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Grito solidario este Festival Mariana Bracetti

Por
adrian rodriguez alicea
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CLARIDAD

 Los residentes de la comunidad Blondet, en Río Piedras, celebrarán otra edición del Festival Mariana Bracetti este próximo 24 de septiembre, con comida, artesanía y una oferta artística que busca reunir y fortalecer los vínculos entre los integrantes del sector. El evento tendrá lugar en la calle Balseiro.

De acuerdo con Nereida Valentín Márquez, residente de Blondet e integrante de la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras, las fiestas ocurren para «transgredir balcones» y ocupar espacios que, de otro modo, la comunidad no aprovecharía. Con música folclórica, nova trova, salsa, merengue, bachata y de toda índole, el festival también funge como un espacio para artistas emergentes.

“Buscamos siempre que el festival tenga una variación musical que sea para todas las edades, que tenga una duración chévere. Que las personas mayores puedan disfrutar de buena música durante el día y que, por la noche, el ambiente más juvenil también tenga su música. Hay una oferta gastronómica nítida alrededor de la comunidad, de negocios locales que ponen sus mesas. Por lo general, es comida artesanal, vegana. De todo un poquito”, compartió Valentín Márquez con CLARIDAD.

El Festival Mariana Bracetti se sostiene con los propios ingresos que genera en ediciones pasadas. La idea, explicó la lideresa comunitaria, estriba en que la actividad sirva de punto de partida para «llenar el pote» de la organización en Blondet. Los fondos recaudados, agregó, apoyan a familias que atraviesan el hambre, hogares migrantes perseguidos por el Estado y fomentar espacios de recreación.

“Blondet es una comunidad que no necesariamente está diseñada o planificada para que la gente pueda aprovechar los espacios de recreación. Eso no existe. A través de estas iniciativas, sobre todo el festival, se ahorra un poco para el próximo festival y se utiliza lo demás fondos para hacer murales, pintadas. Para tener qué comer cuando nos reunamos”, elaboró Valentín Márquez.

A largo plazo, la integrante de la junta comunitaria reiteró los planes del organismo para ampliar espacios seguros que rodeen a Blondet y otros sectores de Río Piedras. Valentín Márquez recordó que, para el año pasado, el lema del festival destacó el desplazamiento que la población enfrenta en tiempos recientes. Para la colaboradora del evento, este fenómeno demográfico se ha dado de modo “silente” en Blondet.

“El desplazamiento ha sido poco a poco. De repente, vemos que hay tres edificios corridos que se están rehabilitando y, de repente, están en alquiler. Así vemos vecines que visitaban nuestras reuniones y eran parte de nuestra comunidad decir ‘pues ya no voy a venir más’ porque el mes que viene no voy a estar viviendo en Río Piedras’. Como (Blondet) es una comunidad pequeña y rezagada–en el sentido de que está en una esquina, casi llegando a Hato Rey– el desplazamiento ha sido silente. Pero conocemos decenas de personas que se nos han ido de los espacios”, repasó Valentín Márquez.

Tayna Rivera, por su parte, conoce bien la problemática del desplazamiento. En el edificio en que vive, donde las rentas rondan los $1,400 mensuales, múltiples personas se han mudado por no poder cumplir con las mensualidades. Para el festival, esto redunda en participantes y colaboradores que llegaron a vivir en Blondet, pero que residen ahora en otras comunidades. En algunos casos, inclusive, fuera de Río Piedras.

“El alza en las rentas ha sido enorme. No es accesible para una persona que gana el salario mínimo. Tenemos vecinos en la coordinación del festival, pero ya no viven en la comunidad porque no pueden pagar el costo. Para mí, Blondet es una comunidad tranquila de Río Piedras, y ha sido bien lamentable sentir que estas personas se tienen que desplazar a otros espacios donde no quieren estar”, opinó la exestudiante del Recinto de Río Piedras.

Desde hace dos años, Rivera colabora con la logística del Festival Mariana Bracetti. Graduada de Educación Secundaria y Liderazgo Educativo, cuenta que lo más que disfruta de vivir en Blondet es caminar. De su casa al negocio de la esquina, por la acera, saludando a los vecinos y transeúntes que encuentra en el camino. Oriunda de Caguas, asegura que este tipo de comunidad– con este tipo de festival– resulta necesaria.

Por otro lado, Valentín Márquez del festival se mostró confiada en el crecimiento reciente del evento. La edición pasada contó con estudiantes, profesores, trabajadores y residentes voluntarios de Blondet que apoyaron en la logística. La asistencia, concurrida, expuso a diversos negocios y comercios a nuevos consumidores, y fue la primera edición en que los artistas recibieron un estipendio por su participación.

“Va cogiendo fuerzas y se va estructurando mucho mejor. Ya se va convirtiendo en un momento emblemático de la comunidad. Como el año pasado tuvimos tantos colaboradores, este año nuestra meta es llevar el festival hasta la (calle) Domingo Cabrera. Ahí se aumentó un poco la cantidad de artesanes y actividades que vamos a tener”, añadió Valentín Márquez.

\El Festival Mariana Bracetti trabajará, este año, con la Asociación de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico (UPR); estudiantes del Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial (CAUCE); Kilómetro Cero; Coordinadora Paz para las Mujeres (CPM); residentes de Blondet; la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU); comercios como Barullo, Mr. Mac, El Refugio; y otras estampas de la zona riopedrense.

“El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) también es un gran colaborador nuestro. Siempre traen actividades interactivas para las familias y la niñez. El año pasado estuvieron desarrollando unas banderas del Grito de Lares bien bonitas. Así tenemos diferentes instituciones que se unen y aportan desde lo que pueden y lo que tienen. Algunas dicen que no tienen dinero, pero tienen ganas, iniciativa. Y allí nos ayudan a preparar actividades”, abundó con relación a quiénes sostienen el evento.

Esta edición del Festival Mariana Bracetti consignará el lema “¡Grito de solidaridad!” por las detenciones constantes que enfrentan las comunidades migrantes en Puerto Rico, particularmente en sectores como Santurce o Río Piedras. Asimismo, la actividad honrará la figura de Mariana Bracetti– tejedora de la bandera nacional– con conversatorios y foros educativos feministas.

“Nuestra expectativa es que más comunidades del casco urbano se unan: Santa Rita, Capetillo. Todas esas comunidades que conforman el casco urbano. Que podamos continuar celebrando un legado de lucha, resistencia y solidaridad… Hacemos un llamado a la acción. Pueden colaborar con nosotros escribiéndonos a nuestra página de Instagram, a nuestro correo electrónico o compartiendo el enlace que preparamos para el festival”, exhortó Valentín Márquez.

 

 

 

 

 

 

Adultos mayores, abandono y crisis de servicios esenciales en Puerto Rico

Por
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Imagen suministrada por el autor

Francisco “El Jimagua” Cartagena Méndez

 ¿Quién lleva agua al adulto mayor que vive solo cuando algún servicio básico desaparece durante varios días? ¿Quién verifica si tiene medicamentos, alimentos y electricidad para conservar aquello de lo que depende su salud? ¿Y quién sabe siquiera que está solo?

La autonegligencia en los adultos mayores constituye un problema de salud pública que afecta a millones de personas y que, con frecuencia, permanece oculto. El fenómeno puede manifestarse cuando una persona mayor deja de satisfacer adecuadamente necesidades esenciales relacionadas con su alimentación, higiene, atención médica, seguridad o entorno. Por esa razón, profesionales de la salud y, particularmente, quienes trabajan directamente en las comunidades ocupan una posición importante para identificar señales de riesgo e intervenir oportunamente.

Sin embargo, la autonegligencia no debe confundirse con otras formas de abandono o maltrato. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el maltrato hacia las personas mayores puede incluir abuso físico, psicológico o emocional, sexual y financiero, además de negligencia y abandono. La distinción es importante: mientras la autonegligencia se relaciona con la incapacidad o ausencia de autocuidado de la propia persona, la negligencia y el abandono pueden involucrar la falta de atención por parte de quienes tienen una responsabilidad o relación de confianza con ella.

Entre las principales manifestaciones de maltrato o desatención pueden encontrarse:

  • Negligencia: no satisfacer necesidades básicas como alimentación, agua, higiene, vivienda o atención médica.
  • Abandono: dejar sola y sin un plan adecuado de cuidado a una persona mayor que necesita asistencia.
  • Maltrato psicológico o emocional: amenazas, humillaciones, aislamiento o conductas que producen angustia.
  • Abuso económico: utilización indebida de dinero, propiedades o recursos.
  • Maltrato físico o sexual: acciones que lesionan o vulneran corporal o sexualmente a la persona.

La dimensión del problema adquiere mayor importancia ante el acelerado envejecimiento de la población mundial. La Organización Mundial de la Salud estima que la población de 60 años o más, que alcanzaba alrededor de mil millones de personas en 2019, aumentará a 1,400 millones en 2030 y 2,100 millones en 2050. Este proceso demográfico exige adaptar los sistemas de salud y cuidado, pero también la vivienda, el transporte, las comunidades y otras estructuras sociales a las necesidades de una población progresivamente envejecida.

Puerto Rico enfrenta este desafío de manera particularmente visible. El Índice de Vejez, que compara la población de 65 años o más con la población menor de 15 años, alcanzó 168 en 2020; es decir, había aproximadamente 168 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años. Para 2025, el indicador aumentó a 237. En apenas cinco años, el Índice de Vejez aumentó aproximadamente 41 %, según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2026).

El abandono de adultos mayores en Puerto Rico no constituye únicamente una preocupación social, sino una realidad documentada mediante cifras oficiales. Datos del Departamento de la Familia indican que, desde julio de 2017, la agencia ha atendido 5,762 casos de adultos mayores abandonados en hospitales. El año fiscal 2024-2025 registró 1,018 casos, la cifra más alta del periodo, mientras que durante los primeros diez meses del año fiscal 2025-2026 se habían contabilizado otros 675 casos hasta el 24 de abril de 2026.

Aunque esta última cifra representaba una reducción respecto al periodo anterior, la persistencia y magnitud del fenómeno evidencian una problemática social que continúa requiriendo atención sostenida y respuestas públicas capaces de atender las circunstancias económicas, familiares y sociales que pueden colocar a esta población en situaciones de abandono/

Adultos Mayores y la Crisis del Agua en Puerto Rico

Quisiera iniciar esta sección con una pregunta que, por su urgencia ética y ciudadana, todos deberíamos hacernos:

¿Puede llamarse resiliente una sociedad que responde a una emergencia dependiendo de que cada persona tenga automóvil, fuerza para cargar agua, que tenga disponible dinero, movilidad, familia y alguien que se acuerde de ella?

 En una población con estas características, una interrupción prolongada del servicio de agua potable no afecta a todos por igual. Para una persona mayor —particularmente si vive sola, posee limitaciones de movilidad o carece de una red familiar cercana— conseguir, transportar y almacenar agua puede convertirse en un problema cotidiano de seguridad y salud. La experiencia posterior al huracán María ofrece evidencia de esta vulnerabilidad. Una investigación publicada en ACS ES&T Water estudió a 208 adultos mayores de Puerto Rico, entre 64 y 104 años, para examinar la relación entre las fuentes de agua potable y la resiliencia después del desastre. El 86 % utilizaba agua embotellada como fuente de consumo, mientras el 71 % reportó utilizar también agua del sistema municipal. Los investigadores destacaron que los desastres naturales afectan tanto la disponibilidad como la confiabilidad del agua potable y pueden dificultar el acceso a cantidades suficientes y seguras.

La vulnerabilidad se extiende además al sistema eléctrico. Una investigación publicada en 2026 en BMC Public Health, realizada por un equipo de investigadores con 60 participantes adultos de zonas rurales de Puerto Rico, encontró que la inseguridad energética durante los apagones puede interrumpir el funcionamiento de equipos médicos esenciales y la refrigeración de medicamentos, además de dificultar el manejo de condiciones crónicas como la diabetes y las enfermedades respiratorias. Los participantes también describieron un aumento del estrés psicológico durante las interrupciones eléctricas. En un Puerto Rico cada vez más envejecido, las crisis de agua y energía dejan de ser únicamente problemas de infraestructura: para determinados adultos mayores pueden convertirse directamente en problemas de salud, autonomía y supervivencia cotidiana.

Propuestas para una Política de Acompañamiento y Protección de los Adultos Mayores

 Reconocer la vulnerabilidad de los adultos mayores no es suficiente si ese reconocimiento no se traduce en mecanismos concretos de prevención, acompañamiento y respuesta. Puerto Rico necesita avanzar hacia una política que permita conocer dónde se encuentran las personas mayores más vulnerables, cuáles son sus necesidades y cómo responder antes de que una emergencia las coloque en peligro. Entre las medidas que deberían considerarse se encuentran:

  • Identificación de adultos mayores que viven solos: desarrollar, con participación de municipios, comunidades y agencias pertinentes, mecanismos voluntarios y actualizados que permitan identificar a personas mayores que viven solas, carecen de una red de apoyo cercana o presentan limitaciones que puedan aumentar su vulnerabilidad durante una emergencia.
  • Monitoreo y acompañamiento periódico: establecer programas de seguimiento comunitario para conocer periódicamente las condiciones de vida de adultos mayores identificados como vulnerables, prestando especial atención al acceso a alimentos, agua potable, medicamentos, electricidad, higiene, movilidad y otras necesidades básicas del diario vivir.
  • Educación para el autocuidado y preparación ante emergencias: ofrecer orientación periódica y accesible sobre técnicas de autocuidado, almacenamiento seguro de agua y alimentos, manejo y conservación de medicamentos, preparación para interrupciones de servicios esenciales y mecanismos disponibles para solicitar asistencia.
  • Protocolos especiales durante interrupciones de agua y electricidad: crear sistemas de respuesta que permitan contactar prioritariamente a adultos mayores vulnerables cuando ocurran apagones, racionamientos o interrupciones prolongadas del servicio de agua, particularmente cuando dependan de equipos médicos eléctricos, medicamentos refrigerados o tengan dificultades de movilidad.
  • Redes comunitarias de apoyo al adulto mayor: fortalecer la colaboración entre municipios, organizaciones comunitarias, profesionales de la salud, vecinos y familiares para establecer redes locales capaces de detectar necesidades, reducir el aislamiento y movilizar ayuda cuando una persona mayor no pueda abastecerse por sí misma.
  • Sistema de alerta y seguimiento interagencial: establecer mecanismos de comunicación entre las agencias responsables de servicios sociales, salud y manejo de emergencias para que los casos de mayor vulnerabilidad puedan ser identificados y atendidos oportunamente, evitando que una persona tenga que llegar al abandono, la hospitalización o una crisis para que el Estado conozca su situación. 
  • Nota Editorial de NotiDigitalPRDesde NotiDigitalPR [Prensa Independiente} observamos con preocupación que la realidad de los adultos mayores en Puerto Rico continúa siendo un asunto insuficientemente atendido dentro de las prioridades públicas del país. Durante décadas, administraciones de distintos partidos —rojas y azules— han desarrollado programas, iniciativas y esfuerzos dirigidos a esta población; reconocerlos es necesario. Sin embargo, también lo es reconocer que esos esfuerzos no han sido suficientes para responder a una transformación demográfica que hace años dejó de ser una proyección futura para convertirse en nuestra realidad presente.

    Hoy Puerto Rico tiene una población considerablemente más envejecida que hace una década y, con ello, una cantidad creciente de personas expuestas a la soledad, la pobreza, las dificultades de movilidad y las consecuencias de interrupciones prolongadas de servicios esenciales como el agua y la electricidad. Que nuestros adultos mayores sean hoy más vulnerables ante estas circunstancias que años atrás no puede presentarse como progreso. Es un retroceso social que exige atención con sentido de urgencia.

    El envejecimiento de Puerto Rico requiere algo más que programas aislados o respuestas que se activan cuando ocurre una emergencia. Requiere planificación pública sostenida, coordinación entre agencias, municipios, comunidades y organizaciones, así como políticas capaces de identificar y acompañar a quienes viven solos o carecen de redes de apoyo.

    Una sociedad también se mide por la manera en que protege a quienes ayudaron a construirla. Puerto Rico no puede continuar envejeciendo mientras sus políticas públicas permanecen rezagadas frente a esa realidad

     

     

    Literatura y Referencias Consultadas
     Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2026). Se estima que el Índice de Vejez aumentó un 41% entre 2020 y 2025. https://www.estadisticas.pr.gov/blogposts/se-estima-que-el-indice-de-vejez-aumento-41-entre-2020-y-2025
    Madera, S. R., Varas-Díaz, N., Padilla, M., Rivera-Bustelo, K., Ramos, J., Rivera-Rodriguez, S., Santiago-Santiago, A., Mercado-Rios, C., Vertovec, J., Massol Deyá, A., Rodríguez-Banch, R., Varas Rodríguez, E., Reid, G., & Grove, K. (2026). Energy insecurity and health among older adults: Chronic disease management and resilience strategies in rural Puerto Rico. BMC Public Health, 26, 904. https://doi.org/10.1186/s12889-026-26558-3
    Nelson, T. N. T., Poleacovschi, C., Weems, C. F., García, I., Rehmann, C. R., & Ikuma, K. (2024). Relationship between drinking water sources and perceptions of psychological resilience in older adults following Hurricane Maria. ACS ES&T Water, 4(9), 3976–3985. https://doi.org/10.1021/acsestwater.4c00273
    Oliveras, L. (2026). Índice de vejez por municipios y Puerto Rico: 2020 a 2025. State Data Center de Puerto Rico, Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. https://www.censo.estadisticas.pr/node/556
    Organización Mundial de la Salud. (2024, 15 de junio). Maltrato de las personas mayores. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abuse-of-older-people
    Organización Mundial de la Salud. (2025, 1 de octubre). Envejecimiento y salud. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
    Rosario, F. (2026, 4 de mayo). Leve baja de casos: Compleja la situación del abandono de adultos mayores en hospitales. Primera Hora. https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/leve-baja-de-casos-de-abandono-de-adultos-mayores-en-los-hospitales/
    Zhang, M., & Zhang, X. (2025). Self-neglect in older adults: An evolutionary concept analysis. International Journal of Nursing Studies Advances, 8, 100350. https://doi.org/10.1016/j.ijnsa.2025.100350

 

A modo de conclusión, sería prudente expresar que el abandono no necesariamente comienza cuando una familia deja solo a un adulto mayor; también puede adquirir una dimensión institucional cuando diseñamos respuestas a emergencias suponiendo que toda persona puede hacer fila, cargar agua, desplazarse, pedir ayuda o contar con alguien que llegue a su casa. En ese punto, la omisión deja de ser logística y se convierte en una forma de violencia estructural. Un país que no planifica para quienes menos pueden, termina profundizando la desigualdad que dice querer atender. Y al final de todo este recorrido, quienes aún no formamos parte de la población de adultos mayores —pero inevitablemente nos acercamos a esa puerta— debemos preguntarnos qué país encontraremos al abrirla: uno que nos reciba con mayor aptitud física, emocional y comunitaria, o uno que nos obligue a enfrentar la vejez con las mismas carencias que hoy denunciamos.

 

 

 

 

 

 

Declarado: Esencia no va

Por
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CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El proyecto Esencia  representa la muerte para una enorme cantidad de especies endémicas, especies en peligro de extensión, para cientos de  yacimientos arqueológicos, para el recurso agua,  para las familias en Puerto Rico y para la democracia.

En un contundente llamado a que más personas del quehacer cultural, figuras públicas y el pueblo en general se unan para expresar su oposición al  megaproyecto de lujo Esencia que se pretende levantar en la costa de Cabo Rojo, se hizo pública una declaración firmada por más de 200 personas: Declarado: Esencia no  va.

La iniciativa fue presentada en conferencia de prensa en el Teatro Shorty Castro, en Santurce, el domingo, 16 de agosto, junto a una nutrida presencia de figuras del quehacer cultural que ya han firmado la petición.

“Por este medio nos sumamos a los años de lucha comunitaria, investigaciones de expertos y la masiva movilización de pueblo del 28 de marzo de 2026 en contra del megaproyecto de lujo ‘Esencia’. La propuesta, lejos de traer desarrollo equitativo y sostenible, resultaría en la destrucción del tejido socioeconómico, el patrimonio cultural y el equilibrio ecológico de las comunidades de Cabo Rojo y el suroeste de Puerto Rico”, expresa la declaración leída por la joven actriz, Eyra Agüero Joubert, una de las gestoras de la iniciativa.

La declaración denuncia que el asentamiento exclusivo de Esencia podría aumentar la demanda de agua del municipio entre 50 % y 100 %, lo que requiere entre 2 y 4 millones de galones de agua por día para el mantenimiento de espacios como campos de golf. Esto exacerbaría los problemas de acceso de agua potable para residentes y comerciantes de la zona, además de poner en peligro el acceso al agua para la reserva agrícola protegida del valle de Lajas.

La declaración también denuncia que se pretende hacer uso de infraestructura e incentivos gubernamentales del pueblo de Puerto Rico por valor de más de $500 millones.

“Repudiamos tenazmente este supuesto ‘modelo de desarrollo’ que les dificulta quedarse a quienes viven en Puerto Rico y regresar a quienes sueñan con hacerlo. Hacemos un llamado a respetar la voluntad del pueblo y exigimos que se detenga cualquier actividad o acción del megaproyecto en estos terrenos de alto valor ecológico, cultural e histórico para Puerto Rico”, lee la declaración.

Fotos por Alina Luciano/CLARIDAD

Junto a Agüero Joubert, participaron en la conferencia de prensa la economista Alejandra Castrodad, otra de las gestoras, el arquitecto Pedro Cardona Roig y Rafael Joglar, zoólogo y ecólogo.

“El proyecto Esencia va en contra de toda la política pública que está vigente y que ha sido aprobada. Esencia es un proyecto que va en contra de la ley y el orden”, declaró Cardona Roig, quien repasó que fue presidente de la Junta de Planificación y que trabajó en la confección del Plan de Uso de Terrenos, una de las leyes que va contra Esencia.

Cardona Roig, fue directo al denunciar que quienes respaldan el proyecto y se vanaglorian de que respetan la ley y el orden, le mienten al pueblo de Puerto Rico. “Llevan mintiendo durante años, pero en este momento lo hacen de la manera más descarada y criminal, atentan contra la estabilidad, no solo contra las comunidades de Cabo Rojo, sino de todo Puerto Rico, y todo en función de repagar el inversionismo político que les llevó al poder. Las personas que están detrás del proyecto Esencia financiaron la campaña política de las personas que dirigen actualmente la gobernación y la Legislatura, y esto no lo podemos olvidar”.

Sostuvo que el proyecto lo que hace es crear una fantasía para personas que no son de aquí,  y subrayó que el  poder adquisitivo que tienen que tener las personas  para poder acceder al proyecto es  un poder que no existe en Puerto Rico y, de existir,  es en una proporción  reducida que no genera una demanda para llenar la oferta que va a crear Esencia.

El conocido como El Urbanista, trajo a la atención que no es la primera vez que Puerto Rico enfrenta personas que pretenden desarrollar cosas que van en contra del sentido, la ciencia y  el conocimiento que se tiene. Al respecto, recordó que en la década de los 90 se aprobaron  urbanizaciones en Gurabo, Toa Baja y Juncos, en suelos rústicos que no tenían vías de acceso adecuados y que no tenían agua.  Esas urbanizaciones crearon la crisis de agua que vivismo hoy. De paso, también recordó que dichas urbanizaciones fueron aprobadas por la entonces presidenta de la Junta de Planificación, Norma Burgos, la cual acaba de ser nombrada secretaria de la gobernación.

Cardona Roig reconoció que  sus señalamientos en las vistas públicas de la Declaración de Impacto Ambiental sirvieron para  enmendar leyes para visibilizar la aprobación del proyecto. Sus señalamientos, dijo, han sido  atendidos mediante enmiendas a leyes. “Han ajustado la ley para que se pueda autorizar lo que de otra forma no es autorizable”, denunció.

Al reafirmar que “Esencia no va”, exhortó a que “aquí se vale todo”,  ya sea recurrir a los tribunales,  hacer presencia pública y hasta estar dispuestos y comprometidos a la desobediencia civil.

Esencia es muerte

Por su parte, el doctor en ecología y zoología Rafael Joglar sentenció que el proyecto Esencia es muerte. Es muerte para una enorme cantidad de especies en peligro de extinción que necesitan protección, porque sin ella pueden y van a desaparecer. Son especies  endémicas, únicas de Puerto Rico, que si desaparecen de Puerto Rico, desaparecen del planeta y del universo, con lo cual también se pierde una  historia evolutiva, ecológica, única.

El profesor Joglar prosiguió con que además es la muerte para muchas especies que no están protegidas y que son extremadamente importantes, ya que le dan estructura al sistema ecológico que conocemos en Puerto Rico. Estas especies, dijo, aunque se menosprecian  en cierta manera,  son tan importantes como las especies en peligro y las especies endémicas.

Reiteró que, como se ha denunciado, Esencia es muerte para el patrimonio del agua. “Este proyecto intenta ubicarse donde no hay agua”.  Al respecto, expuso que Puerto Rico se ubica en zonas de vida que se definen por la cantidad de agua que cae en cada una de ellas. Estas van de los bosques más lluviosos,  bosques enanos, bosques pluviales  de montaña alta con mucha lluvia donde caen 300 200 pulgadas de lluvia al año, a bosques menos lluviosos, bosques húmedos, bosques  menos húmedos y los bosques secos en el suroeste.

“Esencia también  significa la muerte de nuestro patrimonio cultural arqueológico”. Denunció que en los terrenos donde se pretende levantar Esencia  hay sobre 100 yacimientos  arqueológicos que resumen nuestra historia. Joglar alertó de que en Puerto Rico hay instituciones que están intentando borrar la historia nuestra, por lo que esos yacimientos son importantes y hay que protegerlos. También insistió en que el proyecto significa la muerte al disfrute de las familias que visitan el área.

Por último, denunció que el proyecto significa la muerte de la democracia: “Aquí no ha habido ninguna participación. Las personas, instituciones que auspician promueven, respaldan, y aprueban el proyecto Esencia lo que están buscando es la muerte de Puerto Rico.  Esencia es sinónimo de muerte, Esencia es muerte.  Declarado: ¡Esencia no va!”.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes miembros de la coalición Defiende Cabo Rojo, los cuales invitaron a participar de la marcha Cabo Rojo es nuestro, este domingo 23 de agosto.

Las personas que interesen firmar la declaración pueden ir a: http//www.declaradoesencianova.com

 

 

 

 

 

 

 

“La consulta de ubicación no es un permiso”

Por
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Entrevista con José Rivera Santana

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

“Mejorar el sistema de permisos es posible, todo lo que se pueda implantar, diseñar, pero para que ocurra debe hacerse siempre y cuando no se afecte y se derrote el interés público”, apuntó en entrevista con CLARIDAD el planificador José Rivera Santana.Desde esa óptica, los proyectos para una “reforma de permisos”, que se apresta a volver a considerar la Legislatura en esta segunda sesión, el PC 1213 radicado por la gobernadora y el PS 1183 del presidente del Senado, no hacen ninguna falta.

El no afectar y derrotar el interés público tiene que ver con una buena planificación, el mejor uso del suelo y la seguridad de la gente ante las actividades que se vayan autorizar mediante permisos que se concedan. Ya sea actividades de construcción o permisos de uso de ciertas actividades, el principal requisito es que el permiso sea uno  responsable. Un permiso responsable es aquel que garantiza una buena planificación del territorio, la seguridad de los ciudadanos y el derecho de la gente a hacer uso de las distintas actividades que quiera realizar y a las que tenga derecho, expuso.

Ante el hecho de que no todo se puede construir, ni en cualquier parte, el  sistema de permisos tiene como fuente principal las políticas de uso de suelo que están contenidas en el Plan de Uso de Terrenos (PUT) y en las leyes aprobadas mediante legislación. Esas fuentes de donde  parte el sistema de permisos no pueden ser derrotadas, apuntó. Una de las cosas que saltan a la vista cuando se analizan ambos proyectos es que el sistema de permisos propuesto  derrota las políticas del uso de suelo y las políticas de planificación.

En otras palabras, se refiere a aspectos como el  PUT, a las leyes que protegen la zona del Karso, las de designar reservas agrícolas, la protección de los suelos rústicos especialmente protegidos, reservaras naturales, las leyes que tienen que ver con el manejo y uso responsable de protección de toda la zona costanera.  En el caso de la zona costanera  no solo tiene leyes, sino que, de hecho, existe el Programa de Manejo de la Zona Costanera que es uno en conjunto con agencias federales y el Gobierno de Puerto Rico, en especial con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Junta de Planificación (JP), las cuales tienen la responsabilidad de formular el plan y velar que se implante en toda la zona costanera de Puerto Rico. “Todas esas políticas aprobadas son agredidas o invalidadas de aprobarse tanto el proyecto de la gobernadora como el de Rivera Schatz”, indicó.

Otra dimensión del proceso es la garantía de la participación ciudadana. “El proceso tiene que ser responsable con garantizar a los ciudadanos la transparencia y la participación en dichos procesos, y en ambos proyectos se restringe la participación ciudadana, para no hablar de la Ley 82 que ya aprobaron y que estaba contenida en el proyecto de la gobernadora”.

La consulta de ubicación

El planificador que participó del Consejo Asesor para la JP en la preparación del PUT, puntualizó que la consulta de ubicación no es un permiso. Lo importante de la consulta de ubicación es que se trata de la solicitud de un uso que no está contemplado en la zonificación, en la calificación, ni en el PUT, ni en el plan territorial del municipio ni  está avalado por la política pública.

La necesidad de llevar a cabo una consulta de ubicación responde a que se trata de un uso o actividad en un lugar que se supone que no se haga. Por ejemplo, el proyecto Esencia requiere una consulta de ubicación porque  la calificación  del suelo es suelo rústico especialmente protegido y claramente esa calificación  establece que lo que propone Esencia no está permitido, además de por la zonificación.

Otra de las razones para la llevar a cabo una consulta de ubicación es si el proyecto es uno a gran escala. La  reglamentación de la JP  establece que debe hacerse una consulta de ubicación porque no se sabe el impacto que pueda tener el proyecto de una escala grande, por tanto es importante saber si en efecto el lugar se puede considerar  para hacer el proyecto.

Otro  ejemplo que trajo es el de la necesidad de una consulta de ubicación fue la construcción del Paseo Lineal en Puerta de Tierra. Este requería una consulta de ubicación, porque en el área donde se iba a construir —y que en efecto se construyó— es una zonificación dotacional. En específico, esa  zonificación establece que proyectos de esa escala no se pueden autorizar de manera automática, tiene que haber una evaluación.

Con la Ley 162 del 2009, de Reforma de Permisos, se eliminó la obligatoriedad de llevar a cabo vistas públicas para todas las consultas de ubicación. La celebración de vistas públicas para una consulta de ubicación quedó limitada principalmente a casos de recalificación  de suelos o variaciones significativas de uso. Además, la facultad de llevarla a cabo le fue transferida a una Junta Adjudicativa, en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP).

Rivera Santana resaltó  que aunque no es obligatorio la celebración de una vista pública y la participación ciudadana  en la consulta de ubicación,  sí debe haberla por la razón lógica de que  se trata de algo discrecional, debido a que  la política pública no lo avala o lo que se está proponiendo es para un lugar que no está zonificado y, como no está zonificado, no hay una política pública  establecida.  Denunció que aunque  no es obligatoria la participación ciudadana, el uso y costumbre  de la Junta Adjudicativa era celebrar vistas públicas, hasta que llegó el proyecto Esencia.

El planificador recalcó la pertinencia de la participación ciudadana en la consulta de ubicación, ya que en esta se toman en consideración los impactos que puedan tener lo que se está proponiendo, las consecuencias negativas para los recursos naturales, para el entorno urbano, así como la contaminación, las personas o que el proyecto está fuera de escala que desborda la capacidad de la infraestructura. En el caso de Esencia eso es claro, entre otros aspectos.

Las quejas sobre los procesos de permisos

 Cuestionado sobre qué tan difícil es un proceso de permisos, por ejemplo, para un pequeño comerciante como alegan los sectores que avalan los proyectos presentados, Rivera Santana reconoció que sin  duda hay casos donde no hay razón para que no se haya otorgado el permiso, por ejemplo, lo que se llaman los permisos ministeriales, que es cuando la zonificación permite el uso  que se pretende. Presentó como ejemplo un local en el centro urbano de Río Piedras, en donde la  zonificación  es comercial. Si la persona interesa poner una hospedería  y la zonificación lo permite, ese es un permiso ministerial, por lo que no hay razón para que no se dé, siempre y cuando el proponente pruebe que es dueño de la propiedad o tiene un contrato de alquiler y cumpla con los requisitos de ley. En este caso, por ejemplo, permiso de bombero, si tiene restaurante, el certificado de salud. Estos son unos requisitos lógicos que hay que cumplir.

“Si el peticionario cumple con los requisitos no hay razón para que no se dé el permiso y se emita rápido. El tiempo que puede tomar es el tiempo que le tome al proponente someter los documentos”.

Al respecto, atribuyó los retrasos en la otorgación de permisos a la falta de recursos de las agencias, la falta de tecnología, capacidad técnica y gerencial  más que a las políticas públicas y a la normativa.

En el caso de proyectos ambientales a  gran escala, denunció que hace falta que el DRNA tenga más técnicos para intervenir y poder emitir comentarios en un periodo de tiempo en que no comprometa un recurso natural por un problema de falta de capacidad y recursos humanos.

Rivera Santana dijo creer que el Centro Unido de Detallistas (CUD), el cual participó de la redacción del proyecto de la gobernadora, está exagerando cuando dice  que todo el que solicita permiso tiene problemas, porque se le expide tarde. Insistió en que la demora está en la falta de recursos de las agencias o, en ocasiones, porque el proponente  no sometió la  documentación completa, no probó que es el dueño de la propiedad o no tiene un contrato de alquiler, entre otros aspectos, o es un uso que no lo avala la zonificación y entonces tiene que ir por consulta de ubicación y por consulta de ubicación el proceso va a tomar más tiempo.

En esa línea, describió varios tipos de conducta  o experiencias en el proceso con el proceso de permisos. Están las personas que desconocen que se requiere un permiso  para la actividad que interesan e invierten en el negocio y no obtienen el permiso.  Hay otras personas que, conscientes de que la zonificación no  permite la actividad propuesta, insisten y se van por la consulta de ubicación, por lo que no puede reclamar después que se atrasó.  Y está la persona que es consciente, que sabe que se va a tardar, pero tiene una gran confianza de que van a  aprobar su proyecto por sus conexiones políticas o la corrupción. “Hay un componente de la jaibería,  que quiere de todas formas imponer su negocio por encima del interés público”.

Agregó que también está el problema de los gestores y profesional autorizado. Por esto último, exhortó a que cuando una persona le solicite la gestión de un permiso, y sabe que no se puede,  si es responsable y está comprometido con la conservación y las leyes, debe orientar a la persona que no gaste dinero ni tiempo. “Eso, creo que las personas lo van a agradecer. En muchas ocasiones son personas que no tienen muchos recursos, que hipotecaron su casa. Por esos sí me da mucha pena que no se les informó bien”.

Rivera Santana  concluyó su entrevista  haciendo hincapié en la necesidad de que de manera constante se ofrezca  divulgación sobre los procesos de permisos..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crisis administrativa en la UPR

Por
adrian rodriguez alicea
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 El Caucus de senadores académicos destacó reducciones en recursos y contradicciones en posturas oficialistas

CLARIDAD

Tras la salida de tres docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y un comienzo de clases «alternativo», el Caucus de Senadores Claustrales y Estudiantiles del Recinto de Río Piedras denunció una crisis administrativa en la Universidad de Puerto Rico (UPR) por  disminuciones millonarias al presupuesto y que contrastan con las expresiones de la presidencia del sistema.

El organismo argumentó que el primer centro docente del país no cuenta con los recursos necesarios para comenzar el semestre puesto que la Junta de Gobierno aprobó un presupuesto que reduce, por $4.3 millones, el balance fiscal de Río Piedras. La decisión, rechazada por los representantes claustrales y estudiantiles de esta junta, se suma al patrón de advertencias que la administración ignora.

“La insuficiencia presupuestaria es una realidad documentada por el propio recinto. La Junta Administrativa advirtió desde septiembre de 2025 que la asignación presupuestaria disponible de $176.1 millones era insuficiente para sostener la operación mínima de la institución, identificando una brecha de $14.7 millones entre los recursos disponibles y necesidades operacionales”, expresó el grupo.

Asimismo, aseguraron que la situación financiera del recinto se refleja en la infraestructura y el mantenimiento de la planta física. La propia Junta Administrativa certificó, para el año fiscal 2027, que Río Piedras requería una inversión de $26.83 millones en mejoras físicas. No obstante, la Junta de Gobierno asignó, para ese mismo período, $4.92 millones, una diferencia que supera los $21 millones.

“Aunque el Comité de Presupuesto de la Junta Universitaria recomendó solicitar fondos adicionales para atender esa necesidad, dicha gestión no fue realizada”, agregaron. El Caucus señaló, igualmente, ajustes «uniformes» que quedan injustificados y sin representar ahorros para la institución. Mencionaron la renuncia del doctor José García Arrarás como director interino del Departamento de Biología y la destitución de la decana de la Facultad de Ciencias Naturales, la doctora Carmen Maldonado Vlaar, como consecuencias de las decisiones fiscales en la administración.

“El principal problema es que los recortes fueron aplicados mediante porcentajes uniformes, sin evaluar las necesidades particulares de cada unidad académica. Como resultado, el Fondo General neto asignado al Recinto de Río Piedras para el año fiscal quedó en $173.19 millones, cifra inferior al presupuesto del año fiscal anterior que refleja una insuficiencia de $2.93 millones”, arguyó el Caucus.

Del mismo modo, discutieron una posible disminución en la plantilla docente por las decisiones presupuestarias. Señalaron que el presupuesto que actualmente propone la Junta de Gobierno contempla menos nombramientos docentes, «en momentos en que diversos administradores académicos han presentado renuncias y existen denuncias sobre cancelación de contratos y reducción de servicios esenciales».

Los efectos de tener menos empleados docentes, explicaron, ocurrirán tiempo después, cuando no haya profesores para dirigir tesis, firmar propuestas federales ni responder a las agencias acreditadoras. El profesor Jorge Rivera Colón reparó, por su parte, que la baja en matrícula y el aumento en docentes contratados podría desmantelar la investigación en Puerto Rico, puesto que la UPR invierte $94 de cada $100 en investigaciones hechas en el país.

Los caucus de la institución han remitido comunicaciones a la legislatura para contrarrestar la narrativa de que la UPR opera con normalidad, además de constatar su desconfianza en el desempeño de la doctora Zayira Jordán Conde como presidenta del sistema. Reiteraron, por último, su apoyo a los Proyectos de la Cámara (PC) 1201 y 880, que proponen restablecer la antigua fórmula presupuestaria y fortalecer la autonomía universitaria, respectivamente.

Inicio de semestre complicado en Río Piedras

 La senadora estudiantil Astrid Lugo reseñó que 44 % del estudiantado en Río Piedras comienza el semestre con carencias financieras y que el 62 % vive con ingresos mensuales de $500 o menos. La situación, explicó la estudiante, impele a 4 de cada 10 estudiantes a considerar darse de baja y se suma a las determinaciones adversas que 33 estudiantes enfrentaron con accesos a servicios de becas, préstamos y el Programa de Estudio y Trabajo.

“Advertimos que controversias relacionadas con ayudas económicas durante el período de matrícula podrían afectar los niveles de retención, los ingresos por matrícula y los indicadores académicos que observan las agencias acreditadoras y el Departamento de Educación de Estados Unidos”, alertó el caucus.

Igualmente, la unidad más grande del sistema universitario ofrece sus cursos en línea por falta del servicio de agua. El racionamiento impacta directamente a la Planta Central de Enfriamiento, un sistema que depende de 250,000 galones de agua y suple a 25 edificios del recinto de Río Piedras.

 

 

 

 

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