejecutivo de Casa Pueblo, organización comunitaria que se ha distinguido en la promoción de proyectos de energía solar y la continua discusión sobre la situación con el servicio eléctrico, las alternativas y medidas que promueve el gobierno de aumentar el uso de combustibles fósiles son una decadencia continua, dado a que todo lo que se plantea es “como yendo hacia  atrás, no se ve avance en el manejo de este tema”.

Al asomo de que el gobierno, mediante la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), ha iniciado el proceso para una posible cancelación del contrato de  LUMA Energy, la empresa privada encargada de la distribución y transmisión del servicio de energía, insistir en un cambio de modelo energético se hace más pertinente.

El hecho es que ya del 10  al 15 % de la generación para consumo residencial en Puerto Rico es solar, esa producción  supera el carbón o petróleo en la isla. Las razones para que continuamente  se vaya la luz es la falta de mantenimiento y de que, tanto  LUMA como la empresa Genera PR,  responsable de la generación,  no cumplen con sus responsabilidades, señaló Massol Deyá.

“Privatizaron con el compromiso de que iban a dar mantenimiento y estabilizar la operación, y las carencias son por falta de mantenimiento, porque capacidad instalada centralizada existe”.

El director ejecutivo de Casa Pueblo denunció que la narrativa de LUMA y Genera, de falta de dinero, daños en las instalaciones, y otros argumentos,  es una narrativa para forzar la gasificación y la asignación de más fondos, ya que  los privatizadores no invierten ni han invertido nada de capital propio en la infraestructura energética. Reconoció que hay muchas unidades apagadas, pero están  apagadas porque no se les está dando mantenimiento, “pues seguro, no va a haber”, dijo respecto al servicio.

Al presente, la suma de la producción de energía solar por el día, que es cuando hay sol, que generan  más de 150 mil casas y otros espacios como Casa Pueblo, se ha documentado que previene más de un 25 % de apagones. De no existir la producción solar que están generando  los actuales sistemas solares instalados, los apagones podrían ser un 25 %  más severos. En ese sentido, reclamó  que la gente que ha  invertido en paneles solares con mucho sacrificio le está evitando apagones a los que no tienen: “No ha sido ni Genera, ni LUMA, ni la AEE quienes han puesto capital para esto”, subrayó.

Sobre las reclamaciones de Genera de que se necesitan generar 800 megavatios  (MW)  de emergencia,  dijo que no podía  pasar juicio sobre esa aseveración, porque tiene muchos hilos. No obstante, observó que si las unidades estuviesen bien no harían falta esos 800 MW. Esa falta es el reconocimiento de la incapacidad de Genera de cumplir con su responsabilidad, apuntó. “Si se necesitan 800 MW adicionales es porque están incumpliendo, porque antes no los necesitábamos”.

Massol expuso que si se evalúa el contrato de $20 mil millones, que era el costo del contrato entre Genera y su matriz News Fortrees Energy  para suplir gas por 15 años, un 47 % de la demanda de combustible era para las plantas del norte. Cuando se dividen esos $20 mil millones entre  un millón de abonados, en combustible nada más la gente estaría pagando $20 mil dólares en los próximos años. Massol Deyá calificó de vergonzoso y extractivista las pretensiones del  contrato y no dejó pasar por alto que ya la planta AES y Ecoeléctrica en Aguirre utilizan ese mismo combustible. Recalcó que el  modelo de combustible fósil es extremadamente costoso. De hecho, el 50 %, es decir, la mitad de cada dólar de lo que se paga en Puerto Rico de la factura eléctrica es el ajuste por combustible.

La Medición Neta

En cuanto a la  medición neta, que es el excedente de energía solar que producen las personas que tienen paneles solares, LUMA  la vende a los abonados como si fuese  producida con petróleo, como si estuviesen usando las líneas de distribución y transmisión.

El activista reclamó que en la medida en  que se defina el sol como el combustible primario a usar, aunque sea diurno, el ajuste por combustible debe ser cero y eso debe reducir por lo menos el costo por combustible, lo que beneficiaría  a la gente que no tiene paneles solares.

Como un referente de cambio de hacia dónde debemos dirigirnos y por qué el sol debe ser la fuente de energía expuso: “Si la energía que yo produzco tú la consumes, deberías tener una tarifa diferencial por lo menos en lo diurno. Uno podría pensar a qué hora del día, qué fuente se está usando y que el ajuste de combustible corresponda a ese combustible. Si es el sol, pues el ajuste por combustible es cero, si es de  noche que se está usando gas, quizás es más caro”.

Massol Deyá denunció que las intenciones de la Junta de Control Fiscal (JCF) de eliminar la medición neta lo que hace es privilegiar y defender la privatización y castiga y penaliza la solución, que es movernos a la energía solar. Elaboró que cuando se suma  toda la inversión para mil megavatios de energía solar de  inversión ciudadana, la deuda pública de la AEE no ha aumentado, el gobierno no ha tenido fondos para invertir en el tema energético, es la gente la que lo está haciendo  e inclusive está asumiendo una responsabilidad que no le corresponde, por lo que la intención de eliminarla o reducirla resulta en una penalización.

La evolución de la tecnología

Un aspecto que señaló de la energía solar es que la tecnología ha ido cambiando y cada vez hay más y mejores formas de aprovecharla, por lo que cuestionó el porqué de no irnos en esa dirección. Ya es sabido, según estipuló el estudio Puerto Rico PR 100, que la isla puede producir más del 100 % de su demanda energética con el sol.

El director ejecutivo de Casa Pueblo hizo la observación de que en ocasiones en la discusión pública se riñe entre el modelo público y el privado, y que es evidente que el privado ha fracasado. Pero eso no debe reñir con que la gente participe, porque el colectivo es parte de esa solución. Sugirió que con la quiebra de la empresa Sunnova la  alternativa está en que ese modelo de negocio sea el que se deba adoptar: una corporación  pública para impulsar la transición energética. “Si era bueno para Sunnova, también lo puede ser para una autoridad pública que incluya a la gente como parte de la transición energética”, aunque hizo la aclaración de que Sunnova tenía una competencia desleal y se fue a la quiebra. También señaló que la AEE igual se fue a la quiebra, pero por endeudamiento, por lo que adelantó que hay otras formas de financiamiento.

Piden cuentas los pescadores al Departamento de Agricultura

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La Federación de Pescadores y Defensores del Mar de Puerto Rico, Inc. (FEPDEMAR) reclamó al Departamento de Agricultura (DA) que cancele la contratación con municipios para manejar villas pesqueras, por obstaculizar y encarecer la labor de los pescadores.

El presidente de FEPDEMAR, Miguel Ortiz Serrano, afirmó a CLARIDAD que aunque  hay algunos alcaldes que están ayudando  a los pescadores, la mayoría no lo están haciendo. “No vemos ninguna mejoría en que se le haya arrendado una villa pesquera a un municipio porque se supone que las villas son para los pescadores, se supone que los municipios ayuden a los pescadores, y eso no está sucediendo”.

Según denunció, hay un montón de villas pesqueras cerradas alrededor de la isla, entre 20 a 25, como la de Naguabo, Maunabo y Patillas.Otras necesitan reparaciones, por ejemplo, la de Palo Seco,  Ceiba,  Naguabo y, el Boquete en Peñuelas. Lo mismo sucede con las del área oeste, como en Aguadilla y Aguada.

“Hay tantas  villas pesqueras con los muelles y rampas destruidas que da pena y ganas de llorar ver la situación. El sector pesquero no ha podido despegar, desarrollarse por falta de atención del gobierno y los alcaldes. Porque dinero hay. No se hace la gestión, los funcionarios públicos no están haciendo los esfuerzos ni la gestión necesaria para echar hacia adelante el sector pesquero”, expuso.

Ortiz Serrano reconoció que la excepción es la villa pesquera de Guayama, que él preside. “Siempre  hemos hecho un esfuerzo para mantenernos, y la realidad es que el alcalde, O’brain  es un ejemplo para los alcaldes,  ha dado la milla extra con los pescadores. Así debe ser en todo Puerto Rico”.

El presidente de la FEPDEMAR relató que se reunieron con el secretario del DA y acordaron tener reuniones mensuales de seguimiento, con asuntos de interés para los pescadores. La exigencia de la Federación es que se cancelen  los contratos con municipios que no cumplen con el Reglamento 7626 y se preste atención urgente al estado de las villas pesqueras con identificación de fondos asignados.

Explicó que el Reglamento7626 establece las reglas por las cuales las asociaciones de pescadores y los municipios pueden alquilar las villas pesqueras que están bajo jurisdicción del DA. El reglamento establece que la prioridad para administrar las villas la tienen agrupaciones de pescadores y, en caso de no haber una asociación disponible, la administran municipios. Los conflictos han surgido cuando las villas las administran municipios aun habiendo asociaciones interesadas.

Un caso que la Federación denunció que ejemplifica la situación con los municipios es la Villa Pesquera de Ceiba, en la playa Los Machos.  Según relató Ortiz Serrano, la Villa Pesquera de Ceiba,  ANSI —una empresa presidida por un pescador con más de 40 años de experiencia— se ve obligada a pagar un alquiler mensual al municipio, que a su vez tiene el contrato con el DA  y le subarrienda la villa pesquera a ANSI.

Ernesto Correa Torres, pescador presidente de ANSI, planteó que entre otras acciones, el municipio autorizó a una persona a estacionar su embarcación en el muelle flotante de la villa, en violación directa del Reglamento 7626, que limita su uso al embarque y desembarque. “Esa embarcación lleva días allí, se niegan a moverla y ha provocado conflictos graves entre pescadores, además de dañar visiblemente el muelle, construido en plástico y que, según se presume, fue adquirido con fondos FEMA. Cada marejada representa un nuevo impacto de la embarcación, de unos 25 a 27 pies, contra la estructura, acelerando su deterioro”, señaló Correa Torres.

A parte de las situaciones que enfrentan con los municipios, Ortiz Serrano confirmó a este periódico que aunque  el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) otorgó al 80 % de los pescadores el dinero de ayuda directa para compensar los daños ocasionados por los huracanes Irma y María, todavía hay 60 pescadores que  no han recibido su compensación. El dinero $7.6 millones fue otorgado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, siglas en inglés). Ortiz Serrano divulgó que la NOAA le comunicó que  si el  DRNA no otorgaba el dinero en  60 idas —de lo que ya va un mes— le retiraría el dinero. “No entiendo qué es lo que pasa con Recursos Naturales, que no da un pie al frente y termina de otorgar ese dinero que tanta falta le hace a los pescadores”.

Algo similar, denunció, sucede con los fondos asignados por FEMA ($1.8 millones) para la reparación de  las villas pesqueras. “No sabemos absolutamente nada de ese dinero”. Ortiz Serrano narró que el secretario personalmente le aseguró que se iban a encargar de que los muelles y las rampas se arreglasen. Todavía están esperando hace tres a cuatro meses… No han visto  nada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pueblo tiene que seguir presionando para cancelar el contrato de LUMA

 

 

CLARIDAD

 El comienzo de la cancelación del contrato de LUMA Energy, anunciado por el Zar de Energía, Josué Colón, es un primer paso necesario para mitigar la crisis energética que afronta Puerto Rico. No obstante, dos fuentes consultadas por CLARIDAD coincidieron en que la importancia del proceso radica en las próximas tres etapas, donde la negociación puede fracasar o redundar en otro operador privado.

Para el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, experto en el tema, el anuncio del Zar de Energía abarca unos incumplimientos “esenciales” mientras atiende otros más “triviales” que, además, el consorcio privado puede rectificar, malogrando la cancelación completa. “Todas esas cosas se pueden negociar”, sostuvo el abogado.

“Primero, la carta no recoge todo lo que se le puede imputar a LUMA… pero es un primer paso que era necesario. El proceso es lo que es más importante, lo que viene ahora. Porque ya está escrito, está documentado, pero aquí es donde cualquier cosa puede pasar. De hecho, los primeros 30 días son un proceso de negociación en donde las partes se reúnen”, explicó Emmanuelli Jiménez.

De acuerdo con el representante legal de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), ese primer plazo resulta crítico ante las posturas “timoratas, manipulables, sin espina dorsal, que se pliegan a todo lo que piden las compañías privadas” de los gobiernos pasados. La traición, agregó Emmanuelli, estribaría en que la administración de turno negocie un acuerdo que favorezca la permanencia de LUMA, la operación privada del sistema energético y su encarecimiento.

“No resolvería el problema del deficiente servicio eléctrico que tenemos en Puerto Rico, ni de haber dilapidado el dinero de Puerto Rico ni de los aumentos dramáticos que vienen. Aquí, la luz se podría poner a $0.33 por kilovatio, y eso no lo aguanta nadie”, aseveró el licenciado, quien formó parte de la Comisión Especial del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) que concluyó, en 2024, la nulidad de los contratos de LUMA Energy y Genera PR.

La segunda etapa, aún más crítica a juicio de Emmanuelli, integra una mediación que pretende “alinear las voluntades” y, por lo tanto, frustrar cualquier asomo de cancelación. “Está en la misma línea de la negociación”, dijo el abogado. La tercera etapa es cuando fracasa la negociación.

“Cuando sumamos todos estos términos, estamos hablando de más de 180 días, ¿sabes? Son seis meses. Cuando viene el fin de la mediación, a los 90 días de haber empezado, ahí es que tiene que haber una carta que notifique formalmente que se canceló el contrato”, advirtió.

Emmanuelli Jiménez detalló que los incumplimientos “triviales” que anunció Josué Colón no traen consecuencias concretas respecto a la cancelación porque, en muchos casos, LUMA Energy puede enmendar fácilmente esas fallas. Al anunciar el inicio del proceso, el Zar de Energía presentó supuestas violaciones en estas seis tareas:

  1. Niveles de interrupción.
  2. Manejo de fondos federales para reconstrucción.
  3. Cantidad de fondos para operar
  4. Mantenimiento de vegetación y líneas de transmisión.
  5. Rendimiento de informes requeridos para auditorías.
  6. Cobro a empresas de telecomunicaciones que utilizan postes públicos.

“Es fácil estipular si yo (el operador) nunca te dije nada sobre la cotización financiera del sistema, ahora te lo voy a decir. Eso se estipula y no hay consecuencias posteriores”, afirmó el experto.

Por otra parte, el exrepresentante del consumidor en la AEE Juan Rosario reconoció los esfuerzos que, a diferencia de administraciones pasadas, este gobierno parece emprender para resolver la crisis eléctrica. Sin embargo, Rosario entiende que el contrato de LUMA Energy es, en principio, un acuerdo absurdo que no amerita las etapas de negociación.

“Yo anularía el contrato en lugar de cancelarlo porque, para eso, ni siquiera tendría que entrar a los planteamientos del contrato. Lo que estaríamos planteando es que el contrato era nulo de su fase. El contrato nunca debió haberse firmado, y hubo una negociación con dolo, con engaño. Porque LUMA hizo una serie de representaciones sobre su peritaje que son falsas”, manifestó el experto.

Sobre este punto, Emmanuelli coincidió en que las promesas y representaciones falsas de LUMA Energy– y de Genera PR, por igual– contravienen el consentimiento y la buena fe que legitiman el acuerdo. “Si tú contratas un plomero y el plomero no sabe bregar con los tubos, el plomero te engañó”, abundó Emmanuelli.

Con relación a las seis violaciones que el Zar de Energía incluyó en su anuncio, Rosario opinó que cualquier señalamiento “va a quedar corto” ante la cantidad considerable de desperfectos sistémicos que el sistema eléctrico sufre bajo la dirección de LUMA Energy. Aunque estimó cualquier denuncia “válida”, considera que muchas pueden ser apeladas exitosamente en un tribunal.

“Desde el primer momento en que LUMA asumió sus tareas, estuvieron violando disposiciones del contrato. El contrato está hecho de una manera que protege a LUMA antes de que se tenga que ir; hay mecanismos hechos para un solo lado. Este contrato parece más un contrato de adhesión que un acuerdo entre dos partes. Como cuando compras un celular, que no negocias con la compañía proveedora, pues este contrato parece ser así”, concluyó Rosario.

Por último, Emmanuelli exhortó a que la ciudadanía se mantenga vigilante ante las siguientes etapas, ejerciendo presión para que el Estado dé paso a la cancelación del acuerdo con LUMA Energy. Para eso, se convocó una manifestación el martes, 29 de julio, a las 4:00 p. m., frente al centro comercial Plaza las Américas.

“Si el pueblo no presiona, esta gente hace lo que le dé la gana. Recibo con actitud positiva el inicio del proceso, pero con mucha cautela”, terminó el abogado.

 

 

 

 

Epstein, economía del crimen y derechos humanos: cuando el poder protege al depredador

 

Especial para CLARIDAD

 

Epstein el caso que sacudió al mundo y luego fue silenciado, ¿por qué? Y ¿quiénes están envueltos? Es un caso dentro de la economía del crimen y la trata de personas que son fenómenos interconectados que generan importantes beneficios económicos, así como costos sociales. El crimen organizado en el capitalismo, incluyendo la trata, opera como una industria global que mueve grandes sumas de dinero y explota la vulnerabilidad de las personas con fines lucrativos. Entender la dinámica económica de estos delitos es crucial para diseñar estrategias efectivas de prevención y combate.

El caso de Jeffrey Epstein, magnate estadounidense acusado de liderar una red internacional de tráfico sexual de menores al servicio de elites políticas, empresariales y financieras, es uno de los episodios más reveladores de las últimas décadas. Pero más allá del escándalo mediático, este caso debe ser analizado en su verdadera dimensión: como un espejo del sistema económico-político global, donde el crimen, el dinero y el poder coexisten en redes de impunidad. Cómo las élites políticas y económicas se protegen ante sus acciones criminales, dónde la justicia no aplica a las élites, y surge el concepto de “Estado profundo”.

El concepto de «Estado profundo» (deep state) es una idea política que sugiere la existencia de una estructura de poder no elegida democráticamente que opera detrás de los gobiernos formales, influyendo o incluso controlando decisiones clave sin rendir cuentas al público. Y Elon Musk lo develó al asumir cargos en el gobierno de Trump. Aunque el término es polémico y suele ser usado de forma conspirativa, tiene raíces en estudios sobre burocracias, redes de inteligencia, intereses económicos y militares que operan con gran autonomía dentro del aparato estatal. En el caso Epstein, las víctimas, en su mayoría niñas y adolescentes de sectores vulnerables, no solo fueron abusadas sexualmente, sino también despojadas de sus derechos más básicos en el marco de una economía criminal funcional al capitalismo neoliberal, en la que la trata de personas se convierte en un activo más del sistema.

Dentro del capitalismo, la economía del crimen, donde uno de sus negocios lucrativos es la trata sexual como industria del poder es parte de estos casos. El cuerpo de las niñas como territorio de impunidad ante el crimen organizado. El crimen organizado genera enormes ganancias a través de diversas actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, armas, personas, recursos naturales y la falsificación. La trata de personas se ha convertido en un mercado global lucrativo para los traficantes, quienes obtienen beneficios de la venta y explotación de personas, además tiene graves consecuencias para el desarrollo humano y social, afectando la salud, la educación y el bienestar de las víctimas y sus comunidades.

Jeffrey Epstein no fue un “depredador solitario”, fue un nodo de una red de poder, fue el centro de una compleja red de poder donde la economía del crimen asume el negocio de la trata, la corrupción y requiere la protección institucional. Entre sus vínculos estaban: Bill Clinton (viajes documentados en el «Lolita Express»), Donald Trump (amistad cercana en los 90), el príncipe Andrés del Reino Unido (acusado directamente de abuso sexual), Bill Gates (reuniones personales después de la primera condena de Epstein), y múltiples empresarios, académicos, abogados, jueces y agentes de inteligencia. En las acusaciones, Epstein manejaba una red de tráfico sexual con fines de chantaje y acumulación de capital político y económico. Lo que vendía no era sólo sexo, vendía acceso, control e información sensible. Donde el Estado profundo con sus redes de poder estables y opacas que protegen al capital y sus abusos. Por condiciones económicas se reclutaban las víctimas en condiciones de pobreza, muchas eran adolescentes vulnerables, sin apoyo familiar ni recursos económicos. A las mismas se le hacían promesas de empleo, dinero o becas, que se han convertido en mecanismos clásicos del tráfico humano. A cambio la obtención de favores sexuales como moneda de cambio, Epstein ofrecía a sus víctimas a terceros poderosos, posiblemente grabando los encuentros para obtener material de chantaje.

A pesar de su historial criminal conocido desde la década de 2000, Epstein fue protegido por fiscales federales, jueces indulgentes y redes mediáticas que minimizaron sus delitos. En el 2008, obtuvo un acuerdo judicial (plea deal) que lo eximió de cargos federales y le permitió cumplir una sentencia ridículamente leve, con permisos diarios para salir de prisión. Tuvo privilegios como salidas laborales diarias y fue liberado tras 13 meses, fue encubrimiento sistemático.

A eso se une el lavado de dinero y evasión fiscal mediante fundaciones, propiedades en paraísos fiscales y estructuras fuera de las fronteras nacionales (offshore). Y el financiamiento de figuras académicas y científicas para legitimar su imagen filantrópica, ocultando la base criminal de su fortuna.

Este entramado revela que la trata de personas es funcional a las lógicas de acumulación capitalista, y no una desviación del sistema del que forma parte del sistema.

La negación de los derechos humanos de las víctimas y las sobrevivientes de Epstein que han denunciado durante años los abusos sufridos, pero sus voces fueron desoídas. Fueron silenciadas, desacreditadas y revictimizadas, incluso por el aparato judicial. El caso viola múltiples normas internacionales de derechos humanos.

Los derechos violados incluyen, el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a la justicia y reparación, el derecho a una vida libre de violencia y explotación y el derecho a que el Estado actúe con diligencia debida para prevenir, sancionar y erradicar la trata

La muerte de Epstein en prisión, en circunstancias altamente sospechosas, cerró la puerta a una investigación judicial transparente. Epstein fue hallado muerto en su celda en 2019, en lo que oficialmente fue declarado un suicidio. Donde las cámaras dejaron de funcionar, los guardias se “durmieron” o abandonaron su puesto, y el forense de la familia dijo que el cuello tenía fracturas típicas de estrangulamiento.

Y el juicio posterior a su cómplice Ghislaine Maxwell fue opaco, sin publicación de los nombres de los abusadores, lo que agrava la impunidad. A pesar de que el caso involucraba una red transnacional de trata, muy pocos medios profundizaron en la dimensión estructural del crimen. El juicio contra Ghislaine Maxwell (su socia) se mantuvo cerrado al público, y no se hicieron públicos los nombres de quienes abusaron de las menores. Esto sugiere un pacto de protección o autocensura institucional, muy típico de lo que se describe como Estado profundo.

El Estado estadounidense  y las instituciones judiciales, policiales y de inteligencia, lejos de actuar como garante de los derechos humanos, ha jugado un papel cómplice u omisivo. La indulgencia con Epstein no fue casual ya que protegía secretos de poder. Por eso este caso expone lo que algunos politólogos llaman el Estado profundo esas redes de poder que actúan más allá del control democrático, fusionando intereses públicos y privados para garantizar la continuidad del sistema.

El resultado las víctimas fueron utilizadas y descartadas; los poderosos siguen impunes. El caso Epstein no será un punto de inflexión, sino una advertencia de cuán protegida está la economía del crimen cuando sirve al poder.

El caso Epstein es una manifestación brutal de cómo el capitalismo global permite que los cuerpos de mujeres y niñas pobres se han convertidos en mercancía, chantaje o espectáculo, si eso conviene a los intereses del poder económico y político.

El caso Epstein revela cómo redes de poder económico, político, judicial y mediático pueden operar al margen de la democracia y el derecho, encubriendo delitos graves con protección institucional.

Aunque el término “Estado profundo” debe usarse con precaución (para no caer en teorías conspirativas sin base), Epstein es uno de los casos más documentados en los que se visibiliza una estructura de poder paralela, que actúa para proteger a los poderosos incluso cuando cometen crímenes atroces.