CLARIDAD

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Los continuos casos de violaciones a reglamentos ambientales y de zonificación, las construcciones sin permisos en lugares indebidos y la negativa del gobernador, Pedro Pierluisi, de firmar el proyecto de Legitimación Activa, todas estas acciones están conectadas. Emanan de una política pública  de desreglamentación en aras de un supuesto desarrollo económico.

Entrevistado por CLARIDAD, el planificador David Carrasquillo Medrano expuso su apreciación sobre el borrador para un nuevo Reglamento Conjunto (RC) bajo consideración de la Junta de Planificación (JP). “Definitivamente, todo está conectado y es bien difícil seguirle la pista porque esto empezó en el 2009 con la aprobación  de la primera reforma de permisos, en donde después, en el  2010, se hace el primer Reglamento Conjunto”.

En octubre pasado del 2022, la JP inició un proceso de vistas públicas del  borrador para un nuevo Reglamento Conjunto para la Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios. Esta extendió  hasta el 20 de febrero próximo la fecha para que el público interesado presente sus comentarios y evaluaciones sobre el borrador.  Aunque el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico declaró nulo el RC del 2020, tanto la JP como todas las demás agencias concernidas han continuado utilizando el reglamento declarado nulo.

Carrasquillo Medrano, quien es director de Planificación y Desarrollo Comunitario de la organización sin fines de lucro Hispanic Federation de Puerto Rico (HFPR), agregó que se supone que con la aprobación del  Plan de Usos de Terrenos (PUT) del 2015 y el RC cambiara la dinámica de los permisos, ya que se establecía por primera vez algunas directrices o políticas a nivel nacional en donde se delineaba un norte de sostenibilidad y balance en los tipos de desarrollo. Pero, por el contrario, no solo ha habido problemas con el RC,  sino que el Gobierno, de forma muy clara, ha utilizado las diferentes agencias, primero, para complicar el proceso, y segundo, para servir de cómplice en crímenes ambientales, entre muchísimas otras cosas. Dio de ejemplo que la resolución administrativa de exclusiones categóricas que aprobó hace dos años el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)  en definitiva  ha viabilizado el que se aprueben muchísimos proyectos con exenciones en los requerimientos ambientales que no se deberían aprobar.

Este expuso que el RC 2022 que se está evaluando ahora mismo incluye una disposición que dice que todos los permisos que se otorguen de forma ministerial tienen auténticamente una exclusión categórica. Eso incluye proyectos de energía en zonas agrícolas, proyectos de energía en zonas residenciales y la adopción de alquileres a corto plazo (ACP) en zonas residenciales. Sobre esto último reparó en que ello representa un problema porque, aunque la medida PC 1557 (que se debate al presente en la Cámara de Representantes)  incluye una disposición de que aquellos usos de ACP en zonas residenciales deberían limitar su uso del 30 % de la vivienda,  no hay garantía de eso, ya que en cualquier momento lo pueden cambiar.

Otra  instancia en dirección a la desreglamentación que señaló es que  el primer plan fiscal de la Junta de Control Fiscal (JCF)  le daba dos años a la JP  para hacer una reingeniería del proceso de permisos, y eso viene acompañado de meter a la JP dentro de la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), lo que implica la  pérdida de poderes de la JP para otorgárselos a la Oficina de Gerencia y Permisos (OGP).   Indicó que dentro de la OGP no hay decisiones que sean colegiadas y que incluso no hay decisiones que se tomen por los peritos concernidos.

“Así que hay muchas instancias en donde cosas que tradicionalmente requieren una consulta de ubicación se están pasando como si fueran permisos regulares”. Con esto  se  les está pasando por encima a las  evaluaciones que hacen los Municipios Autónomos, lo que claramente son violaciones a la autonomía municipal, ya que en la práctica el Gobierno está centralizando la forma en que se toman decisiones, y asuntos que no deberían ser discrecionales, ahora lo son, y otros  que deberían ser ministeriales, a veces son discrecionales. “No hay forma de  decir categóricamente esto está bien, esto está mal; sino que es dependiendo del asunto”.

Considera que para bien o para mal, aunque suene increíble, el periodo de examen de este RC 2022, sin la extensión, había sido el periodo más largo que se ha dado en los pasados 10  años en las evaluaciones. Su interpretación es que las motivaciones para que la JP haya extendido el periodo responde a que no se han recibido los comentarios del público, pero también de las agencias que se supone participen del proceso. Recordó que  todos los reglamentos conjuntos que la JP ha presentado, excepto el del 2010, han sido declarados nulos por incumplimiento a la Ley de Procedimiento Uniforme, entre otras leyes que dictan cómo es el proceso.

“Mi  inferencia es que  no se ha cumplido incluso con el plazo hasta el 20 de febrero porque la ley orgánica  de la JP dice que este proceso primero debe ser uno lo más amplio posible, y no lo ha sido. Segundo, la JP tiene la responsabilidad de poner al público en primer sitial, y eso tampoco ha pasado”, denunció.

El planificador, que está empapado del proceso, describió que las vistas  públicas fueron pobrísimas, por  la baja participación que se está dando, lo que atribuyó en parte a que el documento es uno de más de mil páginas,  por lo que nadie ha podido evaluarlo por completo. Incluso admitió que organizaciones como la Hispanic Federation  se han tenido que concentrar en algunos aspectos que son problemáticos,   que saben que no se han evaluado de forma profunda.

En esa línea, señaló que, en continuidad con el veto del gobernador a la Ley de Legitimación Activa, la JP está incluyendo en el RC un lenguaje dirigido a que para una persona poder querellarse sobre un permiso o actividad tiene que tener un daño directo. Eso incluye a legisladores, servidores públicos y organizaciones sin fines de lucro. “Aquí no se habla de demandar; sino de una querella como es ahora; de que cualquier persona puede hacerlo”. Carrasquillo Medrano comentó que por lo regular son organizaciones sin fines de lucro las que asumen la responsabilidad, ya sea de presentar una querella o demandar, debido a la necesidad de asesoramiento legal y técnico, lo que a su vez es costoso.  Con esta disposición, en la práctica nadie se podrá querellar, concluyó.

Los aspectos más problemáticos

A juicio del planificador, además de lo anterior, hasta ahora los cambios propuestos por la JP que considera más problemáticos tienen que ver con áreas residenciales. El RC contempla permitir otorgar permiso de  forma ministerial; es decir, si la persona somete un permiso y cuadra con lo que dice el reglamento, se aprueba de forma automática, nadie lo puede cuestionar, ni siquiera el técnico de permisos lo puede cuestionar. Ejemplos de permisos de forma ministerial en zonas residenciales son un permiso para un ACP y algunos tipos de hospederías. Uno de los cambios más problemáticos es un permiso ministerial para un llamado startups.   Este  va a permitir usar el 20 % de una propiedad para cualquier tipo de actividad, siempre y cuando no emita ruido, olores y la operación sea en  horario diurno.

El planificador experto en desarrollo comunitario subrayó que permitir estas actividades tiene efectos directos en el valor de las propiedades debido a que la forma en que un tasador le da el valor a la propiedad es con comparables, porque eso dicta lo que se puede hacer.  “En  la medida en que se permita hacer actividades que le puedan sacar dinero a la residencia, obviamente, tiene un efecto directo en la accesibilidad de vivienda asequible, le aumenta el valor. Irónicamente, en el informe económico que la JP entregó el año pasado,  vieron el aumento de 14 % en las propiedades como algo positivo”, criticó.

Otra disposición que dijo le preocupa mucho que fuera añadido a este reglamento es lo que se refiere a las parcelas que están clasificadas como educacionales, que son  aquellos espacios que tradicionalmente se les da usos públicos. Ahora se va a permitir la concesión de permisos de  forma ministerial para usos comerciales de estos espacios; permisos para ubicar  hoteles, restaurantes, hospederías, cuando eso implica la privatización del espacio. Carrasquillo Medrano destacó que en el contexto en que se han cerrado 400 escuelas en los pasados siete años, “eso es un golpe al hígado, en donde escuelas que cerraron y todavía hay grupos comunitarios tratando de reabrirlas, las van a privatizar y las van a comercializar”, advirtió.

Las áreas naturales

Las áreas naturales, como los bosques, los recursos naturales, no escapan al RC. En el documento  se está permitiendo el establecimiento de los ACP, los tiny houses, una nueva modalidad de casas pequeñas, las cuales se están vendiendo  como si fueran parte del inventario atractivo turístico en la isla.

“Yo no sé si es ignorancia pura de parte del Gobierno y los proponentes; pero el daño no es solo la casa, sino la infraestructura que tienes que hacer para luz, agua, carretera. Eso, definitivamente, está contemplado que se va hacer en áreas de conservación. Cuando digo áreas de conservación son tanto las reservas como las áreas boscosas. Se está permitiendo en esos lugares. De parte del DRNA, no ha dicho absolutamente nada”.

Se supone que por la ley de procedimiento administrativo uniforme el DRNA sea una de los entes concernidos en el proceso. Sin embargo, la JP en ningún momento ha permitido o dado información de cuáles agencias reaccionaron. Aun cuando eso debería ser parte del proceso, no hay una disposición clara que diga que eso se tiene que publicar, explicó.

Zonas a “mejorarse” o a eliminarse

 El borrador del RC tiene también una clasificación  denominada ‘Zonas a mejorarse’. Esta se le atribuye a comunidades rescatas, comunidades empobrecidas, sin planificación; sectores sin infraestructura, es decir, agua, luz, carreteras, etc. Contrario a lo que está vigente, que es responsabilidad del municipio con la participación comunitaria preparar un plan de desarrollo, el RC propuesto no las reconoce como  un distrito residencial y lo que propone es permitir que un ente privado someta  un plan  maestro de lo que quiera hacer. Es evidente que esto pone en peligro a las comunidades que se encuentran más vulnerables.  La propuesta podría ser desde un proyecto de energía hasta urbanizaciones de lujo, cualquier otra cosa que quepa dentro de la zonificación.

Para Carrasquillo Medrano, el cambio es como una doble vara que está ligada a la declaración de  las zonas de oportunidad. Puntualizó que no se permite que los fondos de desastres beneficien a personas que  están en zonas inundables y que no se pueden cuestionar los mapas. Sin embargo, a los inversionistas se les está diciendo que puede comprar o construir bajo determinados parámetros. Aclaró que  cuando se habla  de parámetros, se está hablando de infraestructura en que el Gobierno no está dispuesto a gastar. Subrayó que se refiere al dinero de los fondos CDBG-DR  y los de CDBG- MIT cuya prioridad se supone sea atender a las comunidades en zonas de riesgo. El Gobierno los está utilizando  en cosas discrecionales,  como turismo y proyectos de desarrollo.

En conclusión, no empece a que, irónicamente, este es el proceso más largo que se ha dado de la revisión del RG, ha sido uno en donde  no existe un documento para el público que diga cuáles son los cambios que se están proponiendo, sino que  hay que leer las más de mil páginas para llegar enterarse.   Y eso es bajo la premisa de que se conoce lo que decía el documento anterior. Pero hay muchísimos cambios que se están incluyendo que son muy nocivos, los cuales las personas no conocen  ni cuentan con los elementos para entenderlos.

CLARIDAD

Como la mayoría de los y las boricuas, no sabía quien era el tal “Sixto George” y ahora resulta que, también igual que otras personas, todos los años aportaba dinero para que este personaje recibiera $23 mil mensuales de uno de sus contratos con el gobierno, el del Departamento de Hacienda. Sí, el mismo Departamento que se pasa metiendo la mano en nuestros bolsillos para supuestamente financiar la “obra pública”, le pagaba la mencionada suma para que promoviera al secretario Raúl Maldonado, como si se tratara de una marca comercial.

Ese no era el único contrato gubernamental que tenía el personaje. Escondido en otro nombre corporativo disfrutaba de un segundo acuerdo con la Oficina de Presupuesto, que en aquellos tiempos también dirigió Maldonado. De ese segundo contrato aún no sabemos cuánto dinero se desviaba hacia el individuo. Sí sabemos que, además de los contratos pagados de la nómina pública, recibía dinero del comité de campaña del entonces gobernador Ricardo Rosselló que llegó a darle $100 mil, también paraque ayudara a mejorar su imagen.

Debido a esas funciones de supuesto promotor de imagen, el tal Sixto George tenía acceso directo al círculo que controlaba el gobierno puertorriqueño y bastaba una llamada para que alguno de los principales asesores del gobernador fuera a reunirse con él. Las dos instituciones más importantes del aparato administrativo, la Oficina del Gobernador y el Departamento de Hacienda, mantenían relaciones y comunicación regular con este individuo.

¿Quién de verdad era el tal Sixto George? Según la evidencia presentada durante un juicio público en el Tribunal Federal estamos ante un manipulador burdamente torpe que cualquiera con inteligencia normal podía identificar. Es, además, una persona vulgar, de esos que en nuestro país alguna gente llama “cafre”, que exhibe su vulgaridad sin tapujo alguno. ¿Cómo alguien así puede venderse como protector de imágenes de figuras públicas? La clave está en el “acceso”. El personaje tenía comunicación directa y alegaba controlar otros parecidos a él que han logrado establecerse en programas de radio y televisión que, también gracias a la vulgaridad y el chisme, logran una buena audiencia. Es decir, el tal Sixto era un auténtico proxeneta que vivía de un nuevo tipo de prostitución, la que ejercen quienes explotan la chismografía. Una vez establecen su audiencia, estos individuos se venden, unos a cambio de $6 mil y otros a $50 mil, según la prueba presentada. Como buen gigoló, Sixto los mercadeaba, pero los del burdel son los otros.

No es raro que estos personajes aparezcan en tiempos como el que vivimos cuando la descomposición del aparato gubernamental se torna evidente. No es el primero ni será el último.

Cuando los cuerpos empiezan a descomponerse aparecen sabandijas y gusanos que aceleran la degradación. Lo mismo sucede con las instituciones sociales y políticas. Una vez comienzan a declinar generan situaciones y atraen personajes que ejemplifican y simultáneamente estimulan la decadencia. En momentos de esplendor o de mera normalidad esas sabandijas serían rechazadas por mecanismos institucionales de defensa, pero en la decadencia, avanzan y hasta se vuelven esenciales.

Los países, y hasta los imperios, aunque son instituciones más complejas, participan del mismo proceso. Su decadencia produce personajes extravagantes y absurdos como aquel dictador ya reducido a escombros que describe García Márquez en El Otoño del Patriarca; o como el monje Rasputín, quien llegara a acumular enorme poder en los últimos tiempos del decadente imperio zarista. Tanto poder acumuló, que miembros de la aristocracia lo asesinaron en un intento de sobrevivencia cuando ya la ira popular se volvía revolucionaria.

En el caso puertorriqueño la decadencia del gobierno colonial viene manifestándose desde hace mucho más de una década, pero es evidente que esa tendencia se ha acelerado en los últimos cinco años. Y cuando hablamos de decadencia no sólo nos referimos al número creciente de funcionarios incompetentes y/o corruptos, sino a la inoperancia de la estructura pública y la realidad de que esta ha sido invadida por un escuadrón de individuos que, aparte de busconear, nada aportan. Quienes en medio de ese pantano se esfuerzan por ser honestos terminan marginados y anulados.

En los últimos cuatro años hemos vito dos piezas de evidencia que comprueban ese proceso de descomposición incontenida. Uno apareció en 2019 y otro al año siguiente, en 2020.  El primero es el ya famoso “chat de telegram” entre los individuos que conformaron la cúpula del gobierno colonial entre 2017 y 2019, año en que desaparecieron de sus funciones como resultado del mismo chat. De aquel documento se recuerdan los epítetos más altisonantes y gráficos, pero como pieza de evidencia explica muy bien la decadencia de que estamos hablando. Aquel grupo de ejecutivos, algunos con título de “honorables”, eran tan vulgares y pequeños como Sixto George y, sin embargo, controlaban y mandaban sobre todo un gobierno.

La segunda pieza de evidencia vino después, una vez aquel grupo se vio obligado a renunciar. Entonces apareció Wanda Vázquez quien, además de ser un derroche de incompetencia, terminó “vendiéndole” una agencia pública a un mafioso. Desde entonces nada indica una mejoría, más bien lo contrario.

Finalmente, debemos agradecerle a tal Sixto George que optara por defenderse en un juicio público, rechazando llegar a un acuerdo de culpabilidad como sucede con la gran mayoría de los acusados por corrupción. Cuando esto último sucede la evidencia queda oculta en el expediente fiscal, pero en el proceso judicial tiene que divulgarse y entonces podemos conocer, sin asombrarnos, el alto nivel de podredumbre que arropa los gobiernos del bipartidismo.