Los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), residenciales, comerciales e institucionales, que mensualmente pagan sus facturas de luz, verán aumentar las mismas por el llamado “cargo híbrido” que forma parte de la negociación del nuevo Plan de Ajuste de Deuda (PAD) para dicha corporación pública, que aguarda por la aprobación final de la jueza Laura Taylor Swain del Tribunal de Quiebras de la Ley PROMESA. El propuesto PAD fue presentado por la Junta de Control Fiscal (JCF), a tenor con su facultad, otorgada por el Congreso y el Presidente de Estados Unidos, para fiscalizar y manejar las finanzas públicas y reestructurar la deuda de Puerto Rico.
Dicho así, sin mayores detalles, el propuesto PAD parecería casi una buena noticia, de esas que tanto le gustan a los mercados financieros. Pero, en la vida cotidiana del pueblo trabajador puertorriqueño pesa como un baldón la realidad de que habrá de recibir otro aumento más en la factura de luz, un aumento fijo promedio de $19 mensuales, que deberá pagarse por los próximos 30 años hasta finiquitado el pago de la deuda. A cuánto realmente aumentará la tarifa no se sabe, porque hay varios cargos cuyos costos varían. Ni hablemos del impacto sobre los negocios y otros sectores productivos del país que verán aumentos aún mayores en sus facturas. Diecinueve dólares se dice fácil y debe parecerle poco a los miembros de la JCF, al círculo privilegiado de la alta oficialidad del Gobierno de Puerto Rico o al segmento del 1% de la población que cuenta con los recursos para pagar eso y mucho más. Pero, para la clase media y trabajadora que ya carga con el peso de los sucesivos aumentos en todos los renglones: tarifas de luz, agua potable, peajes y otros servicios públicos, más el alza en el costo de alimentos, medicamentos y otros productos y servicios de primera necesidad. Para ellos, afrontar ahora otro aumento fijo, permanente y sustancial en la tarifa de luz, es abusivo.
Por otro lado, el acuerdo es desbalanceado. Solo cuenta con el aval de tres de las principales clases de acreedores de la AEE. El resto se opone o resiste, en un caso de insurrección abierta de los bonistas al proceso de reestructuración de deuda pocas veces visto. Esos acreedores, grandes firmas de “hedge funds” de Estados Unidos, que compraron a precio irrisorio los bonos de la AEE, y ya han recuperado su inversión con creces, siguieron presionando para continuar multiplicando sus ganancias. Y la JCF cedió a sus presiones y se rindió en su obligación de lograr un acuerdo de mayor balance y justicia para el pueblo de Puerto Rico que, después de todo, no es responsable por las malas acciones de sus gobernantes que lo endeudaron. Un recorte de deuda de apenas un 48% se queda muy por debajo de lo que pudo haberse logrado con una actuación más efectiva por parte de los negociadores de la JCF.
Este PAD es un golpe muy duro para la porción del pueblo puertorriqueño que trabaja, produce, paga contribuciones al erario y cumple con todas sus obligaciones a fin de mes. Porque nuestra gente sabe visualizar lo que representaría esa condena adicional por 30 años sobre sus ya cargadas espaldas, que los compromete no solo a ellos y ellas, sino también a sus hijos y nietos. Para la clase media y trabajadora de Puerto Rico este es un acuerdo pésimo.
Grupos de expertos, con buen récord de análisis y pronósticos certeros, predicen que el PAD presentado no es sostenible en el tiempo y eventualmente nos conducirá nuevamente a la quiebra. Así lo concluye el Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), entidad que insiste que este nuevo PA debe ser rechazado. El análisis de IEEFA considera factores tales como la capacidad de la economía de Puerto Rico para cargar con la deuda heredada de la AEE, el aumento en los precios de la electricidad que se necesitarán para pagar la deuda antigua y la incapacidad de la AEE y sus sucesores, LUMA y New Fortress Energy, para ofrecer mejoras operativas. “Las implicaciones de la tasa de pago tanto de la deuda heredada como del uso continuo de combustibles fósiles de alto precio producirán una disfunción fiscal continua, incluida la falta de pago de la deuda, más cambios en el sistema de pensiones y un juego continuo de pagos a los productores de combustible. Este conflicto no es conciliable. El actual plan de restructuración de la deuda sacrifica el capital sólido y la planificación de la gestión de la deuda por las necesidades de los bonistas de la deuda heredada. En efecto, el plan hipoteca el futuro.”
El especialista en medicina interna, doctor Ángel González Carrasquillo, también presente en la protesta, expuso que toda la literatura que ha estudiado es bien concluyente en cuanto a los peligros a la salud pública que implican todas las emisiones de sustancias tóxicas, como el polvo de sílice (polvo cristalino abrasivo) y el diesel, que provoca el proceso de fabricación del asfalto: “Es quizás de las emisiones más tóxicas que se conocen”. Está comprobado desde el 2012 que igual que el benceno, que es una sustancia carcinógena que está bien presente en estas emisiones, las monopartículas que surgen de la gravilla que se utiliza en esa construcción y la cantidad de diesel de los camiones que van a circular cerca del proceso más el que se quema en el calentamiento del asfalto provocan emisiones tóxicas al aire.
