Hace unas semanas la prensa de Puerto Rico publicó acerca de la gran cantidad de fondos con que cuenta el gobernador Pedro Pierluisi para su campaña de reelección por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en 2024. Decía la noticia que, entre todos los actuales y potenciales candidatos políticos, ninguno se acerca a Pierluisi en dinero disponible para su campaña. También se ha sabido que las arcas de fondos por donativos políticos de la comisionada residente, Jennifer González, están muy bien surtidas, lo mismo si decide aspirar nuevamente al cargo que ocupa que si reta en primarias a Pierluisi por la principal candidatura del PNP, como se especula fuertemente que ocurrirá en los corillos políticos y mediáticos del País.
No se divulgó información, sin embargo, sobre nombres de donantes, ni cantidad de donativos, ni nada específico respecto a los mismos. Sólo se ha dicho que ambos candidatos cuentan con cantidades considerables de dinero para sus campañas. Esta es una información que el País debe conocer en su totalidad y con todo detalle porque va a la raíz de la corrupción pública y privada, el peor mal que nos ha dejado la trayectoria política mediocre y decadente del binomio PNP-PPD, los partidos coloniales que se han turnado la administración del gobierno en Puerto Rico con un saldo tenebroso de cientos de casos de corrupción, que han escalado de manera vertiginosa particularmente durante los últimos treinta años.
La raíz de esa corrupción está en el modelo de financiamiento de las campañas políticas de los partidos en Puerto Rico- copiado del de Estados Unidos- mediante el cual las campañas de los partidos y sus candidatos se nutren de donativos de fuentes privadas. Individuos, corporaciones y entidades que, a cambio de sus donativos, pueden compra el acceso a los candidatos y candidatas con potencial de prevalecer para beneficiarse de alguna manera individualmente, o adelantar alguna meta de sus negocios actuales o futuros. La corrupción pública y privada en Puerto Rico florece a través del nepotismo, el amiguismo y el desarrollo de claques partidistas, que se reparten los empleos de confianza y los privilegios y prebendas que estos conllevan. Otra vía para la corrupción son los contratos a individuos o entidades privadas, que figuran entre los donantes de dichos políticos, para que desarrollen proyectos u ofrezcan servicios que serán pagados con fondos públicos. La llamada “obra pública” que tan importante es para los políticos, viene de manos de empresas o firmas privadas de donantes bien colocados. El entramado de la corrupción incluye la compra y venta de permisos, que se detengan o inicien investigaciones, que se violenten procesos, reglamentos y leyes, todo en aras de prevalecer en la carrera desenfrenada por el poder que les permitirá enriquecerse y enriquecer a los suyos. El veredicto unánime de culpabilidad emitido por un jurado contra Sixto George la semana pasada es solo el desenlace del caso más reciente, el cual pone en evidencia el alcance de la corrupción pública y privada en Puerto Rico, en una situación donde, mediante soborno y extorsión, se pretendió mantener en el puesto a un gobernador cuyos días estaban contados.
Esa corrupción es la que permite proyectos sin rendición de cuentas, como el puente Atirantado relleno de cartón, o las escuelas de “columna corta” que se desplomaron con los terremotos del suroeste, o el gasoducto subterráneo que no se construyó, pero que se pagó con decenas de millones de dólares al “contratista”, o las escuelas públicas que se cerraron para venderse al mejor postor o para ser objetos de trueque, como ya una vez había ocurrido con los hospitales públicos y el desmantelamiento de nuestro sistema de salud, o la vergonzosa lista de alcaldes y altos oficiales municipales acusados por aceptar sobornos de contratistas privados para el asfaltado de calles, o el recogido de basura y escombros, entre decenas de situaciones que se suceden una tras otra, año tras año.
Esa corrupción es la que ha permitido también el asalto y destrucción de nuestro medio ambiente, recursos naturales y patrimonio edificado, como las construcciones ilegales en zonas marítimo- terrestres de nuestros cuatro puntos cardinales, Vieques y Culebra, como la piscina del Condominio Sol y Playa en Rincón, o la ocupación ilegal y destrucción de lugares protegidos de alto valor ecológico, como Bahía de Jobos en Salinas o la Cueva de las Golondrinas, en Aguadilla. O como la construcción sobre un humedal en Luquillo, o los intentos de impedir el acceso a las playas públicas de Ocean Park y Dorado, o la proyectada venta del histórico parque Sixto Escobar para que el nuevo dueño del Hotel Normandie construya un estacionamiento de huéspedes, o la destrucción y desalojo de vecindarios y comunidades históricas, como Puerta de Tierra, en la codiciada isleta de San Juan.
Mientras Puerto Rico siga gobernado por el binomio PNP-PPD, será imposible conocer el alcance real de la corrupción pública y privada, y mucho menos comenzar a detenerla. Por eso, hay que seguir protestando y denunciando cada situación. Además, ya el 2024 se acerca y los puertorriqueños y puertorriqueñas indignados con la corrupción, que decidan votar, tendrán en sus votos la herramienta para comenzar la limpieza que saque la corrupción de la política puertorriqueña.
