Especial para CLARIDAD
“Cualquier sabio puede sentarse
en un hormiguero, pero
el necio permanece sentado en él”.
Proverbio Chino
La prensa comercial de Puerto Rico informaba recientemente el estatus de progreso de 12 proyectos de construcción e intervención en infraestructura designados como “prioritarios” y “estratégicos” por la presente administración gubernamental colonial de Puerto Rico (Los 12 “proyectos prioritarios” designados por Pedro Pierluisi al inicio de su administración no estarán listos en este cuatrienio, El Nuevo Día, 15 de enero de 2024). La reseña periodística planteaba, en un limitado tono crítico, el pobre cumplimiento con las fechas programadas para la culminación de estas obras que el gobernador propuso al País al inicio de su cuatrienio en el año 2021. Cuando se hizo público la identificación de estos proyectos designados como “prioritarios”, el gobernador reconocía que muchas de esas intervenciones se habían propuesto desde el año 2018 a partir de lo impactos de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017. El gobernador compareció el 6 de agosto de 2021 en una actividad denominada “Expo Convención 2021” auspiciada por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y prometió al País el desarrollo de estos proyectos con el énfasis estratégico de la construcción y reconstrucción de elementos de infraestructura y de proyectos de servicios esenciales para los cuales se contaba con el apoyo financiero de miles de millones de dólares asignados por el gobierno federal de los EE.UU. en respuesta a los desastres provocados por los huracanes y por los impactos sufridos por los terremotos de diciembre de 2019 y enero de 2020. En esa intervención ante el Colegio de Ingenieros el gobernador declaró que éste sería “El cuatrienio de la obra”. No obstante, a esta fecha muy poco se ha logrado en la gestión para concretizar la implantación de la mayoría de esos proyectos. En el contexto del presente año electoral, el gobernador percibe que este incumplimiento va a ser objeto de cuestionamiento en la discusión político partidista, en particular por las circunstancias del reto de las primarias para la gobernación que le disputa la actual Comisionada Residente. Independientemente de las explicaciones y excusas que públicamente el gobernador y otros funcionarios han comunicado para justificar el pobre desempeño de gestión gubernamental, pienso que el sustrato fundamental de la incapacidad de esta pobre actuación radica en la mediocridad prevalente en la estructura y la dirección ejecutiva en las distintas estratas del gobierno de Puerto Rico. Veamos la propuesta del gobernador.
Entre los proyectos “estratégicos” se encontraban los siguientes:
- “Transformación energética total del sistema de transmisión y distribución de electricidad”.
- “Proyecto de dragado de los embalses y mejoras a los sistemas de acueductos”.
- “Terminar la construcción de carreteras estatales”.
- “Proyectos de infraestructura que viabilicen el desarrollo, por un Master Developer, en la antigua base Roosevelt Roads”.
- “Un nuevo hospital de Trauma en el Centro Médico”.
- ”La construcción del Hospital Susana Centeno de Vieques”.
- “Mejora al Centro de Trauma de Mayagüez.”
- “Establecer grandes polos de desarrollo regional como, por ejemplo, vincular el puerto de Ponce, el aeropuerto Mercedita y la zona libre de impuesto en la zona sur”.
- “Hub aéreo en Aguadilla en coordinación con la Universidad y empresas aeronáuticas en la zona oeste”.
- “Proyectos para fomentar y hacer más eficiente el sistema de manejo de residuos sólidos y el reciclaje”.
- “El desarrollo e implantación de infraestructura de banda ancha, 5G y Smart Cities”.
- “Proyecto del Dragado del Caño Martín Peña”.
- “Construcción de la Represa Valenciano en Juncos”.
- “Reparación y construcción de cerca de 700 escuelas con columnas cortas con los más de $2 billones que asignó FEMA”.
En apariencia de estar conmovido por la seguridad de los niños en las escuelas públicas, se le atribuye al gobernador decir lo siguiente en la actividad del Colegio de Ingenieros: “Más allá de regresar al salón de clases, tenemos que garantizarle a nuestros estudiantes un plantel seguro y en buenas condiciones”; “No se hizo el trabajo que se tenía que hacer el año pasado y yo me estoy encargando de hacerlo ahora”; “No voy a escatimar a la hora de arreglar planteles con columnas cortas y otros defectos, lo cual de por sí sería un gran legado para futuras generaciones”; y, “Lo que está en juego es nada más y nada menos que la vida de nuestros niños y niñas”.
Al examinar críticamente las propuestas de estos proyectos y estrategias que se catalogaron prioritarios, se debe reconocer varios factores que han incidido sobre el pobre desempeño de la gestión gubernamental en articular las intervenciones propuestas. Entre esos factores se incluyen el disloque de actuación y coordinación que provocó la pandemia de la COVID-19 en todos los ámbitos gubernamentales, sociales y económicos; el impacto del huracán Fiona en septiembre de 2022; el incremento sustancial en los costos de los bienes y servicios (proceso de inflación) que encarecen los estimados preliminares de los proyectos lo que a su vez provocó revisión y dilación en las autorizaciones para el uso de los fondos federales y el trámite de permisos; y la escasez relativa de mano de obra en la industria de la construcción. Sin embargo, el efecto de estos factores actuando individualmente y en conjunto no son causa suficiente para justificar el rezago de cumplimiento con las promesas políticas del gobernador Pierluisi. Se supone que el gobierno articule procesos de planificación para enfrentar estas circunstancias. A mi parecer, existen otras consideraciones que inciden con más prominencia en el desempeño mediocre de la gestión gubernamental. Los proyectos arriba enumerados, y miles de otros que promueven distintas corporaciones públicas y agencias gubernamentales, carecen de análisis y articulación dentro de un marco de planificación integral y de una activa participación pública y comunitaria en la gestión de todas las fases de desarrollo de estos proyectos. También las propuestas gubernamentales se perciben desarticuladas de los contextos de la realidad presente y la realidad proyectada en cuanto a las condiciones sociales, económicas, ambientales y culturales de Puerto Rico como un todo. Con la excepción del Proyecto del Dragado del Caño Martín Peña y la rehabilitación y las reformas urbanas de las comunidades adyacentes que sigue un adecuado proceso de planificación, ejecución y participación comunitaria, la mayoría de los otros proyectos, denominados prioritarios o estratégicos, no corresponden con las políticas públicas, las metas y objetivos y las prioridades de acción del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico vigente, del Plan Integral de Recursos de Agua, del Plan Integrado de Recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica, los Planes Territoriales de los 78 municipios, entre otros instrumentos de planificación. Todos estos Planes, desatendidos por el gobierno, aún con sus fallas y limitaciones posibles, se han elaborado con leyes especiales vigentes que requieren una articulación de planificación racional y eficaz para superar el rezago prevalente del desarrollo del País.
Por otro lado, la mayor parte de estos proyectos propuestos adolecen y se caracterizan por lo siguiente: (a) carecer de un análisis de viabilidad ambiental y de viabilidad social y económica; (b) mostrar un distanciamiento de la realidad fiscal del gobierno de Puerto Rico así como de la recesión y depresión económica ya endémica desde el 2006; (c) tener la pretensión de ignorar la intervención y la jurisdicción inmoral de la Junta de Control Fiscal en el manejo del presupuesto fiscal público; (d) tener la pretensión de ignorar la realidad demográfica de un País donde muere mucha más gente de las que nace, emigra mucha más gente hacia otros países de las que, en conjunto, nacen y mueren, y aumenta sustancialmente la población de adultos mayores o viejos y de población con discapacidad física y mental; (e) exhibir una enajenación en la conciencia del problema de la bochornosa pobreza material y de salud mental y salud pública que se profundiza continuamente, e involucra a la mayor parte de la población del País; (f) ignorar la creciente inequidad y la injusticia en la distribución de la riqueza; y (g) enajenado de la cambiante realidad física y material del archipiélago producto del calentamiento del Planeta y del abrumador cambio en el clima.
Conceptualmente, la disciplina de la planificación para el desarrollo de un País supone una secuencia de análisis y propuestas de intervención que, en general, sigue la siguiente relación: (1) se definen metas y objetivos a base de las aspiraciones futuras de la sociedad como un todo; (2) se articulan o se relacionan, si ya existen, las políticas públicas que orientan o rigen la actuación colectiva de la sociedad presente; (3) se realiza el proceso de planificación que, en general, incluye actividades de diagnóstico, análisis, propuesta de intervención, ponderación de costos, ponderación de mecanismo de financiación e identificación del marco institucional responsable de las actuaciones propuestas (que responda a qué se quiere hacer, cuándo, cómo, quién lo hace, a qué costo monetario, cómo se financia ese costo, cuáles implicaciones positivas y negativas a corto, mediano y largo plazo en el ámbito social, económico y ambiental); (4) se articula la programación de intervención (intervenciones asignadas a base de períodos de tiempo); y (5) se precisan los proyectos propuestos a base de la programación acordada. Todo este proceso de planificación debe contar con el conocimiento y participación pública activa de manera que tenga legitimidad para su implantación. Gestionar proyectos sin la ponderación de un contexto en un proceso racional de planificación, en la práctica, es un ejercicio de improvisación y desarticulación que produce ineficiencia y promueve la pérdida de oportunidad para el uso de sustanciales fondos necesarios para la reconstrucción física del País que está golpeado por tantas instancias de huracanes, terremotos y pandemia. Así planteado, los dirigentes de la gestión pública han mostrado una crasa incompetencia ante los requerimientos de la presente coyuntura histórica.
Hay que recordar que cuando se trata de procesos de planificación para asuntos públicos, el gobierno y sus representantes tienen una responsabilidad legal, moral y política inalienable puesto que están utilizando fondos y bienes públicos que le pertenecen y forman parte de la riqueza colectiva del País. No están administrando y gestionando bienes privados. La premisa, entonces, es que esta gestión de planificación y las decisiones de intervención que se formulan requieren una ejecución y aspiración efectiva y eficiente, y que aspire al máximo de excelencia que el conocimiento científico y el ejercicio profesional pueden apoyar. Con todas estas aspiraciones y premisas se supone que se eligen a los funcionarios que participan en lo procesos electorales. Estas personas electas, a su vez, moralmente deben reclutar y trabajar con funcionarios y servidores públicos cualificados y comprometidos con esta responsabilidad legal y moral.
La realidad que observamos es que, la función y gestión pública está matizada con una constante y profunda gestión de incompetencia que raya en la mediocridad. Reflexionando sobre esta mediocridad, en días recientes examinaba un artículo publicado electrónicamente que trata este tema de forma muy aguda (Sobre [y desde] la Mediocridad, publicado en Muy Interesante, el 9 de junio de 2021; https://wwwmuyinteresante.es/actualidad/28547.html). En el artículo se plantea que “Una sociedad dominada por mediocres es una sociedad agenésica (sic), incapaz de crear nada, de variar un ápice su rumbo porque sólo está firmemente capacitada para obedecer ciegamente el camino que le han marcado independientemente de lo que tenga delante”. También dice: ”En el actual orden del mundo, el que no giremos colectivamente el rumbo es la prueba de algodón de que los mediocres han tomado el poder y nos gobiernan en todos las ámbitos (económico, cultural, político…) de forma escandalosamente mediocre”. Añade que ”Donde hay un mediocre seguro que habrá más porque antes de alcanzar su puesto de máxima incompetencia [Principio de Peter] habrá hecho escalar y prosperar a otros semejantes, habrá generado una infraestructura de mediocres a su alrededor”. Finalmente, “Al mediocre le hemos quitado su depredador natural” (Énfasis suplido).
El diccionario de la Real Academia Española define mediocre como de calidad media, de poco mérito tirando a malo y usado para describir personas, tiene un sentido peyorativo, ya que indica que ese alguien “no posee habilidades destacables ni un intelecto sobresaliente”. La mediocridad tiene como antónimo la excelencia, entendida esta como algo que tiene “superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio o estimación”. Subjetivamente, sin que tenga la intención de formular un juicio moral de las personas con responsabilidad de dirigir la gestión gubernamental, pienso que la ineficiencia que percibimos en el desempeño gubernamental, que como mínimo considero mediocre, puede responder a uno o varios factores concurrentes: (a) hay en los dirigentes una carencia de competencias profesionales o técnicas, o por desidia, no muestran estos atributos, si los tuviesen; (b) las circunstancias apremiantes de este tiempo histórico en que vivimos rebasan las capacidades de los funcionarios y, en con secuencia, los mantiene rezagados en la diligencia de la ejecución de sus funciones; (c) o porque, por conveniencia mezquina, favorecen intereses personales o de grupos de allegados sobre el interés, el bienestar y las necesidades comunes del Pueblo que les ha delegado funciones y responsabilidades; y (d) por limitación de perspectivas del tiempo, asignan prioridad o exclusividad a la acción (proyectos) de efectos al corto plazo, ignorando las circunstancia previsibles y probables del mediano y corto plazo.
El escenario que nos presenta el año 2024, desde el punto de vista electoral, plantea un reto y a la vez una oportunidad coyuntural para iniciar un proceso de superación del estado de mediocridad gubernamental que abruma nuestro Pueblo. Las circunstancias apremiantes del País y la incertidumbre abismal que nos abruma ante la profundización de la crisis social, económica, ambiental y política que, a corto y mediano plazo, incide sobre todo el quehacer personal, comunitario y social de nuestro Pueblo, requieren de un cambio de rumbo significativo. El País no puede ni debe mantener la administración pública en manos de personas y de partidos políticos que exhiben y perpetúan una gestión mediocre. No se puede sanear esa mediocridad sustituyéndola con personas que poseen y siguen cultivando esos atributos.
La mediocridad prevalente es parte del caldo de cultivo que nutre y multiplica la corrupción en todas sus manifestaciones legales y morales. El País no puede comportarse como una manada o rebaño que de forma irracional sigue, apoya y reelige a personas mediocres, a personas incapaces de, ni siquiera, aspirar a un desempeño mínimo de excelencia. Revalidar esta situación endémica nos coloca en una posición social de comportamiento similar al de los rebaños, de los seres que siguen un líder, aunque sugiera éste encaminarnos a desbordarnos por un precipicio, a navegar y naufragar en un mar de circunstancias turbulentas. Aquellos que aspiran a cambiar este turbulento paradigma histórico de mediocridad deben, a su vez, asegurarnos que tienen los atributos que los acreditan para hacer viable una nueva agenda de desarrollo y de descolonización apoyada en principios de planificación, eficiencia y excelencia gubernamental, de justicia y equidad social, y de responsabilidad y conciencia del cuidado del ambiente y de la naturaleza. Esta tiene que ser la agenda: propuestas de gestión gubernamental de excelencia asumida por personas con las cualificaciones y el compromiso para ponerla en vigor. Si se formula este compromiso de forma convincente, pienso que valdrá la pena la participación electoral del año 2024.
