CLARIDAD

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A cuatro semanas de las elecciones y 16 días de escrutinio general, todavía no se tienen los números finales de las elecciones de noviembre  2024. Ni siquiera se espera que el escrutinio termine a mediados de diciembre.

“Lo que uno quisiera es que, por lo menos, los precintos de San Juan sean contados al cien por ciento.  Eso requiere mucho trabajo el martes y miércoles”, reconoció el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciado Roberto Aponte Berríos, en referencia a los continuas controversias y obstáculos habidos en el proceso de escrutinio general.

Aponte Berríos señaló que el problema principal es el cuadre de actas, para lo que se debió   reorganizar mejor las mesas. Aunque fue algo que ya se hizo, ahora el trabajo se debe dedicar  más a cuadrar actas previo a continuar por los precintos. “Como cada cual tiene sus intereses, sobre todo, el PNP quiere empujar mucho el conteo de colegio regular y por correo y no tanto otro tipo de voto. Esa ha sido la complicación en un principio”.

Pero en términos del escrutinio en general, dijo considerar que han sido varios los factores por los cuales en un principio ha sido uno muy lento. Uno de ellos es que hay unas generaciones de voluntarios que no sabían contar a cuadritos ni cuadrar actas. “Eso es una arte que se ha perdido y requirió adiestramiento y alguien en mesa para dirigirlo”. Por otro lado, indicó que es una realidad que hay mucho voto de nominación directa y que primero hay que identificar ese tipo de voto y sumar y restar a otros candidatos. También resaltó que antes el proceso estaba mejor planificado porque si se abría una mesa y había un maletín en esa misma mesa, se empezaba a contar y concluía allí; es decir, se cuadraba el acta.

“Lamentablemente, con el código electoral,  las papeletas se mueven de una mesa a otra, a la máquina, y hay una fragmentación del conteo de votos que lleva a no tener un tracto del conteo de votos”, describió.

A la pregunta de si se supone que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tuviese reglamentos para conducir los trabajos de escrutinio, el licenciado Aponte Berríos dijo que sí los hay, pero que han habido muchas determinaciones recientes impulsadas por el Partido Nuevo Progresista (PNP) a las cuales la  presidenta interina, Jessika Padilla, se ha unido, por lo que no se han seguido los reglamentos y manuales: “En muchas ocasiones se están cambiando las reglas a mitad de camino”. Señaló que este  ha sido el ciclo electoral donde más controversias se han dado por la misma razón del Código Electoral del 2020. Expresó que comparado con lo difícil que fue el escrutinio del 2020 en el Coliseo Roberto Clemente cuando se estrenó el actual Código Electoral, este escrutinio ha sido peor.

En cuanto a los votos que todavía quedan por contar y a la conducta del comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges, de dar declaraciones a la prensa sobre quién ganará con el voto adelantado, con todo lo que no es presencial, cuando aún no se ha terminado el escrutinio, el comisionado electoral del PIP, reaccionó: “No es la primera vez que a un comisionado o un líder del PNP le gusta adelantarse a los acontecimientos pronosticando y echando hacia atrás declaraciones, y eso está pasando aquí. Por eso, nunca me van a escuchar decir, en el caso específico de Adriana (Gutiérrez) en el precinto 4, nunca (aquí falta algo, qué es lo que nunca dirá). No sabemos qué finalmente va a pasar hasta que no esté el cien por cien de las papeletas contadas, no solo el voto por correo”.

Añadió que en  cada precinto hay voto a domicilio que falta por contar, voto ausente y votos del día de las elecciones que no han pasado por la máquina, así como voto añadido a mano que todavía no ha sido contado, por lo que hay toda modalidad de voto que aún no se ha contado. Comentó que tres días antes del escrutinio se sabía que faltaba por contar de 110 -115 mil votos por correo. Por otra parte, el voto a domicilio lo solicitaron 66 mil personas. El comisionado electoral del PIP trajo a la atención y recordó  que ese voto se contó mal el sábado previo a las elecciones. Ese fue el voto sobre el que los comisionados locales dijeron que había un problema por las marcas, que al pasar por las máquinas de escrutinio, las papeletas no se contaban. Aunque algunos comisionados electorales locales pasaron correctamente las papeletas, otros no. En reunión, los comisionados electorales en la CEE decidieron que había que contar de nuevo el voto a domicilio debido a que, por las explicaciones que los comisionados locales daban, no se tenía la certeza de que esas papeletas se hubieran contado una sola vez, que podría ocurrir que algunas se estuvieran contado doble.

Con todo lo acontecido, a juicio del licenciado Aponte Berríos, las controversias más agudas en estos comicios tuvo que ver con  el voto adelantado por correo los días antes de las elecciones, proceso para el cual no hubo garras para fiscalizarlo, censuró. Al respecto, narró que hubo casos de varias personas que llevaron sobres con papeletas votadas, como fue el de una  persona que recogió más de 500 sobres con papeletas votadas en Camuy, Moca y Lares y los llevó a la oficina de correos de la calle Kalaf, al lado de la CEE. Hubo otro caso de más de 300 sobres en que una misma  persona de Maunabo los llevó  al correo de Plaza las Américas. En este pueblo, la contienda a la alcaldía es una cerrada.

El comisionado electoral del PIP denunció que la Comisión pudo haber sido más diligente en hacer una investigación sobre lo que  se vio como un patrón de  individuos que llevaban cientos de sobres a oficinas de correo cuando eran de otros municipios lejanos.

Por otro lado, una situación que se pudo haber evitado, según el relato de Aponte Berríos, es el que directores de campaña estuviesen en el escrutinio. Recientemente, el director de campaña de la candidata del PNP, Oriol Campos, estuvo en el escrutinio, lo que provocó malestar entre los comisionados y otro personal. Aponte Berríos dijo que hace meses atrás  llevó a discusión ese tema cuando se discutieron las reglas del escrutinio. Su propuesta no fue aceptada.

“En ese momento, le dije a la presidenta que no abriera esa caja de Pandora. En el caso de Oriol Campos, que es una persona controversial, que lo vimos en esta contienda  haciendo declaraciones muy violentas y ofensivas, eso podría  crear discordia en momentos en que pudieran estar los ánimos caldeados”.

No obstante, el comisionado electoral del PIP reconoció que lo mejor que ha ocurrido en el escrutinio es el comportamiento de  los voluntarios de todos los partidos políticos, los cuales han trabajado en unas condiciones donde el lugar es uno incómodo, cerrado y no tiene estacionamiento.

Aponte Berríos expresó dudas de que se pueda terminar el escrutinio entre el 20 y 22 de diciembre,aun cuando se corrija el asunto del cuadre de actas. El proceso se movería mucho más rápido, “pero dudo que se concluya a mediados de diciembre. Pienso que va a ser más tarde”.

Según el Observatorio de Equidad de Género, en lo que va de año en el país se han registrado 80 feminicidios, incluyendo 20 feminicidios íntimos, dio a conocer Taller Salud, en ocasión de conmemorarse este 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

“La violencia de género sigue siendo una de las problemáticas más graves que enfrentamos como sociedad. Estos asesinatos no solo reflejan un serio problema de seguridad para las mujeres, sino que evidencian la urgente necesidad de desmantelar las estructuras que perpetúan esta violencia y proveer soluciones inmediatas y efectivas para las sobrevivientes”, señaló Taller Salud en declaraciones en comunicado de prensa, organización feminista con una trayectoria que data desde el 1979.

Ángela Cruz Félix, psicóloga clínica y directora de la iniciativa Mujeres y Salud de TS, demandó el que era hora de que el gobierno le dé a las sobrevivientes el apoyo, la seguridad y la justicia que necesitan con acciones concretas. “El Estado debe garantizar la seguridad de las mujeres y sus familias, asignando recursos para albergues de emergencia y para organizaciones como la nuestra que trabajamos con sobrevivientes sin los procesos burocráticos que retrasan el acceso a los servicios. Además, el Estado debe asignar recursos a las agencias y tribunales del país para garantizar que cualquier mujer en una situación de violencia pueda encontrar los servicios que necesita cuando solicita ayuda».

Al respecto la organización especificó entre las medidas que debe adoptar el gobierno: aumentar la asignación de intercesoras legales en casos civiles y criminales en todos los tribunales del país: reducir los tiempos de espera para las sobrevivientes en las salas judiciales, además de las reposiciones y re-calendarizaciones. Estos retrasos atribuyó Taller Salud muchas veces son estrategias para desgastar la voluntad de la victima para seguir con las denuncias.

Otras medidas son invertir en el acceso a vivienda segura y asequible para las mujeres y sus familias: brindar mayor apoyo y flexibilidad desde las políticas laborales para incluir licencias pagas y planes de reintegración laboral que permitan a las mujeres rehacer sus vidas sin poner en riesgo su estabilidad económica. “Nos referimos a licencias que consideren los procesos de recuperación y asesoramiento legal ya que los procesos de sanación y recuperación para las sobrevivientes no son lineales, y toman tiempo”.

Además del servicio directo a sobrevivientes, desde 2021, Taller Salud coordina la Mesa del Este, un espacio multisectorial que reúne a organizaciones, agencias gubernamentales y la comunidad para atender las múltiples necesidades de las sobrevivientes en los municipios de Carolina, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo y Fajardo.

“El trabajo realizado desde la Mesa del Este ha logrado en primer lugar construir alianzas estratégicas para cambiar las prácticas y procesos que obstaculizan el acceso a servicios y las barreras estructurales para atender la violencia de género priorizando en este momento nuestra área de atención. Además, ha contribuido a reducir la revictimización, ofreciendo una red de apoyo para las mujeres y referidos oportunos en nuestra región. También hemos fortalecido la prevención organizando campañas y esfuerzos educativos para erradicar la violencia de género. Por último, hemos capacitado al personal clave en las diversas agencias, fomentando la atención respetuosa y empática hacia las sobrevivientes.” explicó Tania Rosario Méndez directora ejecutiva de la organización feminista.

Por su parte la Red Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, (NAVG) igual planteó la urgencia de que se brinden más servicios de apoyo a las víctimas de agresión sexual en Puerto Rico. Coraly León directora ejecutiva indicó que con ese propósito, la Red está capacitando en una academia a nuevas intercesoras legales que acompañen en los tribunales a las sobrevivientes de agresión sexual.

“Yo soy sobreviviente de violencia sexual y conozco en carne propia los retos y las dificultades que tienen las y los sobrevivientes a la hora de lograr acceso a la justicia. Por el tabú, por muchas de nuestras creencias culturales, muchas víctimas y sobrevivientes se sienten aisladas, culpables de la experiencia dolorosa que vivieron, que estuvo fuera de su control y se sienten hasta desconectadas de su cuerpo”, expresó León sobre la necesidad de servicios de apoyo de las víctimas de agresión sexual.

Los datos sobre la violencia de género hablan por si solos. De acuerdo a las estadísticas del Negociado de la Policía, para el año 2023 se reportaron 1,278 incidentes de violencia sexual, de los cuales el 79.9% de las sobrevivientes fueron mujeres. Además, el 75.45 de las víctimas son menores de 17 años de edad. El delito de mayor incidencia reportado es actos lascivos (67.9%), seguido de agresión sexual (27.7%). Un 52.3% de los ofensores son familiares y 35.4% son conocidos. Se sabe que la inmensa mayoría de los casos de violencia sexual no se reportan. El Departamento de Salud ha estimado que en Puerto Rico ocurren anualmente unos 66,000 casos de algún tipo de violencia sexual.

“La agresión sexual es una de las violencias más terribles que puede una persona experimentar porque pierde el control y la autonomía frente a la persona agresora, de cómo es percibido su cuerpo. Te hace sentir insegura en tu propia piel. Es bien importante que las víctimas y sobrevivientes de violencia de género en escenarios como los tribunales cuenten con un adiestramiento capacitado y sensible para poder acompañarlas en uno de los procesos más duros que puede pasar alguien, para que no sean revictimizadas en el tribunal y para minimizar los daños emocionales”, comentó León.

Sobre la Academia de Intercesoras Legal la Red recibió una subvención de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). La primera sesión contó con 29 participantes, para casos de violencia doméstica y actualmente están capacitando a 30 nuevas intercesoras en casos de agresión sexual en la segunda sesión que se extiende hasta diciembre.

En la academia en la que participan profesionales de la conducta como trabajadores sociales, psicólogos y consejeros se capacitan tanto a nivel teórico como práctico, con experimentadas intercesoras legales en temas como el marco legal prevaleciente, los protocolos de intervención, las diversas formas de agresión sexual, el impacto psicológico en las víctimas, mitos y realidades de la violencia sexual y las estrategias para acompañar a las sobrevivientes. Como parte del curso se visitan los tribunales, la división de la Policía a cargo de órdenes de protección y se exponen a los y las estudiantes a intervenir en apoyo en casos reales de víctimas en las salas especializadas de violencia de género en los tribunales.

La procuradora interina de la OPM, Madeline Bermúdez Sanabria, indicó que este año es la quinta academia desde 2018, centrada en específico en los casos de agresión sexual, un área crítica e invisibilidad en la lucha contra la violencia de género. Desde 2018 hasta 2023, informó que se han certificado cerca de 70 intercesores. “Nuestra meta es clara: seguir fortaleciendo la Academia de Intercesores Legales, con varias academias proyectadas este año, y seguir apoyando a las víctimas con profesionales capacitados y comprometidos. El acompañamiento en los tribunales es vital para las víctimas de agresión sexual, y gracias a la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, esta academia ofrecerá a los profesionales de la conducta la oportunidad de formarse en este rol crucial”.