Mi último poema corta caña en Camagüey.
Lleva sombrero de yarey y botas:
Ni robot ni zombi, sofocado, bajo el duro sol.
Da sus manos y sus ojos a la zafra.
Lejos, en París, en una mesa de café
Gentes que nunca han uncido un poema.
A la belleza del buey revolucionario,
Se pregunta: «¿se puede ser poeta en Cuba?»
Para ellos, un poema se aleja de la luz
Si se convierte en un hombre con brazos de hombre:
Si funde metal y siembra café
Si cultiva, cantando, tabaco y malanga,
Si se entusiasma con una nueva represa,
Si es miliciano, si es guardafrontera,
Si es guevarista, si hace la revolución.
Ya no es poema, y en París, arriesga
Que a pedradas lo maten por las calles.
Mi último poema tienne la ropa enfangada,
La reja del arado brilla bajo sus alas,
Tiene ampollas en los dedos, y fornica
Con hadas que manejan pico y pala.
Él responde a las dudas sobre las relaciones
Entre la poesía y la Revolución,
Y tiene la audacia de un cohete que asciende
Hacia la luna, y es rebelde a toda liturgia
Y a todo dogma que salga del horno estalinista.
Heme aquí poeta en Cuba, poeta portador
De un fuego que comparte sus diamantes con el verano.
Mi vida tutea a un socialismo que asegura
A la libertad sus razones y sus bienes.
Mi último poema tiene cada día un poco
Menos de arrugas en su rostro, y cada día
El júbilo del hombre inunda un poco más sus riberas.
Hunde los pies en el barro de los arrozales
Y da sus huesos a la marcha de la historia!
Desde que los sectores conservadores de la más recalcitrante derecha ganaron las elecciones en noviembre de 2024 en Estados Unidos, se han confirmado los temores, las premoniciones, las pesadillas de las organizaciones y personas que estamos en las trincheras de lucha por la defensa de los derechos humanos. El ataque es visceral para echar atrás las reivindicaciones de las mujeres, de la comunidad LGBTQ+, de las poblaciones migrantes que sueñan con un mejor porvenir, aunque ello conlleve cruzar montañas, desiertos, ríos, enfrentar grandes peligros y exponerse al tráfico humano. El abuso de poder y la falsa democracia también han impactado a las personas con diversidad funcional, a las que son marginadas y sufren el menoscabo de su dignidad por razón de raza, color de piel, origen social e ideas políticas. En fin, se ha convertido en blanco de ataque toda la gente que es parte de la diversidad que el gobernante de Estados Unidos considera maldita, pero que en realidad son parte esencial de la humanidad y constituyen la riqueza de los Pueblos.
En el hermoso archipiélago borincano la realidad también dejó atrás lo imaginable. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que compite por el premio del más conservador hasta con su imagen en el espejo, abrió las compuertas en enero pasado con la presentación de docenas de proyectos al inicio de la primera sesión Legislativa del gobierno de Jenniffer González. Desde la mal llamada e innecesaria “Ley de Libertad Religiosa” que ya fue firmada por la gobernadora, la lista de propuestas para imponer su visión ideológica y partidista es apabullante. El derecho de las mujeres y personas gestantes a tomar las decisiones relacionadas con su salud sexual y reproductiva, lo que incluye tener o no tener crías, cuándo y con quién, así como llevar a término o interrumpir un embarazo no deseado, ha sido uno de sus objetivos favoritos. Siempre ha sido agenda de la ideología patriarcal el control de las vidas de las mujeres mediante la intromisión en la toma de decisiones sobre sus cuerpos y la maternidad, pero tanto en Estados Unidos como aquí, nos están dando las tres tazas del caldo que no queremos.
De la cuestionable y deficiente por demás acción legislativa de estos primeros seis meses, destaco en esta ocasión el proyecto del Senado 504, que conlleva enmiendas al Código Civil que se aprobó y entró en vigor en el 2020. La revisión de tan complejo marco jurídico de 1930 conllevó un prolongado, difícil y controversial proceso de discusión que involucró a muchas personas expertas en Derecho y a sectores interesados que comentaron diversos borradores, hicieron propuestas y participaron en las vistas públicas que se llevaron a cabo. Entre los malos recuerdos está la ex representante María Milagros Charbonier, entonces presidenta de la Comisión de Jurídico y hoy presa federal por corrupción, quien tuvo a cargo la responsabilidad de la legislación. Aunque el Código incluye todos los temas relacionados con el derecho privado, uno de los más controversiales fue el Libro de “Relaciones Jurídicas” en el cual se define cuándo se es persona y ésta comienza a ser sujeta de derechos. El P. del S. 504 propone cambiar los artículos 67, 69 y 70 para establecer que “el ser humano en gestación”, nasciturus o feto “es persona natural en cualquier etapa de gestación dentro del útero”, que sus derechos hereditarios están sujetos a que nazca y que esos derechos no “menoscaban la potestad de la mujer en gestación de tomar decisiones sobre su cuerpo.”
El proponente del Proyecto pretende hacer creer que las enmiendas tienen el propósito de disipar cualquier duda respecto a que la intención legislativa con el código de 2020 era reconocer como persona natural el producto de la fecundación del óvulo y espermatozoide desde ese momento. Pero, de lo que se trata es de imponer un criterio ideológico sobre cuándo se es persona. La realidad científica, al margen de las creencias religiosas que no pueden regir el Derecho por lo numerosas y variadas que son, fija el momento cuando ocurre el parto y hay vida independiente de la mujer y persona gestante que tuvo el embarazo. Es más que claro que, tratándose de un asunto que fue y continúa siendo objeto de tanta controversia, las personas que trabajaron el Código habrían redactado de forma expresa que se es persona desde la fecundación, lo que no ocurrió. Sí le reconocieron derechos al concebido no nacido para lo que le fuera, favorable como son los derechos hereditarios.
Las enmiendas que plantea el Proyecto, comprometen la libre determinación de las mujeres y personas gestantes a tomar decisiones sobre sus cuerpos y un posible embarazo, aun cuando se incluya una afirmación de que los derechos del nasciturus no menoscaban los derechos de las mujeres a tomar decisiones sobre su embarazo. La interferencia es evidente y, lo menos que ocurrirá es que se multiplicarán las controversias legales cuando entren en contradicción el derecho a la intimidad y a la dignidad del ser humano protegidos por la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico (Artículo II, Secc.1 y 8 y los derechos del Nasciturus. Como señaló el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en su Memorial de oposición al Proyecto, el derecho a la intimidad incluye la autonomía de las personas. Pretender que los embriones, fetos, sean considerados personas, independientemente de cuál sea el momento de la gestación afectará también tratamientos médicos para la fertilidad de las mujeres y personas gestantes que desean, pero tienen dificultades para procrear, así como los métodos de concepción in vitro. La agenda de la derecha conservadora es eliminar el derecho a la autonomía de los cuerpos de las mujeres, protegido por el derecho a la intimidad que garantiza la Constitución de Puerto Rico, lo que incluye la libertad de terminar un embarazo no deseado en consulta con la médica o médico. Aquí el derecho al aborto es legal, no importa los desatinos de la Secretaria de Justicia en sus expresiones públicas.
Al momento en que escribo esta columna, el P. del S. 504 está atascado en la Cámara de Representantes, no necesariamente porque vayan a hacer una evaluación ponderada de la propuesta, sino por la falta de eficiencia de los cuerpos legislativos y el tajureo partidista tan frecuente en El Capitolio.
Los esfuerzos de quienes prevalecieron en las elecciones del pasado noviembre deberían dirigirse a atender los incontables problemas que enfrentan los sectores más necesitados en nuestro país, como la extrema pobreza en la cual viven 382, 987 niñas, niños y jóvenes, según datos del Instituto del Desarrollo de la Juventud; o las calamidades que la población de educación especial enfrenta durante el año escolar para recibir la educación apropiada a la cual tienen derecho; o a desarrollar estrategias eficientes para prevenir la violencia machista que durante este mes de junio ha sido causa de 12 feminicidios.
La actual sesión legislativa en Puerto Rico culminará el 30 de junio, pero la agenda de la derecha continuará en agosto y durante tres años más. El Partido Nuevo Progresista tiene los votos para aprobar lo que quieran y no son pocas las veces en que la delegación del Partido Popular Democrático casi se viste de azul para apoyarles. En Estados Unidos Trump no se cansa de inventar políticas ejecutivas de acoso y menoscabo de derechos hacia los sectores que desprecia. El peligro que emana de su presidencia se ha agravado por el entusiasmo con que se ha entrometido en los conflictos bélicos de otras naciones, pero sobre los que gravitan los intereses económicos y políticos de Estados Unidos.
Ante la Derecha que avanza tenemos un solo camino: la lucha y resistencia, según palabras del patriota Oscar López Rivera.
La coalición Queremos Sol cuestionó por qué el gobierno insiste en tecnologías que pueden representar un peligro para Puerto Rico, como lo es la energía nuclear aun en sus versiones compactas o modulares, y el gas metano. Las declaraciones de Queremos Sol se dieron mediante comunicado de prensa ante expresiones públicas de la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary Carmen Zapata, de que Puerto Rico debe evaluar la energía nuclear y la conversión o construcción de nuevas generatrices a base de gas metano.
Ingrid M. Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO y portavoz de Queremos Sol, recordó que la propuesta del uso de energía nuclear es un asunto ya estudiado y abordado por expertos que coinciden en que la tecnología nuclear no es adecuada para nuestra isla. De igual forma, el gas metano contamina y no provee reducción ni estabilidad en los precios, pues responde a las fluctuaciones de precio del mercado.
“En contraste, el despliegue de energía renovable en techos con almacenamiento gestionado desde el sector público, según propone Queremos Sol, no solo estabilizaría la tarifa, sino que reduciría vulnerabilidades ante amenazas de eventos locales e internacionales. Hay que preguntarse por qué los funcionarios públicos siguen ignorando esta alternativa”.
Por su parte, el doctor Agustín Irizarry, catedrático de Ingeniería Eléctrica del RUM y miembro de Queremos Sol, indicó que ya más de 158,000 familias han optado por la energía renovable en su carácter individual y lo que hace falta es voluntad para que el Gobierno avance a adoptar plenamente la energía renovable, que sigue siendo la política oficial según establece el Negociado de Energía.
Indicó que las energías renovables, como las que propone Queremos Sol, distribuidas en los techos de los hogares con almacenamiento, se han movido a paso acelerado en Puerto Rico desde 2108, logrando sobre 1,100 megavatios instalados a la fecha.
Otra de las portavoces de Queremos Sol, Maritza Maymí, recordó que para mejorar el sistema y encaminarlo a una transición hacia energía solar hay $16,000 millones de dinero federal disponible que puede utilizarse para transformar el sistema eléctrico a base de energía renovable distribuida.
Denunció que LUMA, que ya lleva cuatro años, y Genera, dos, escasamente han usado unos cientos de los miles de millones disponibles y lo han gastado en la misma red centralizada y a base de combustibles fósiles.
Otra organización que expresó su rechazo a la posibilidad del uso de la energía nuclear fue Ciudadanos en Defensa del Ambiente: “Permanecemos atentos y listos para la acción. Por un lado, frente a la declaración de la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, Mary Carmen Zapata, a favor de la implementación de la energía nuclear en Puerto Rico y, por el otro, frente a los rumores de que con el cierre del vertedero en Arecibo se pueda estar considerando nuevamente la instalación de un incinerador para desperdicios sólidos”, advirtió el reverendo Wilfredo López, portavoz.
La postura de la directora ejecutiva de la AEE, contrasta con la de la gobernadora, Jenniffer González, sobre el futuro del sistema eléctrico. En una entrevista con el periódico El Vocero, en noviembre del 2024, ya habiendo ganado las elecciones, la gobernadora dijo sobre el uso de la energía nuclear: “Aunque pudiera ser más barata, aunque pudiera ser más estable, aunque pudiera conllevar cambios en latecnología, personalmente, quizás me equivoque, pero yo no veo que ni yo ni el pueblo de Puerto Rico estemos preparados habiendo oído de accidentes nucleares… No voy a exponer a Puerto Rico a eso”.
El acecho para desplazar a la comunidad, a los vecinos de siempre, de la entrada de la isleta de San Juan no viene de ahora. Viviana Hernández vio venir el desplazamiento desde la década de los 70 del siglo pasado. La incursión de los alquileres a corto plazo es su culminación, con la pretendida ocupación del icono complejo de viviendas El Falansterio, en Puerta de Tierra.
“Desde los años 70 el Falansterio, Puerta de Tierra, no habían visto una mejoría. El barrio se comenzó a dañar con muertes, drogas, una serie de problemas sociales. Al ver movimiento, algo nuevo me asustó, lo que pasaba con Puerta Tierra. Para mí, mejorar el barrio era, por ejemplo, mejorar las escuelas, los residenciales, las canchas, traer deportes, más servicios sociales, y como no pasaba más que lo mínimo, como no pasaba nada, pensaba que se quedaba así”, describió la líder comunitaria, del Falansterio, sobre las promesas de gobernantes de esos años de que había dinero para mejorar al barrio.
Viviana Hernández Foto Por Alina Luciano/CLARIDAD
Su temor se agudizó cuando demolieron el residencial Puerta de Tierra. “Eso fue un dolor, porque son personas que tú conoces de toda la vida; te están quitando la identidad” Fue ahí que, dijo, despertó su inquietud de ser líder comunitaria. “Al pasar el proceso de Puerta de Tierra en lo personal fue muy doloroso para mí por el testimonio de dos personas que vivían allí.
Agregó que luego tumbaron Las Acacias. “Ahí dijeron lo mismo, ‘que va a ser para gente del barrio’, aunque hay unas personas que no los sacaron, pero no son tantas. Prometieron un asilo de ancianos, eso fue a voz de pueblo. No se dio lo que se dijo que se iba a dar. Para tú vivir en sitios como Bayshore Villas tienes que tener en tu bolsillo $250 mil o más”, esto último se refiere al complejo de viviendas que hoy ocupa el espacio donde estuvo el residencial Puerta de Tierra.
Hernández, quien es natural de Puerta Tierra y residente de El Falansterio desde el 71, comentó que sabe que era necesario hacer unos cambios en la comunidad, “pero en este caso los cambios no fueron para beneficiar a la comunidad, sino beneficiar otros motivos”.
Para no perderlo todo, la líder comunitaria, mencionó que tienen una página en Facebook que se llama, Puerta de Tierra, en la que hay información desde sus orígenes indígenas hasta hoy en día de las personas, lugares, canciones, cuentos, leyendas. Incluso hicieron una modesta publicación de un libro (100 ejemplares) con biografías de personas de Puerta Tierra nacidos o criados en el barrio. La página es manejada por el ingeniero Juan Torres Rivera.
Una de esas historias es la de una señora mayor a la que sacaron del residencial Puerta Tierra bajo la promesa, como les hicieron a todos, de que la comunidad iba a ser arreglada para que volvieran, y no fue así. La señora fue a vivir a otra comunidad en la cual iba hacer compra todos los meses con un vecino. En una ocasión, un hijo que vivía con ella brincó de su balcón al del vecino, ya que este no le contestaba, y se cayó. Estuvo cuatro días en el hospital y murió. “Me dijo la señora, cuando le estaba haciendo su biografía: ‘Si no me hubieran sacado de Puerta Tierra, mi hijo estaría vivo’. ¿Qué tú haces con una cosa así?”, preguntó la residente del Falansterio.
La construcción del Paseo de Puerta de Tierra es otro intento de desplazamiento de la comunidad, señaló. El paseo que va desde el Normandie hasta el Capitolio, ese lado norte de Puerta de Tierra, era conocido como Bajamar. El lugar tenía animales, corales, peces, había gente que pescaba y hasta vivía en el lugar. “El paseo lineal hizo que cambiaran las rutas de las guaguas, lo que también cambió al barrio. Pusieron paradas ofensivas, inclinadas, para que no se sentaran a dormir deambulantes”, denunció indignada, a la vez que defendió que los deambulantes son seres humanos.
“Se nota qué es lo que está pasando. Ahora mismo, al San Antonio, creo yo, le va a pasar lo mismo, porque lo están arreglando muchísimo. Al frente tienen el que será el puerto que va a haber desde el frente del Centro de Convenciones de Isla Grande a Puerta de Tierra. Son cosas que uno, atando cabos, se da cuenta de que te están sacando. Desde el Cuerpo de Ingenieros todo esto lo van a tumbar, el cuartel lo van a tumbar para hacer negocios, me imagino, para poner a todo Puerta Tierra apto para lo que viene, que son los ricos y los turistas”.
El Falansterio
Fotos por Alina Luciano/CLARIDAD
Mientras, en El Falansterio, la presencia de los alquileres a corto plazo les está comenzando a quitar el sueño a muchos. Los escándalos de música alta, portones rotos, el uso de áreas comunes; personas de mayor edad que viven solos no se atreven a salir, denunció.
El Falansterio que fue el primer proyecto de vivienda pública construido en Puerto Rico, inaugurado en el 1937, y hasta el 1976, operaba como una cooperativa de vivienda. Ese año se le otorgó escritura de propiedad a cada socio y se eliminó la cooperativa.
“Después de las escrituras, ahí la gente dijo yo puedo hacer lo que me dé la gana. No todo el mundo lo hizo, yo tengo mis escrituras. Al tener las escrituras, el problema es que hay personas que respetan y hay personas que no, y, antes, con la cooperativa, había un motón de reglamentos que había que respetar, había justicia, orden. Pero al tener el título de propiedad, la persona puede vender a quien le da la gana, no se le dice nada, no lo llevan a la junta ni a la administración”.
Hernández dijo que la comunidad no ha tenido una asamblea en la que se decida si quieren que se pueda tener o no los alquileres a corto plazo. Agregó que tienen un reglamento que data del 2008, en el cual no está prohibido directamente el alquiler, pero sí habla de hospederías, por lo que las personas que alquilan se agarran de que la palabra hospedería no les aplica porque hospedería es negocio y ellos no son negocio, aducen que esa es su casa, su propiedad.
“Están equivocados. Primero, esto es residencial, esto no es tuyo ni mío. Esto es de la gente que vive aquí. Número tres, eso trae gente extraña que pueden ser buenos como puede ser gente mala, no se sabe quiénes son, qué pito tocan, si son traficantes o si son gente buena, porque los hay que puede ser gente buena. Eso aquí está prohibido”, expresó enfática.
De acuerdo a la líder comunitaria, la Junta de Directores le está dando largas al asunto y no acaba de tomar la decisión de llevar a cabo una asamblea para que los socios decidan. “Aquí ya casi no vive nadie y los que viven no quieren meterse porque no es fácil enfrentar a personas que se te quedan mirando como si les estuvieras hablando de una cosa extraña, y no hacen nada”. Observó que la mayoría de las personas que viven en el Falansterio es gente mayor. Precisó que en los 216 apartamentos que tiene el complejo, al presente viven menos de 25 familias, los demás apartamentos o están cerrados y pagan mantenimiento o no hay herederos. “No sé lo qué están esperando o qué es lo que pasa, otros son alquilados a largo plazo”.
Hernández afirmó que tiene evidencia escrita de que se está intentado celebrar una asamblea para tomar una decisión. Sobre si están recibiendo presión para que las personas vendan su apartamento, admitió que aunque “no es que les pongan una pistola de que te tienes que ir”, hay maneras, porque cuando El Falansterio completo se llene de gente de alquileres a corto plazo y la asamblea se ponga de acuerdo y pidan $800 de renta, “los que estamos ahora viviendo, que no somos de la gracia de ellos, nos vamos a tener que ir porque yo no puedo pagar $800 de renta ni aquí ni en ninguna parte. Hay gentes que están luchando y no se están dejando engañar. Lo de los alquileres a corto plazo se les ha dicho y no hacen caso. Estamos en esta lucha, pero se hace lo que se pueda”, cerró a modo de desahogo.
Múltiples sectores de la comunidad universitaria manifestaron sus críticas
CLARIDAD
En una decisión que contrarió a gran parte de la comunidad universitaria, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) nombró, el sábado pasado, a la doctora Zayira Jordán Conde como la nueva presidenta de la institución. La victoria de la expresidenta de Atlantic University se dio tras dos rondas de votaciones cerradas.
En la votación, que se adelantó por casi una semana, ocho integrantes del cuerpo rector desafiaron las posturas oficiales de nueve de los 11 recintos al votar por Jordán Conde. Además, el nombre de la exaspirante a la comisaría residente en Washington no figuró entre los candidatos preferidos o sugeridos. Anteriormente, el Comité de Búsqueda y Consulta de la UPR recomendó públicamente a la Dra. Angélica Varela Llavona, rectora del Recinto de Río Piedras, y al Dr. Agustín Rullán, rector del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), como primera y segunda opción, respectivamente.
“Los trabajadores del sistema universitario expresamos nuestra profunda preocupación ante una posible imposición político-partidista en la selección del próximo presidente de la institución… Rechazamos la imposición de candidatos sin aval de la comunidad universitaria. Hemos escuchado que la gobernadora pretende imponer a una candidata externa que no ha recibido el respaldo de ninguno de los comités de consulta”, expresó, antes de la determinación, un comunicado conjunto de cinco gremios de la UPR.
La misiva por igual denunció la posible imposición del presidente interino de la institución, Miguel Muñoz Muñoz. De acuerdo con la advertencia– con firma de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), la Federación Laborista de Empleados Universitarios del RUM (FLEURUM), la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), el Sindicato de Trabajadores de la UPR (STUPR) y la Unión Bonafide de Oficiales de Seguridad (UBOS) – se contemplaba la permanencia del interino, “también impuesto por la gobernadora”.
“Ambas opciones representan una falta de respeto a los procesos democráticos y participativos que deben regir en la UPR y violentan la autonomía universitaria”, continúa la denuncia. En esa línea, el caucus de representantes estudiantiles lo calificó de “guerra abierta” contra la comunidad universitaria.
Por otro lado, los gremios agregaron que el nombramiento de una persona proveniente de una institución fuera de la UPR ignora las problemáticas que le afectan. No se puede, cuentan en la carta, innovar ni dirigir bien un sistema que no se conoce. De ejemplo, mencionaron el desempeño del expresidente Jorge Haddock cuando dirigió el sistema universitario entre 2018 y 2021. Haddock, quien precedió a Luis A. Ferrao Delgado, fue presionado a renunciar hace cuatro años por “insatisfacción con su desempeño”.
“La Junta de Gobierno nombró al secretario de la Gobernación, Lcdo. Francisco Domenech, al comité de búsqueda del nuevo o la nueva presidenta de la UPR. El mismo que metió presión para imponer al Dr. Muñoz Muñoz… Eso no funcionó con Muñoz. Tampoco funcionó cuando trajeron desde afuera a Jorge Haddock”, compartió la HEEND.
Rechazos desde espacios políticos
“El bipartidismo siempre ha mantenido secuestrada a la Universidad de Puerto Rico. La intromisión partidista para controlarla y nombramientos que responden a ese interés han estado innegablemente presentes en los gobiernos del PPD y del PNP. El principio de autonomía universitaria ha sido transgredido una y otra vez, como ahora, con la imposición de una presidenta que no contó con el aval y consentimiento de la comunidad universitaria”, expresó, por su parte, la representante pipiola Adriana Gutiérrez Colón.
Además, la legisladora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) enfatizó en que, “mientras el bipartidismo gobierne”, este tipo de intromisión no cesará. Las expresiones de Gutiérrez Colón se unen a la postura de su compañero de hemiciclo, Dennis Márquez Lebrón, quien se solidarizó con el estudiantado ante “esta terrible práctica”.
Días antes de divulgarse el resultado de la votación de la Junta de Gobierno, la coordinadora general del MVC, Ana Irma Rivera Lassén, alertó sobre este posible desenlace, destacando cómo la UPR continúa socavando la confianza y estabilidad comunitaria al funcionar como “rehén de las agendas partidistas”. Similarmente, la licenciada clamó por más participación síndico-gremial en estas decisiones.
“Con el nombramiento de la Dra. Jordán Conde, pierde la Universidad. Sus propuestas se resignan al abandono de la Universidad, a continuar las políticas de austeridad y pretenden aumentar la subordinación de la UPR al sector privado. Es una presidenta que no viene a defender la Universidad ni mucho menos a desafiar las amenazas de futuros recortes y cierres de recintos”, comunicó, por su parte, la presidenta de la Juventud (Jota) del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Gabriela Flores.
Flores coincidió, por separado, con el actual aspirante a dirigir la Jota, José Carlos Rivera Santiago. El joven periodista, quien además aspiró a la alcaldía de Cayey por el MVC, catalogó la selección de Jordán Conde como la respuesta a “favores políticos” que la doctora debía desde los comicios del 2024.
De manera similar, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) vinculó a Jordán Conde con las altas esferas del Partido Nuevo Progresista (PNP).“Zayira Jordán Conde es, ante todo, una activista del PNP y la anexión. Su lealtad está con el partido político que la ha colocado en ese cargo, no con la Universidad. Ha quedado demostrado claramente cómo desde Fortaleza, el PNP se apropia de la UPR como botín de guerra”, sentenció la colectividad.
El nombramiento de la Dra. Zayira Jordán Conde se da a cuatro meses de la salida del Dr. Ferrao Delgado de la presidencia. En febrero pasado, el entonces jefe del sistema universitario enfrentó fuertes críticas por dar paso al cierre de 64 programas académicos. A pesar de revertir la decisión temporalmente, el funcionario presentó su renuncia al cargo.
