CLARIDAD

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Aun reconociendo que en el país existe mucha suspicacia respecto a los tribunales y los jueces, el licenciado Carlos Gorrín Peralta entiende que tanto el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) como el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) tienen la obligación de hacer un reclamo judicial en vista de que no han fructificado los esfuerzos legislativos que han hecho ambos partidos para dejar sin efecto la disposición en el Código Electoral que prohíbe las candidaturas colegiadas.

En una acción en conjunto, el PIP y el MVC presentaron una demanda en el Tribunal de Primera Instancia por entender que la prohibición de que los partidos políticos puedan  formar coaliciones es una limitación de la democracia y una barrera para la representación política de grupos minoritarios. El pleito busca que se declaren inconstitucionales los artículos 6.1 y 7.9 del Código Electoral.

“Hay mucha suspicacia basada en la pérdida de confianza del pueblo en general sobre la institución judicial, que se ha convertido en un balón político durante los últimos 30 años de los dos partidos que se han turnado en el ejercicio del poder”, reconoció el licenciado Gorrín Peralta en entrevista sobre las expectativas de lo que puedan decidir los tribunales. La prohibición de las candidaturas colegiadas fue incluida en el Código Electoral aprobado por la Asamblea Legislativa dominada por el PNP en el 2011. En el 2020, en un llamado Nuevo Código Electoral del siglo XXI,  una vez más, la Legislatura dominada todavía por el PNP, mantuvo la prohibición. Por su parte, a pesar de que una de las promesas de campaña del PPD en el 2020 fue que derogaría la medida, en la actual Asamblea Legislativa, donde tiene una mayoría relativa, junto al PNP ha redactado un nuevo código electoral que mantiene la prohibición.

El abogado del PIP y catedrático de Derecho comentó sobre la inclusión de esta limitación en el 2011 que “uno  esperaría que el supuesto código del siglo XXI fuera una ley que desarrollara un poco más la democracia electoral. Lo que ha hecho es retrotraerlo a los tiempos más funestos, en los que un grupo pequeño, que según las elecciones del 2020 ha perdido apoyo electoral, se impone al resto de la sociedad. Y por lo tanto, entre ambos partidos, que tenemos nuestras respectivas identidades institucionales distintas y tenemos programas que en algunas cosas no somos cónsonos, pero s tenemos unos espacios de intereses comunes, desde el año pasado, como sabe el país, se han estado dando conversaciones para ver si identificamos esas áreas comunes”.  Esas conversaciones que se han estado dando entre ambos partidos son incluso para poder identificar posibles candidatos que adelanten sus ideas comunes.

El pleito se dirige a la prohibición de la Ley electoral que impide que una persona aparezca como candidato en las  columnas de más de un partido. Gorrín Peralta indicó que llevan varios meses haciendo esfuerzos muy serios por radicar una demanda que esté sólida, apoyada en derecho, a la luz de lo que dispone la Constitución de Puerto Rico, según ha sido interpretada por el poder judicial, que ahora tendrá que ejercer su función. “Esperamos que acepte nuestros argumentos; pero ya veremos”.

Ante la pregunta de si esperaba que el pleito llegue al Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) dijo que es  indudable que el pleito llegue a ese tribunal, independiente de lo que suceda en primera instancia. Si el pleito resulta favorable y la ley permitiera la colegiación, se espera que el  liderato de ambos partidos continúe las conversaciones de las candidaturas para ver de qué manera se impulsan candidatos comunes. “De no ser  favorable, esos líderes tendrán que tomar la decisión que corresponda para ver mediante qué mecanismos legales, por supuesto, podemos lograr el mismo objetivo”.

El licenciado comentó que en otros países latinoamericanos las candidaturas colegiadas son pan comido  y que incluso en algunos estados de Estados Unidos también es posible. Por ejemplo, en Nueva York hay candidaturas colegiadas. Explicó que en el estado de Minnesota se cuestionó las candidaturas colegiadas y el Tribunal Supremo de EE. UU. dijo que bajo esa Constitución no había derecho a eso, por lo que el estado tenía la facultad de prohibirlo. Sin embargo, Gorrín Peralta reparó en que la Constitución de Estados Unidos ni siquiera menciona en su texto un reconocimiento de la libertad de asociación. Es mediante interpretación y jurisprudencia que desde mediados del siglo XX ese tribunal ha interpretado que eso es un derecho implícito en la libertad de palabra, porque la gente se asocia para impulsar ideas mediante el ejercicio de la palabra con el apoyo colectivo, que suele ser más efectivo que individual. Por lo tanto, se ha reconocido que las candidaturas colegiadas son  un derecho.

A diferencia de la Constitución de Puerto Rico, que sí garantiza ese derecho de manera explícita, la de EE. UU. no lo garantiza. A la luz de la Constitución de Puerto Rico, las restricciones a la libertad de palabra dependen de  muchos factores y el escrutinio es mucho más riguroso. Trajo el ejemplo del caso de Thomas Rivera Schatz  vs. Colegio de Abogados. En este caso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico  dijo que la Constitución de Puerto Rico es de factura mucho más ancha y que el Estado tiene que tener un interés apremiante para poder  limitar la libertad de asociación para el logro de ese interés apremiante. En esa línea, apuntó que la Ley electoral del 2011 y la del 2020, que mantuvo la prohibición de la colegiación, no habla de ningún propósito para justificar esa prohibición, así que no puede ser el propósito que la Corte Suprema de EE. UU. utilizó en el caso de Minnesota para proteger el bipartidismo porque la Constitución de Puerto Rico no crea el bipartidismo. Por el  contrario, en el momento en que se aprobó la Constitución de Puerto Rico, había cinco  partidos colegiados.

“Luis Muñoz Marín, en las elecciones del 48, ganó contra una coalición de tres partidos, y además la Constituyente puso en el texto constitucional que la Asamblea Legislativa no podría limitar los derechos que disfrutaban en ese momento los partidos políticos, incluyendo, por supuesto, lo que decía desde el 1919 la Ley electoral, que decía que no se podían prohibir las coaliciones de las candidaturas”, expresó Gorrín Peralta.

Asignan juez asociado al PNP

 En tanto, el periódico digital Marea Ecologista dio a conocer que el caso le fue asignado al juez del Tribunal de San Juan, Raúl Candelario López,  quien pertenece a una familia asociada PNP, activista de ese partido. El juez fue nominado por el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares en marzo del 2019 a petición del entonces presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. En la noticia de Marea Ecologista se puede leer la carta a Rivera Schatz.

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Juan Mari Brás, el principal dirigente independentista de la segunda mitad del siglo XX puertorriqueño, siempre fue propulsor de la unidad entre las organizaciones y fuerzas que entonces luchaban por la independencia y contra el colonialismo. La primera organización que fundó, el Movimiento Pro Independencia en 1959, era en sí misma un esfuerzo unitario porque reunió gente de las más amplias tendencias. Más adelante, cuando el MPI creció como una entidad diferenciada, buscó con afán acuerdos con el Partido Independentista (PIP). Si no era posible lograr la unidad estructural, formando entre ambos un frente amplio, al menos se debía impulsar la “unidad en la acción”, facilitando la coordinación de esfuerzos.

Esa insistencia en la acción unitaria partía de otra concepción que siempre fue constante en el pensamiento de Mari Brás. Me refiero a lo que él llamó el “efecto multiplicador” de la unidad. Según esta visión, cuando dos o más organizaciones se juntan el impacto político que producen va mucho más allá que la mera suma de la fuerza numérica que cada una de ellas tiene.

En 1971, luego de que el PIP y el MPI se juntaran para convocar a una marcha repudiando la celebración en Puerto Rico de una conferencia de gobernadores de Estados Unidos, cuya masividad sorprendió hasta los propios organizadores, escribía Mari Brás en CLARIDAD: “Y quedó claro que cuando estas dos organizaciones articulan sus fuerzas estas se reproducen muy por encima que la suma de sus capacidades… Si usted llama a una marcha del PIP, usted puede conseguir 10 mil personas. Si usted llama a una marcha del MPI, usted puede conseguir 10 mil personas. Pero si usted llama a una marcha conjunta, no solo son 20 mil los que van, van cien mil. Y ese es el efecto multiplicador de la unidad…”

Ese efecto multiplicador es producto de varios factores. En primer lugar, porque el entusiasmo que el nuevo proyecto genera estimula la incorporación de personas y grupos que hasta entonces se mantenían al margen de las organizaciones. Esa marginación, que a veces es resultado de alguna diferencia táctica o, sencillamente, por la falta de atractivo político, se echa a un lado una vez nace la nueva entidad. Ante el nuevo proyecto esas pequeñas diferencias se tornan aún más minúsculas. En segundo lugar, porque los proyectos unitarios permiten alcanzar a sectores sociales que no siempre encajan en la estructura de cada organización separada. Ya no es esta la que está en la palestra pública, sino un ente nuevo con el que resulta más fácil identificarse. Grupos que no estaban dispuestos a vincularse a determinada organización, tienen ahora un proyecto nuevo que genera esperanzas y crea ilusiones.

Ese concepto, que siempre estuvo presente en el pensamiento político de Mari Brás, es resultado de experiencias históricas que él conocía bien. Veamos dos ejemplos, los de España y Chile, separados por casi cuarenta años. Fue un movimiento amplio, integrado por fuerzas muy dispares, el que terminó con el sistema monárquico español en 1931 y el que más adelante permitió la formación de un gobierno progresista en un país que hasta entonces se había quedado a la zaga de los desarrollos políticos que se daban en Europa. Cuatro décadas después, con el sugestivo nombre de “Unidad Popular”, una variedad de fuerzas se juntó en Chile para llegar al poder por vía electoral en un continente que hasta entonces sólo conocía de dictaduras y de las revoluciones que las derrotaban. En ambos casos, los opositores políticos, incapaces de detener esos frentes unitarios electoralmente, recurrieron al golpe militar para sacarlos del poder. También en ambos casos, esos golpes militares triunfaron porque estaban impulsados o financiados desde el exterior.

Más recientemente, cuando la humanidad se acostumbró a los cambios políticos por vía pacífica, los frentes amplios o las concertaciones se han convertido en norma. En Uruguay las fuerzas políticas progresistas se mantuvieron en el poder por más de una década gracias al frente amplio que lograron crear. En el mismo Chile fue una “concertación” de fuerzas la que logró derrotar la barbarie del pinochetismo por vía pacífica, restaurando la tradición democrática interrumpida en 1973. Una de las experiencias más reciente es la de Colombia, un país que desde tiempos inmemoriales había estado dominado por la alternancia de partidos controlados por la oligarquía. La victoria de Gustavo Petro sólo se explica por la variedad de fuerzas que logró juntar. Esa misma amplitud también explica el regreso al poder de Lula da Silva en Brasil tras la traumática experiencia con el ultraderechista Bolsonaro.

En el caso de Puerto Rico, los partidos conservadores tradicionales, conscientes del efector multiplicador de las alianzas políticas, llegaron al extremo de prohibirlas legalmente en 2011 buscando perpetuarse en el poder. Como simultáneamente estas fuerzas retrógradas mantienen controlada la Rama Judicial, no es muy probable que ese absurdo legal logre ser superado. En estos momentos, dos fuerzas políticas, el PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana, están en conversaciones sobre posibles alianzas. Si sumamos el porcentaje de votos que cada una de ellas obtuvo por separado en las elecciones de 2020, el agregado se acerca mucho al porcentaje del partido vencedor. Si añadimos el efecto multiplicador de que nos hablaba Mari Brás, no resulta descabellado reconocer la probabilidad de victoria. Ante ese cuadro, debemos suponer que el bipartidismo tradicional utilizará todo su poder, incluyendo su control de la Rama Judicial, para intentar detener ese esfuerzo unitario. Como ha advertido el dirigente pipiolo Juan Dalmau, si eso ocurre habrá de buscar otras formas de lograrlo.