Un manto de «misterio», medias verdades e incertidumbre cubre al Plan de Ajuste de Deuda de la AEE (PAD-AEE), que fue finalmente entregado al Tribunal de Quiebras de la Ley PROMESA por la Junta de Control Fiscal (JCF) el pasado 13 de diciembre, casi dos semanas después del plazo original que les había dado la Jueza Laura Taylor Swain, quien preside los procesos judiciales relativos a la quiebra fiscal del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades.
Ya en CLARIDAD habíamos anticipado que los dos aplazamientos solicitados por la JCF al tribunal para la entrega del mismo apuntaban a una » insurrección» de los bonistas y acreedores a los términos de la negociación presentados por la JCF. Anticipamos también que el acuerdo con una de las partes, los prestamistas de combustible, que fue anunciado el 1 de diciembre por el presidente de la JCF, David Skeel, era un mal augurio porque sólo contempla una reducción de un 16% de la deuda. Advertimos que la adopción de dicho acuerdo resultaría en la imposición de un cargo doble, llamado híbrido, que aumentaría de forma considerable la factura eléctrica para cientos de miles de los abonados residenciales, industriales y comerciales del sistema eléctrico de Puerto Rico. Igualmente dijimos entonces que, lejos de beneficiar a Puerto Rico, el acuerdo con los prestamistas de combustible sentaría un mal precedente que dejaría sin garras a la JCF para negociar un.acuerdo justo para Puerto Rico con el resto de las clases de bonistas.
A la luz de lo publicado en los distintos medios de prensa sobre el PAD-AEE entregado al Tribunal, los vaticinios de CLARIDAD son certeros. El proceso de negociación está virtualmente paralizado, los bonistas no aceptan los términos propuestos por la JCF, y cada uno hala para su lado exigiendo un acuerdo que les reconozca la mayor tajada posible de sus acreencias.Como una jauría, sin escrúpulos ni respeto, se lanzan sobre el pueblo de Puerto Rico, que será quien termine pagando la deuda, si es viable y posible pagarla una vez le hayan impuesto todos los aumentos de tarifa que requieren los acuerdos leoninos que exigen los bonistas. Hasta ahora, los llamados » escenarios» que se han barajado en las ofertas y contra ofertas de esta negociación apuntan a aumentos tan dramáticos en la factura que estarían fuera del alcance y las posibilidades de la inmensa mayoría de los abonados obligados a pagarla. La aparente intención de los bonistas de saltarse la negociacion con JCF e ir directamente al Tribunal, en sus propios términos, para reclamar el pago de lo prestado supondría el estrangulamiento de lo que queda de la economía de Puerto Rico, sobre todo del maltratado sector de los pequeños y medianos comerciantes. Además, dejaría indefensos a cientos de miles de abonados residenciales, que no cualifican para subsidios, pero cuyos ingresos no son suficientes para pagar cargos adicionales en la factura eléctrica, sin sacrificar otras partidas esenciales del presupuesto familiar, como alimentos, medicinas y transporte, entre otros.
Ante todo esto, el gobernador Pierluisi anda de «media tour» en su habitual tono triunfalista y de desprecio a las preocupaciones e interrogantes de amplios sectores del país sobre el PAD-AEE. Pide calma y paciencia a un pueblo que ya no aguanta más azotes ni sobresaltos. Por su parte, la JCF se limitó a cumplir con la orden del Tribunal de una manera bastante atropellada y obviamente sin contar con un acuerdo consensuado que pudiera ser explicado y defendido. Ha trascendido que, ante la negativa de los bonistas de AEE de aceptar sus propuestas, la JCF presentó al Tribunal una propuesta propia y al margen de las otras partes. En otras palabras, la JCF falló en lograr un acuerdo y le pasó » la papa caliente» al Tribunal para que sea la jueza quien imponga su autoridad y dictamen.
Y en todo esto, ¿quién defiende el interés del pueblo de Puerto Rico? El gobierno de Pierluisi y el PNP no es porque no tiene la autoridad ni el interés de enfrentarse a los «mogules». La JCF tampoco, porque su autoridad está en entredicho y sus miembros están divididos en cómo resolver este impasse.
Ante esta situación, como ante todas las que han amenazado nuestra supervivencia, el pueblo puertorriqueño sólo se tiene a sí mismo. De la fuerza, organización y movilización de nuestro pueblo, que se verá masivamente afectado por el PAD-AEE, dependerá que se destapen los chanchullos y trapos sucios tras esta fallida negociación y se logre una solución con justicia para un pueblo puertorriqueño que así lo reclama y merece.
