CLARIDAD
CLARIDAD consultó a dos economistas respecto a la reunión para un “diálogo” económico de funcionarios del Gobierno de Puerto Rico. Para uno, el presidente Biden se reunió con las personas equivocadas. Para el otro, la reunión fue una petición de cuentas al Gobierno sobre el uso de los fondos federales.
En la reunión a puerta cerrada, celebrada en la primera semana de diciembre en la Casa Blanca, participaron el subsecretario de Comercio de Estados Unidos, Don Graves; la directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales, Julie Chávez Rodríguez; la asesora de Política Nacional, Susan Rice, y el director del Consejo Económico Nacional, Brian Deese. También, la secretaria del Departamento de Energía Federal, Jennifer Granholm; la subsecretaria del Departamento del Trabajo, Julie Su; el secretario del Departamento de Agricultura Federal, Thomas Vilsack y la subsecretaria del Departamento del Tesoro, Wally Adeyemo, entre otros oficiales del Gobierno federal.
Por parte del gobierno de Puerto Rico participaron el gobernador Pedro Pierluisi, el secretario del DDEC, Manuel Cidre; el secretario del Departamento de Agricultura, el del Departamento de la Vivienda y el del Departamento de Recursos Naturales, entre otros.
Haciendo alusión a expresiones del presidente Biden, de que Estados Unidos quería una economía diversificada, energías solares y crecimiento económico, la economista Martha Quiñones Domínguez concluyó que estos se reunieron con las personas equivocadas. Aun cuando reconoció que el gobernador es la persona electa y quien escoge su equipo, argumentó que en la colonia estos funcionarios lo que representan es “la corrupción-colonial y lo peor a la narco-colonia de exenciones, atraer empresas externas y la corrupción, no de crecimiento diversificado. Para ellos, empresas de aquí es contrario a su ideal. Para ellos la dependencia de empresas extranjeras es la solución”.
La economista resaltó que por el contrario en Puerto Rico sí existe gente que desea la economía diversificada y fuentes alternas de energía y para lo cual se tienen varias propuestas, pero el mismo gobierno de EE. UU. no las escucha. Un tercer aspecto que trajo a la atención es que en las colonias no se dan las condiciones para tener economía diversificada, con energía solar y crecimiento económico, porque es la metrópoli la que impone la agenda económica. La Junta de Control Fiscal (JCF) es su nueva forma de administrar la colonia. “La dependencia de fondos federales y fondos de inversión externos son la forma en que esta administración y la JCF creen que crece la economía”, expresó.
Esta explicó que los planes de la JCF están en función de gastar esos fondos federales y no en lograr crecimiento con empresas. Describió que la creación de leyes como la Ley 22 es una nueva forma de enclave para individuos, los cuales no generan producción, pero reciben exenciones contributivas. A su juicio es “lo más perverso del neoliberalismo”. Agregó que persiste la dependencia de mercancías, las inversiones, las leyes de cabotaje, el comercio interestatal y la corrupción entre muchos enredos coloniales.
“¿Por qué no escuchan al puertorriqueño que tiene planes de cambiar la economía y la sociedad? Porque no son los administradores coloniales cuya agenda no es el bien del país”.
Quiñones Domínguez, reparó en que para cambiar la economía hay que comenzar por abordar los poderes soberanos, ya que no se puede prosperar con injerencia externa decidiendo lo que debemos hacer. “Se negocia entre iguales, no con uno que controla el poder, lo que ustedes hacen con los administradores corruptos-coloniales”.
Para el economista Heriberto Martínez Otero la reunión a puertas cerradas en Washington más que una cuestión de hablar de un modelo de desarrollo económico fue para ver cómo va el uso de los fondos federales asignados y las diversas fechas de vencimiento.
“Es un asunto de credibilidad sobre el uso de los fondos asignados y que todavía no se han utilizado por el Gobierno”. A su juicio el Gobierno federal quiere saber qué está pasando con el dinero, cuál es el plan de gastos, y quiere sentarse a ver que por lo menos haya un plan coherente con la asignación de fondos federales.
