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Puerto Rico es un país envejecido. Esa es la realidad que nombra el director estatal de la  Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP, en inglés), José Acarón. Una realidad que requiere «un plan de país que no existe» para un cuarto de la población. Con aumentos constantes en los servicios básicos — como la luz y el agua—, disminuciones en la cantidad de centros de cuidados disponibles y una precarización general de la calidad de vida, las personas mayores enfrentan condiciones que el Estado arrastra por décadas.

De acuerdo con Acarón, los servicios deficientes que reciben las personas mayores recaen, por lo general, en tres entes que fallan: el Estado, los hogares de cuidado y las familias. Sin una fiscalización adecuada, el portavoz de la AARP repara en que muchas personas mayores quedan relegadas porque se piensa que «a los ‘hogares’ se va a morir».

“Esa visión es algo que tenemos que cambiar, porque hasta las familias tienen esa visión de que (los hogares) son un repositorio. No se puede perder de vista que aunque yo esté pagando un hogar para atender a un ser querido, el responsable principal sigue siendo la familia. Aquí hay una culpa compartida entre los tres grupos”, reiteró.

Con relación al Estado, Acarón detalló que la falta de una fiscalización estable no se limita a licenciamientos o permisos no concedidos sino al trato directo que estos centros brindan a las personas mayores. Compartió que parte de estos hogares operan de modo clandestino y reciben favores estatales que se hace de la vista larga.

“Estas son industrias privadas, pero tienen una connotación social. Por eso son licenciadas por (el Departamento de la) Familia. El dueño o el administrador del hogar tiene que estar allí para poder supervisar las funciones de quienes allí trabajan. Tienen que asegurarse de que las personas allí tienen los adiestramientos necesarios y la capacidad para atender a la población. Yo puedo tener todos los adiestramientos del mundo, pero tener la vocación para cuidar a alguien es otra cosa”, expresó vía telefónica a CLARIDAD.

Más allá del Estado y los hogares, la AARP reconoció que muchas familias ingresan a sus mayores en estos centros, sin visitarlos con frecuencia, de modo que los incumplimientos de los cuidadores ocurren porque las familias nunca se enteran. Con relación a los cierres reportados este año, Acarón recordó que la fiscalización de los centros de cuidado también es responsabilidad de la Procuradurías de las Personas de la Edad Avanzada.

“Ese es el rol de fiscalización de ellos, (y) no hay personal suficiente en las regiones. Hay gente, generalmente trabajadores sociales, que ven sitios de menores y mayores a la misma vez. Eso no debería ser así. Debería haber una distribución de recursos donde haya personas que puedan ir a los hogares de menores y los de personas mayores. Son leyes diferentes, necesidades diferentes, adiestramientos diferentes. No tienen que ver. Eso no es un checklist que se tacha”, agregó.

Esta duplicidad de funciones se suma a la desigualdad regional que existe con relación a los supervisores: ciertas regiones cuentan con más personal que otras. Del mismo modo, la cantidad de supervisores actuales se afecta cuando, por ejemplo, alguno se ausenta por motivos de vacaciones o enfermedad. Para Acarón, el país está «desprovisto de una estructura eficiente de sostenibilidad» para las personas mayores.

“Hay un problema de empleo. Se les hace muy difícil a los hogares poder reclutar gente competente con todos los reglamentos que hay y pagarles el mínimo. Una persona puede ir a trabajar a una tienda o un restaurante y ganarse lo mismo que en un hogar de cuidado, pero con menos responsabilidades. Tenemos que tener, en Puerto Rico, una estrategia de cómo vamos a desarrollar una fuerza laboral que atienda a todas las personas mayores”, urgió.

La situación, añadió, no se limita a las personas ingresadas en una institución de cuidado. Aquellos ciudadanos de la tercera edad que viven solos cuentan con menos amas de llave que en tiempos pasados. Para Acarón, esto significa una precariedad más marcada que la de los hogares, puesto que operan fuera de la fiscalización directa del Estado. Las personas mayores que viven en centros de cuidado, reveló, solo conforman el 6 % del total de esta población.

“No tenemos estructuras en el gobierno ni en la empresa privada. Me preocupa que, cada vez más, hay menos organizaciones y fundaciones en Puerto Rico que están atendiendo a las personas mayores, y es una tendencia que estoy viendo en la eliminación de fondos para las fundaciones. Esta es la población de mayor crecimiento en el país. No hay una forma integral de cómo vamos a proveer los accesos para una vida digna, con integración social y participación”, prosiguió.

Aunque reconoció que los recortes financieros impuestos tras el segundo mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos (EEUU.), Acarón afirmó que los problemas de las personas mayores en Puerto Rico vienen desde mucho antes. Con una reducción en la población de la niñez que contrasta con el crecimiento de la tercera edad, el director estatal de la AARP cuestiona las iniciativas que privilegian una población sobre la otra en lugar de «responder a la realidad». Esto sucede, por ejemplo, con los fondos de Familia.

“Los fondos de las personas mayores están en la Procuraduría de las personas mayores. Los fondos de Familia son todos estatales. Por eso los fondos de la Procuraduría tienen que ser aprobados por el Fondo General y pasar por la Junta (de Control Fiscal). Y no solo ha habido recortes en Familia. Ha habido en ASSMCA, en Salud, en Recreación y Deportes. Eso afecta, pero aquí llevamos años con el reto de que no se atiende bien a la población”, recalcó.

Según Acarón, en Puerto Rico hay una suerte de “miopía” que impide reconocer al país como el más envejecido bajo jurisdicción estadounidense, el más envejecido de la región y uno de los primeros a nivel mundial. Con 22 años al mando de la AARP en Puerto Rico, el director bromea con que «los planes de país duran lo mismo que las fotos del gobernador de turno», dejando inconexos a múltiples borradores para paliar la situación. El panorama se agrava, cuenta Acarón, si se considera la disminución del 20 % en beneficios del Seguro Social que se aproximan a desaparecer en 2033.

“El Gobierno federal, al igual que el de aquí, está ignorando la situación. Aquí el gobierno ignoró las pensiones hasta que se volvieron una crisis. Están haciendo lo mismo. No quieren tomar decisiones que sean políticamente desfavorables y, mientras más tarde, peor será la situación. La primera campaña en la que participé como director fue para hablar del Seguro Social, de la necesidad de atender el déficit por lo que pasaría en 2033. Y eso fue en 2004”, recriminó.

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A juicio del experto en Derecho Constitucional, profesor Carlos Ramos González, desde el punto de vista de Puerto Rico el proyecto del congresista republicano, Morgan Griffith tiene una lectura interesante, de que la ciudadanía de los puertorriqueños(as)está sujeta a lo que diga el Congreso de Estados Unidos.

La presentación de un proyecto hace una semana por el congresista del ala derecha republicana, por Virginia causó confusión y sobresalto en muchos por entender que a las personas nacidas en los territorios bajo el dominio de Estados Unidos, se les quitaría la ciudadanía estadounidense, o americana, como también se le conoce.

El profesor Ramos González, aclaró en entrevista que el proyecto no busca quitarle la ciudadanía a ninguna de las personas que ya la tienen relacionada con los territorios de EE UU. En particular el proyecto trata a cuatro territorios, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam y las Islas Marianas del Norte. El proyecto lo que busca es enmendar la ley de nacionalidad de Estados Unidos que es una ley de la década del ’40 y ’50 del siglo pasado, que tiene disposiciones particulares sobre la ciudadanía americana de las personas que nacen en los territorios pertenecientes a, pero no son parte de EE UU.

A esos efectos puntualizó que nacer en un territorio de Estados Unidos incluyendo a Puerto Rico no es nacer en Estados Unidos, a los fines de la protección de la Enmienda 14 de la Constitución de EE UU para las personas que nacen propiamente en los Estados Unidos. Recordó que este verano el Tribunal Supremo de EE UU confirmó contrario a las pretensiones del presidente Trump, lo que venia siendo la práctica de la interpretación de años, conforme la Enmienda 14 de que nacer en Estados Unidos es nacer ciudadano americano, por virtud del hecho de nacer, lo que se conoce como derecho de suelo. Por lo tanto -afirmó que esa ciudadanía establecida por décadas no puede revocarse por una ley del Congreso, la protección es por siempre.

Explicó que el proyecto de Griffith lo que hace es recordar que el Congreso mediante ley, estableció que cuando se nace en un territorio se tiene la ciudadanía. Esa ciudadanía es porque la Ley de Ciudadanía así lo establece, pero no es una ciudadanía por nacionalidad, es decir por haber nacido, es una ciudadanía estatutaria, por ley, nació en un territorio, no por haber nacido en EE UU, reiteró.

El proyecto presentado repasa las disposiciones de nacionalidad relativa a cada uno de los cuatro territorios señalados y decreta que a partir del 1 de enero del 2027 nacer en estos territorios si se es una persona cuyos padres no son ciudadanos de EE UU o no son residentes permanentes de los EE UU con ciudadanía o documentados, esas personas no nacen ciudadanos de Estados Unidos, no serán ciudadanos estatutarios como dice la ley.

“Así que no le quita la ciudadanía a los que vayan a nacer hoy en Puerto Rico o hijas o hijos de ciudadanos o inmigrantes documentados. Hoy naces ciudadano por virtud de la ley del Congreso eso no va a ser así a partir de enero del 2027”. Hizo la anotación de eso que será en caso de que la ley se apruebe.

Para el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana (UIA) la lectura política que persigue el proyecto es uno partidista eleccionario. Se ha divulgado que el argumento para justificar el proyecto, satisfacer al presidente Trump, son unas alegadas quejas provenientes de sectores asiáticos, en particular de Guam de que habían unas mafias chinas en Guam que buscaban gente para nacer en dicho territorio y llevarlos a EE UU. Continuó que para satisfacer a su base MAGA, el presidente a sabiendas de que no puede hacer nada en el momento, ni siquiera con los que nacen de padres indocumentados, ni el llamado turismo ciudadano, dice ‘voy a empezar a trabajar con estos cuatro territorios que potencialmente podría utilizar para a través de ellos no traer el tipo de inmigrantes que nosotros quisimos prohibir en el territorio de EE UU’. El profesor Ramos Gonzalez aclaró que no se conoce de ningún hallazgo que diga que eso es un problema para Estados Unidos o de un territorio.

A su juicio desde el punto de vista de Puerto Rico el proyecto tiene una lectura interesante. El nombre de la ley es “End Birthright Citizen Ship for Territoris ACT”, (Ley para poner fin a la ciudadanía por nacimiento en los territorios). En el caso de Puerto Rico es una lectura de que la ciudadanía de los puertorriqueños está sujeta lo que diga el Congreso.

Para las personas indocumentadas a partir del 1 de enero lo que está implícito es de que nadie se plantee en Estados Unidos la posibilidad de que de inmediato se pueda revocar la ciudadanía americana de los que actualmente la tienen en los territorios, sino que lo que se vaya a hacer tiene que ser prospectivo, sujeto a determinadas condiciones.

Apuntó a que la medida tiene un impacto importantísimo en cualquiera de los futuros alternos políticos de Puerto Rico en particular los vinculados al tema de la independencia y soberanía, de cualquier modalidad fuera de la clausula territorial en relación con EE UU.

¿Puede haber una colonia con su propia ciudadanía?, cuestiona Claridad.

“La contestación es que no, no puede haber un territorio con su propia ciudadanía mas allá de la ciudadanía estatal (de los estados) la cual no tiene implicaciones internacionales. En el caso de Estados Unidos si se está sujeto a la cláusula territorial, eso no es posible, una enmienda constitucional a la Enmienda 14 impacta muchas condiciones constitucionales”.

Señaló además de que políticamente hablando duda mucho que la nación norteamericana autorice a un territorio a tener su propia ciudadanía . “A parte de que la clausula territorial es lo suficiente maleable para que el Congreso pueda hacer muchas cosas, creo que no es viable políticamente a pesar de toda la maleable perversa que tiene esta cláusula”.

No obstante trajo a la atención de que a veces en Puerto Rico se nos olvida que esa cláusula territorial de la que se ha beneficiado la territorialidad colonial, en especial los etadolibristas, incluso puede darle mas poderes de los que se le da a un estado. Si el Congreso quisiera puede darle mas poder a los territorios que a un estado pero observó que eso le crearía problemas a EE UU.

Un aspecto del proyecto que señaló es que éste incluye a las Islas Marianas del Norte, que contrario a Puerto Rico y a Guam, no son producto de una invasión territorial, son producto de un fideicomiso, un convenio donde incide la cláusula territorial y como convenio depende de un arreglo, pero aun así refleja que el Congreso puede reservarse el derecho a actuar de manera unilateral. Para el experto en Derecho Constitucional, eso significa, sugiere que eso es un elemento de discusión para esa otra forma de soberanía que está reconocida por el Derecho Internacional, que la hemos discutido en Puerto Rico, que es la llamada libre asociación fuera de la cláusula territorial.

Coincido en que para los estadistas y estadolibristas el proyecto no representa ninguna amenaza. El reto principal sigue siendo para los etadolibristas coloniales debido a que el proyecto reafirma que la ciudadanía norteamericana de los puertorriqueños es estatutaria. Desde el punto de vista de los estadistas es positivo porque refuerza su argumento de que como único se garantiza la ciudadanía no sujeta al Congreso es la estadidad porque aplicaría la Enmienda 14 de la constitución.

En esa línea comentó que la decisión del TS que reafirmó que la ciudadanía es de los que nacen en el país, tiene unas expresiones interesantes de que el origen es el suelo, no de sangre que es lo que quería Trump. Pero otras expresiones reconocen desde el punto de vista de que la ciudadanía está atada a la soberanía. Si un país ejerce la soberanía sobre otro país tienes que darle la ciudadanía. En el caso de Puerto Rico desde el 1898 hasta el 1917 fuimos nacionales, no ciudadanos americanos.

Otro elemento mas interesante de la determinación del TS y que a su juicio compete a los estadistas es que habla del concepto lealtad. En la decisión de la mayoría un aspecto que incomoda a los disidentes, es que incluye a su manera que el concepto de ciudadanía americana y en cualquier país, el termino nacionalidad y ciudadanía se confunde. Lo que define la ciudadanía, al ciudadano de cualquier país es la lealtad, es sentirse parte de una comunidad política, acepta o no de que se es parte de esa comunidad.

Ramos González, dijo que considera que en la historia política de Puerto Rico, la inmensa mayoría de los puertorriqueños quieren su ciudadanía motivados fundamentalmente porque entienden, aunque equivocados que les facilita la entrada y salida a EEUU y las llamadas ayudas federales. Hizo igual la observación de que el servicio militar es una especie de sub empleo. “Salvo eso aquí no hay ninguna lealtad”. Recalcó que la nacionalidad, lo esencial es la lealtad , de que se pertenece a una comunidad con las que se tienen muchos elementos en común, cuando se ve desde la perspectiva de Puerto Rico -dijo- esa comunidad de afecto, de intereses, lealtades es distinta.