La institución, aparte de lidiar con las disminuciones en su presupuesto, enfrenta discusiones sobre el manejo de las finanzas internas
CLARIDAD
Hace tres meses, en octubre, la Cámara de Representantes investigó el estado actual del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR). En sus revelaciones, encontraron una deuda actuarial que asciende a los $1.7 mil millones. A nivel de sistema, la administración “logró” una concesión presupuestaria de $20 millones, sujeta a una condición: que los empleados que se contraten luego de este plan fiscal no se beneficien del fondo de retiro.
“Nosotros nos sentamos, en un convenio colectivo con la administración, y llegamos a unos acuerdos sólidos. Fuimos muy claros con los reclamos de todos los sectores de la comunidad universitaria. No estamos pidiendo mayor presupuesto; queremos que unos fondos ya identificados se redirijan para propósitos que beneficien a la comunidad”, expresó el presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la UPR, Carlos de León, en repudio a la determinación de la Junta de Gobierno (JG).
El líder sindical aludió a las conversaciones actuales con la gerencia del sistema universitario en aras de esclarecer el futuro de empleados retirados. A finales del año pasado, la Cámara de Representantes rechazó la medida que excluyó a los futuros empleados del plan de retiro. No obstante, De León advirtió que, si la administración de la UPR no cumple su promesa, “habrá que tomar todas las opciones necesarias para que se cumplan los acuerdos”.
-Cuando menciona “todas las opciones necesarias”, ¿se refiere a una manifestación o un paro?
“Sí, me refiero a todas las herramientas disponibles para que la administración haga valer los acuerdos discutidos y responda”, respondió el presidente del gremio sindical. También, manifestó “una profunda preocupación por la influencia e intrusión de la mal llamada Ley PROMESA, impuesta sobre la gobernanza del país y la Universidad […]” en un comunicado público. Además, el líder considera que “la Junta de Saqueo Fiscal se ha convertido en el enemigo público número uno de la UPR y en la peor amenaza para la existencia de nuestro sistema y nuestros recintos”.
De acuerdo con datos de la Hermandad, los empleados no docentes del sistema UPR son los únicos empleados del sector público que no han recibido un aumento salarial en los pasados 12 años. El convenio colectivo del sindicato, que fue firmado por la presidenta anterior del gremio- Janell Santana- cuenta con 96 páginas y fue firmado el pasado marzo de 2023.
Sumado a esa amenaza, la presidenta de la Asociación de Profesores Puertorriqueños Universitarios (APPU), María del Mar Rosa Rodríguez, denunció en una columna de opinión los recortes que, desde su llegada, la Junta de Control Fiscal ha impuesto al sistema universitario. “A la Junta de Control Fiscal, les decimos que los tenemos bien leídos. Sabemos que su chantaje de los $20 millones es quebrarnos más y explotarnos más”, lee el texto de Rosa Rodríguez.
Según el documento de la Hermandad de Empleados, el plan que la administración UPR negoció con el sindicato fue rechazado y devuelto por la Junta de Control Fiscal (JCF). “La Universidad tiene una deuda moral y sustantiva con su clase trabajadora”, recalcó el texto del sindicato.
En el ámbito estudiantil, el semestre comenzó con los desperfectos acostumbrados de se ciernen sobre el principal centro de estudios del país. Los recortes presupuestarios suponen una disminución en la cantidad de docentes, que muchas veces laboran por contrato. Igualmente, la limitación de fondos disponibles impacta la cantidad de secciones disponible por curso, la inversión para reclutar más estudiantes y el ofrecimiento de una educación nutrida por docentes.
De acuerdo con De León, la situación está “en veremos” hasta que la JCF determine qué hacer respecto al Sistema de Retiro que, aunque haya sido “protegido” por la legislatura, poco vale ante la pauta final del “nuevo modelo de gobierno colonial”.
