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Las nubes no tienen la culpa

 

Por José Rivera Santana

 

¿Por qué un racionamiento ahora, cuando tenemos menos población y un aumento en las fuentes de abasto de agua desde el 2000? El racionamiento no es el resultado directo de la sequía. Las nubes no son responsables de los errores en el manejo del recurso agua, tampoco tienen la culpa de la falta de mantenimiento de la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Conviene recordar que la construcción del Superacueducto de la Costa Norte, luego de la sequía de 1994-95, se nos vendió con la promesa de que éste evitaría los racionamientos de agua en el Área Metropolitana de San Juan, aún en periodo de sequía extrema. Su puesta en operación significó un aumento de 100 millones de galones diarios (mgd) de agua. Pero, la promesa fue destrozada por la próxima sequía, la del 2015.

La AAA es la agencia que abastece la mayor parte de la demanda de agua potable a los distintos sectores del País. Los datos de la Autoridad indican que la demanda de agua asciende a cerca de 200 mgd. Sin embargo, para atenderla, la Autoridad tiene que producir 513 mgd. ¿Por qué esa diferencia enorme entre demanda y producción? Hay cuatro razones principales que son además las responsables del racionamiento.

PRIMERO, los embalses se diseñan y se construyen para que el agua esté disponible, precisamente en momentos de sequía extrema, pero no se puede exceder su capacidad de diseño. El problema surge por las deficiencias en el sistema de distribución de la AAA. Esa infraestructura arrastra un mal endémico de pérdidas físicas, estimadas recientemente en cerca de 52 por ciento, equivalente a 267 mgd. Es decir, para atender la demanda de agua la Autoridad tiene que producir el doble. Esa extracción adicional (246 millones mgd) se hace excediendo la capacidad o el rendimiento seguro de los embalses, acuíferos y tomas de agua. Un buen ejemplo es el embalse de Carraízo. Su rendimiento seguro es 63 mgd, sin embargo, se le extraen 90 mgd. No tiene que haber sequía, con tan solo una merma en la precipitación de varias semanas los niveles de los embalses bajan dramáticamente. Como resultado, la confiabilidad del sistema de abasto se va al piso y el racionamiento se asoma inmediatamente.

Es obvio que reducir las pérdidas es asunto prioritario. Así lo estableció el Plan Integral de Recurso Agua (PIRA), preparado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y firmado por el gobernador en el 2016. Entonces, el PIRA destacaba que reducir las pérdidas a un 33%, significaría que la extracción de agua, en el caso de los embalses de Carraízo y La Plata, estaría a tono con su rendimiento seguro, lo que supondría que no sería necesario el racionamiento aún en condiciones de sequía. Pero, lamentablemente, luego de 11 años, poco se ha avanzado y ayer, hoy y mañana las pérdidas de agua serán el equivalente a 4 embalses Carraízo.

De lo anterior se puede concluir que, de poco sirve construir nuevos embalses y fuentes de abastos si el 52% de su extracción se va a perder. Ni hablar de lo costoso que eso significaría para un gobierno en condiciones financieras críticas.

LA SEGUNDA razón es la pérdida de capacidad de los embalses debido a la sedimentación. La falta de rigor en la implantación de las reglamentaciones protectoras de las cuencas hidrográficas y de las áreas de captación de los acuíferos ha permitido actividades de construcción, deforestación y de extracción de material de la corteza terrestre en las áreas más susceptibles a la erosión. Esto provoca que la sedimentación crezca con cada evento fuerte de lluvia y Carraízo, nuevamente, es un buen ejemplo. Los efectos del dragado que se hizo en 1998, a un costo de $60 millones, se desvanecieron pocos años después. Y lo mismo va a ocurrir con el dragado reciente (aún más costoso).

LA TERCERA tiene que ver con las agencias a cargo de otorgar permisos. Si se sabe cuál es el rendimiento seguro de los embalses, entonces, por qué se dan permisos de uso de agua por encima de esa capacidad. Inexplicablemente, la propia AAA endosó (y endosa) permisos que exceden el rendimiento seguro del sistema de agua del que se serviría la actividad solicitada. La situación pinta peor, pues los sectores económicos vinculados a la industria de la construcción andan en una cruzada desbocada para desmantelar lo que queda de los procesos de planificación, como el Plan de Uso de Terrenos, y con ello dar rienda suelta a la otorgación de permisos sin importar el costo ambiental, económico y social. En consecuencia, las áreas críticas de las cuencas hidrográficas y de recarga de los acuíferos están en jaque, comprometiendo la capacidad de las fuentes de abasto de agua.

UNA CUARTA RAZÓN no puede escaparse. Tal como fue anticipado en estudios realizados desde la década del ochenta, el desparrame urbano y el uso ineficiente del territorio ha provocado un manejo insostenible de los recursos. En cuanto al agua, el desparrame urbano ha traído consigo una mayor extensión de la infraestructura (tuberías, tanques, estaciones de bombeo) que requieren llenarse de agua y buen mantenimiento. En consecuencia, aumenta la vulnerabilidad a roturas y reparaciones.

Atender estos asuntos requieren voluntad política y compromiso con el presente y futuro del País. De esas cualidades, las pasadas administraciones de gobierno han hecho gala de una enrome sequía y de una irresponsabilidad criminal ante la posibilidad de una mayor frecuencia de sequías extremas, como resultado del Calentamiento del Planeta.

 

Reproducido de www.puertoricotequiero

 

La historia detrás de estas fotos

Screenshot

 

Era un día bonito, de esos en que el cielo parece una promesa y uno piensa en la playa o en un paseo por la montaña, en cualquier cosa menos en el trabajo. Pero era jueves, 20 de junio de 2002, y Puerto Rico amanecía sin saber que estaba a punto de presenciar uno de los episodios más tensos y reveladores de su historia política reciente. Desde temprano se supo que la gobernadora Sila María Calderón había ordenado que se colocara la bandera de los Estados Unidos en la entrada de la Procuraduría de las Mujeres, junto a la de Puerto Rico, que hasta ese momento se erguía sola y orgullosa frente a una agencia recién creada para atender violencia de género, hostigamiento sexual, equidad laboral y derechos reproductivos. Al frente de esa institución estaba María Dolores “Tati” Fernós López-Cepero, feminista, abogada, primera Procuradora de las Mujeres, quien decidió no acatar la orden de inmediato. Esa decisión, aparentemente administrativa, provocó una reacción inmediata del liderato del PNP, que interpretó el acto como un desafío político y simbólico.

La ironía era brutal y evidente: la oficina encargada de proteger los derechos de las mujeres, de combatir la violencia de género y de promover la equidad, se convertiría ese día en escenario de un acto de intimidación política protagonizado por líderes que, en vez de comportarse con la responsabilidad que exige el poder, entraron como truhanes, imponiendo fuerza donde debía haber diálogo, y dejando en evidencia una contradicción dolorosa: la facilidad con que algunos hombres en posiciones de poder recurren al atropello precisamente en un espacio dedicado a erradicar esas conductas.

La noticia corrió rápido por las ondas radiales. En WAPA Radio, el reportero Jorge Blanco comenzó a transmitir en vivo que Carlos Pesquera, presidente del PNP, “iba camino a la Procuraduría” para colocar la bandera estadounidense él mismo. No convocó explícitamente a nadie, pero en el Puerto Rico de 2002, la radio era un arma política y WAPA Radio un megáfono que contribuyo a calentar el ambiente. Su transmisión actuó como una convocatoria de facto, movilizando a militantes y activando a líderes que escucharon la noticia en tiempo real. El ambiente se calentó. La tensión creció. Y el país, sin saberlo, se encaminaba hacia un motín.

A eso de las once de la mañana, Pesquera llegó al edificio acompañado por Edwin Mundo, operador político; Thomas Rivera Schatz, secretario general del PNP; y Leo Díaz Urbina, legislador y portavoz del partido. Los cuatro, figuras de poder, rodeados por seguidores que habían escuchado la transmisión radial, se presentaron frente a la Procuraduría con la determinación de entrar. Adentro, empleados nerviosos. Afuera, prensa. En el aire, un choque inevitable. La subprocuradora Eileen Navas había dado instrucciones claras al chofer de la agencia, Dennis Arroyo: no permitir la entrada de Pesquera. Pero Pesquera no se detuvo. Hubo empujones, gritos, forcejeos. A las 11:10 a.m., tomó por asalto el vestíbulo, abriéndose paso hacia el área de recepción con la bandera en mano, como si el edificio fuera territorio conquistado.

Detrás de él, Edwin Mundo bloqueó puertas interiores, impidiendo la salida de dos reporteros del semanario CLARIDAD, quienes quedaron atrapados dentro del edificio. La fotoperiodista Alina Luciano, también de CLARIDAD, intentó documentar el caos y fue agredida por Pesquera en medio del tumulto. Un policía resultó herido durante los forcejeos. La propiedad pública sufrió daños. El edificio quedó sitiado. La tensión se extendió por horas. Pesquera declararía más tarde que estuvieron allí cuatro horas, en un ambiente de caos, gritos, empujones y puertas bloqueadas.

Mientras el motín se desarrollaba, el superintendente de la Policía, Pedro Toledo Dávila, exagente del FBI y negociador de crisis, enfrentaba la tormenta desde la comandancia. Toledo, conocido por su disciplina férrea y su manejo directo de situaciones de alto riesgo, tuvo que coordinar la respuesta policial, manejar la presión mediática y atender las exigencias de transparencia de la prensa. Durante el proceso judicial posterior, Toledo supervisó el fichaje de los líderes del PNP, un procedimiento que generó tensión adicional. Como presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), solicité acceso a la información policial, incluyendo el material relacionado con el fichaje de los líderes del Partido Nuevo Progresista, ordenado por la jueza Isabel Linares. Finalmente, Toledo accedió a entregar las fotos a los periodistas, pero a través de la ASPPRO. Al entregármelas, junto a nuestro abogado, el licenciado Manny Suárez hijo, nos pidió que nos encargáramos de la distribución de las mismas siguiendo los protocolos de divulgación de la época, lo que así hicimos.

El caso judicial que siguió al motín fue uno de los más comentados de la década. Los cargos radicados fueron contundentes: Carlos Pesquera enfrentó acusaciones de motín, agresión y daños a propiedad pública; Edwin Mundo, de motín, restricción a la libertad y agresión a un policía; Thomas Rivera Schatz y Leo Díaz Urbina, de incitación al motín. La jueza Isabel Linares encontró causa para arresto. Los periodistas de CLARIDAD—Luciano y los dos reporteros atrapados— declararon en sala, confirmando la agresión, la restricción a la libertad y el caos dentro del edificio. Sus testimonios fueron esenciales para reconstruir lo ocurrido. Sin embargo, en 2004, un jurado declaró no culpables a los acusados. El país quedó dividido. La memoria colectiva, marcada.

El 20 de junio de 2002 quedó inscrito como un día en que la política puertorriqueña mostró su rostro más crudo: la mezcla de poder, presión mediática, improvisación y confrontación que puede desbordarse cuando los símbolos se vuelven armas y las instituciones se convierten en trincheras. Fue un día bonito, sí, pero también un recordatorio de cuán frágil puede ser la dignidad institucional cuando quienes deben protegerla deciden atropellarla.

https://youtu.be/C1Z0Hx8jGSw?si=7VaaRKagoaONh0q4

La imagen que Maitland, Australia, convirtió en patrimonio

 

Una exposición en Australia reveló cómo el racismo puede transformarse en mercancía, nostalgia y poder institucional

Fotos suministradas por el autor.

En febrero de 2009 visité por primera vez Maitland, una ciudad de New South Wales, Australia. Iba de paso porque la familia de quien entonces era mi novia —hoy mi esposa y madre de nuestro hijo— vivía allí. Llegué al pueblo vestido con un pantalón verde brillante estampado con imágenes de martinis y una camisa rosada. La gente me miraba como si fuera un extraterrestre. En mi inocencia pensé que era solo por la ropa. Años después, también comprendí que esas miradas señalaban que yo no era “blanco”. Cuando utilizo el término “blanco”, lo hago reconociendo que las “categorías raciales” varían de una cultura a otra, aunque el privilegio asociado a la blanquitud siempre persiste. Durante aquel viaje vi por primera vez la imagen que, tiempo después, me impulsaría a desarrollar una exposición basada en cinco años de investigación. Se trataba de un hitching post (un poste de hierro fundido para amarrar caballos) que recrea a un niño negro de pie sobre una paca de algodón. La figura tiene la mano extendida para sostener las riendas. Me sorprendió encontrar esta figura en la calle principal del pueblo. También me resultó revelador que no encarnara a una persona negra de la región, sino a un niño afroamericano construido a partir de una iconografía de la servidumbre de hace aproximadamente 150 años. Jamás imaginé que, con el paso del tiempo, viviría en ese pueblo y que una parte de mi práctica artística terminaría girando en torno a aquella imagen.

Me niego a llamar a esa representación “el niño” o “el niño negro”, porque hacerlo confunde la representación con una persona y termina por “humanizar” la mercancía, mientras oculta la violencia de la imagen. Prefiero referirme a esta figura como el objeto, el Black Boy Hitching Post o, simplemente, la imagen. Cada año el municipio vuelve a pintar la imagen con un negro azabache, plano y muy brillante: un color que no se aproxima a ninguna tonalidad real de la piel humana. Tampoco se acerca a la profundidad del color de piel negro, un color hermoso y sagrado con el que toda la humanidad mantiene una conexión ancestral. Todos descendemos de África. Algunas personas tienen una línea ancestral directa con esos antepasados africanos y otras, como yo, tienen abuelos negros. Otros encuentran esa ascendencia muchos milenios atrás, pero todos compartimos esa conexión.

Años después regresé a Maitland y viví allí desde octubre de 2019 hasta diciembre de 2025. Durante ese periodo desarrollé la obra que ahora se presenta en Maitland Regional Art Gallery como parte de la bienal UPRIVER DOWNRIVER. Vivir allí me permitió comprender que esta imagen, dolorosa para muchas personas racializadas, negras, aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, adquiere otros significados para una parte de la población local. Para algunos habitantes la figura es un recuerdo de su infancia, una curiosidad o una pieza del patrimonio de la ciudad. Para mí, como artista puertorriqueño formado por la experiencia colonial del Caribe, la imagen comunica algo muy distinto: un cuerpo negro transformado en herramienta, adorno y mercancía; un cuerpo condenado a permanecer permanentemente útil, funcional y en posición servil. Mi exposición en Maitland Regional Art Gallery no comenzó como una petición para retirar el objeto; comenzó como una investigación que cuestiona: ¿De dónde proviene esta imagen? ¿Cómo llegó hasta Australia? ¿Qué relaciones de poder permiten que una representación de servidumbre racial se convierta en un símbolo querido y protegido por una comunidad? Lo ocurrido tras la apertura de la exposición terminó por confirmar las preguntas centrales de mi trabajo.

La imagen fue creada en Maitland. Su origen se remonta a una práctica comercial estadounidense de hitching posts decorativos producidos durante los siglos XIX y XX por compañías como J. W. Fiske & Company y J. L. Mott Iron Works, vinculadas a la ciudad de Nueva York. Estas empresas fabricaron y distribuyeron figuras de niños y sirvientes negros representades en posiciones de subordinación, tanto antes como después de la abolición formal de la esclavitud en los Estados Unidos de Norteamérica. Esa abolición, sin embargo, no fue absoluta. La Enmienda 13 mantuvo una excepción que permitió la continuidad de la esclavitud y del trabajo forzado como castigo en el sistema penal. Esa cláusula continúa legitimando formas de trabajo involuntario en las cárceles de Estados Unidos. En los catálogos que encontré durante mi investigación, estos modelos aparecen identificados con términos abiertamente racistas, como Sambo o Darkey. También aparecen otras representaciones racializadas, entre ellas una figura denominada como Chinaman: una caricatura de una persona de origen asiático construida desde los mismos códigos coloniales y comerciales. Estos objetos revelan la normalidad con la que el capitalismo convertía las jerarquías raciales de esa sociedad en ornamentos utilitarios comerciales. La figura de Maitland muestra a un niño negro sobre una paca de algodón. La elección no es accidental. El algodón fue una de las mercancías fundamentales del capitalismo estadounidense y su producción dependió durante generaciones del trabajo de personas africanas esclavizadas. En este objeto, el cuerpo negro y la mercancía conforman una unidad. La figura no está representada como una persona autónoma. Su función es esperar, extender la mano, sostener las riendas y servir. El objeto transforma una historia de explotación en una decoración funcional.

Desde una perspectiva marxista, la imagen muestra cómo el capitalismo racial reduce cuerpos humanos a fuerza de trabajo y, posteriormente, a mercancías culturales. La misma sociedad que explotó la labor negra produjo objetos decorativos que romantizan esa subordinación violenta. El cuerpo racializado deja de aparecer como sujeto histórico y se convierte en un producto: primero, como fuerza laboral explotable y, después, como imagen reproducible y vendible. Décadas más tarde, surgió una leyenda asociada a la imagen. Según el relato, la imagen representa a un niño esclavizado llamado Jocko Graves. El niño habría muerto de congelamiento en Navidad mientras sostenía los caballos de George Washington. No existe evidencia histórica que respalde ni confirme esta información. La leyenda fue popularizada por Earl Koger Sr. mediante la publicación infantil The Legend of Jocko (1963), casi un siglo después de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Un ejemplar de esta publicación forma parte del archivo que presento en mi exposición. El planteamiento ideológico resulta evidente: el niño negro solo alcanza el reconocimiento de su humanidad tras obedecer hasta la muerte. Su sufrimiento desaparece, su explotación se transforma en sacrificio y su servidumbre se presenta como virtud. La leyenda no libera a la figura de su historia racista, sino que la vuelve más útil para el poder, pues reemplaza la violencia material de la esclavitud por una narrativa sentimental de lealtad, heroísmo y obediencia. Finalmente, le concede un nombre propio: Jocko Graves. El nombre produce una ilusión de identidad, pero no altera la postura de la figura. El niño continúa con la mano extendida, sosteniendo las riendas y sirviendo perpetuamente.

Cuando la imagen llegó a Australia, su historia racial no desapareció. Sin embargo, fue absorbida por otra narrativa: la nostalgia local. Aquí aparece una forma de fetichismo de la mercancía. El objeto se presenta como si poseyera una identidad independiente de las relaciones sociales que lo produjeron. Se habla de su antigüedad, de su valor sentimental y de su importancia para la ciudad, mientras se obvian y se ocultan el trabajo esclavizante, la violencia racial y la economía del algodón que le dieron origen. El Estado también ejerce una forma de gaslighting institucional al invalidar e ignorar los testimonios de quienes planteamos que esta imagen resulta hiriente. La comunidad aborigen de la región y el Mindaribba Local Aboriginal Land Council llevan décadas hablando del impacto de esta figura en su comunidad y de cómo normaliza la representación de las personas negras en posiciones de servidumbre. También, cómo los niños de su comunidad ven, a través de un símbolo protegido por las estructuras de poder, la imagen de una persona negra representada sin autonomía ni dignidad. La nostalgia funciona entonces como una forma de propiedad. Quienes recuerdan la figura con afecto sienten que tienen el derecho exclusivo de definir qué significa la imagen. El dolor e indignación de las personas negras, migrantes y aborígenes quedan invisibilizados frente al valor emocional que una mayoría blanca ha depositado en el objeto

Mi exposición, presentada como parte de UPRIVER DOWNRIVER, reúne dibujos, fotografías, imágenes históricas, textos y documentos de archivo. Las obras llevan títulos extensos, en diálogo con las estrategias del arte conceptual y con la práctica de artistas como Hans Haacke, para quienes la información, el lenguaje y la investigación también forman parte de la creación artística. Mi pretensión no fue ofrecer una interpretación neutral. El arte contemporáneo no está obligado a fingir neutralidad frente al poder. Mi trabajo investiga cómo las imágenes producen ideología, cómo circulan dentro de las instituciones y cómo algunas memorias se convierten en patrimonio, mientras que otras son descartadas, silenciadas o deliberadamente olvidadas.

El 13 de julio de 2026 incorporé a la instalación un informe patrimonial encargado por el propio Maitland City Council sobre la imagen. Es un documento público, financiado con fondos del erario y directamente relacionado con la investigación. Dos días después, el informe fue retirado de la exposición sin mi conocimiento ni consentimiento. Esta acción fue reveladora. El Consejo no solo intentó controlar la interpretación del objeto en el espacio público, sino que también intervino físicamente en una obra que analizaba precisamente cómo las instituciones controlan la memoria. Después de que cuestioné la decisión, el documento fue devuelto. Sin embargo, reinstalar un material después de un reclamo no elimina el acto original de censura. La integridad de una obra no debería depender del permiso de la institución que examina la exposición. El Consejo colocó, además, un letrero aclaratorio junto a la sala que dice: “El Consejo reconoce que esta exhibición puede ofender a miembros de la comunidad de Maitland que durante mucho tiempo han valorado y admirado el Hitching Post. Aunque el Consejo reconoce y comparte esas opiniones, el Consejo también respeta la libertad de expresión y el derecho del artista a presentar esta exposición en esta ocasión.” Esta nota aclaratoria convierte la libertad de expresión en una concesión temporal otorgada por el poder municipal. El objeto racista permanece normalizado en la ciudad. La obra que lo investiga es la que requiere una advertencia que se mantiene en la sala hasta el día de hoy. El alcalde Philip Penfold presentó, poco después, una moción municipal que describe mi exposición como una declaración principalmente política y no como arte. También defendió la permanencia de la figura y se refirió a mí como “out-of-towner” (forastero). La oposición entre arte y política es falsa. El arte cuestiona las relaciones materiales institucionales, de dinero, de propiedad, de trabajo, de clase, de raza y de poder. Declarar que una obra deja de ser arte por cuestionar una estructura política, es una estrategia para deslegitimarla. Mi exposición nunca exigió la remoción de la figura que motivó la investigación. Sin embargo, el debate oficial se redujo a una pregunta conveniente y simplista: “¿Debe quedarse o desaparecer?”. Esa trivialización evita otros cuestionamientos pertinentes: ¿Quién autorizó la retirada de material de una obra? ¿Por qué el Consejo intervino en una exposición pública? ¿Qué intereses estaban siendo protegidos? El uso del calificativo “out-of-towner” también busca presentar la ciudad como propiedad cultural de quienes ya controlan su relato. Pero Maitland se encuentra en territorio Wonnarua no cedido. Utilizar la pertenencia local para silenciar una discusión sobre el colonialismo es una clara contradicción histórica.

El apoyo de Mindaribba Local Aboriginal Land Council es fundamental. Su solidaridad recordó que el objeto no existe únicamente como parte de la historia racial estadounidense. También está arraigado en el imaginario colonial australiano. El racismo antinegro y el colonialismo de asentamiento no son procesos idénticos, pero comparten una lógica material: convertir territorios, cuerpos e historias en propiedad. Ambos sistemas deciden quién puede hablar, quién puede pertenecer y qué memorias merecen protección. Mientras el Consejo defendía la nostalgia de quienes aman la figura, Mindaribba reconoció el derecho de las comunidades racializadas a nombrar el daño.

Más de 500 personas pasaron por la sala que me asignaron la noche de la apertura y al menos 120 asistieron a mi conversación pública en la galería. Aunque la galería tenía una orden de mordaza que le impedía mencionar o promocionar mi charla, la respuesta de la gente demostró que la comunidad no necesita ser protegida ni privada del debate. El 26 de julio publiqué una carta abierta a la comunidad de Maitland. Ese mismo día envié una querella formal al gerente general del Consejo, con copia al alcalde, a todos los concejales, al Mindaribba Local Aboriginal Land Council y a la Maitland Regional Art Gallery. Solicité la retirada del letrero, una explicación de quién autorizó la intervención, una corrección del registro público y garantías de que no volverían a modificar mi obra sin mi consentimiento. Ahora la controversia ya no se trata solo de una figura, abarca también mis derechos morales como artista, la autonomía de las instituciones culturales y el uso del poder político para controlar una narrativa histórica. Como puertorriqueño, reconozco con claridad esta operación. El colonialismo no vive únicamente en leyes y ejércitos, también vive en monumentos, museos, archivos y en relatos aparentemente inocentes e inofensivos.

Una imagen producida por el capitalismo racial estadounidense viajó hasta Australia y fue convertida en patrimonio. Cuando un artista boricua expuso su genealogía, el gobierno local intervino para proteger la estabilidad y vigencia de su significado. El objeto de Maitland muestra que las mercancías no viajan solas. Viajan con las relaciones de explotación que las produjeron, aunque una sociedad intente cubrirlas con pintura, nostalgia y afecto. La verdad histórica no destruye una comunidad. Lo que amenaza a una comunidad es la distribución desigual del poder, manifestada en quién controla la memoria, quién define el patrimonio y quién debe permanecer callado para que otros puedan seguir sintiéndose cómodos. La verdad no es división; la censura sí lo es.

 

Junta de Control responsable de la crisis de agua

Reproducido de Instagram

 

 

 

Si en estos momentos hay problemas con el servicio de agua potable más allá de la “sequía”, la responsable de las deficiencias de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) es la Junta de Control Fiscal, que le ha recortado $30 millones de presupuesto destinados a la renovación y reemplazo de equipo de la agencia, con lo que se sustituyen las bombas, los equipos y las líneas que hoy están fallando, denunció la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público (CCACP).

«En los pasados 10 años, la Junta ha suspendido y quitado millones en fondos locales a gran parte del Programa de mejoras capitales de la AAA. La propuesta era que las inversiones provinieran de fondos federales de reconstrucción posdesastre. De igual forma, la Junta ordenó también aumentos en la factura, reducciones en la plantilla de empleados y promover proyectos de Alianzas público-privadas. Ahora el país vive las consecuencias de esas malas decisiones.», sostuvo, en comunicado de prensa, José Rivera Santana, el planificador y portavoz de la Comisión Ciudadana.

El recorte divulgado por la misma JCF esta semana se da en momentos en que la AAA confronta serios problemas para proveer el servicio de manera constante en la Zona Metropolitana, debido a múltiples averías en instalaciones y en el sistema de tuberías —incluido el propio Superacueducto— que han llevado a distintos sectores de la población a protestar tras largos días sin agua en sus residencias y negocios.

La directora ejecutiva de la Comisión, licenciada Eva Prados Rodríguez, denunció que “el problema más grande es que mientras siguen quitando fondos para servicios esenciales tan importantes, hay dinero en el Fondo General para hacerles pagos extras anualmente de sobre 300 millones a los bonistas. En plena sequía, eso es un abuso contra este pueblo y por eso la Junta tiene que irse. La Junta nunca ha sido la solución a los problemas administrativos de Puerto Rico, solo los ha intensificado.»

Los miembros de la Comisión reclamaron que la prioridad deben ser las miles de familias que siguen sin agua y enfrentarán una sequía sin opciones y no los bonistas.

 

 

A 111 años del natalicio de César Andreu Iglesias

César Andreu Iglesias

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

CLARIDAD

Este 31 de julio, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPRO) conmemoramos el 111 aniversario del natalicio de César Andreu Iglesias, en cuya memoria hace 34 años celebramos el Día Nacional del Periodista.

Fundador de periódicos, líder sindical, activista independentista, todo combinado en su trayectoria periodística, nos recalca que el periodismo es una actividad política, esencia y carácter que muchos y muchas en la actualidad quieren soslayar o negar.

Fue fundador del periódico La Verdad,  en el 1942, órgano del Partido Comunista Puertorriqueño, del periódico La Hora, en 1971, que acogía al Partido Independentista Puertorriqueño  (PIP) y a la Unión de Tronquistas. Anteriormente, en el 1959, había fundado junto a  Juan Mari Brás, como parte del Movimiento Pro Independencia,  CLARIDAD. Hoy por hoy en CLARIDAD nos enorgullece ser  el periódico de más larga vida en Puerto Rico y estar presente en esta celebración. La actividad periodística de Andreu Iglesias se extiende en el periódico El Imparcial y la revista Avance hasta mediados de la década de los 70. Su partida ocurre en abril de 1976.

De haber tenido el destino de estar presente en este Siglo 21, César Andreu Iglesias, tendría ante sí que abordar, por supuesto con una que otra variante, los mismos asuntos, circunstancias, episodios que  enfrentó durante su larga trayectoria periodística en el siglo pasado.

Los  textos periodísticos publicados entre 1965, 1973 a 1975, en el libro César Andreu Iglesias: Periodismo Vital son temas tan vigentes en el Puerto Rico de este siglo XXI como en su momento de publicación. Y es que en las colonias —no hay, no ha habido en ninguna parte del mundo—, una colonia en  que las cosas mejoren sus condiciones. No son para eso.  Son para esto: son para beneficio del dominador y un pequeño grupo de serviles. Y si la condición colonial aún persiste, los castigos y sentencias del poder colonizador se repiten, las incongruencias y disparates del gobierno colonial se repiten.

Así tenemos que, por ejemplo, en su columna “Azares de la ciudadanía”, publicada el 16 de abril de 1966, narra la preocupación de un tal Francisco Méndez porque dos artistas, Elizabeth Taylor y María Callas, renunciaron a la ciudadanía americana, y se preguntaba si se podía cambiar de ciudadanía “como se cambiaba de marido”.

Hoy, con la política del presidente Trump y sus maniobras para quitarles la ciudadanía a personas nacidas en alguno de sus cinco de sus territorios de padres no ciudadanos o que no sean  residentes permanentes, se levanta a muchos puertorriqueños la misma preocupación.  El tema sobre la ciudadanía estadounidense de nosotros, los puertorriqueños, aun luego del experimento de don Juan Mari Brás, continúa debatiéndose. El texto de Andreu Iglesias alude a que muchos lo que ven en tener la ciudadanía americana  es una ventaja económica y de facilidad de moverse a Estados Unidos, para nada una afiliación cultural.

Qué decir de su  texto “Evolución del Partido Popular”, publicado en enero de 1966. Aquí el autor señala la evolución del Partido Popular de sacar a la independencia de su plataforma política y, cito, “asume caracteres de coalición, de tripartismo, de mogolla”, la rendición ideológica al anexionismo estadoísta se empieza por asociación y se termina por unión permanente”.

Hoy, no hay nada más que oír hablar al comisionado residente, Pablo José Hernández, sobre el estatus, quien en semanas recientes radicó un proyecto en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en donde incluye al actual ELA. En una entrevista reciente en el periódico El Vocero, cuando le preguntaron por el proyecto, dijo que no le iba a dar atención, que su atención estaba en los fondos de Medicaid.

“The life of party”, publicado de enero de 1966. ¿No les suena conocida esa expresión? Veamos. Ahí cuenta la interacción entre el entonces gobernador Luis Muñoz Marín, ante la matrícula del Club de Leones de San Juan, sobre las conveniencias que tiene la situación colonial de Puerto Rico. Andreu Iglesias censura que hacer abstracción de la condición colonial para combatir la independencia es una tramoya, es decir, un engaño. A mí el título de esta columna me recordó el episodio del entonces director de la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads, Jaime González Goenaga, cuando anunció los supuestos planes del gobierno de Luis Fortuño para los terrenos de la base de Roosevelt Roads, que la prensa le cuestionó que este era un desarrollo para ricos y su contestación fue “Such is life”.

Escoger textos de Andreu Iglesias es algo difícil porque todos los textos constituyen lecciones de historia sobre esas décadas. Solo abordo tres más.

“El Caribe y nosotros”, publicado en octubre de 1974. Aquí el periodista comenta que Puerto Rico ha comenzado a prestar más atención al Caribe en materia económica, en particular, a República Dominicana, y aborda nuestra dependencia de los productos agrícolas dominicanos y del petróleo de Venezuela. Pero, además, nos recuerda que Puerto Rico somos parte del Caribe y que no podemos renunciar a nuestro destino en la región del mundo en que estamos situados, aun cuando nuestra actuación  se ve coartada por nuestra condición colonial.

Solo pienso entonces en cómo el luchador independentista, periodista, que fue Andreu Iglesias habría escrito sobre la remilitarización de nuestro archipiélago, nuestra continua utilización como centro de operación militar en contra de nuestros hermanos vecinos, el secuestro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y la combatiente Cilia Flores, hasta del genocidio del pueblo palestino por parte del gobierno y ejército de Israel en Gaza.

Y tenemos “San Juan en el año 2000”, publicada en junio de 1975. Este hace referencia a una propuesta del alcalde Carlos Romero Barceló  para celebrar un simposio para que la ciudadanía expresara cómo quería que fuese San Juan en el futuro. El periodista plantea que o se trabaja hacia una ciudad mejor o todos contribuyen hacer de San Juan una ciudad cada día más difícil para vivir y exhorta a mirarnos en el espejo de Nueva York. El periodista predice que nos aproximamos a la culminación de la crisis del siglo XX y expresa preocupación por lo que habrá  de ser de San Juan al cierre de la época y que la propuesta del alcalde se perderá en el vacío.

Nada más con el testigo. Solo con ver el desplazamiento de comunidades que ha provocado la Ley 22, tanto en la ciudad capital amurallada y en las comunidades de Santurce, el desparrame urbano, el deterioro de Río Piedras, las pretensiones del hoy alcalde Miguel Romero de levantar un estacionamiento de nueve pisos a la entrada de la playa del Escambrón, la continua falta de agua en sectores de la ciudad capital, que van desde el campo hasta los sectores exclusivos como Condado, se confirma su sentencia de que se quedará en el vacío.

Por último, “El Nuevo Macondo”, publicado en  junio de 1974.  Hay el rumor no confirmado de que Gabriel García Márquez no quiso visitar nunca Puerto Rico porque dijo que Puerto Rico superaba a Macondo. Pues en esta columna, César lo confirma: personas que se quejan de que en la prensa aparecen muchas malas noticias,  de crímenes, robos, escándalos de irregularidades financieras a nivel estatal y federal, de investigaciones del contralor a agencias del gobierno, la transacción a escondidas de la venta de la Telefónica, de la venta de las  Navieras, recortes en el recinto de Cayey de la UPR, una  transacción de las minas en camino.

A la altura de la segunda década de siglo XXI, seguimos superando a Macondo. Una deuda impagable que data de los 70, las  denuncias de una y otra parte entre los ahora exfuncionarios, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y el secretario de la gobernación y otros jefes de agencias referidos al Fiscal Especial Independiente, la política de privatización en todo su apogeo, la de la Autoridad de Energía Eléctrica, las autopistas, la salud… siga contando y, de corona, la imposición de una Junta de Control Fiscal que dispone a diestra y siniestra de nuestro dinero del pueblo.

Maestro César Andreu Iglesias, los periodistas de este tiempo tenemos todavía mucho que aprender de su pluma; asumir la enorme responsabilidad de continuar con un periodismo, agudo, incisivo, honesto, ético, frente a las fuerzas que pretenden doblegar nuestro quehacer, las prebendas publicitarias, políticas y, sobre todo, los intentos del Estado de coartar el derecho del pueblo a estar bien informado.

Gracias, Cesar Andreu Iglesias.

Palabras pronunciadas frente a la tumba de Andreu Iglesias en ocasión de la Semana de la Prensa de 2026.