CLARIDAD

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Con un plan de retribución que no se revisa desde el 90 y después de 17 años sin recibir un aumento de sueldo, la administración  de la Autoridad de Puertos (AP) se resiste a sentarse con la representación sindical de las y los trabajadores de dicha corporación pública para discutir el Plan de Clasificación y Retribución (PCR), lo que se supone es la política pública del actual gobierno.

Felipe Landrau, presidente de la Hermandad de Empleados de Oficina y Ramas Anexas de la AP, (HEORA-AP), denunció a CLARIDAD que mientras  hay corporaciones públicas que ya han preparado su plan, aunque algunas a cuenta gota, en el caso de la AP ni siquiera hay un acuerdo de cuándo van a comenzar. Aun cuando la administración buscó la información de cada plaza, no ha hecho nada más. Se supone que desde febrero del 2022 cada  agencia pública y cada corporación estuviesen preparando su plan.

El representante sindical de los trabajadores de la AP levantó bandera ante la demora en la preparación del plan y en que según se van retirando los empleados las plazas quedan congeladas parece indicar que lo que se quiere es desmantelar a la AP para la privatización. Al presente, a la AP le quedan alrededor de 160 empleados, que son los que trabajan en las áreas operacionales de aeropuertos y áreas de conservación adicional y algunos en los muelles. La AP ya ha privatizado algunas de las áreas que más dinero generan, como el aeropuerto Luis Muñoz Marín y los muelles de carga de Isla Grande, que se han ido concediendo a operadores privados. El resultado es que casi no hay injerencia de la AP en Isla Grande, indicó.

Según denunció, la excusa que ha dado el director ejecutivo de la AP, Joel Pizá Batiz, para la demora es que no ha conseguido quién haga el plan. Landrau señaló que para eso está la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos (OATRH) del Gobierno y que también se puede contratar a una agencia privada, que es lo que han hecho otras corporaciones. Pero la AP se ha negado a contratar a alguien. Comparó esta situación con el caso de COSEC, cuyos empelados también representa la Hermandad, que ya están próximos a discutir su plan.

Landrau expresó que este año no será, pero existe la amenaza de que de continuar la actual administración, otras facilidades de la AP, como lo son los nueve aeropuertos regionales, sean privatizados.

En entrevista por separado, el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Emilio Nieves, en solidaridad con los y las trabajadoras de la AP, declaró que “no hay duda de que Joel Pizá está utilizando distintas estrategias para tratar no solo de debilitar la unión, sino de crear las condiciones para privatizar lo que quede bajo la AP, y es por eso que el retrasa la discusión de un plan de retribución y clasificación”. Reparó en que aunque como se han implantado los planes de clasificación y retribución tienen sus deficiencias, todo el mundo está hablando de ellos. Sin embargo, en el caso de la AP no está ocurriendo nada.

El presidente de la CPT fue categórico al denunciar que el propósito de demorar la preparación del plan de clasificación y retribución es reducir el personal para entonces hacer el plan. Eso le permite a la AP privatizar lo que quede, aunque se le ha hecho difícil privatizar los aeropuertos regionales.

Al igual que Landrau, Nieves señaló que Puertos puede acudir a la OATRH para hacer el plan, la cual ya se lo está preparando a otras corporaciones públicas.  “Así que él como gobierno (se refiere a Pizá Batiz) sabe que tiene a OATRH. La verdad es que no ha habido voluntad política para atender eso”. También denunció que en la página de Facebook de la agencia hay  un anuncio del director ejecutivo de la AP que dice ‘cumplimos’ en referencia a los aumentos que se le han otorgado a bomberos y a maestros: “Celebra estos, pero no atiende los reclamos de justicia salarial de los trabajadores de su agencia”.

Especial para CLARIDAD

Al observar la herramienta de planificación que se expresa en la matriz energética se observa la gran dependencia de combustibles fósiles en Puerto Rico (97% en 2021), que son importados. Puerto Rico tiene dependencia energética de diferentes fuentes de combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón. La dependencia energética se define como la cantidad de energía primaria que un país necesita importar para poder abastecerse y producir en este caso electricidad. Una alta dependencia energética supone costos para el país que depende del precio de los combustibles en el mercado internacional, tiene de efectos en la economía y la sociedad además de crear inestabilidad ante los cambios en precios. Nos hace vulnerables en caso de eventos atmosféricos (falta de seguridad energética) al no contar con el suministro de estos combustibles. A su vez puede desencadenar un déficit de la balanza comercial (asunto que no se habla en Puerto Rico) y crear inflación de costos (aumento en los precios) con sus efectos en la competitividad de la economía y nuestros bolsillos. Para tener desarrollo y crecimiento económico se impulsa conseguir independencia energética o la capacidad de producir por sí mismo la energía que se necesita y no depender de importar combustibles fósiles del exterior.  Pero ¿puede Puerto Rico ser autónomo o independiente energéticamente? ¿Qué posibilidades tenemos?

Nuestra infraestructura de producir y distribución de energía eléctrica se diseñó para el uso de combustibles fósiles en la que invertimos mucho dinero y a su vez genera contaminación ambiental. Esta infraestructura sufre de obsolescencia por depreciación, por el daño sufrido debido al huracán María en el 2017 que dejó frágil el sistema de transmisión y distribución, y por los cambios mundiales en las formas de producir energías alternativas. La infraestructura requiere que se le de mantenimiento y que comencemos un proceso de transición energética a fuentes renovables para cambiar nuestra matriz eléctrica. La matriz eléctrica diversificada en diversas fuentes de energía permite evitar la dependencia de combustibles fósiles, trae beneficios económicos y sociales, facilita realizar análisis y comparaciones sobre el consumo y las formas de transición. Con el dinero de la reconstrucción después del huracán era posible esa transición energética, pero llegaron los especuladores detrás de ese dinero y desviaron la agenda. Por el otro lado el problema de la balanza comercial de bienes y servicios, que es un indicador que mide las relaciones entre exportaciones e importaciones de un país en un periodo dado, es otra de las razones para diseñar políticas públicas de transición energética, resilientes, socialmente aceptadas, ambientalmente seguras y de esta manera poder mejorar nuestra economía al economizar en la partida de compra de combustibles. La energía solar fue la primera opción para la transición energética por tener el recurso localmente, el sol, pero los administradores políticos se empeñaron en que fueran importado, gas (energía fósil) o la energía nuclear.

La posibilidad de una matriz eléctrica diversificada y comunitaria comenzó luego del huracán María, cuando desde las comunidades se diseñaron alternativas al frágil sistema eléctrico, fuera de los procesos corruptos de privatización de energía. El pueblo comenzó a diseñar micro redes (ya la UPR Mayagüez tenía investigación realizada). Manejando el modelo de los acueductos comunitarios diseñaron comunidades solares, con autonomía y distribución de energía utilizando los techos de las casas, almacenando en un banco de baterías comunales, con cables y sistemas de información, compartiendo conocimiento, trabajo y solidaridad. Es el caso de la comunidad de Toro Negro en Ciales, olvidada por el sistema, pero rescatada por su comunidad y de otras comunidades que se han unido a la iniciativa de micro redes. Casa Pueblo en Adjuntas aportó conocimiento en este modelo y añadió a los comercios, enseñando que se puede transformar un sistema caótico energético en uno social y solidario. La micro red eléctrica autónoma permite generar electricidad y compartir en la comunidad, sin la necesidad de las fincas solares que es lo que quiere el gobierno. Los techos de las viviendas, los techos y paredes de los edificios, los espacios de estacionamientos son las áreas impactadas que se pueden utilizar para recolectar la energía solar, interconectar y distribuirla.

¿Cómo lograr independencia o soberanía energética? ¿Cómo controlar la capacidad del país para fiscalizar los recursos energéticos y satisfacer la demanda de energía? Siendo autosuficiente en la producción, para ir sustituyendo la energía suministrada de fuentes fósiles, en una matriz eléctrica mixta, con energía renovables. Diversificando la matriz eléctrica que es parte de la matriz energética con el uso de energía renovables solar, hidráulica, de las olas, del mar, de hidrógeno y eólica, pero con cuidado y sensibilidad ambiental, inventando e innovando con nuestra gente. Es sacando la corrupción del medio y que sea nuestro pueblo el que diseñe con criterios sociales y ambientales. E integrando la investigación, la creación, la innovación y confiando en la capacidad de nuestra gente.

Para lograr independencia o soberanía energética debemos invertir en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en la creación de conocimiento. La energía solar la tenemos disponible, pero tiene la limitación que todavía tenemos que importar el material para su procesamiento. En la Universidad de Puerto Rico se investiga cómo desarrollar o mejorar los procesos de producción de equipos solares, eólicos, de olas, mareas, hidrógeno u otros y tener el control de esa transición energética. Se investiga otras fuentes internas de energía, donde una de las opciones no mencionadas es la energía que podemos generar con las olas y el mar. La energía mareomotriz que se genera por la subida y bajada de las mareas y la energía de las olas son alternativas para tener independencia energética y propia.  Estas investigaciones y el conocimiento que se genera la podemos compartir con otras islas caribeñas y a su vez crear una red de conocimientos que ayude a vislumbrar qué podemos hacer en casos de emergencias climáticas.

La independencia o soberanía energética requiere que tengamos el control de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para ir transformándola en una que pueda apoyar y cumplir con la transición y ofrecer energía diversificada para aquellas industrias que necesiten mucha potencia energética en este proceso de transición energética. Una AEE del pueblo y para el pueblo con un modelo administrativo comunitario. Para que la política pública de la energía consumida se pueda gestionar de forma eficiente y económica, fiscalizada por la gente, mejorando la calidad del sistema, reduciendo los costos y daños ambientales, además de añadir capacidad de autogestión. Esa política pública que reconoce que la energía es un derecho humano, el derecho del ciudadano a disfrutar de servicio de energía eléctrica de calidad y en magnitud suficiente y a tarifas razonables.

La energía es un derecho humano, un servicio esencial y vital para el desarrollo económico, social y ambiental del país y debe ser administrado por el pueblo. La matriz eléctrica mixta que la sociedad necesita es un sistema energético robusto, resiliente, ambientalmente seguro y efectivo socialmente, y no operado con criterios de empresas capitalista de lucro. La independencia energética permite descarbonizar la economía y cumplir con ir reduciendo la contaminación ambiental y le da poder al pueblo para su gestión eficiente.

Sí, podemos tener independencia energética, cambiar a energías renovables, limpias y seguras que sean autónomas. Sí, podemos, si es el pueblo el que la diseña y administra en conjunto con una entidad pública (alianza pública comunitaria). Sí, podemos, pero hace falta seguir invirtiendo en el conocimiento que nuestras universidades pueden realizar para ampliar la matriz eléctrica.

Si queremos desarrollo y crecimiento económico necesitamos independencia y soberanía energética.

Este trabajo se publicó originalemente en nuestra versión impresa de febrero 2024.

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“Estamos ante un caso la mar de interesante que creo que en los próximos dos meses, cuidado si antes, se termine de resolver porque el juez termina indicando en su sentencia que hay que atender el caso de manera expedita”, señaló el presidente de la Junta de Retiro del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, Luis Vicenty Santini, tras la desestimación del caso presentado por la Junta de Gobierno y Administración de la UPR por el plan de pensiones universitarios.

“Una vez más, nuestros tribunales han declarado no ha lugar las intenciones de la Junta de Gobierno y de la administración universitaria de querer menoscabar nuestro plan de pensiones y de intentar que no se vea en su fondo el caso que va a determinar. Ciertamente, aquí se ha cometido una implementación de un plan 401K que, a todas luces, carece de legalidad, que es ultra vires y que afecta a todos los participantes activos y jubilados de nuestro Sistema de Retiro, así como a los nuevos empleados universitarios”, expresó el presidente de la Junta de Retiro de la UPR tras conocer la decisión del Tribunal.

En  la Resolución y Orden de 34 páginas, emitida por el juez Alfonso Martínez Piovanetti, se cita el Artículo 3 de la Ley de la UPR, que dicta que “la facultad de la Junta de Gobierno de mantener un sistema de retiro en la UPR no se deberá interponer a los poderes de la Junta de Retiro”. Además, ha hecho referencia a la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, el 30 de septiembre de 2020, que nombró a la Junta de Retiro UPR como fiduciaria del Sistema de Retiro UPR, lo cual supone que cualquier decisión de la Junta de Gobierno UPR con relación al Fideicomiso deberá contar con el aval de la Junta de Retiro UPR.

En expresiones a CLARIDAD, Vicenty Santini apuntó que si la Junta de Gobierno de la UPR (JG-UPR)   no hubiese utilizado el subterfugio de ir a la corte federal y radicar una moción de remoción del caso cuando la Junta de Retiro radicó su caso en mayo del 2023 para impugnar las intenciones de la JG de cerrar el plan de beneficios definidos del Sistema de Retiro UPR para nuevos participantes, ya se hubiese detenido. Repasó que la JG de la UPR fue primero ante la sala de jueza Taylor Swain, quien se tardó dos meses en determinar que no tenía jurisdicción, y luego acudió al juez René Delgado. En enero, la Junta de Retiro presentó una moción  al juez Delgado, en la cual reclamó que el caso tenía que ser atendido. Dos semanas después, el juez bajó una decisión bastante completa en la que recoge otros aspectos en los no tenía que entrar y donde explica que la JG de la UPR estaba intentado utilizar la intervención del tribunal para cometer actos ilegales en contra de las leyes de Puerto Rico; que este  caso no tenía nada que ver con la ley PROMESA. Incluso, el juez señaló que la Junta de Control Fiscal (JCF) no acudía  al tribunal a defender el plan.

Sobre la vista en la que se desestimó el caso de la JG de la UPR contó que hubo un elemento que no se pudo ver, ya que fue una vista argumentativa privada, y es que los propios actores que se supone monten el nuevo plan de pensiones “le dieron la espalda a la UPR”. Life Solution y Banco Popular le dijeron al juez que si decidía que eso es ilegal, ellos no tenían ningún daño, por lo que no querían  formar parte del pleito. “Ahí donde la Junta de Gobierno decía que eran una parte indispensable del caso, en plena corte abierta le dijeron al juez que no tenían ningún interés en el caso. Así se va develando la verdad que todo el tiempo nosotros estábamos planteando: que la JG de la UPR hizo esto sin consultar a nadie en contra de todos los actuariales que habíamos llevado, sin darnos participación”.

Vicenty Santini comentó que un  aspecto bien interesante es que tanto el juez René Delgado como el juez Martínez Piovaneti cuestionan por qué la JG y la administración universitaria corren la UPR como si estuviera bajo el Título III de la Ley PROMESA cuando no lo está, y cuestionan todo el tiempo por qué la UPR no se defiende de los recortes que quiere hacerle la JCF.

El presidente de la Junta de Retiro cuestionó que si en los últimos años el secretario de Hacienda ha estado diciendo que Puerto Rico tiene superávit en su caja, qué impedimento han tenido los dirigentes de la UPR para solicitar que se le otorgue el  9.6 % del presupuesto del país, que es la fórmula en virtud de la Ley 2, que todavía está vigente. “Los jueces hacen ese cuestionamiento porque la administración universitaria que prepara su propio plan fiscal lo hace en detrimento de la propia universidad”.