CLARIDAD
La Junta de Control Fiscal (JCF) juega a dos bases: mientras por un lado presenta un litigio para invalidar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por el otro mantiene un proceso de mediación de la deuda. La idea es transigir, lo que sería su salida más fácil para concluir con la negociación de la deuda de la AEE. Así se desprende de entrevista con el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez.
La revelación de que la JCF había presentado una oferta a los bonistas (el 6 de septiembre) de imponer un cargo entre 23 a 26 dólares mensuales para el pago de la deuda a los abonados de la AEE levantó la indignación de la ciudadanía. El gobernador, Pedro Pierluisi, en una primera reacción despachó el asunto declarando que debería ser un aumento “razonable”. Mientras, en la reunión pública de la JCF, efectuada este 14 de octubre, quedaron al descubierto las diferencias entre sus miembros, de si se debería o no litigar la invalidez de la deuda. El presidente de la JCF, David Skeel, según sus expresiones, considera que lo mejor que pueden hacer es continuar adelante con el litigio.
Pero el hecho de que la mediación se haya terminado no implica que las ofertas se hayan retirado, apuntó el licenciado Emmanuelli Jiménez. En realidad, una oferta sigue abierta hasta tanto no se retire, y en el documento de la JCF no se indica en ningún lugar que la oferta ha sido retirada. El peligro de la propuesta, aun cuando la JCF alegue que esas cifras “no llegaron a nada”, estriba en que ya la Junta estableció su posición, por lo que en una segunda ronda de mediación esta no tendría ninguna justificación para bajar su oferta (ofrecer menos), porque los bonistas van a decir por qué bajarla si ya estaba ofreciendo una cantidad mayor.
“Así que en términos reales, esa es una oferta que no ha sido retirada y es también una oferta que tira una raya en términos de lo que la AEE puede pagar, que va a ser muy difícil que se pueda disminuir”, advirtió el experto en la Ley Promesa. La postura de los bonistas no se limita a la imposición del cargo de $26 mensuales; sino a que este aumente según el costo de vida por los próximos 50 años y otras condiciones de pago, como el que se creen unos instrumentos de valor contingente. Ello implica que si hay un crecimiento en la demanda, los bonistas podrían cobrar cantidades adicionales, lo que obviamente haría mucho más caro el costo de la energía en Puerto Rico.
Emmanuelli Jiménez reparó en que este es un acuerdo regresivo, lo que implica que los pobres pagarán proporcionalmente más que las personas adineradas. Es lo mismo que sean $26 o $23; para algunos esto podría ser un aumento de 50 %, lo que tendrá consecuencias económicas terribles para el país. Por otro lado, si se suma ese cargo por 50 años, estaríamos pagando $20 mil millones sobre una deuda que es de $9 mil millones. Estaríamos pagando mucho más de lo que correspondería en derecho. El otro punto es que la oferta no contempla el pago a otros acreedores, como el Sistema de Retiro de los jubilados de la AEE, que por mandato de la ley PROMESA se les tiene que dar el financiamiento adecuado. Ello podría implicar un aumento de 1 o 2 centavos el kilovatio hora adicionales.
A lo anterior se suman los aumentos que podamos recibir por la ineficiencia de la privatizadora LUMA Energy debido a la falta de incentivos y controles en sus gastos y los costos anuales que tendría el contrato por los próximos 15 años, observó el experto en ley de quiebra, En fin, hay una serie de capas de costos adicionales que al final del camino la inmensa mayoría de la factura serían cargos adicionales aun cuando el cargo por consumo sea realmente insignificante. Eso hace que la economía se afecte y podría perjudicar el PAD (Plan de Ajuste de Deuda) del Gobierno central debido a que ese plan depende de que la economía crezca. Con el costo de una energía eléctrica que podría sobre pasar los 35 centavos por kvh el país no podría crecer, advirtió.
Para retirar su oferta, la Junta tendría que buscar una justificación y no se sabe qué justificación podría tener porque en realidad los parámetros que se utilizan para la oferta es cuánto puede pagar la AEE. Ya la Junta tiró la raya “y al tirar la raya en una negociación. los acreedores no van aceptar menos de eso”. Con el retiro de la oferta, si es que de cierto se retira, la Junta realmente estaría aceptando que hizo una oferta por capricho. La decisión de retirar la oferta es solo de la Junta, comentó Emmanuelli Jiménez.
A su juicio, Pierluisi podría plantearle a la JCF sus preocupaciones políticas y económicas: “Es lo menos que se espera del gobernador”.
Hay que traer a la atención que en la reunión pública de la JCF (el 14 de octubre) no se dijo que se retiró la oferta; sí se dijo que se presentará un PAD el 1.0 de diciembre. A la presentación del PAD le seguiría la presentación de una moción para su discusión de si se aprueba o no.
Emmanuelli Jiménez, hizo la advertencia de que no se debe dejar que la JCF llegue a un acuerdo con los bonistas, debido a que los consumidores vamos a salir trasquilados. Es indispensable que la Legislatura intervenga con una legislación habilitadora que condicione la transacción de la AEE y el plan de ajuste de la deuda. En esa dirección, luego de que fracasara en ir por encima del veto del gobernador una medida dirigida a esos fines, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes, Luis Raúl Torres, volvió a presentar un segundo proyecto, el PC 1429. Lee la medida: “a los fines de establecer condiciones mínimas para la reestructuración de la deuda, la emisión de bonos y fortalecer la estabilidad y oferta energética en Puerto Rico; devolverle facultades al Negociado de Energía; y establecer términos para las emisiones de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica y sus afiliadas, en cumplimiento con la política de manejo de deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para otros fines relacionados”.
Se supone que la confirmación del PAD sería para el verano del 2023, por lo que el abogado considera que hay tiempo para la discusión y aprobación de la medida.
Respecto a la postura de la JCF, considera Emmanuelli Jiménez que el asunto del aumento es una situación innecesaria porque hay un pleito que invalida los reclamos de los acreedores de que tienen bonos asegurados. “Ese reclamo, si se litiga, la Junta le podría dar cero a los bonistas y no habría que pasar por todo este revolú. La demanda está activa, pero están negociando por el lado. La idea es transigir la salida más fácil, que es la negociación”.
