La presidenta de la organización conversó con este semanario de cara a la fecha

CLARIDAD

Como todos los años, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) finaliza los preparativos para la celebración de la Semana de la Prensa, que inicia el próximo 27 de julio y concluye el 2 de agosto. Las fechas integrarán diversos foros y talleres informativos para integrantes del gremio y profesionales del periodismo.

En entrevista con CLARIDAD, la presidenta de la Asppro, Nydia Bauzá Santiago, adelantó ciertas particularidades de los eventos de este año, el quincuagésimo segundo (52.⁰) de la colectividad como la jornada especial y conmemorativa en honor a la figura de César Andreu Iglesias.

“Vamos a tener actividades durante toda la semana, del 27 al 2. También, la próxima semana tenemos una actividad viernes y, el sábado, va a ser la asamblea ordinaria bianual. Allí, se escoge la directiva que va a regir de 2025-2027. Todavía no está confirmado el lugar”, compartió Bauzá Santiago.

En la víspera de la asamblea, el 8 de agosto, la Asppro también ofrecerá una actividad en colaboración con la organización ambiental Para la Naturaleza, en una de sus instalaciones de la zona metropolitana. Los detalles, por ahora, están próximos a finiquitarse, pero Bauzá Santiago reveló otros cuatro foros relacionados con el periodismo independiente, los derechos de la comunidad inmigrante, periodismo en la autocracia y otros temas relevantes para el oficio.

“Tenemos preparados unos foros-talleres. Tenemos el foro-taller de los derechos de la comunidad inmigrante y sobre cómo debe ser la cobertura con sensibilidad en estos casos, de aproximarnos al lenguaje, al léxico que se requiere sobre los casos que afectan todo el proceso, como la interdicción, en el tribunal o en la detención de los ciudadanos inmigrantes”, explicó la presidenta de la colectividad.

Sumado a eso, Bauzá Santiago destacó la jornada especial que se realizará el Día Nacional del Periodista, el 31 de julio, cuando se recuerda el natalicio y legado de César Andreu Iglesias, referente egregio del periodismo puertorriqueño. Desde hace 35 años, la Ley 48 de 1992 separa este día para honrar el legado del cofundador del Periódico CLARIDAD.

“Ese día, vamos a tener una jornada de celebración de la vida y trayectoria de ese periodista que nosotros consideramos como un maestro y un ejemplo para generaciones pasadas y futuras de periodistas. Tradicionalmente, visitamos el panteón donde están los restos (de Andreu Iglesias), en Isla Verde. Honramos la memoria con un arreglo floral y con un mensaje que siempre encomendamos a un conocedor de la figura de César Andreu. De paso, colocamos otras ofrendas en otro panteón donde hay periodistas”, contó la veterana cronista. La noche del 31, continuó Bauzá Santiago, habrá un foro en la Casa Aboy relacionado con el periodismo que legó César Andreu Iglesias en sus trabajos.

La premiación de la Gala Nacional de Periodismo, por su parte, está convocada para el viernes, 1 de agosto, en el Club Náutico de San Juan. Los finalistas serán anunciados el próximo 27 de julio, en una conferencia de prensa. Los trabajos presentados en el certamen están categorizados por prensa escrita, radio, televisión y multimedios y serán evaluados por un comité de trabajo independiente.

“Vamos a tener talleres de capacitación para los periodistas desde el lunes, 28, hasta el viernes, 8 de agosto. La Semana de la Prensa, como tal, es del 27 al 2 de agosto. En esa semana, vamos a tener foros lunes, martes, jueves y sábado. El quinto foro es el viernes, 8 de agosto”, detalló la periodista con más de 30 años de carrera en el oficio.

De igual forma, la organización contará este año con el Buró de Estudiantes, liderado por periodistas mentores y catedráticos de Periodismo, un  proyecto que sirve de taller para estudiantes de Periodismo de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Universidad del Sagrado Corazón (USC) y la Universidad Interamericana.

“Esto es un proyecto que se comenzó hace varios años y que siempre le tratamos de dar continuidad, y a mí, como egresada de la Escuela de Comunicación Pública (COPU), donde también he sido profesora, me interesa darle mucha relevancia a este proyecto. Creo que es de los más importantes de la Semana de la Prensa, porque se trata de la sangre nueva para nuestra profesión. Es un proyecto clave en la Semana para inyectar a las nuevas generaciones de periodistas”, sostuvo Bauzá Santiago.

Tiempos de cambios y retos para el periodismo

 En un panorama donde frecuentan las reducciones de plantillas, los cierres de talleres de trabajo, reajustes en las formas de hacer periodismo y en que cambia el ecosistema mediático, se precisa la unión entre los periodistas para fortalecer el ejercicio pleno de la profesión, de acuerdo con la presidenta.

“En estos 52 años de historia, la ASPPRO ha sido, es y será un vehículo para proteger, reclamar  y salvaguardar los justos reclamos de los periodistas en el libre ejercicio de la profesión, sin limitaciones para que sea un fuerte instrumento en sus demandas por más talleres y mejores condiciones de trabajo”, expresó.

Entre las crecientes limitaciones que enfrenta el periodismo, Bauzá Santiago resaltó los Proyectos del Senado (PS) 63 y 331 como escollos en la búsqueda de información pública, cohibiendo el pleno desempeño de la profesión. Estos proyectos, de la autoría de los senadores Thomas Rivera Schatz y Juan Oscar Morales, respectivamente, buscan limitar la fiscalización que hace la prensa.

“Son propuestas que (instan a) la Asociación de Periodistas y las demás organizaciones que representan a periodistas a no bajar la guardia… Esa ley (63) les permite a los funcionarios sentársele encima a una petición de información por más de 15 días, que es lo permitido, y lo extiende por un mes, como hasta 40 días. Esto lo que hace es alargar el proceso de rendición de cuentas. Es un obstáculo para que los periodistas consigan datos”, dijo Bauzá Santiago.

Además, la presidenta de la colectividad aseveró que estos proyectos afectarán también a las organizaciones comunitarias que solicitan información a las agencias de gobierno.

A días de que comience la Semana de la Prensa, Bauzá Santiago anunció que la agenda oficial de actividades se anunciará el mismo día que los finalistas del Certamen Nacional, el 27 de julio.

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El resultado de la vista pública llevada a cabo en días recientes por el Subcomité de Energía y Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos sobre el trabajo de  la Junta de Control Fiscal (JCF), en particular  la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE, ha sido la exposición de la intención de la JCF de quedarse.

En la vista, el director ejecutivo de la JCF, Robert Mujica, como ha reseñado ya la prensa, insistió en su postura de que hasta que el Gobierno de Puerto Rico no cumpla con la preparación de cuatro presupuestos balanceados y pueda regresar al mercado de bonos a precios razonables, no se cumple con los requisitos de la Ley PROMESA para que la Junta se vaya de Puerto Rico.

A preguntas de CLARIDAD al director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, sobre cuáles son esos criterios para que Puerto Rico pueda tener acceso a los mercados de bonos, este contestó que decirlo con especificidad es difícil, pero que en términos generales se puede deducir qué es lo que tendría sentido. Primero, la importancia de  que si se va a emitir deuda nueva se consiga una clasificación de una casa acreditadora que otorgue un  grado de inversión. Una vez se considera ese grado de inversión, habría que hacer una emisión, lo que dependería del mercado en ese momento. Señaló que la Ley PROMESA no especifica, ni la Junta lo ha puesto por escrito, cuál sería el mercado para  bonos nuevos de Puerto Rico, si serían los inversionistas tradicionales, los inversionistas buitres u otro tipo de inversionistas.

Marxuach hizo el señalamiento de que la ley  no dice que el gobierno tome prestado, aunque, eventualmente, Puerto Rico va a necesitar volver hacer inversión en bienes públicos, como lo hace cualquier gobierno. Para eso haría falta tomar prestado y sería imposible pagarlo todo al contado y de momento.

“Lo que es razonable o no depende de lo que en ese momento se esté pagando en los mercados. Hasta ahí podemos llegar, habría que comparar con otros emisores que hayan salido de la deuda qué tipo de tasa de interés pagaron, cuándo regresaron a los mercados; pero siempre tomando en consideración cuál sea el cambio”, afirmó el director de Política Pública del CNE. De hecho, el CNE fue el único ente de Puerto Rico que sometió al Comité una presentación por escrito para esta vista pública.

Marxuach explicó que uno de los asuntos que el CNE consideró más importante llevar a la atención del Comité es que la Junta no está facilitando la capacidad del Estado para implementar prácticas fiscales y financieras adecuadas. Reparó en que esto se mencionó en la vista mayormente por congresistas demócratas. Describió como una contradicción que el mismo director ejecutivo de la JCF admite que se ha gastado mucho dinero en asesores y consultores, pero que cuando le preguntan qué hace falta para que se vaya la Junta, qué Puerto Rico  puede hacer,  la Junta esté contratando a asesores para que hagan el trabajo.

“En la medida en que esos asesores  hagan el trabajo, qué se supone que Puerto Rico haga para cuadrar el presupuesto y poner controles internos pues no está generando la capacidad que se necesita”, expresó en relación al Gobierno de Puerto Rico. Aunque eso se llevó a la discusión fue un asunto que no se resolvió, dijo.

Al comentarle que en la ponencia del CNE se dice que en el presupuesto del 2022 hubo un superávit de $1,900 millones, si eso querría decir que hubo un presupuesto balanceado, la primera reacción de Marxuach fue plantear que esa es una “pregunta interesante”, ya que esa conclusión la hace un informe de este mes de junio de la Oficina de Contabilidad General (GAO, siglas en inglés). En esa conclusión no está claro si se utilizaron las llamadas reglas modificadas de contabilidad, e incluso el director ejecutivo de la JCF dijo que estaban esperando a que los contables del Gobierno de Puerto Rico les certifique si de verdad se cumplió o no con los estándares de reglas modificadas, que son más rigurosos de lo que por lo normal le aplican a las entidades gubernamentales. Comentó que no está claro si el año acabó en superávit y si ese superávit se calculó de acuerdo a las reglas que requiere PROMESA.

Marxuach calificó como prematuros los pronunciamientos de la gobernadora de que el presupuesto que se acaba de firmar para el año 2025-26 ya está cuadrado. Apuntó que puede ser que esté cuadrado en papel, pero “no sabemos si de verdad cumple con los requisitos de contabilidad modificada y hay que esperar al 30 de junio del año que viene a ver si terminamos con un presupuesto balanceado, porque no es solo que en el papel esté balanceado, sino que en la realidad también”, afirmó.

Para el director de Política Pública del CNE su impresión sobre la vista fue que el propósito era uno más bien de supervisión. En su opinión, esas vistas se deben dar todos los años, por lo menos una vez, para que la gerencia de la Junta presente públicamente dónde están, cuál ha sido el proceso y dónde estamos con las distintas cosas que faltan por hacer. Más allá de eso, considera que no hubo sorpresas mayores, tampoco un análisis objetivo de por qué no se ha podido reestructurar  la deuda de la AEE, que es una de las más importantes y ha costado y tomado más tiempo de lo que se esperaba. “No ha sido así. Ha costado mucho más dinero. A nueve años ni siquiera un presupuesto ha terminado con un balance positivo o en cero, que es lo que se esperaría, no en déficit,  de acuerdo con las reglas que requiere la Ley PROMESA, eso ahora mismo no se sabe”.

Una de las cosas que dijo no se discutió y que esperaba que se hiciera más fue sobre el Titulo 5 de PROMESA, que tiene que ver con acelerar proyectos de infraestructura y desarrollo económico. “No se habló casi nada y  en los nueve años de la ley en vigor no se ha utilizado para nada”. Marxuach recordó que ese fue  uno de los argumentos que utilizó la administración de Obama para vender el proyecto entre los demócratas, dado a que muchos demócratas estaban renuentes a apoyar la JCF aunque estaban a favor de que se pudiera reestructurar la deuda.

“Obama decía que además de reestructurar la deuda, se estaba buscando la flexibilidad. Eso se olvidó en el camino y sería bueno indagar un poco y básicamente no se habló. Me sorprendió en la vista”. Aun cuando comentó que mirando al futuro lo más importante  es terminar con la quiebra de la AEE y hacerlo bien, reparó en que Puerto Rico no puede pagar  los $12 mil millones de deuda, que es lo que pretende la JCF.

Todo  coreografiado

 Por su parte, el portavoz del grupo Puertorriqueños Unidos en Acción (PUA), el licenciado Manuel Rivera, quien estuvo presente en la vista, denunció que la esta pareció estar cuidadosamente coreografiada y que los congresistas ya habían sido visitados por cabilderos y grupos de interés, tal vez hasta los mismos ponentes que testificaron. Rivera, cuyo grupo estuvo cabildeando en meses recientes entre congresistas a favor de la independencia de Puerto Rico, denunció que más que un espacio de deliberación genuina, las vistas funcionaron como un espectáculo para el récord, codificado en el Congressional Record.

A su juicio, las preguntas dirigidas a los deponentes fueron, en su mayoría, superficiales: “Muchas se respondieron con un simple sí o no”. En  particular, le llamó la atención  que cuando el director ejecutivo de la JCF habló sobre  los logros económicos en Puerto Rico, hizo una intervención confusa, casi ininteligible, salvo por una afirmación sobre el desarrollo de la industria manufacturera en la isla. “No quedó claro si se refería a la realidad actual o a una época pasada, quizás en los años 60”.

Rivera agregó que lo más que le  impactó fue la omisión total del tema de la auditoría de la deuda.

“Nadie planteó la necesidad de investigar cómo se gastó el dinero prestado ni quiénes fueron los responsables. En cambio, el enfoque estuvo exclusivamente en cuánto se debe y cuánto quieren recuperar los inversionistas. Esta omisión es preocupante, pues sin una auditoría seria corremos el riesgo de repetir los mismos errores”.

Hizo la observación de que ni siquiera la intervención de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez abordó este ángulo crítico. Su pregunta a Mujica fue  si los inversionistas reclamaban más de $12 mil millones de dólares, a lo que él respondió en la afirmativa. También le preguntó si esos bonos se habían comprado a centavos y ahora se exigía su pago al dólar completo, práctica que ella calificó de “inversionistas buitres”. Mujica también respondió que sí.

“Es importante entender que, aunque toda inversión busca rentabilidad, la Junta de Supervisión Fiscal no fue creada para proteger a los puertorriqueños de estos fondos especulativos. Fue diseñada para blindar a la clase política que malgastó los fondos públicos en proyectos inviables, como el Supertubo, y muchos de los otros proyectos, los cuales ni siquiera se completaron”, denunció. También resaltó que la creación de la Junta fue impulsada por el expresidente Obama y el fallecido congresista demócrata Raúl Grijalva, lo cual reprochó “no respondió a una lógica de justicia fiscal, sino a una estrategia de contención política”.

La intención de la Junta es quedarse

 A la luz de las vistas congresionales, Hernaliz Vázquez,  portavoz de la campaña No + Aumentos a la Luz,  argumentó que la insistencia de la JCF en pagar la deuda y el incumplimiento del Gobierno con las condiciones de PROMESA para su salida evidencian quela intención de la Junta es quedarse.

“La intención de la Junta es quedarse fue lo que se denunció por años. La Junta vino para quedarse, Cada vez es mucho más peligroso”. Vázquez, apuntó que la primera vez que ha escuchado que la JCF se haya expresado sobre algo en los pasados años ha sido ahora, sobre el contrato de News Fortress (NFE).  “Eso quiere decir que hay alguna corporación que es a la que ellos quieren darle preferencia. Porque NFE lleva años operando sin permiso, es una compañía en bancarrota. Podemos hablar de compañías como LUMA, que han impactado el presupuesto del país. Creo que la Junta vino para quedarse para sus propios intereses disfrazados de que van hacer el bien de un presupuesto. Es preocupante, hay una contradicción que valida el que ellos siempre van a continuar”.