CLARIDAD
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La organización Salva Aguadilla, una de las que participa del Campamento Pelícano, movimiento que ha denunciado de la construcción sobre la cueva Las Golondrinas y de la pretensión de demoler las estructuras históricas del Puerto de Azúcar de Aguadilla, compartió con CLARIDAD el trasfondo del proceso de permisos para la construcción del proyecto Cliff Hotel& County Club.Este colectivo fue el que logró que el litoral costero conocido como Las Piedras y Crashboat fuese designado como la Reserva Natural Pelícano y la Reserva Marina Crash Boat.
La pruebas presentadas confirman que en agosto del 2018 el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. (USCI) y el DRNA le aprobaron un permiso de emergencia a Aguadilla Pier Corporation para reemplazar algunos de los pilotes destruidos por el huracán María en el Muelle de Azúcar. Luego, en junio del 2019, una Evaluación Ambiental (EA) del DRNA identificó que el desarrollador violó la Ley 241 de Vida Silvestre con la destrucción del mogote.
Un mes después, en otra EA presentada por el desarrollador, este no identificó los mogotes, las cuevas ni presentó estudio de suelo o geológico. En septiembre se identifica que el proponente no siguió las recomendaciones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para el deslinde de la zona marítimo terrestre, por lo que ese deslinde también está siendo impugnado
En el 2021, específicamente en marzo, Román González solicitó al Banco de Desarrollo Económico un incentivo económico para la construcción del condo hotel. Según Salva Aguadilla, esta solicitud no aplica debido a que los terrenos están clasificados como ‘Residencial de alta intensidad’ en el Plan de Uso de Terrenos del 2011.
En el 2022, la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) también emitió una orden de paralización a la remoción de terreno, por no contar con el permiso para el control de sedimentación y escorrentías, que son violaciones a Ley de Agua Limpia.
El mismo modus operandi
“En este caso lo que ocurre es que estamos viendo cómo el sistema de permisos está roto y cómo el haberle retirado poderes al Departamento de Recursos Naturales y al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), entre otros, lo que ha hecho es dificultarle el trabajo a esas agencias”, reaccionó la representante Mariana Nogales Molinelli al planteamiento de CLARIDAD de que el desarrollo del caso de Aguadilla es uno similar a la controversia de la construcción en la playa Los Almendros en Rincón. Esta confirmó que en el caso del DRNA se le ha impedido la entrada a los vigilantes para que puedan revisar el estado del plan de manejo del control de erosión y sedimentación y que desde el año pasado existe una orden de cese y desista contra la construcción por no tener el citado plan.
Sobre la orden de demolición de las estructuras encima de la Cueva las Golondrinas, censuró que el desarrollador Román González lo que hizo fue meter dentro de esa orden de demolición, de manera intencional para retrasar los procedimientos, las estructuras del muelle de azúcar, las cuales el ICP dijo que no se debían demoler. Nogales Molinelli dio crédito a que en el memorial explicativo del DRNA figura la posición del ICP. “Recursos Naturales, dijo que no, que las estructuras que dijo que se demolieran son el potrero y el salón de actividades. En ningún momento el DRNA ha solicitado, ni exigido ni ordenado que se demuela el almacén ni el tanque de azúcar. Él lo metió porque es parte de su proceso de destrucción”.
Además de la orden de demolición del DRNA, ante esta agencia hay también la impugnación del deslinde de la ZMT y hay un referido de los profesionales autorizados que presentaron la documentación que indujo a error al Gobierno. Por parte de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGP), no se atiende la situación de manera acelerada alegando que hace falta un permiso de demolición, denunció.
Nogales Molinelli explicó que se supone que hasta tanto no se atiendan todos los señalamientos anteriores la construcción se encuentre detenida por completo. No obstante, denunció en tono crítico que la parte de fiscalización del sistema de permisos tiene los huecos para que el interesado tenga la capacidad de continuar la construcción.
“Hay otro factor que creo se ha hecho con toda la intención: es que hay dos permisos para el mismo espacio de Cliff Corp., uno presentado en el 2021 y otro en el 2022”. Esto también lo denunció Salva Aguadilla. Precisó que así sale en el portal de la OGP, “y esa persona sigue la destrucción sin una evaluación de suelo ni una evaluación ambiental, solo con una evaluación ambiental del 2021, que es defectuosa, un deslinde defectuoso. Todas las personas que han intervenido, el ingeniero, el personal autorizado, han inducido a error al Gobierno, tienen que responder y enfrentar consecuencias”.
La representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) señaló que se supone que la agencia de gobierno que tiene la supremacía para actuar en todo este asunto es la OGP. “Pero no lo ha hecho en este caso ni lo va hacer en ninguno otro. La OGP, como sabemos, hay un disloque en esa dependencia, porque está debajo del Desarrollo Económico y la Junta de Planificación. Igual es otra de las que ha perdido facultades en el proceso”.
En esa dirección, destacó que el proceso que se ha seguido tanto por OGP como por parte del desarrollador es el mismo modus operandi de otros casos para lograr permisos. “Ya sabemos cuáles son las causas y qué documentos buscar en la OGP”. Indicó que antes, en el portal de OGP, los documentos presentados por los desarrolladores estaban disponibles, pero desde que empezó a trabajar los casos de Salinas en enero del 2022, ocultaron los documentos y ahora hay que pedirlos. Esto se lo han confirmado otras personas.
Nogales Molinelli afirmó que el meollo, el origen, del asunto está en la Oficina de Permisos de Aguadilla como municipio autónomo. Relató que bajo la administración municipal anterior el director de la Oficina de Permisos le emitió órdenes de cese y desista y detuvo los permisos en contra del proyecto presentado por Román González. Con el cambio de administración, el nuevo alcalde, Julio Roldán Concepción, votó al director de la OP, y al mes y medio se le volvieron a otorgar los permisos municipales a Román González.
Por su parte, en una acción que es evidente se hizo para lidiar con la oposición ciudadana, en septiembre del 2022, el acalde Roldán Concepción radicó una acción en el tribunal demandando que se demolieran las estructuras sobre la cueva. A juicio de Nogales Molinelli, el documento que radicó el alcalde es uno mal trabajado: “Ha arrastrado los pies y modificado sus reclamos al tribunal”. Tanto así, que en la última vista que se celebró el 4 de octubre del 2022, el alcalde ya estaba hablando de requerirle a la corporación que presentara los permisos para la construcción, lo que se acordó se haría en una vista este próximo 10 de febrero. Estas denuncias de la representante, que es una de las iniciadoras del campamento Pelícano, también circularon en comunicado de prensa el pasado 30 de enero tras el ataque a manifestantes por parte de la empresa de guardia privada SJ Security Police, en el área de la cueva.
La vista de este 10 de febrero es una final y es la única acción sobre la controversia de la construcción que se encuentra en los tribunales. El resto son procesos administrativos en las agencias ya citadas.
A la EPA (Agencia Federal de Protección del Ambiente) se le envió una carta solicitando que vuelvan a inspeccionar para ver si están cumpliendo con la ley de Agua Limpia.
Legislatura se niega a investigar
Nogales Molinelli denunció que la Legislatura se niega a atender una resolución (RC 830) que ella presentó en septiembre. Según dijo, en diciembre preguntó por el curso de la resolución y le dijeron que no tenía prioridad. “Han dicho que es político y no lo van atender”. El alcalde Roldán Concepción pertenece al partido que domina la Cámara, PPD.
“Vamos a seguir, estamos atacando este caso por todos los frentes. No solo desde mi oficina, sino desde Salva Aguadilla y otras organizaciones, sabemos que el caso ya ha sobrepasado las fronteras y que la congresista Nydia Velázquez ha estado al tanto de la situación y ha hecho gestiones con las agencias federales. Yo creo que el Gobierno tiene que meterle mano a este caso y atender la situación. La Cámara de Representantes, si tiene algo de respeto por sí misma, debería atender esta investigación”.
