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¡Fuego! Sin protección la parte norte del Jardín Botánico

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Una comunicación de 24/7 con la seguridad, para que la Universidad de Puerto Rico (UPR) retome las medidas de seguridad necesarias y se reforeste como bosque nativo desde el rio hasta el camino de la entrada de la Avenida Muñoz Rivera, (carretera Número 1, Río Piedras) el lado norte del Jardín Botánico. Estas fueron parte de las medidas presentadas por los vecinos de las comunidades Jardines Metropolitano, Villa Nevares, University Gardens, Santa Ana, Hyde Park, y áreas limítrofes a la administración Universitaria.

Las comunidades, presentaron sus preocupaciones tras verse amenazadas por los fuegos que se produjeron en el lado norte del Jardín Botánico, el primero el 21 de agosto y el segundo el 4 de septiembre. En total entre ambos incidentes se quemaron 41 cuerdas de terrenos del lado norte.

Cynthia Manfred, residente de Jardines Metropolitanos, la cual dio la voz de alerta del segundo fuego y que tuvo que dejar su casa durante el incendio, describió como muy desesperante el tratar de comunicarse con la administración universitaria. “La UPR es un mundo aparte que no tiene contacto con el mundo exterior a menos que sea en horas laborales”. Primero se comunicó con los guardias de la empresa Bridge Securrity Services, que se supone es la que presta vigilancia al Jardín Botánico, y le contestaron que ellos solo vigilaban la planta física, no eran un servicio forestal.

“Después de mucho martillar durante el día, me entero de que había una extensión a la cual se puede llamar de noche cuando se llama a administración central, la 2025 quien coge el teléfono es el guardia de entrada al lado sur, la persona no contestaba”. Denunció que si no es porque llamó al 911 para activar a la Policía, “no se mueve nadie”.

La residente de Jardines Metropolitano describió que las 41 cuerdas que se quemaron son mas bien pastizal. Aunque se supone que los terrenos fuesen además de bosque, denunció que eso quedó atrás en los años ’60. La parte mas cuidada del Jardín Botánico dijo es el lado sur donde está la presidencia de la UPR, los jardines temáticos y otras facilidades. En el lado norte están las oficinas de la editorial de la UPR, de la administración del Jardín, el Museo de Etnología y Biodiversidad, un Centro de Desarrollo pre Escolar de la UPR y el Instituto Filius de Investigaciones sobre Impedimentos y Rehabilitación.

Pasada la emergencia, los vecinos tuvieron una reunión en la que quedó organizado el Comité de Dialogo con la UPR. El 11 de septiembre sostuvieron una reunión comunitaria con personal de la UPR en ánimo de ser aliada de la UPR y de “ayudar a resolver el problema y no ser parte del mismo”.

El Comité le presentó a la administración universitaria entre otras medidas el mantener una comunicación 24/7 con la seguridad del JB y la administración central de la UPR, que esta auspicie adiestramientos de manejo de incendios forestales a su personal y miembros de la comunidad y la forestación en colaboración con la organización Para la Naturaleza.

Además solicitaron los resultados de la investigación sobre lo ocurrido, que se les de los protocolos de seguridad y planes de prevención de la administración y un directorio de los nombres de los funcionarios responsables de la semana y fines de semana.

Manfred contó a CLARIDAD que en la reunión, se le planteó a la directora del JB, Noelia López Rivera, que existe la tendencia, la cual se está viendo en otras partes del mundo de que cuando se quieren vender unos terrenos estos se queman. Su respuesta fue que no para nada que los terrenos estaban protegidos y seguirían siendo protegidos, mientras la ley no se enmiende.

Esta preocupación de los vecinos surge ante el hecho de que en los pretendidos planes del Cuerpo de Ingenieros de EE UU de canalizar el rio Piedras, la canalización impactaría los terrenos que se quemaron.

Además de López Rivera en la reunión con la comunidad estuvieron presentes la directora de la Oficina de Servicios Administrativos, Migdalia Sánchez Betancourt, el director auxiliar de Seguridad, Abraham Rodriguez Rivera, y otro personal de la UPR.

Mientras el Comisionado de Bomberos, Josue Piñeiro Torres, días después del segundo incendio informó que los dos fuegos en el JB habían sido intencional, aunque aclaró que no tenia evidencia para sustentarlo.

En tanto de parte de la UPR la directora del JB en comunicado de prensa destacó que que la conservación de dicho pulmón verde es una prioridad para la administración universitaria y describió al Jardín Botánico “como un laboratorio vivo de gran valor ecológico y educativo para estudiantes, académicos, científicos y para la zona metropolitana en general”.

En el comunicado emitido luego de la reunión comunitaria se reconoció que durante el encuentro, los residentes aportaron valiosas recomendaciones y propuestas para fortalecer la seguridad, incluyendo la posible instalación de cámaras de vigilancia y la incorporación de residentes en rondas de vigilancia.

“Desde la Universidad de Puerto Rico, asumimos con responsabilidad el proceso de recuperación de las áreas afectadas por los incendios en el Jardín Botánico Norte y reconocemos que este esfuerzo requiere del conocimiento, la colaboración y la confianza de nuestras comunidades vecinas. Nuestro compromiso es trabajar de manera coordinada para proteger este importante patrimonio ecológico y educativo de la Universidad y de Puerto Rico, así como fortalecer las medidas de prevención y seguridad, y mantener una comunicación abierta y efectiva con los residentes”.

En el comunicado de la dirección del JB también informó sobre los acuerdos y acciones a seguir entre las partes ademas de mantener los canales de comunicación entre las partes; continuar el desarrollo del plan de recuperación ecológica de las áreas afectadas por los incendios; evaluar e impulsar la participación comunitaria mediante un programa de voluntariado, e incorporar a residentes interesados como enlaces de comunicación y notificación de emergencias.

No obstante Manfred reparó en que la participación de los vecinos no incluye la participación en la elaboración de los planes de trabajo, sino en su ejecución.

 

 

 

 

Culebrenses solicitan investigación sobre el CDT

Los residentes de la isla municipio de Culebra, desmintieron al secretario del Departamento de Salud (DS), doctor Víctor Ramos, sobre que los servicios médicos en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Culebra continuarían sin cambio alguno.

Según divulgaron en comunicado de prensa los residentes, en el CDT hay problemas con la sala de emergencias y con su farmacia, así como en el proceso de Request for Proposal (RFP) para un nuevo administrador del centro, cuyo término para solicitar vencía el23 de septiembre.

En carta enviada a los presidentes del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la Cámara, Johnny Méndez, fechada el 14 de septiembre, las organizaciones Foundation for a Better Puerto Rico (FBPR), la Fundación de Culebra (FC) y Mujeres de Islas (MI) solicitaron que se intervenga con el Secretario de Salud y requiera una explicación del diseño del RFP por la decisión de excluir de este la administración de la Sala de Emergencias, como ocurre ahora en el contrato temporero de la proveedora de servicios HealthProMed.

En la carta a los presidentes legislativos, copia de las cuales compartieron con el comunicado, las organizaciones, señalaron los mismos reclamos que la Supervisora de Enfermería de la sala de emergencia del CDT, Jazzmine Encarnación, le hizo por escrito al secretario del DS. Los reclamos se refieren al fortalecimiento de recursos humanos, médicos, administrativos y operacionales.

De acuerdo a Encarnación, la plantilla de enfermería se redujo de cinco enfermeros a una supervisora y dos enfermeros; el servicio de vacunación ya no está disponible y los recursos de enfermería son limitados; además, existe cobertura médica limitada, no hay empleado de mantenimiento, hay funciones de registro y facturación que continúan recayendo sobre personal clínico y el personal ha tenido que utilizar vehículos privados para gestiones oficiales.

Sobre la Farmacia Cristina, que opera en el CDT de Culebra desde el 2020, las organizaciones cuestionaron que HealthProMed colocara un letrero a la entrada del CDT, en una especie de alerta contra esa farmacia. Con una X en un círculo rojo, como un letrero de PARE o prohibido pasar, se recalca que Farmacia Cristina no es operada por HealthProMed.

En contraste, denunciaron las organizaciones que HealthProMed recomienda como alternativa disponible su farmacia en el centro 330 que administran en Culebra. Las organizaciones destacaron que Culebra estuvo 10 años sin una farmacia hasta que abrió Farmacia Cristina, que cuenta con un farmacéutico y un técnico de farmacia, y puede despachar las recetas el mismo día, así como medicamentos de venta libre para residentes y turistas.

“Esto, nuevamente, demuestra un atropello a nuestra comunidad de Culebra que, esperando que se cumpliera con lo expresado públicamente tanto por HPM como por el Departamento de Salud, sigue encontrándose con estas expresiones que violentan acuerdos, crean incertidumbre y fomentan el desasosiego”, expresó Dulce del Río-Pineda, de Mujeres de Islas.

Añadió que HealthProMed es un centro de salud calificado como 330, tiene una oficina en Culebra que dispensa recetas enviándolas a San Juan para que se surtan y devuelvan en uno a tres días, sin contacto directo con un farmacéutico. De acuerdo a la normativa 330, HealthProMed no puede emprender esfuerzos para desviar a los pacientes de una farmacia comunitaria a su propia farmacia en su beneficio.

“El secretario de Salud dijo que HealthProMed fue designado para administrar el CDT, desde el 1 de septiembre, por 90 días, para mantener las cosas como estaban, no para menoscabar los importantes servicios de Farmacia Cristina”, planteó Theresa Bischoff, de Foundation for a Better Puerto Rico.

Luz Rivera Cantwell, de la Fundación de Culebra, aseguró que no era correcta la insistencia del de Salud enque los servicios de salud en el CDT continúan como siempre. “Ya estamos viendo cambios y no sabemos cómo será en el futuro. Mientras el Departamento de Salud mantiene en curso un RFP que separa el CDT de la Sala de Emergencias, la propia Sala de Emergencias está reportando internamente carencias de personal, de recursos médicos, apoyo administrativo y capacidad operacional”, denunció.

Culebra atiende una población residente de alrededor de 1,700 personas y una población turística y estacional que puede alcanzar aproximadamente 6,000 visitantes en un momento dado.

Sobre el proceso del RFP para dar servicios al CDT, cuya fecha para solicitar vencía el 23 de septiembre, las organizaciones expresaron su inquietud de que aparenta estar hecho para favorecer al actual proveedor del contrato temporero.

“Cuando a ello se suma que la Sala de Emergencias está reportando carencias significativas, la apariencia de un proceso encaminado a beneficiar a un solo proveedor deja de ser una preocupación abstracta y se convierte en un asunto que las ramas legislativas deben examinar de inmediato. Esto no es una defensa de Hospital Menonita ni un ataque a HealthproMed o a cualquier otro proveedor. El punto es exactamente el contrario: si el proceso es verdaderamente competitivo, todos los proveedores cualificados deben tener una oportunidad real de competir”, remarcó Rivera Cantwell.

Crisis sin precedentes en salud si se reduce el financiamiento de Medicaid

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

De acuerdo con un estudio realizado por la organización Espacios Abiertos (EA), Puerto Rico enfrentaría una crisis de salud sin precedentes ante la reducción de casi el 90 % del financiamiento del Gobierno Federal de Estados Unidos al programa Medicaid.

El riesgo de la pérdida de financiamiento es conocido y se ha estado debatiendo desde la aprobación por el Congreso de EE. UU.. en diciembre del 2022. de la ley llamada Ley de Apropiaciones Consolidadas (Consolidated Appropriations Act, 2023). La ley fijó fondos temporales y un pareo federal (FMAP) del 76 % para el programa de Medicaid en Puerto Rico con fecha de expiración definida para el próximo 30 de septiembre de 2027.

El informe El costo de la incertidumbre: Medicaid en Puerto Rico y las brechas en financiamiento federal, publicado por EA en semanas recientes, advierte que la expiración del acuerdo vigente reduciría de un aproximado de $4,000 millones a menos de $500 millones dicha aportación,  reduciendo de manera drástica  el porcentaje federal de asistencia médica (FMAP) del 76 % al 55 %. Esta reducción obligaría al Gobierno de Puerto Rico a asumir hasta $4,849 millones adicionales para sufragar los gastos del programa. El no poder sufragar esa cifra, sugiere EA, significa  recortar servicios esenciales, lo que pondría en riesgo la cobertura médica de cientos de miles de personas.

En Puerto Rico, cerca de 1.3 millones de residentes dependen de Medicaid y del Plan Vital (el plan de salud del Gobierno),  principalmente menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidades y pacientes con enfermedades crónicas.

“El problema no es únicamente la insuficiencia de fondos; sino la incertidumbre constante bajo la que opera este programa en Puerto Rico, ya que el país sigue dependiendo de extensiones temporeras que impiden la planificación a largo plazo y limitan la capacidad del sistema de salud para responder adecuadamente a las necesidades de la población”, señaló Ataveyra Medina Hernández, portavoz  de EA.

La subdirectora de Investigación de EA, Angélica Marrero, señaló que Medicaid es la columna vertebral del sistema de salud en Puerto Rico. “Gran parte de los servicios de salud pública cubre a casi cuatro de cada diez residentes de la isla. Más de la mitad de los beneficiarios son menores de 20 años o mayores de 61 años, poblaciones particularmente vulnerables ante cualquier interrupción en la prestación de servicios».

El estudio de EA modeló tres posibles escenarios para el año fiscal federal 2028, ante las decisiones que pudiera tomar el Congreso de EE. UU. El primer escenario es de un “precipicio fiscal”. De no haber ninguna acción por parte del Congreso,  el Gobierno de Puerto Rico tendría que aportar cerca de $4,849 millones para mantener la cobertura actual. Esta cifra equivaldría al 35.4 % del Fondo General, lo que EA considera es un aumento dramático respecto al esfuerzo fiscal actual.

“Ante una carga de esa magnitud, el Gobierno tendría opciones extremadamente limitadas: recortar gastos en otras áreas esenciales, como educación y servicios públicos o reducir beneficios y cobertura médica, explicó  Marrero.

El estudio de EA cita que otros informes también han advertido que una reducción severa podría poner en riesgo la cobertura de entre 700,000 y 1,000,000 de personas, además de afectar las finanzas municipales y la estabilidad del sistema de salud.

El segundo escenario sería la extensión del financiamiento actual ajustado por la inflación. El impacto fiscal para el país de este ajuste  resultaría menor; pero todavía la aportación alcanzaría los cerca de  $1,396 millones, lo que equivale  al 10.2 % del Fondo General. Aun así, EA concluye que esta alternativa no resolvería el  problema estructural debido a que el gasto de Medicaid en Puerto Rico crece más rápido que el índice utilizado para ajustar el tope federal. Como resultado, la brecha de financiamiento continuaría ampliándose con el tiempo.

El tercer escenario sería la paridad parcial con los estados, una aportación equivalente al 83 % del gasto estimado en Medicaid, similar a la fórmula solicitada por el Gobierno de Puerto Rico. Bajo esta alternativa, el impacto fiscal para la isla se reduciría en aproximadamente  6.6 % del Fondo General, lo que permitiría preservar los niveles actuales de cobertura y servicios.

El informe concluye que una reducción significativa del financiamiento podría afectar a cientos de miles de beneficiarios y generar consecuencias económicas y sociales de gran alcance.

Frente a este panorama, EA exhortó al Congreso de EE. UU. a aprobar una solución permanente que elimine las disparidades actuales en Medicaid para Puerto Rico; que se elimine el tope anual de financiamiento federal para Puerto Rico y se aplique la misma fórmula de pareo  utilizada en los estados, permitiendo una aportación federal de hasta 83 % sin límite anual. En caso de aprobarse una extensión temporera, garantizar que sea de al menos cinco que refleje el crecimiento real del gasto en Medicaid y que incluya fondos para cubrir nuevas exigencias federales.

En cuanto al Gobierno de Puerto Rico, Espacios Abiertos, recomendó tanto a la Administración de Seguros de Salud (AES) y al Departamento de Salud (DS) que desarrollen y publiquen un plan de contingencia ante posibles reducciones federales; que se divulgue de manera periódica y centralizada la información financiera, de cobertura y calidad del programa;  que se evalué y se haga público el impacto potencial sobre los municipios  y que se haga un estimado formal del costo  de alcanzar plena paridad con los estados en elegibilidad, cobertura y financiamiento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Importantes pronunciamientos de la Asamblea 186 del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico

 

 El pasado, 12 de septiembre, en feliz coincidencia con el natalicio de don Pedro Albizu Campos, distinguido jurista, además de indiscutible líder de la lucha por la independencia patria, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico llevó a cabo su asamblea número 186. Sin oposición alguna, la profesora constitucionalista, líder feminista, activista por los derechos humanos, doctora en Derecho y Sociología, Yanira Reyes Gil, fue reconocida como la nueva presidenta de la institución que dentro de catorce años cumplirá dos siglos de vida. Es la primera vez en la historia del Colegio que de forma consecutiva la presidencia recae en dos féminas. La matrícula reconoció y agradeció la destacada ejecutoria de la saliente presidenta, Lcda. Vivian Godineaux Villaronga, al frente del Colegio.

Yanira Reyes Gil. Foto Christian Medina Rosado

La profesora Reyes Gil asumirá su puesto en la ceremonia de juramentación que tendrá lugar el 26 de septiembre.

Otro aspecto destacado de la Asamblea fue su dedicatoria al abogado isabelino, Eduardo (Tuto) Villanueva, expresidente del Colegio y pasado dirigente del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico. Quedó evidenciado el gran trabajo que llevó a cabo el homenajeado durante el bienio que presidió el gremio y las aportaciones que como defensor de los derechos humanos ha hecho para beneficio del pueblo puertorriqueño. El orador invitado fue el escritor Cezanne Cardona Morales. El cerrado aplauso que recibió de la matrícula evidenció que su mensaje en torno al tema de este año, Justicia, Arte y Entretenimiento, muy bien atado por él a la realidad política, social y económica del Puerto Rico en el que estamos viviendo, fue acogido y refrendado con entusiasmo.

Una de las deliberaciones más importantes de las abogadas y abogados durante su asamblea anual fue la discusión y aprobación de cinco resoluciones relacionadas con el quehacer nacional puertorriqueño, los derechos humanos y el compromiso que con su defensa tiene el Colegio. Las resoluciones que aprueba la matrícula en asamblea marcan las posturas institucionales con relación a las controversias y problemas que afectan el archipiélago boricua y a nuestra gente; establecen el análisis que sobre ellos hace el gremio y establecen las acciones que adoptará la organización.

En primer lugar, se aprobó una Resolución sobre la crisis de vivienda que sufre el país. El Colegio adoptó como política pública institucional que el acceso a una vivienda digna, adecuada, segura, accesible y asequible, constituye un derecho humano fundamental cuya protección debe orientar las políticas públicas del Estado. Como estrategia se destaca el rol que pueden desempeñar el cooperativismo y las organizaciones comunitarias para dar respuesta a la crítica escasez de vivienda existente.

Para atender la peligrosa tendencia en el país por parte de políticos y fundamentalistas religiosos de pretender borrar la línea constitucional de separación entre la Iglesia y el Estado, como dispone la sección 3 del artículo II de la Carta de Derechos, la matrícula del Colegio reafirmó su compromiso con la defensa de esa separación y de la libertad religiosa, lo que incluye a las personas creyentes y a las no creyentes. Se comprometió, además, a denunciar cualquier intento gubernamental que privilegie o discrimine por razón de credo. La Resolución se refiere a nuevas legislaciones sobre el “Nasciturus” y otras mal llamadas de libertad religiosa, aprobadas sin transparencia y sin ninguna o muy limitada participación ciudadana, que interfieren con derechos adquiridos, con el manto de fundamentos religiosos.

La Resolución de apoyo y solidaridad con Palestina levantó alguna polémica, pero fue aprobado por abrumadora mayoría el respaldo a la libre determinación del pueblo palestino y la condena al genocidio perpetrado por Israel. De forma específica, fueron repudiados los recientes acercamientos llevados a cabo por el gobierno de Puerto Rico en el estado de Florida, a través de la gobernadora Jenniffer González, con funcionarios del estado de Israel.

La amenaza al ambiente y los recursos naturales por medio de legislaciones y mega proyectos por el estilo de Esencia en Cabo Rojo, que colocan en riesgo áreas de conservación como la zona cárstica de Puerto Rico, importantes zonas agrícolas y las costas, recibieron el repudio de las abogadas y abogados que reiteraron la existente política institucional de protección del territorio borincano y del medioambiente.

No hay duda, de que el devenir de los años ha fortalecido la pertinencia en la vida civil puertorriqueña del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, para la defensa de su gremio, pero igualmente importante, para servir de fuente de orientación sobre los derechos de nuestro Pueblo y para su defensa. En los malos tiempos que vivimos, con la amenaza de los gobiernos de derecha, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, de menoscabar derechos humanos y constitucionales sin recato alguno y en total menosprecio por las protecciones de garantías básicas, la voz y las acciones de la casi bicentenaria institución son un escudo protector de confianza para la sociedad. Vemos en el liderazgo de su próxima presidenta, Lcda. Yanira Reyes Gil y en su Junta de Gobierno, un bienio de activa vida organizativa en beneficio de su matrícula y de nuestro Pueblo.

 

 

 

Cero ambivalencia referente a Cuba

 

 Especial para CLARIDAD

 Últimamente como que se ha puesto de boga entre algunos(as) izquierdistas o seudo izquierdistas dar “golpecitos” a Cuba con críticas irracionales. Cada cual es libre de tener opiniones y expresarlas, pero hay que ser cuidadoso(a), prudente, responsable, y sensible al momento actual que vive el país de recrudecimiento del esfuerzo imperialista de hacer rendirse al pueblo cubano, de hacerlo ceder en su soberanía; de hacerlo cambiar su sistema socialista al capitalista.

Se trata de un país sujeto actualmente a un casi absoluto bloqueo petrolero de parte de Estados Unidos que añade una capa mayor al bloqueo instituido por la misma superpotencia hace ya casi sesenta y cinco años. Desde enero del año en curso como resultado de este nuevo y vil atropello del monstruo del norte, ahora anaranjado, el pueblo de Cuba ha visto descender su condición de vida.

La alimentación, hospitales, escuelas, transporte, recogido de desechos sólidos y muchas áreas de la vida cubana son afectadas fuertemente. Pero, se trata también de que hoy el pueblo de Cuba escribe un nuevo capítulo de su historia aguerrida de resiliencia en lo general y de creatividad y determinación en lo cotidiano, según presenciaron visitantes recientes.

Por estas razones hay que llamar atención sobre las críticas citadas, al(la) que le caiga el sayo que se lo ponga. Algunos se cuelan en espacios convenientes incluyendo periódicos diarios, se hacen pasar de progresistas, luego hacen reclamos absurdos a Cuba, y luego por ejemplo se pasean en actividades de prestigiosas entidades. Cubren todas las bases, pero queda claro cómo y desde donde se moldean sus opiniones. La ultraizquierda ni se diga.

¿Qué reflejan comentarios como decir que en la reciente entrevista de CLARIDAD a Díaz Canel, el presidente cubano no dijo nada nuevo? ¿Qué significa cuando se dice, que el gobierno de Cuba es una dictadura? ¿Qué significan estos cuestionamientos cuando vienen de personas con espacios en el independentismo y que incluso han ido a Cuba y profesan solidaridad? El medio ideológico de derecha en el capitalismo es extremadamente poderoso para moldear opiniones, y en la colonia de Puerto Rico más todavía. Incluso izquierdistas a veces adoptan elementos de los discursos de los portavoces y la prensa de la reacción.

¿Qué era lo nuevo querían que dijera Díaz Canel? ¿Que Cuba cederá en su soberanía para que entren allí las multinacionales a mandar y explotar? ¿Qué adelanta quien repite en exabruptos que el gobierno de Cuba es una dictadura, lo que quizás escuchó de otros(as) además de los medios? ¿Que se quiere, que Cuba se abra al pluripartidismo lo que llevaría al pueblo cubano a dividirse en cuatro cantos como estamos en Puerto Rico?

Los llamados a cambios en Cuba chocan con la realidad de muchos cambios que ya se han instituido como el ejercicio privado de numerosas profesiones y oficios (con la excepción de algunas que incluyen la medicina y el magisterio); la propiedad privada de viviendas; la inversión de capital extranjero en sectores económicos como el turismo y los hoteles; como en los derechos de la comunidad LGBTTQ+, y otros.

Quienes hemos conocido el país, de su solidaridad, su resistencia y su valoración de la soberanía ahora más que nunca debemos divulgar las razones para que el imperialismo quiera liquidar el sistema económico y político de Cuba. Se debe hablar de la transformación de Cuba desde 1959 en una sociedad justa, consciente, culta y amante de su soberanía. Hay que hablar de la cultura de solidaridad de Cuba, de su apoyo a países que han necesitado médicos, maestros(as) y técnicos; de su apoyo para desmantelar sistemas políticos oprobiosos como el Apartheid y el colonialismo como en Puerto Rico.

Esa solidaridad de Cuba con distintos pueblos del mundo ha tenido forma en todos los confines del mundo, incluyendo de los climas más inhóspitos como son los campamentos de refugiados del Sahara Occidental, donde cuando esta servidora visitó, en un pequeñísimo dispensario el médico era cubano.

Este es el momento más importante para la solidaridad con Cuba que en Puerto Rico ha sido histórica y que al presente se manifiesta en las Brigadas Juan Rius Rivera, en las actividades recientes en honor Silvio Rodríguez para recaudar fondos y comprar medinas para hospitales en Cuba, además de actos individuales de solidaridad. Es momento de denunciar a cada oportunidad las grotescas agresiones contra Cuba y el impacto del bloqueo petrolero actual en áreas en que tanto había adelantado el país.

La solidaridad con Cuba es un área del trabajo de avanzada en Puerto Rico que con duro esfuerzo porta un mensaje distinto a la cháchara diaria que con pocas excepciones nos dispara continuamente la radio y televisión del país. No es momento para que nuestra tradición de solidaridad con Cuba dé resbalones. No debemos incurrir en la solidaridad o la amistad “light” que se hace de la vista larga de los “golpecitos”. No es momento de ambivalencias con Cuba.