Por Jenice M. Vázquez Pagán

Columnista  Invitada

Durante el primer mes del año 2024, han ocurrido cuatro feminicidios íntimos en Puerto Rico. El más reciente, ocurrió en Yauco donde el feminicida le arrebató la vida a su ex pareja, a la madre de ella, a su hermano y posteriormente se suicidó. El feminicida tenía expediente criminal previo por violencia doméstica y había cumplido ocho años de cárcel. En esta situación, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluissi, emitió comunicaciones en las cuales lamentaba lo sucedido, pues le “había tocado de cerca al tratarse de la familia de un compañero de trabajo”, específicamente del Secretario Auxiliar de la Gobernación. Las expresiones del gobernador no son suficientes proviniendo de la persona encargada de establecer políticas, programas y servicios para atender la violencia de género. Además, dejan fuera las vivencias de las familias de cada mujer asesinada en nuestro archipiélago.

La situación ocurrida en Yauco refleja la experiencia de cientos de mujeres que acuden a las agencias del gobierno y a los tribunales para buscar ayuda y proteger sus vidas. En el estudio realizado por la Comisión de la Verdad sobre la Violencia de Género del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en el año 2022, las sobrevivientes de distintas regiones judiciales tuvieron experiencias compartidas que resultan alarmantes. Por un lado, expresaron falta de credibilidad de las agencias del orden público a sus solicitudes de ayuda, falta de recursos del estado para las investigaciones de violencia en las relaciones de pareja o resistencia de las personas llamadas a proveerles seguridad. De igual forma, expresaron que confrontaron falta de orientación, lo que puede llevar a que las mujeres desistan de los procesos ante los tribunales, entre otras.

Sabemos que la violencia, en todas sus manifestaciones, es un problema social complejo que requiere de múltiples miradas para ser entendida y atendida. En el caso de la violencia de género en las relaciones de pareja muchas veces implica más de una forma de violencia como son: física, emocional, sexual, económica, amenazas, acecho, entre otras. Comprendiendo esta complejidad, desde los movimientos de mujeres se impulsó la aprobación de la Ley 54 de 1989, según enmendada, la cual busca prevenir y atender la violencia en las relaciones de pareja, proveyendo remedios de naturaleza civil y criminal. Además, contiene disposiciones relacionadas con la reeducación y readiestramiento de las personas agresoras. Esta legislación ha sido considerada de avanzada y ha ayudado a salvar la vida de miles de mujeres, sus hijos e hijas. Sin embargo, el establecimiento de una política pública como la Ley 54 o la Orden Ejecutiva decretando un Estado de Emergencia por Violencia de Género, no son suficientes.

La adopción de las políticas públicas debe estar acompañada de la asignación de recursos, humanos y fiscales, que garanticen su adecuada implementación. Además, debe incluir procesos de capacitación y sensibilización a funcionarios y funcionarias de todas las agencias del gobierno. Por otro lado, resulta imprescindible fiscalizar la adecuada implementación de éstas. De lo contrario, la política pública se convierte en letra muerta y coloca en riesgo a quienes sobreviven la violencia en las relaciones de pareja. Sobre este particular, un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas en el 2018 destacó la necesidad de generar respuestas eficaces y una mayor coordinación entre la policía y el sistema de justicia, así como entre los servicios de salud y servicios sociales. Así mismo, se destaca la importancia de la educación temprana.

Cónsono con estos hallazgos, en Puerto Rico distintas organizaciones de mujeres y de prestación de servicios hemos reclamado respuestas del estado que atiendan la complejidad del problema social que tanto nos afecta, incluyendo los aspectos estructurales vinculados con las desigualdades de género, clase y raza. Entre las acciones que se han estado reclamado se encuentran una mayor asignación de fondos recurrentes que garanticen el acceso y la continuidad de los servicios de acompañamiento psicosocial, intercesoría y representación legal, que han demostrado ser esenciales para las sobrevivientes de la violencia en las relaciones de pareja. Además, resulta necesario el desarrollo de servicios de salud, vivienda, derechos laborales que garanticen y amplíen las protecciones a quienes enfrentan la violencia en las relaciones íntimas, y la cual también impacta a sus hijos e hijas. Así mismo, de manera consistente se ha exigido la implementación de la perspectiva de género en la educación, como una estrategia probada para la prevención de la violencia en todas sus manifestaciones.

Se requiere que las tres ramas del gobierno tomen acciones dirigidas al desarrollo e implantación adecuada de políticas, programas y servicios. Si no hay acciones concretas de poco sirven los lamentos.

La autora es abogada y profesora en la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.

Especial para CLARIDAD

La clase  trabajadora organizada en sindicatos enfrenta grandes retos en el Puerto Rico 2024. El primer reto es la necesidad de crecer. El sindicalismo tanto en el sector privado como público representa menos del 10 % de la fuerza trabajadora. La tendencia en el sector público es ir a la baja por diversas razones impulsadas por las políticas de gobierno y los patronos.

La privatización de las empresas públicas, las leyes aprobadas para congelar convenios, despedir trabajadores, eliminar o reducir beneficios, enmiendas a las leyes que rigen los sistemas de pensiones, la reducción de población entre otros factores explican porque se ha reducido el espacio púbico y con ello los trabajadores sindicalizados.

En el sector privado la ofensiva de los patronos utilizando leyes para reducir o eliminar derechos y beneficios también ha limitado la organización sindical.  Si sumamos que la actividad para organizar a los trabajadores es mínimo tenemos un resultado negativo.

Sin embargo, los bajos salarios, condiciones de trabajo precarias, desigualdad visible deberían ser motivos para organizar a los trabajadores. La realidad es que tal resultado no ocurre. Creo que la ausencia de una formación ideológica del liderato sindical tiene mucho que ver. No se visualiza estratégicamente el movimiento, ni se evalúa su futuro desde una perspectiva amplia, unitaria y clasista. Se evade la realidad colonial del país, aun mas, se acepta como normal la existencia de una Junta de Control Fiscal con la cual se negocia y se solicitan reuniones.

La desigualdad que surge ante las altas ganancias del sector patronal y la precarización de la clase trabajadora no se aprovecha para organizar. Sin embargo, en EEUU, se desarrolla una ola de organización sindical y fortalecimiento que no llega al país, aun cuando existen organizaciones afiliadas en Puerto Rico a las que están muy activas en EEUU. También existen en Puerto Rico los mismos patronos que en EEUU enfrentan campanas de organización. Hay que evaluar otras formas de organizar a los trabajadores, fuera de la legislación dirigida a la representación de un taller y la negociación colectiva.

Este es el segundo gran reto para los sindicatos, la lucha ideológica. Mientras el sindicalismo no logra avanzar, la clase trabajadora se mueve atraída por temas sectoriales como son los derechos de las mujeres, jubilados y pensionados, reclamos de vivienda, defensa del ambiente, por una mejor educación, por salud pública, derechos civiles, por cambios en la producción de la energía, entre otros. También se levantan banderas de solidaridad por pueblos hermanos que enfrentan bloqueos y guerras imperialistas, guerras genocidas o intervenciones en la soberanía de los países.

Estas luchas sociales y políticas se dan ajenas a un sindicalismo cada vez mas silente y dedicado a la administración de los convenios. Quienes  ejercen estas luchas tienen experiencias sindicales y organizativas. Ganaron liderato en procesos de formación, educación y experiencias de diversas luchas. La juventud que ingresa a estas luchas tiene el conocimiento académico para explicar la compleja sociedad capitalista pero carecen de la experiencia política y sindical de las décadas del siglo pasado. Conocen los medios tecnológicos para divulgar ideas y proponen un lenguaje ajeno a los luchadores de más edad. Estos factores separados no suman, pero juntos serian una fórmula ganadora.

Sindicatos clasistas con matriculas educadas políticamente que asumen banderas de luchas sectoriales y a su vez unen experiencia, tecnología y conocimiento seria un futuro prometedor.

El tercer reto es detener la ofensiva patronal. Los patronos controlan el gobierno en sus tres ramas. Ejecutan y defienden sus políticas, las proponen como leyes y finalmente se aseguran que los jueces las interpreten a su favor. En esa lucha de clases los patronos están ganando. Algunos dirigentes sindicales apuestan al voto electoral para tener una opción en el 2025. Pero estamos en el 2024.  Además las opciones electorales van desde líderes sindicales aspirando en partidos capitalistas, candidatos independientes con libertad de acción y sin compromiso político claro hasta alianzas entre partidos políticos progresistas.

Las muchas divisiones electorales pueden favorecer a los partidos tradicionales a quienes los patronos les sufragan las campanas económicas. Por tanto, las elecciones serán en noviembre de 2024, pero la lucha es cada día del año 2024. Identificar los temas que nos unen y nos permiten movilizarnos juntos es vital. El tema de la energía, la privatización de la AEE, el costo de la energía afectado por el plan de deuda de la Junta y el impacto sobre las pensiones de los trabajadores es un solo tema que hoy mueve a la gente por separado.

Imaginemos que el liderato sindical (activistas, oficiales electos, jubilados) pueda explicar con claridad porque los vales para la compra de sistemas fotovoltaicos están mal implantados, como esta aparente desorganización de los vales es una pantalla para esconder el futuro de la energía con combustible fósil o renovable pero en manos privadas. Que LUMA y Genera PR no aportan un solo centavo a la infraestructura del país pero si reciben miles de millones en ganancias y beneficios para su clase gerencial. Que toda la construcción y mantenimiento de la infraestructural del país está en manos de empresas extranjeras y privadas. Que los sistemas de energía, carreteras y puentes con peaje, los aeropuertos y muelles, sistema de aguas, educación universitaria y otros, todos responden a los planes de los inversionistas que representa la Junta de Control Fiscal.

Que lo que vivimos no es capitalismo salvaje, sino la actualización de la colonia y el capitalismo en el siglo XXI. Que lo que vivimos es el dominio de la clase rica, los menos, sobre la clase trabajadora, los más. Que lo que vivimos es lucha de clases donde hay que escoger aliados para caminar juntos y vencer a esa clase rica que nos divide para mantenernos entretenidos con beneficios y privilegios temporeros.

Estos tres retos: crecer organizativamente, profundizar en la formación sindical asumiendo una ideología clasista y enfrentar con acciones la ofensiva de los patronos es una agenda amplia y ambiciosa. Debió asumirse hace tiempo pero ello no elimina la urgencia e importancia de hacerlo hoy. El punto es caminar hacia adelante.