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Deuda de la AEE: No hay cargo razonable

CLARIDAD

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La Junta de Control Fiscal (JCF) juega a dos bases: mientras por un lado presenta un litigio para invalidar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por el otro mantiene un proceso de mediación de la deuda. La  idea es transigir, lo que sería su salida más fácil para concluir con la negociación de la deuda de la AEE. Así se desprende de entrevista con el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez.

La revelación de que la JCF había presentado una oferta a los bonistas (el 6 de septiembre) de imponer un cargo entre 23 a 26 dólares mensuales para el pago de la deuda a los abonados de la AEE levantó la indignación de la ciudadanía. El gobernador, Pedro Pierluisi, en una primera reacción despachó el asunto declarando que debería ser un aumento “razonable”. Mientras, en la reunión pública de la JCF, efectuada este 14 de octubre,  quedaron al descubierto las diferencias entre sus miembros, de si se debería o no litigar la invalidez de la deuda.  El presidente de la JCF, David Skeel, según sus  expresiones, considera que lo mejor que pueden hacer es continuar adelante con el litigio.

Pero el hecho de que la mediación  se haya terminado no implica que las ofertas se hayan retirado, apuntó el licenciado Emmanuelli Jiménez. En realidad, una oferta sigue abierta hasta tanto no se retire, y en el documento de la JCF no se indica en ningún lugar que la oferta ha sido retirada. El peligro de la propuesta, aun cuando la JCF alegue que esas cifras “no llegaron a nada”,  estriba en que ya  la Junta estableció su posición, por lo que en una segunda ronda de mediación esta no tendría  ninguna justificación para bajar su oferta (ofrecer menos), porque los bonistas van a decir  por qué bajarla si ya estaba ofreciendo una cantidad mayor.

“Así que en términos reales, esa es una oferta que no ha sido retirada y es también una oferta que tira una raya en términos de lo que la AEE puede pagar, que va a ser muy difícil que se pueda disminuir”, advirtió el experto en la Ley Promesa. La postura de los bonistas no se limita a la imposición del cargo de $26 mensuales; sino a que este aumente según el costo de vida por los próximos 50 años y otras condiciones de pago, como el que se creen unos instrumentos de valor contingente. Ello implica que si hay un crecimiento en la demanda, los bonistas podrían cobrar cantidades adicionales, lo que obviamente haría  mucho más caro el costo de la energía en Puerto Rico.

Emmanuelli Jiménez reparó en que este es un acuerdo regresivo, lo que implica que los pobres pagarán proporcionalmente más que las personas adineradas. Es lo mismo que sean $26 o $23; para algunos esto  podría ser un aumento de 50 %, lo que tendrá  consecuencias económicas terribles para el país. Por otro lado, si se suma ese cargo por 50 años, estaríamos pagando $20 mil millones sobre una deuda que es de $9 mil millones. Estaríamos pagando  mucho más de lo que correspondería en derecho. El otro punto es que la oferta no contempla el pago a otros acreedores, como el Sistema de Retiro de los jubilados de la AEE, que por mandato de la ley PROMESA se les tiene que dar el  financiamiento adecuado. Ello podría implicar un aumento de 1 o 2 centavos el kilovatio hora adicionales.

A lo anterior se suman los aumentos que podamos recibir por la ineficiencia de la privatizadora LUMA Energy debido a la falta de incentivos y controles en sus gastos y los costos anuales que tendría el contrato  por los próximos 15 años, observó el experto en ley de quiebra, En fin, hay una serie de capas de costos adicionales que al final del camino la inmensa mayoría de la factura serían cargos adicionales aun cuando el cargo por consumo sea realmente insignificante. Eso hace que la economía se afecte y podría perjudicar el PAD (Plan de Ajuste de Deuda) del Gobierno central debido a que ese  plan depende de que la economía crezca. Con el costo de una energía eléctrica que podría sobre pasar los 35 centavos  por kvh el país no podría crecer, advirtió.

Para retirar su oferta, la Junta tendría que buscar una justificación y no se sabe qué  justificación podría tener  porque en realidad los parámetros que se utilizan para la oferta es cuánto puede pagar la AEE. Ya la Junta tiró la raya “y al tirar la raya en una negociación. los acreedores no van aceptar menos de eso”. Con el retiro de la oferta, si es que de cierto se retira, la Junta realmente estaría aceptando que hizo una oferta por capricho. La decisión de retirar la oferta es solo de la Junta, comentó Emmanuelli Jiménez.

A su juicio, Pierluisi podría plantearle a la JCF sus preocupaciones políticas y económicas: “Es lo menos que se espera del gobernador”.

Hay que traer a la atención que en la reunión pública de la JCF (el 14 de octubre) no se dijo que se retiró la oferta; sí se dijo que se presentará un PAD el 1.0 de diciembre.  A la presentación del PAD le seguiría la presentación de una moción para su discusión de si se aprueba o no.

Emmanuelli Jiménez, hizo la advertencia de que no se debe dejar que la JCF llegue a un  acuerdo con los bonistas, debido a que los consumidores vamos a salir trasquilados.  Es indispensable que la Legislatura intervenga con una legislación  habilitadora que condicione la transacción de la  AEE y el plan de ajuste de la deuda. En esa dirección, luego de que fracasara en ir por encima del veto del  gobernador una medida dirigida a esos fines, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes, Luis Raúl Torres, volvió a presentar un segundo proyecto, el PC 1429. Lee la medida: “a los fines de establecer condiciones mínimas para la reestructuración de la deuda, la emisión de bonos y fortalecer la estabilidad y oferta energética en Puerto Rico; devolverle facultades al Negociado de Energía; y establecer términos para las emisiones de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica y sus afiliadas, en cumplimiento con la política de manejo de deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para otros fines relacionados”.

Se supone que la confirmación del PAD sería para el verano del 2023, por lo que el abogado considera que hay tiempo para la discusión y aprobación de la medida.

Respecto a la postura de la JCF, considera Emmanuelli Jiménez que el asunto del aumento es una situación  innecesaria porque hay un pleito que invalida los reclamos de los acreedores de que tienen  bonos asegurados. “Ese  reclamo, si se litiga, la Junta le podría dar cero a los bonistas y no habría que pasar por todo este revolú. La demanda está activa, pero están negociando por el lado. La idea es transigir la salida más fácil, que es la negociación”.

 

 

 

 

 

Mirada al País-Amarres a la negociación colectiva en el servicio público

Especial para CLARIDAD

Mientras la legislatura hizo su intento fallido por pasar por encima del veto del gobernador a la legislación que impone un salario mínimo escalonado para los empleados públicos, la Junta de Control Fiscal evaluará la llamada Reforma al Servicio Público que implica una revisión del Plan de Clasificación y Retribución del gobierno y su impacto en el plan fiscal que ha establecido la Junta. En ese sentido la pugna entre la Legislatura y el Ejecutivo está sujeta a lo que determine la Junta.

La razón del gobernador para imponer el veto al Proyecto del Senado 563 es que supuestamente el Plan de Clasificación y Retribución mejorará las escalas retributivas de los empleados. Hasta ahí todo parece lógico. Lo que no dicen las noticias, ni el gobernador y tampoco los legisladores es que desde la Ley 7 de 2009 (medicina amarga de la Junta de Estabilización y Reconstrucción Económica y Fiscal) los convenios fueron congelados y luego recibieron recortes a beneficios económicos y de condiciones de trabajo, además de más de 20,000 empleados ser despedidos. Todo al amparo de políticas neoliberales que impusieron cargas de austeridad sobre los hombros de la clase trabajadora mientras repartía millones de dólares en ganancias a empresas, consultores y allegados a los gobernantes.

Las leyes especiales aprobadas en 2017 al amparo de la Ley PROMESA limitaron aún más los convenios y al presente no hay mucho margen de negociación. En resumen, la negociación colectiva como derecho constitucional y estatutario ha quedado trunca e inefectiva. Los trabajadores del servicio público están perdiendo su derecho a negociar su salario y están en riesgo de perder su puesto de trabajo, tareas y otras condiciones de empleo ya que el Plan de Clasificación tiene que ver con las tareas y ubicación del puesto. Veamos.

El P del S 563 proponía un salario mínimo de $8.50 la hora en el 2022 para escalonar el salario hasta $10.50 la hora en el 2024. De esta manera se pretende igualar el salario entre empresa privada y pública. Sin embargo, las escalas propuestas comienzan con un salario mínimo de $9.25 la hora para un salario base de $1504 en la escala numero 1. Cuando el salario se elevara a $9.50 la hora los trabajadores agrupados en esa escala tendrían que ajustarse su salario. Y cuando se proyectara el salario de $10.50 la hora entonces las primeras cinco escalas propuestas estarían obsoletas, es decir por debajo del salario mínimo.

Lo anterior implica que el ajuste necesario en las primeras escalas debe afectar de manera positiva la totalidad del plan que consiste en 44 escalas. De no hacerlo el plan completo se hace obsoleto, no refleja equidad salarial y provocara miles de querellas por parte de los empleados afectados. Esta es la verdadera razón para no aprobar el Proyecto de Ley del Senado 563 que establece un salario mínimo por hora.

A dos meses de hacer efectivo dicho Plan el mismo no se discute con los sindicatos ni con los trabajadores. Hay una brecha mayor entre los puestos unionados y no unionados ya que para estos (no unionados) existe otra escala que parte de un salario base de $1829 mensual ($325 más que el salario base de un unionado, cuando pueden tener el mismo puesto). Entre esas dos escalas, cuando usted compara las escalas número 44 de los unionados y los no unionados existe una brecha de $4,517 entre los salarios básicos de los puestos ubicados en tales escalas.

Tampoco se dispone ajuste por el costo de vida. En fin, estamos ante un Plan arbitrario e unilateral, y sobre todo patronal. Donde la voz del trabajador no es escuchada.

Cuando en 1998 se discutía el proyecto de ley que se convirtió en la Ley 45, llamada Ley de Sindicalización de Empleados Públicos, los que presentamos oposición a dicha ley argumentamos entre otras cosas que la prohibición de negociar las Áreas Esenciales al Principio de Merito era un acto de negar la negociación misma. El salario no se considera parte del Merito por lo cual se permite negociar. Sin embargo, si el patrono establece la Clasificación de Puestos, que es el acto de ordenar el valor de cada puesto basado en responsabilidades, complejidad, requisitos mínimos, entre otros factores, y luego le impone un salario sin consulta alguna entonces que participación y oportunidad de negociación existe.

Si usted añade los beneficios de licencias recortados, la eliminación de las pensiones, los cambios y deberes añadidos a los puestos por el uso de la tecnología, los cambios en los procesos y sobre todo el costo de vida, que debe incluir el costo de los estudios, entonces entenderá lo mucho que hay para negociar.

Pero el gobierno pretende que los empleados se llenan los ojos con un aumento de salario que provee la escala de salario para algunos sí y para otros no. La implantación del plan requiere negociar el aumento mínimo que debe recibir todo empleado ya que si esto no se hace los empleados reciente alcanzarán o se igualaran en salario con los de mayor antigüedad. También debe ajustarse el salario a escala y proveer un mecanismo negociado con las uniones para atender las querellas de clasificación y retribución. Y sobre todo negociar aumentos de salario periódicos durante la vigencia del convenio.

El momento requiere una discusión abierta y clara entre los trabajadores unionados. La demanda por un proceso de negociación es urgente. Los sindicatos tienen que reconocer que es su deber reclamar los puestos de trabajo necesarios y participar en la redacción de deberes, tareas, responsabilidades, equivalencias y demás factores que afectan un puesto de trabajo.

El P del S 563 es solo la punta del tempano de hielo que encierra el empleo público, las políticas de austeridad y privatización, los planes de la Junta de Control Fiscal para destruir el sindicalismo, las leyes protectoras del trabajo y el servilismo de los gobernantes.

De beisbol, boxeo y lucha

 

Especial para CLARIDAD

El compañero Elliott Castro decía que en el deporte casi siempre ganan los mejores, pero que eso no aplicaba al beisbol. Definitivamente, eso ha quedado demostrado en las series de postemporada del beisbol con el sorpresivo avance a la Serie Divisional de los Padres de San Diego y los Phillies de Filadelfia.  Ambos entraron por el comodín (lo que se conoce como wild card) y dejaron en el camino a los tres mejores equipos de la temporada regular (cada uno ganó 100 juegos): los Dodgers de Los Ángeles, los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York.

Sin duda, en una serie corta pasa cualquier cosa.  Tanto los Padres como los Phillies se beneficiaron de tener que jugar juegos de presión de postemporada desde mediados de septiembre mientras que el nuevo formato pareció afectar a los equipos de arriba; pero así es el beisbol. Por su parte, en la Liga Americana parece que van a avanzar los dos favoritos: los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York.  Al momento de escribir estas líneas, los Yankees tenían que enfrentar un juego de eliminación contra los Guardians de Cleveland y, pese a haber ganado su división, se esperaba que los Yankees los vencieran con facilidad,  lo que  no ocurrió.

Disminuye grandemente el número de boricuas

La sorpresiva eliminación de equipos, como los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis, Bravos de Atlanta y Azulejos de Toronto, ha reducido la participación boricua de una sólida de nueve peloteros a apenas dos en las figuras de Christian Vázquez y Martin Machete Maldonado. Desgraciadamente, el hecho de que ambos juegan la misma posición hace poco probable que estén en el terreno a la misma vez durante el resto de la postemporada.

Nos ha ido bien en el Sub 23

Manteniéndonos en el beisbol, el equipo Sub 23 que nos representa en el mundial de esa categoría, que se está llevando a cabo en Taiwán. China ha comenzado con el pie derecho al ganar sus primeros dos partidos frente a Cuba y México. Dos juegos tuvieron que ser pospuestos por lluvia, pero esas primeras dos victorias los ha puesto en posición de aspirar a la ronda Súper 6, donde estarán los seis mejores equipos del mundo. Este torneo nuevamente ha consolidado a Juan Igor González como uno de los grandes dirigentes de beisbol del país.

También hubo logros importantes en boxeo y lucha.

El pasado sábado, el boricua Emmanuel Many Rodríguez obtuvo una victoria sumamente importante en sus aspiraciones de ser campeón mundial nuevamente al vencer por decisión técnica al estadounidense Gary Antonio Rusell.  Con esta victoria, se convierte en el retador forzoso de la FIB en las 118 libras y mantiene vivo su deseo de obtener una revancha contra el japonés Naoya Inoue (quien con toda probabilidad unificará la división en diciembre), que noqueó a  Many en 2019.  Claro está, también existe la posibilidad de que el japonés se mueva a 122 tras su próximo combate y la victoria lleve al boricua a pelear por un título vacante de ese organismo de manera inmediata.

Por último, el presidente de la Federación de Lucha de Puerto Rico, Obed Santana,   manifestó lo satisfecho que se siente de que tres boricuas, los luchadores Darian Cruz, Sebastián Rivera y Ethan Ramos, se hayan posicionado entre los mejores 8 peleadores del mundo de sus respectivas divisiones. En el caso de Darian y Sebastián se han ubicado en la 4ta posición de sus respectivos pesos de los 57 kg y 65 kg, mientras Ethan se encuentra 8vo en los 86 kg.

Sin duda, el deporte sigue siendo el mayor productor de alegrías para el país en los tiempos difíciles que vivimos.

 

Cuba y la solidaridad que el huracán no se llevó

La brigada Martha Machado recuperó una de las escuelas rurales pertenecientes al consejo popular La Coloma. Autor: Tomada del perfil de Facebook de Kcho Publicado: 17/10/2022

 Corresponsal de CLARIDAD

 

Pinar del Río, Cuba –En el interior de un ranchón de madera y guano una veintena de niños estudia la historia de Cuba. A 100 metros de allí, en el portal de una casa pequeña, otra clase estudia la tabla de multiplicar del nueve en una pizarra a la que la humedad le ha ido comiendo los bordes. No muy lejos de ahí, en el pasillo exterior de otra casa, estudiantes de cuarto grado escriben un párrafo sobre lengua española, bajo la supervisión de la maestra.

Son todos ellos estudiantes de la escuela primaria Mariana Grajales, del municipio La Coloma en la provincia de Pinar del Río, a la que el huracán Ian le arrancó el techo y anegó en lluvia los últimos días de septiembre. Estudian a media jornada, aprovechando al máximo la luz del día, pues aún no hay luz en su comunidad, y aunque las condiciones no son las óptimas, no permiten que les quiten el ánimo ni las ganas de aprender.

Por eso, varios vecinos han puesto a disposición sus casas y sus espacios para que las maestras puedan seguir dando clases y los niños no pierdan su curso, mientras las autoridades reconstruyen la escuela.

“El huracán nos afectó la escuela y la muchacha nos prestó su casa para que pudiéramos trabajar y no afectar lo que queda del curso escolar. Todos los vecinos de la comunidad nos ofrecieron sus casas, hay otros grupos en otras casas”, explica Marielis Pimentel, maestra de la escuela Mariana Grajales, mientras imparte instrucciones para sus estudiantes de cuarto grado culminen la tarea que les encomendó.

Su “salón de clases” es un espacio improvisado en el pasillo exterior de una casa, dispuesto con mesas y sillas que pudieron rescatar de la escuela. En las ventanas de la estructura, afiches y carteles de Elpidio Valdés ––el famoso personaje de dibujos animados cubanos ambientados en la lucha de independencia de Cuba contra el régimen colonial español–– para decorar un poco el lugar.

A pesar de todo, los pequeños se sienten bien en ese ambiente, asegura la maestra mientras en su rostro de dibuja una de esas sonrisas, a media distancia entre la nostalgia y la resignación. Lo vivido en las pasadas semanas aún fresco en la memoria.

“Esto fue una odisea ––dice Pimentel–– porque nosotros estábamos preparados para los ciclones pero este nos azotó con más fuerza y más cerca; otras veces pasan por la provincia pero más lejano y este viaje nos tocó por aquí por La Coloma.

El huracán Ian tocó tierra el 27 de septiembre ––precisamente en La Coloma–– con fuerza de categoría 3 y rachas de viento superiores a las 125 millas por hora. La extensión de sus lluvias y sus vientos cubrió toda la zona occidental y parte del centro de Cuba. A su paso, dejó tres fallecidos y decenas de miles de familias damnificadas, la mayoría de ellas en la provincia de Pinar del Río.

En un recorrido por el territorio, CLARIDAD pudo constatar la devastación dejada por el ciclón: incontables viviendas totalmente derrumbadas, otras tantas sin techo, cientos de kilómetros de tendido eléctrico y postes caídos y familias que lo perdieron todo.

Según datos oficiales, más de 100,000 viviendas sufrieron afectaciones con la tormenta, unas 12,000 de ellas fueron derrumbe total. La industria agropecuaria, principal fuente económica de Pinar del Río, recibió severos daños, así como las empresas de producción de materiales de construcción.

El tabaco, primer rubro de exportación de la provincia y cuya industria emplea a gran parte de la población ––de una manera u otra, la mayoría de los pinareños están relacionados con la producción del tabaco––, perdió el 90% de las casas de cura de la hoja e innumerables cosechas se perdieron.

Taina es una de las estudiantes de cuarto grado, a la pegunta sobre qué recuerda del huracán, se toma unos segundos para pensar y responde que “el huracán afectó muchas casas, aquí en Cuba y en otros países, y también que tumbó muchos árboles”. Ante la mirada cómplice de sus compañeros, asegura querer regresar a su escuela, pero aclara que se siente “bien” estando con sus “amiguitos”.

LA SOLIDARIDAD COMO HERRAMIENTA DE RECUPERACIÓN

A poco menos de un mes del evento climatológico, Pinar del Río sigue su camino hacia la recuperación. Es un proceso lento y pudiera tomar meses antes de que la provincia regrese a la normalidad, pero las labores de las autoridades y, en especial, los gestos de solidaridad hacen de la marcha un tanto más llevadera.

El pueblo pinareño ha recibido suministros de alimentos y artículos de primera necesidad donados por otras provincias. Además de los cuerpos de trabajo de las autoridades estatales, brigadas de ciudadanos han llegado hasta aquí, desde el primer momento tras el paso del huracán, para ayudar en las labores de recuperación y reconstrucción.

Ejemplo de ello es el escultor y artista plástico cubano Alexis (Kcho) Leiva quien llegó hasta La Coloma con materiales y personal para reparar una escuela dañada por el ciclón. Otros artistas, entre ellos, actores, pintores, músicos y teatreros, conformaron la llamada Brigada Martha Machado con la que brindaron también ayuda a los pobladores de ese municipio.

En La Habana, disimiles empresas y sedes de trabajo se han convertido en centros de acopio para recibir y organizar la ayuda solidaria que ciudadanos de la capital buscan hacer llegar a sus compatriotas de la vecina provincia.

Cuba también ha recibido ayuda internacional. Países como Venezuela y México fueron los primeros en responder tras el desastre enviando donaciones para el oeste de la isla.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro envió un cargamento con toneladas de alimentos, equipos de construcción, láminas de zinc, transformadores eléctricos y postes  destinado a las regiones orientales. Por su parte, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se enviaron al país caribeño cerca de una veintena de aviones cargados con más de 100 toneladas de material eléctrico y personal de expertos.

En la compleja situación económica que se encuentra hoy Cuba, gestos de solidaridad como estos han ayudado a palear un poco la carga que supuso el huracán. No hay acciones demasiado pequeñas en el proceso; desde un avión cargado con materiales hasta una escuela improvisada en una casa para que los niños no dejen de estudiar. Todo es válido en un país que conoce de sobra de solidaridad.

Solidario como es, el pueblo cubano sabrá reponerse. “Por suerte, esto está pasando y vamos a recuperarnos”, dice la maestra Pimentel.

Chile: se cumplen tres años del estallido social que abrió una era de cambios

Por Juan Carlos Ramírez Figueroa

Desde Santiago

Hace tres años comenzaría en Chile el “estallido social”: una serie de movilizaciones lideradas por los estudiantes secundarios que protestaban contra el aumento del pasaje del subte (metro) al que fueron sumándose gran parte de la población quejándose por el modelo económico, el sistema de salud, la educación y la desigualdad, llegando a congregar más de un millón de personas sólo en el centro de Santiago, cacerolazos todas las noches mientras sonaba “El derecho de vivir en Paz” de Víctor Jara y una brutal represión de la policía que dejó decenas de muertos y centenares de personas con trauma ocular producto de los disparos de balines directo a los ojos.

El entonces presidente Sebastián Piñera aseguró estar “en guerra” sacó los militares a la calle y un mes después, no tuvo más remedio que aceptar un acuerdo por la paz —liderado entre otros por el actual presidente Gabriel Boric— y abrirse a un proceso constituyente que derivó en un nuevo texto constitucional que fue rechazado en el plebiscito de salida de hace un mes.

Matías Hermosilla (1990) es historiador e investigador asociado al Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo O`Higgins. A diferencia de muchos de sus colegas, no sólo intentó elaborar teorías sobre todo este ciclo que aun sacude a la sociedad chilena, sino que salió a la calle y entrevistó diversos actores sociales como el actual ministro Giorgio Jackson, la diputada del PC Karol Cariola o Gustavo Gatica, que perdió la vista por disparos de la policía, en el podcast “La verdad también se inventa” que acaba de transformarse en un libro editado por Cuño Edtores, donde reconoce vivir “un momento extraño” y un “futuro imprevisible”.

“Me parece fundamental pensar el estallido como un proceso de consolidación de un cúmulo de demandas sociales y políticas que se comenzaron a incrementar en la sociedad chilena desde fines de la década de los 90 a raíz de la frustración en torno al proceso político y social de la transición y que año a año se fue incrementando”, señala. Las bases están en el “movimiento pingüino” (en Chile se llama así a los escolares en alusión al uniforme) de 2006 que comenzó a cimentar la crítica al modelo político, económico y social y, a su vez, “es fruto de la horizontalidad mediática que iba ampliándose con el mayor acceso a internet lo que permitió una organización transversal que llevó tanto a generar nuevos espacios de encuentro, cada vez menos normado por las reglas de los medios tradicionales y, a su vez, diversificó la creación y el consumo cultural.

“Todos puntos que fueron fundamentales para que el estallido no sea un punto de inicio, sino un punto de condensación de tensiones multifactoriales que se vieron construidas a lo largo de los años, es decir, me gusta pensar en que el estallido destapó o, literalmente, hizo estallar las formas de la protesta tanto en el concepto del uso de la violencia, pero también –este proceso llevó a una transformación visual y cultural de la protesta política que, es difícil que vuelva hacia atrás, de hecho, es cosa de mirar las paredes de Santiago y cada día vuelve a aparecer un mural con estilo paste-up o una frase creativa que está impregnada de una consigna de transformación. En un sentido, más de fondo político, es interesante cómo el estallido mostró que la acción de la protesta radical–coordinada o no– permitió evidenciar contradicciones sistémicas que se veían surgir desde inicio del milenio”.

—Desde Argentina quizá no se entiende cómo esta explosión de malestar terminó en una salida institucional con forma de plebiscito que fue aprobada pero luego rechazada. ¿Cual es tu teoría del proceso constituyente? 

—Es importante diferenciar los ciclos. Por un lado, el estallido no tenía como fin fundante una nueva constitución, sino la crítica transversal al sistema político, social, económico e incluso el cultural. Pienso en las reivindicaciones decoloniales representado por la destrucción de estatuas y, al mismo tiempo, la creación de otros íconos pop como el Sensual Spiderman o la Tía Pikachu. Además creo que este primer momento queda muy bien graficado en ese cartel que decía: son tantas weás que no sé qué poner. Es decir, esta primera etapa que duró entre 18 de octubre y los primeros días de noviembre los analistas la llaman “el espíritu del octubrismo”. La segunda etapa es la demanda por una constitución y la idea de atacar “la base del sistema” que rige Chile y que produce tanta desigualdad. En este sentido, el acuerdo del 15 de noviembre inauguró un proceso de desescalada del conflicto social, inaugurando, lo que se ha llamado el espíritu “novembrista” o “el momento constituyente”. La tercera etapa es el ciclo de la convención constitucional, proceso que veo marcado bajo el signo profundo de la ambiciosa pero hermosa misión de querer cambiar de manera profunda un modelo y, sobre todo, reconfigurar el marco teórico del país completo.

—Y esa radicalidad de la Convención asustó a muchos.

—El plebiscito de entrada marcó una diferencia total en la que, prácticamente, el 80% de la población aprobaba un cambio de constitución y, además, dejaba fuera la idea de que el congreso formara parte del proceso. Luego, la elección de las y los convencionales ratificaba esta situación de 155 personas que representaban a 155 comunidades diferentes, la mayoría, sin una militancia tradicional y, además, dando cuenta que la derecha no llegaba a conquistar un tercio de la sala. En este sentido, las fuerzas más transformadoras de la convención abogaron por un cambio sistémico pero que, a su vez, iba lentamente tensionando a fuerzas de derecha y, también de centro, que revalidaban y defendían el legado de la transición. En este sentido, el resultado del 4 de septiembre pasado fue sorpresivo pero, al mismo tiempo, creo que igual puede dar cuenta de ciertas lecturas sociales, apoyadas también por la fuerte campaña de mentiras sistémicas de la opción rechazo, de que luego de la avalancha transformadora viene un proceso de retroceso y miedo. En este sentido, un cambio sistémico–por positivo que sea– siempre va a ser incierto porque es, igualmente, un experimento.

—Muchos analistas hablaban del estallido y la “violencia”, pero siempre enfocado a los manifestantes, lo que daba a entender que nunca habían estado en terreno, porque la policía —y en el peor momento, el ejército- efectivamente avivaron el ambiente, muchas veces disparando porque sí, habiendo niños, adultos mayores, etc. 

—Me interesa mucho este tema pues a mi me sorprendió cuando luego de las acciones violentas del día 18 de octubre del 2019 cuando los canales de televisión entrevistaban a personas que ya no tenían abiertas sus estaciones de metro y tenían que caminar o esperar la micro no condenaban la violencia. Creo que esto responde a que los procesos de protesta social, anterior al estallido, tenían siempre un elemento de contención, por ejemplo, la negociación con la intendencia en las rutas de las marchas de los jueves. En ese sentido, ese inicio más radical respondió a una nueva forma más “decidida” de empujar los cambios.

Igualmente, lo que mencionas sobre la violencia de Estado es fundamental, hace algunos días se dictó, por fin, sentencia contra el carabinero que cegó a la senadora Fabiola Campillay. Y es importante tenerlo en cuenta pues, tristemente, este es el legado del rol del Estado durante el estallido. La fuerza desmedida, la acción violenta y, también, la nula existencia de protocolos humanitarios por parte de las instituciones del orden y seguridad pública. Lo que sorprende es que en las últimas semanas políticos de oposición están abogando por “el fin de la proporcionalidad del uso de la fuerza” por parte de Carabineros y las FF.AA. lo que es un completo contrasentido con el triste legado que afectó y afecta a una serie de personas que vieron sus vidas transformadas por el actuar extremo de las policías y las fuerzas de orden.

El factor pandémico

Aunque el estallido sigue presente en los rayados de las calles, espacios públicos testigos de los enfrentamientos entre carabineros y manifestantes y en un rico catálogo de imágenes, memes y videos, hay un factor que parece haber detenido todo: la pandemia. “Las familias volvían a poner lo político en la vida cotidiana y las y los vecinos empezaban a tener grupos de whatsapp de organización, se conocían y saludaban de nombre, de hecho, en la calle se debatía abiertamente de política. Pero, la pandemia produjo un cambio de eje porque juntarte con tus personas más cercanas podía tener un resultado fatal, más aún, al principio de la pandemia donde no se sabía cómo se transmitía el virus. Entonces, cada día se hizo más patente la idea de que la persona de al lado era tu “enemigo biológico”, por lo que, nuevamente las relaciones se hicieron más profilácticas y distantes, esto recién comienza a cambiar, creo yo, con el fin al uso obligatorio de las mascarillas en espacios públicos”.

—¿Crees en la idea de que Chile finalmente es un país centrista y de consumidores furiosos que finalmente aprecian más el orden y la posibilidad de acceder al consumo que imaginar -de verdad- una sociedad más justa? 

—No lo creo así. Me parece que como todo proceso de búsqueda de cambio profundo debe enfrentarse a un paulatino miedo social a la inestabilidad. Además me parece lógico que entre más se retrasa el inicio del nuevo proceso constituyente se intensifiquen ciertas contradicciones sociales que, incluso, pueden terminar en la exacerbación de la apatía social o en nuevo ciclo de polarización político. Pero, yo creo, que aún está vivo en la población ese deseo de cambio y de reescritura de una carta constitucional y que, prontamente, empezará una presión más fuerte porque se realice.

—¿Cuándo se nos viene una nueva explosión social? ¿Después de un terremoto? 

—Jaja, buena pregunta, la verdad es difícil decirlo pero creo que a medida que se siga retrasando el proceso constitucional, más se van a intensificar las tensiones entre los diversos actores sociales. No me parecería extraño que la gente vuelva a salir a las calles a exigirle a las y los políticos que cumplan con la palabra empeñada y que se dé paso a nuevas protestas intensas. Pero un estallido, a pesar de las lecturas de las y los ensayistas de la crisis, nunca se ve venir, porque si pudiésemos predecir tanto una explosión social como un terremoto, las reacciones políticas estarían preparadas. Al final del día el estallido social es el resultado de la constante dilatación en el enfrentar los problemas de fondo y que al mantenerse la postergación han ido con mayor intensidad año a año incrementándose las exigencias. Lo que sí tengo claro es que el país cambió y por mucho que se retrasen o mesuren los cambios el futuro camina hacia una transformación profunda e irrenunciable de Chile y su modelo político, económico y social .

Reproducido de www.pagina12.com.ar