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Declaración de observadores internacionales sobre el proceso de elecciones Venezuela 2024.

 

Los observadores internacionales de las elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela que representamos a 107 países del mundo, declaramos a la comunidad internacional lo siguiente: 

  1. Felicitamos al pueblo venezolano por la realización de este proceso democrático electoral que ha sido un verdadero ejemplo de participación, civismo y
  2. Reconocemos el valioso trabajo del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela que garantizó la realización de elecciones en todo el territorio venezolano a través de un mecanismo electoral con los mayores estándares de transparencia y auditabilidad que los colocan como uno de los mejores del mundo.
  3. Reconocemos además la solidez del Consejo Nacional Electoral y la entrega de los resultados que despejaron el intento de vulneración del proceso a través de un ataque cibernético que tenía como fin generar incertidumbre.
  4. Felicitamos al presidente Nicolás Maduro Moros y al Gran Polo Patriótico por esta contundente victoria por la paz, el futuro y la felicidad del pueblo venezolano.
  5. Llamamos a la comunidad internacional a respaldar el proceso democrático venezolano y condenar los intentos de desestabilización y violencia generado por la extrema derecha venezolana, internacional e imperial.

Por la Paz, la dignidad y la soberanía de los pueblos.

Ciudad de Caracas, Venezuela, el día 29 de julio del 2024

 

Firmantes:

  1. Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela
  2. Instituto Nacional de Formación Política de MORENA
  3. Defensem Cuba de
  4. Assemblea Bolivariana de Catalunya
  5. UNTE-SN PY
  6. Agrupación Nacional POPULISMO K
  7. Podemos, España
  8. Red de Cubanos Residentes en América Latina y el Caribe
  1. LaKanaya Costa Rica
  2. Red Europea de Solidaridad con la Revolución Bolivariana
  3. Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular – CONAICOP Medios
  4. Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Països Catalans
  5. Movímiento Democrático de Mujeres (FDIM-España)
  6. Izquierda Unida (IU)
  7. Partido Comunista de España (PCE)
  8. Juventud Comunista de España (UJCE)
  9. IPA (International People’s Assembly)
  10. Partido Popular Tekojoja de Py
  11. ALBA Suiza
  12. Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) do Brasil se soma al apoyo
  13. Asociación Americana de
  14. Central Continental de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación
  15. Comite de Solidaridad con Venezuela – Costa Rica
  16. Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social LATINDADD
  17. CPGB-ML (Communist Party of Great Britain- Marxist-Leninist)
  18. Partido del Progreso y Socialismo-PPS- Marruecos
  19. Frente Patria Grande – Argentina
  20. Partido Vanguardia Popular, Costa Rica
  21. Movímiento Democrático de Mujeres (FDIM-España)
  22. FMLN-El Salvador
  23. Comité Internacional Paz Justicia y Dignidad a los Pueblos
  24. Frente Transversal Nacional y Popular, Argentina
  25. Vocesenlucha – Comunicación Popular (Castilla – Estado español)
  26. Rete dei Comunisti Italia
  27. Partido Comunista – Federación Juvenil Comunista Argentina
  28. Red Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas
  29. Frente Socialista de Puerto Rico
  30. Comite de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico
  31. Partido Vanguardia Popular, Costa
  32. Red de Solidaridad con Palestina y Venezuela en Puerto
  33. Red de Bibliotecas populares Hugo Chávez Frías- Paraguau
  34. Concejo de Organizaciones Sociales y Populares del Paraguay
  35. Movimiento Paraguayo de Solidaridad con la Revolución Bolivariana Chavista

 

  1. Nuevo País (México)
  2. Intal (Bélgica)
  3. Movimiento Evita y partido La Patria de los Comunes – Argentina
  4. Movimiento de los trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST)
  5. Partido Convergencia Paraguay.
  6. Comité Antifacista 4T
  7. Asamblea del Poder Popular del Guayas – Ecuador
  8. Partido Vanguardia Popular, Costa
  9. Colectivo de Solidaridad Chile -Venezuela. Salvador Allende
  10. La Simón Bolívar – Argentina
  11. Colectivo Jornada por la Paz de Guayaquil – Ecuador
  12. Partido Popular Tekojoja
  13. Asamblea Popular del Guayas – Ecuador y colectivo Jornada por la Paz de Guayaquil
  14. Potere al Popolo – Italia
  15. Partido Comunista Peruano
  16. ALBA Movimientos
  17. MTL ARGENTINA
  18. CONAICOP MÉXICO
  19. Partido Popular Socialista de México
  20. Jóvenes Por el Socialismo
  21. Red Voces Paraguay
  22. Foro de Intelectuales y Académicos Progresistas del Paraguay
  23. Asociación de Mujeres Campesinas y Populares del Paraguay
  24. Red Continental de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas
  25. Comunistes de Catalunya
  26. Esquerra Unida i Alternativa
  27. Observatorio del Sur Global – Argentina
  28. Frente Unidad Para Vencer de Ecuador
  29. Corriente Peronista Descamisados de Argentina
  30. CONAICOP Pueblos Originarios
  31. Asamblea Nacional Ciudadana de Ecuador
  32. Federación Rural – Movimiento Popular Nuestramerica – Argentina
  33. Ítaca, Organització Internacionalista dels Països Catalans
  34. MPE- Movimiento de Participación Estudiantil
  35. Partido Comunes (Colombia)
  36. RedH Capitulo Uruguay, y Mate Amargo
  37. Partido político Perú libre, Perú
  38. Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular – El Salvador
  39. Juventud CTA- T Argentina

 

  1. La Neurona Rebelde Argentina
  2. Movimiento de Izquierda Revolucionaria – MIR de Chile
  3. CEB del Ecuador
  4. Patria y Futuro de Argentina
  5. Asamblea Nacional Ciudadana de Ecuador
  6. ATE Capital (Argentina)
  7. Corriente Nuestra Patria, de Argentina
  8. Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
  9. Agencia de Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL)
  10. Encuentro Patriótico – Argentina
  11. Confederación Intersindical Galega (CIG), de Galiza
  12. La Cámpora – Argentina
  13. La Escuela socialista comunitaria-Bolivia
  14. Feminismo comunitario Abya
  15. Comite antifascista 4T Patria
  16. Grupo América Latina Partido Izquierda Europea
  17. Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos Y Sociales, Panamá
  18. Frente Cultural Bolivariano de Ecuador
  19. Partido de la Refundación Comunista (Italia)
  20. Organización Global para Cooperación y Desarrollo (GOUV)
  21. Asociación de Solidaridad con Antigua y Barbuda.
  22. Movimiento del Socialismo Allendista de Chile
  23. Pacto de Unidad de Bolivia
  24. Confederación de mujeres Campesinas indígenas originarias de Bolivia Bartolina Sisa
  25. Comitê Anti-Imperialista General Abreu e Lima
  26. Movimiento Mayo -Argentina
  27. Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera SOEIA

La Alianza tiene definidos sus objetivos de campaña

Foto Alina Luciano/CLARIDAD

 

 

Juan Dalmau Ramírez y Ana Irma Rivera Lassén hablan sobre “las posibilidades reales de triunfo” en estas elecciones 2024.

CLARIDAD

Consolidar las fuerzas electorales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), por sí solo, es insuficiente para ganar las elecciones del próximo 5 de noviembre. La dupla formada por Juan Dalmau Ramírez y Ana Irma Rivera Lassén está consciente de que necesitarán atraer votantes nuevos o sumar votos entre quienes están inconformes con los dos partidos que se han alternado en el poder.

Para ello, la Alianza de País —formada entre ambos partidos— apuesta a la inscripción de los 150,000 electores nuevos entre las edades de 17 a 21 años, así como a la educación para combatir la desinformación y la campaña de miedo de parte de la oposición, además de apelar al electorado indeciso e inconforme a través de sus propuestas.

“Los pueblos, sus procesos, no son de un día para otro; son un proceso de transición. Ahora, que partimos de esa fuerza electoral, las posibilidades reales de que logremos un triunfo en las próximas elecciones están al alcance de la mano”, afirmó el secretario general del PIP y candidato a la gobernación, Dalmau Ramírez, a preguntas de CLARIDAD.

En las elecciones de 2020, los resultados de Dalmau Ramírez y Alexandra Lúgaro como candidatos a la gobernación por el PIP y MVC, respectivamente, sumaron 27.5 %. Tras el acuerdo alcanzado por ambos partidos para hacer campaña juntos por el cargo a la gobernación y la comisaría residente en Washington D.C., la encuesta más reciente (comisionada por la alianza entre Wapa TV, WKAQ y El Vocero) colocaba a Dalmau Ramírez con el 24 % del favor del pueblo en las elecciones de 2024, por encima, incluso, del candidato del PPD, Jesús Manuel Ortiz.

Los votos obtenidos por ambas colectividades en la pasada elección estaban 5.7 puntos porcentuales (o 73,000 votos) por debajo de lo adjudicado a Pedro Pierluisi como ganador de la contienda.

Dalmau Ramírez opinó que las circunstancias políticas de los últimos 4 años han cambiado notablemente, con el “colapso” del PPD y el surgimiento del Proyecto Dignidad como una franquicia electoral que compite con el Partido Nuevo Progresista (PNP). “No veo, hoy día, a las instituciones políticas que representan al bipartidismo del PPD y PNP más fuertes; al contrario, las veo debilitadas tanto en su liderato como en el fracaso de su proyecto político”, observó.

“Las condiciones son mucho más favorables en estas elecciones que en las pasadas, y tenemos una plataforma electoral de apoyo mucho mayor”, agregó.

Las encuestas para este mismo período en el ciclo electoral anterior lo colocaban con un 8 %, pero obtuvo el favor del 14 % del electorado como candidato en 2020. “El hecho de que en este momento tengo un 24 %, es una plataforma para las posibilidades de en los próximos tres meses alcanzar el triunfo”, dijo confiado.

Rivera Lassen, coordinadora del MVC, también recibió con satisfacción los resultados de la última encuesta que la colocan con el 11 % de los votos para la candidatura a comisionada residente en Washington D.C., pues dice que “hasta ese momento mi lucha era que me reconocieran como candidata oficial”; pero no había podido hacer campaña. Agregó que la cantidad de indecisos en la encuesta (25 %) es tal que puede cambiar por completo el resultado.

La Alianza anunciará próximamente los acuerdos alcanzados para las candidaturas en los distritos senatoriales y representativos. “Tenemos que buscar la forma, antes de que se impriman las papeletas modelos, de cómo ir orientando”, aceptó Dalmau Ramírez.

Ambos reconocieron que este instrumento no es el más apropiado, sino “el resultado de las actitudes antidemocráticas” de quienes quisieron impedir la coaligación y retaron su interpretación sobre las candidaturas por método alterno. La decisión del Tribunal Supremo sacó de la papeleta a los cuatro candidatos por acumulación del MVC, dos de los cuales empezaron campañas para nominación directa o write-in.

“Lo que la gente va a enfrentar en las próximas elecciones va a ser bien diverso. No quiero decir complejo, en términos de imposible; pero va a reflejar la diversidad de las opciones que el pueblo quiere en las elecciones”, comentó Rivera Lassén.

Le tienen miedo al voto joven

Durante los últimos tres meses de campaña previo a las elecciones, las prioridades de esta dupla será conseguir que se inscriba gran parte de los 98,000 electores jóvenes que aún quedan sin hacerlo. La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) dejó de visitar escuelas y universidades, lo que, a juicio de ambos, es la razón primordial por la cual solo se ha inscrito una tercera parte de las 150,000 personas jóvenes que cumplieron la edad para participar por  primera vez de una elección. La fecha límite es el 21 de septiembre.

“Es tan evidente que le tienen miedo a ese voto joven, la gente del Partido Popular y del PNP, haciendo deliberadamente todas estas acciones”, puntualizó Rivera Lassén.

Ambos entienden que será fundamental educar sobre el voto mixto y por candidatura, así como dar énfasis a las propuestas que les diferencian de los partidos en el poder. Rivera Lassén opinó que, en última instancia, estas elecciones se centrarán en contestar: “¿Cuál es el proyecto de país que tú quieres? ¿Un proyecto súper conservador donde no se le reconocen los derechos humanos a las personas o un país más inclusivo donde estamos hablando de defender los derechos esenciales, con economía sostenible y que no hay una situación de que no es posible tener empresas que tengan compromiso social?”.

El reto de las etiquetas de izquierda y derecha

Parte de la reflexión consiste en reconocer la confusión creada en Puerto Rico con las etiquetas de izquierda y derecha, las cuales se asocian, particularmente, a las posturas sobre el estatus político del archipiélago. “Sé de gente que está muy consciente de que esos conceptos se están manipulando y los utilizan de mala fe para tratar que los que representamos un cambio verdadero y necesario no seamos considerados como una opción”, afirmó Dalmau Ramírez.

Los dos candidatos dijeron ser conscientes de que falta trabajo de educación. “La gente no sabe lo que eso quiere decir. Nuestra campaña tiene que ser informar a la gente: ‘Cuando a usted le dicen que es de izquierda, le están diciendo que cree en la justicia social, que tiene derecho a educación, vivienda…’ Pero, lo que tratan de decirle a la gente son los estereotipos… y empiezan a hacer la ristra de nombres, que inmediatamente los mencionas se supone que te dé miedo”, comentó Rivera Lassén.

“Es mucho más fácil distraer la atención con etiquetas para buscar la forma de profundizar prejuicios, en lugar de entrar a los méritos de dónde has estado y qué estás proponiendo”, coincidió Dalmau Ramírez.

 

 

 

El PIP y VC en Washington

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Para los candidatos de la Alianza de País, el candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez,  y la candidata a la comisaría residente por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC),  Ana Irma Rivera Lassén, la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos, al igual que la gente de Puerto Rico, debe ser representada por la comisaría residente en Washington.

En esa sintonía, la tarea de la comisionada residente —de estar allí— reconoció Rivera Lassén,  será   iniciar y  propiciar que se dé un proceso verdadero de descolonización, que haya conversación  entre ambos, tanto en el Congreso de EE. UU. como en Puerto Rico. De otra manera, observó, el proceso se queda solo en Puerto Rico o solo en el Congreso.

En ese escenario, la también coordinadora general del MVC mencionó, en referencia a la renuncia del presidente Biden a la candidatura de reelección, que ahora mismo es interesante que el proceso político en EE. UU. esté cambiando todos los días. “Yo creo que ahora mismo deben estar en el zafacón muchos libretos que tenía mucha gente de hacer sus campañas, porque les cambiaron los muñequitos; todos los días cambia, igual que en Puerto Rico”.

Para la candidata a la comisaría residente, el que se crea que va a tener la fórmula de aquí a las elecciones de qué es lo que va a pasar tanto en EE. UU. como en Puerto Rico no está mirando realmente el país. “Está mirando el libreto que tenía en las elecciones pasadas, en las anteriores, y ese es el problema que tiene, porque de momento se quedan sin libreto porque están mirando de una manera muy estereotipada”.

Recalcó que  con la salida del presidente Biden no solo cambió la campaña de Trump, también la misma campaña del Partido Demócrata. “Ahí hay retos, tanto al interior de los demócratas como de los republicanos. En este momento todo está cambiando”.

Mientras, la plataforma del PIP con relación a Washington propone la eliminación de la llamada Oficina de Puerto Rico en Washington (PRAFA, en inglés) y, en su lugar, crear la Oficina de Enlace con la Comunidad Puertorriqueña. El candidato de la Alianza dijo que su criterio es que PRAFA es una oficina inútil, que crearon desde Puerto Rico gobernadores que no confiaban en su comisionado.

“Como yo confío a ojo ciego en Ana Irma Rivera Lassen, yo tengo fe ciega en sentirme representado por ella, y Puerto Rico entero también. Creo que PRAFA es una oficina de despilfarro de fondos públicos, que es la que financia a los cabilderos de la estadidad a través del presupuesto del país. Yo no creo en esa oficina”.

Defendió que, en el contexto de la diáspora, la oficina de la comisionada Rivera Lassén va a ser un enlace a los derechos de los puertorriqueños frente al Congreso de los EE. UU. Además, que será política pública de Puerto Rico establecer unas oficinas en los lugares más densamente poblados en Estados Unidos, en las comunidades  puertorriqueñas.

La tarea de estas oficinas será hacer un registro de la educación, destrezas, profesiones, capacidades y unidad familiar para buscar establecer un puente, para aquellos que quieran regresar pueda decírseles estos son los empleos que están disponibles, el acceso a vivienda,  los accesos educativos, y facilitarles el proceso.

Por su parte, la senadora Rivera Lassén comentó que desde el principio ha estado haciendo campaña en la diáspora, de la cual ha tenido una buena respuesta. “Veo la oficina de la comisaría residente, como dice Juan, como el punto donde se  representa a la gente de Puerto Rico, pero a la gente también en la diáspora. Es el espacio de defensa de las causas de Puerto Rico. Así que PRAFA lo que es, es una oficina del bipartidismo. Definitivamente, es una oficina que no debería estar”.

La coordinadora general del MVC dijo que, de hecho, la comisaría residente, la cual existe desde la aprobación de la Ley Orgánica (1911) para gobernar a Puerto Rico, se supone que sea la que representa a la colonia, al pueblo de Puerto Rico, en el Congreso. Incluso trajo a la atención que por eso fue que acudió a la Corte federal, para recordar que ese puesto está regido por esa antigua ley. “Hay que mirarlo: desde su origen era para representar la voz de Puerto Rico  en el Congreso. Tiene que incluir la gente de la diáspora porque cada día la realidad es que nuestro pueblo puertorriqueño incluye la diáspora. No solo hay que reconocerlo, hay que validarlo y darle esos espacios. Lo que Dalmau está promoviendo es hacer todo los necesario para que eso se pueda producir”.

Por su parte, el candidato a la gobernación de la Alianza, quien también ha estado visitando universidades en estados Unidos con estudiantes puertorriqueños, expresó que su experiencia es que entre los jóvenes existe  un enorme deseo de regresar  y de aportar al desarrollo, pero que sienten frustración porque no ven espacios para poder regresar. “Eso es parte de la responsabilidad que tenemos Ana Irma y yo: facilitar el proceso de que esos jóvenes puedan regresar a aportar con sus talentos y conocimientos al desarrollo de un  Puerto Rico de la tercera década del siglo veintiuno”.

Además, dijo que se ha reunido con organizaciones más activistas en términos sociales, cívicos, de derechos sociales, humanos y políticos, con las cuales hay un enlace estrecho. En estas reuniones ha estimulado a la gente a solicitar el voto ausente, a que llamen  a sus familiares que siguen en la isla “para que se entusiasmen y se llenen de esperanza con la idea de que un cambio posible está al alcance de la mano. Mi experiencia con la diáspora ha sido una de mucha esperanza y mucho entusiasmo con la idea de que esto se puede lograr”.

Dalmau Ramírez compartió la experiencia de su participación junto a Rivera Lassén en el desfile Puertorriqueño, en Nueva York en junio. Aunque pensó que la gente no los iba a reconocer, “me tuve que tragar mis palabras. La  realidad es que el cariño, los saludos, el afecto, los abrazos, las fotos de las personas que estaban en toda esa avenida, desde la 42 hasta la 79, fue algo impactante. Esa comunidad en la diáspora está muy atenta a todo lo que está pasando en Puerto Rico. Que haya esa afirmación de podemos, de esperanza, fue estremecedor”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalmau Ramírez y Rivera Lassén catalogan el plebiscito de engaño

Juan Dalmau y Ana Irma Rivera Lassén. Foto Alina Luciano/CLARIDAD

 

 

CLARIDAD

Los candidatos de la Alianza proponen, en cambio, una asamblea de estatus.

En el 2020, la legislatura le entregó “un cheque en blanco al gobernador” al concederle la facultad de convocar, sin consultas de otras ramas gubernamentales, un plebiscito para resolver el estatus, denunciaron los candidatos a la gobernación y la comisaría residente por la Alianza, Juan Dalmau Ramírez y Ana Irma Rivera Lassén.

“El plebiscito es una convocatoria fraudulenta, engañosa, que lo que busca es hacerle creer a los estadistas que el PNP está adelantando la agenda de la descolonización, y eso es falso. Fracasaron durante estos cuatro años como han fracasado en el pasado en sus gestiones en el Congreso, aún teniendo supuestos triunfos electorales y plebiscitarios”, aseveró el pipiolo en entrevista con CLARIDAD.

El abogado y exsenador aseguró que la Ley 165-2020, como se le conoce a la pieza legislativa en cuestión, también integra un despilfarro proyectado de $1.3 millones y una quinta papeleta sumada a las cuatro que habrá en noviembre. Una de dos papeletas “sin peso”, dijo Dalmau Ramírez. La segunda es la del voto simbólico por la presidencia de los Estados Unidos (EE. UU.).

“No somos ingenuos, y sabemos que este Tribunal Supremos no necesariamente se ha destacado en pleitos políticos como el paladín de los derechos de electores o de los derechos de la ciudadanía”, agregó Dalmau Ramírez.

El PIP aún espera por la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que de fallar en contra de la impugnación, la colectividad anunciará cómo responderá a “la papeleta plebiscitaria”.

Por su parte, la licenciada Ana Irma Rivera Lassén, candidata a la comisaría residente por la Alianza y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), coincidió con Dalmau Ramírez en que esta consulta de estatus resulta engañosa para el electorado.

“La ley le permite [al gobernador] usar legislación de Puerto Rico y de Estados Unidos, y hacer lo que quiera. Así que aprovechó la radicación del estatus en Estados Unidos y, usando esa [legislación] de una manera parecida, la copia en este plebiscito, pero resulta igualmente engañoso porque este no es el Congreso de los Estados Unidos. Copiar ese plebiscito a nivel local es engañar a la gente”, explicó la también expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

La Alianza presentará su plan de estatus en otro momento

De forma separada al acuerdo político entre ambas colectividades, el PIP presentó su plan para atender el estatus de Puerto Rico el pasado 22 de julio. El partido histórico propone, entre otras cosas, celebrar una Asamblea Nacional de Estatus en la que los candidatos pipiolos abogarán por la independencia. Para sorpresa de algunos, el exaspirante a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático Rafael Cox Alomar asistió a la presentación.

“Realmente, lo que yo expresé ayer [el 22 de julio] no es necesariamente, con todos sus puntos y comas, lo que Victoria Ciudadana finalmente pueda determinar”, puntualizó el candidato a la gobernación por tercera vez.

No obstante, Dalmau Ramírez confía en que ambas colectividades coinciden en que para atender la condición colonial se debe crear un “mecanismo procesal” que incluya opciones no coloniales y no territoriales. De esta forma, continuó, el resultado de este proceso servirá de “emplazamiento democrático” al Congreso de los EE. UU. para que responda a su obligación descolonizadora.

“Es el único mecanismo procesal que permite varias votaciones y votaciones informadas en un diálogo con el Congreso de los Estados Unidos versus lo que ha querido hacer el PNP: la imposición unilateral de mecanismos que solamente les benefician a ellos y excluyen al resto del país, como fueron los cabilderos de la estadidad”, elaboró el independentista.

Desde Victoria Ciudadana, la senadora Rivera Lassén confirmó que durante toda su trayectoria ha apoyado la Asamblea Constitucional de Estatus y que en los diálogos con el PIP “van en la misma dirección”. El MVC, reiteró su coordinadora, se fundó para atraer a una variedad de ideologías sobre el estatus.

“Obviamente, lo que le están presentando al pueblo de Puerto Rico en estas elecciones son unas fórmulas que están definidas ahí [en la papeleta], pero el pueblo de Puerto Rico no ha participado en la construcción de esa fórmula, y es para nada vinculante. Así que el Congreso de los Estados Unidos no tiene que respetar nada de lo que suceda ahí”, detalló la candidata a la comisaría residente.

Como su compañero de la Alianza, Rivera Lassén piensa que debe existir un proceso en que las personas sean informadas sobre el significado de cada una de las opciones que les presentaría en esa Asamblea. El hecho de que los pasados plebiscitos hayan pretendido, con sus resultados, provocar algún cambio “automático” a la condición política es una mentira, mencionó la abogada.

“Tiene que darse en una conversación. No puede ser solamente que el Congreso le ordene a Puerto Rico y no puede ser que Puerto Rico lo inicie sin conversar con el Congreso, porque se queda solamente en Puerto Rico o se queda solamente en el Congreso”, concluyó Rivera Lassén.

 

Trabajadores precarios y sus efectos económicos y sociales

Por Martha Quiñones Domínguez

Especial para CLARIDAD

El término «precariato laboral» se refiere a un grupo de trabajadores cuyas características son la inestabilidad laboral, la inseguridad económica, los bajos salarios, la flexibilidad laboral y la falta de derechos laborales. Esta situación afecta a diversos grupos, incluidos jóvenes, mujeres, inmigrantes, ancianos y, a los profesores universitarios. Estos trabajadores se encuentran en una situación de empleo inseguro, temporal y sin las garantías y derechos que tradicionalmente se asocian con el trabajo estable. Esta situación se viene gestando desde hace años con la aplicación en las economías capitalistas de políticas neoliberales de reformas laborales bajo el pretexto de lograr crecimiento económico. Estas reformas laborales han debilitado los derechos laborales, favoreciendo la explotación de la mano de obra y las ganancias a las empresas. Bajo el pretexto de restaurar el crecimiento económico y tener una economía más competitiva en Puerto Rico se han sometida varios cambios en la legislación laboral recogidas las últimas en la Ley 4-2017, “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral” y la Ley 41 de 2022. Instaurando nuevamente el precariato laboral que habíamos dejado atrás en el siglo XX y creando las bases jurídicas para legalizar el retroceso laboral que la era neoliberal ha traído.

El concepto de precariato laboral es una combinación de las palabras «precario» y «proletariado», y se utiliza para describir a una clase social emergente caracterizada por la inestabilidad laboral y la falta de seguridad en el empleo. Este término fue popularizado por el sociólogo Guy Standing en su libro «The Precariat: The New Dangerous Class».

Empleo y desempleo

En Puerto Rico podemos tener una baja significativa en el desempleo (tasa de desempleo ajustada estacionalmente en junio de 2024 que fue estimada en 5.8%) como señala el gobierno, pero más empleos no significa que los trabajadores estén en mejores condiciones laborales. Estos trabajadores enfrentan condiciones de trabajo inestables (con contratos a corto plazo), bajos salarios, escasa o nula protección social y un futuro laboral incierto. A lo que se une el “emprendimiento” especialmente cuando se convierte en una necesidad más que en una elección voluntaria. Las personas se ven obligadas a emprender debido a la falta de empleo formal o de calidad, lo hacen como un último recurso para generar ingresos. Los emprendedores por necesidad enfrentan una serie de desafíos que incluyen la falta de seguridad laboral (carecen de beneficios sociales, y protección laboral), incertidumbre económica (carecen de ingresos estables), autoexplotación y acceso limitado a recursos. Son emprendedores/trabajadores precarios.

Re (de) forma laboral = Trabajo precario

El impulso de estas reformas laborales responde a políticas neoliberales de reformas estructurales. Impulsadas por la presión exterior de los mercados internacionales, de los capitales foráneos, pero también a la ilusión de los empresarios nacionales que convencen al Gobierno que disminuir el costo de la mano de obra mejora la economía y atrae inversionistas. La discusión sobre el empleo precario permite entender cómo las empresas al buscar ganancias fomentan la flexibilidad laboral para adaptarse rápidamente a las condiciones del mercado y trasladar los riesgos al trabajador. Encontramos que fomentan jornadas laborales irregulares y horarios impredecibles, creando puestos de trabajos temporales, a tiempo parcial, por contrato o informales, con alta rotación en los empleos, lo que impide una continuidad y estabilidad económica. En los trabajadores precarios encontramos un grupo heterogéneo con distintas necesidades y problemas específicos, a veces con niveles de educación superiores a los requeridos para los empleos que ocupan, causando un desajuste entre sus habilidades y las demandas del mercado laboral.

El Gobierno en vez de defender a los trabajadores crea las políticas públicas (llamadas reformas laborales) que favorecen esta precariedad. Esta precariedad ha fomentado los ingresos bajos e insuficientes para mantener un nivel de vida digno, la ausencia de aumentos salariales y beneficios adicionales además de la ausencia de indemnizaciones por despido y otros derechos laborales básicos. Esto atenta contra la sociedad y el desarrollo económico, que a su vez se magnifican con los recortes del gasto o inversión social afectando los beneficios como seguros de salud, pensiones, y otras formas de seguridad social. A su vez genera la pérdida de puestos de empleos y la sustitución por empleos pocos productivos teniendo efectos multiplicadores perversos en la economía y la sociedad, afectando el desarrollo y crecimiento económico.

 

Efectos económicos y sociales

Para la economía esta prevalencia de empleados precarios tiene consecuencias a nivel social como económico, con efectos negativos en la economía de un país.

En primer lugar, como hemos señalado, los trabajadores precarios suelen tener ingresos bajos e inestables, lo que limita su capacidad de consumo, de tener casa propia y, en consecuencia, reduce la demanda interna. Los bajos salarios afectan al empresario o emprendedor que produce para el consumo interno (dependen del consumo doméstico), y este depende del poder adquisitivo de los trabajadores. A menor capacidad de compra, menores ventas de sus empresas. Encontramos que la baja demanda interna puede ralentizar el crecimiento económico y afectar a diversas industrias, en especial a las pequeñas y medianas empresas con efectos multiplicadores que afectan la inversión y la creación de empleos.

La rotación frecuente de empleados y la falta de estabilidad laboral pueden disminuir la productividad, ya que los trabajadores no tienen tiempo suficiente para adquirir habilidades especializadas y mejorar su desempeño. La disminución de la productividad tiene efectos en el producto interno bruto que se ve afectado en diversas formas con los efectos en cadena que se multiplican.

A su vez fomenta y perpetua la pobreza del trabajador y aumenta la desigualdad, limitando las oportunidades de movilidad social. El dilema que enfrenta el trabajador precario es que a pesar de trabajar sigue siendo pobre pues sus ingresos no le proveen para satisfacer las necesidades básicas de vivienda, alimentos, salud y vida plena. En algunas situaciones ante la falta de un empleo que satisfaga las necesidades sociales y le permita tener una familia, el precariado laboral puede fomentar la emigración y la corrupción en la ocupación de puestos de trabajos. Si, la corrupción porque se da nepotismo, clientelismo u otras formas de corrupción donde personas no cualificadas las colocan en puestos de trabajos afectando la productividad y la necesidad de gastar más recursos en contratos para que hagan las funciones que estos empleados no saben realizar.

También tiene efectos sociales, los empleos precarios puede llevar a la exclusión, marginación y la desintegración social. La falta de empleo estable y de ingresos suficientes puede marginar a ciertos grupos como hemos señalados (jóvenes, mujeres, inmigrantes y ancianos), limitando su participación plena en la sociedad que debilita el tejido social. La inseguridad laboral y financiera puede causar estrés, ansiedad y problemas de salud mental, afectando la calidad de vida de los trabajadores y pueden generar tensiones y conflictos en las relaciones familiares y comunitarias. Asimismo, reduce el tiempo y los recursos disponibles para la participación en actividades comunitarias y voluntarias, debilitando el capital social necesario para una sociedad cohesionada y resiliente. Además, permite que la economía del crimen llene esos espacios de falta de ingresos o empleos.

 

Para la juventud la precariedad laboral puede afectar su visión del futuro, disminuyendo sus expectativas y aspiraciones. A la vez la falta de oportunidades laborales estables puede desincentivar la educación y formación, perpetuando un ciclo de empleos precarios y bajos ingresos. Favoreciendo la migración para buscar mejores oportunidades de asenso social, tener familia y beneficios.

Consecuencias para la Educación Universitaria

En el caso de profesores/as universitarios precarios tienen implicaciones para la educación universitaria. La Universidad de Puerto Rico como las universidades privadas han fomentado el tener profesores con contratos cortos y con poca carga académica. Son docentes “sin plaza” que a pesar de contar con la preparación de doctorado no tienen los mismos beneficios de un docente “con plaza”. De esta manera los administradores universitarios economizan costos laborales y le pagan por debajo de la que vale su trabajo, pueden prescindir de sus servicios y mantener una reserva de trabajadores sin crear plazas docentes. Cabe preguntarse ¿cuál es la responsabilidad social de las universidades ante estos profesores? y ¿por qué violenta la ley de igual paga por igual trabajo? Preguntas que los administradores universitarios deben responder.

Los y las profesores somos conscientes de esta situación y luchamos por la igualdad laboral y salarial para estos docentes. Y entendemos que abordar esta problemática es crucial para hacer justicia social y económica a estos docentes maltratados por el sistema universitario. Y deseo añadir que el recién sindicato de la Asociación de Puertorriqueña de Profesores Universitarios atiende este asunto de injusticia laboral y salarial como parte de su agenda.

La precariedad laboral de los profesores universitarios tiene implicaciones serias para la educación superior ya que suelen tener múltiples empleos para complementar sus ingresos, lo que les deja menos tiempo y energía para hacer investigaciones, además del riesgo a la salud y la vida al tener que viajar a múltiples recintos para poder cuadrar su presupuesto. La falta de estabilidad laboral desincentiva la innovación pedagógica, ya que los profesores precarios no pueden invertir tiempo ni recursos en desarrollar nuevos métodos de enseñanza, investigar e innovar. Además, la alta rotación de profesores dificulta la planificación académica a largo plazo y la creación de relaciones de mentoría, esenciales para el desarrollo académico y personal de los estudiantes. A eso se añade que pueden tener menos oportunidades de publicar y presentar sus investigaciones, afectando la trasmisión del conocimiento. En términos de ciencias y tecnologías la falta de acceso a recursos, laboratorios y redes académicas puede limitar la colaboración y el impacto de la investigación y las investigaciones que estudiantes pueden realizar con estos mentores.  En términos de investigación, la precariedad limita la capacidad de los profesores para llevar a cabo proyectos de investigación o creación, a lo que se une la falta de fondos o acceso a fondos externos y la falta de seguridad laboral restringe las oportunidades de publicar y presentar investigaciones, afectando la difusión del conocimiento y el progreso científico. Todo esto a su vez tiene repercusiones para el crecimiento económico y el desarrollo de Puerto Rico al limitar los nuevos conocimientos e innovaciones que permitan fortalecer la economía.

Concluimos señalando que la prevalencia de trabajos precarios entre jóvenes, mujeres, inmigrantes y ancianos tiene consecuencias profundas y multifacéticas para la economía y la sociedad, pero en especial para el profesor universitario precario. Abordar la precariedad laboral es crucial para promover un crecimiento económico sostenible, reducir la desigualdad y la pobreza, hacer justicia laboral y salarial y fortalecer el tejido social. En el ámbito de la educación universitaria, es esencial garantizar condiciones laborales justas para los profesores, a fin de mejorar la calidad educativa y fomentar un entorno de investigación, creación e innovación robusto y sostenible.

 

El precariato laboral representa un desafío significativo en el mundo del trabajo actual debido a que el derecho al trabajo es un derecho humano. Entender las características del empleo precario y sus consecuencias es fundamental para desarrollar políticas públicas y estrategias que promuevan empleos estables, seguros y bien remunerados, así como proteger los derechos de los trabajadores en un entorno laboral en constante cambio.  Las instituciones y el Gobiernos deben trabajar en conjunto para garantizar condiciones laborales justas y seguras para poder retener los trabajadores productivos que mejoren la economía de Puerto Rico. Devolver los derechos laborales, tener políticas laborales inclusivas, programas de formación y apoyo social, y una mayor protección de los derechos laborales son esenciales para mitigar estos efectos negativos y crear un entorno más justo y próspero para todos los ciudadanos. Y en especial tener un Gobierno que vele por el bienestar de los y las trabajadores es urgente para tener desarrollo y crecimiento económico.