CLARIDAD

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Cínicas, engañosas, cuyo propósito es desinformar, así se pueden calificar las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi, de “no se adelanten a los eventos” de que las mociones estaban a “destiempo”, en referencia a las mociones presentadas en el tribunal en rechazo al Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica, presentado por la Junta de Control Fiscal (JCF).

Las expresiones del gobernador fueron publicadas en un artículo del periódico El Vocero este 13 de junio (“Llueven las objeciones de último minuto al Plan de Ajuste de la AEE”). Como ya se ha reseñado en los diversos medios incluyendo Claridad, amplios sectores de la sociedad puertorriqueña, tanto industriales, comerciantes, productores, organizaciones ambientales y comunitarias, Ongs, presentaron mociones de objeción contra el PAD de la AEE ante la sala de la jueza Laura Taylor Swain que atiende la quiebra de la AEE mediante el capítulo III de la ley Promesa.

La jueza dio hasta este 12 de junio para que todos aquellos interesados presentaran sus mociones al tribunal. El licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, experto en la ley Promesa y representante legal del Sistema de Retiro de la UTIER (Unión de Empleados de la Industria Eléctrica y Riego), en entrevista indicó que todavía este martes 13 el tribunal no había podido terminar de subir las objeciones radicadas por las cientos presentadas.

“No hay tal cosa que hay que esperar, la jueza estableció unos términos bien estrictos por los que no cumplan con los términos está fuera”, expresó el licenciado Emmanuelli Jiménez, en relación a la expresión del gobernador. Expuso que el proceso de confirmación del plan permite que cualquier parte con interés ya sea una parte que haya sido afectada o que vaya a ser afectada por el plan pueda objetar y presentar cuestiones de hecho y de derecho.

“Aquí el número de objeciones es dramático muchas de ellas por cuestiones de hechos bien claros. Aquí hay organizaciones que representan a cientos y miles de personas, comerciantes, profesionales que entienden que el PAD va a ser devastador. El gobernador lo que hace es engañando a la gente porque él se ha pasado diciendo que el cargo híbrido no es final ni firme y que estamos anticipándonos a algo que no ha ocurrido, básicamente imputando al pueblo una actitud de un grado de histeria”.

Por el contrario afirmó que en realidad la preocupación del pueblo se justifica, ya que en los documentos que radicó la JCF está en blanco y negro el cargo híbrido. “Así que el gobernador lo que está haciendo es desviando la atención a algo que se nos viene encima y que bueno que todas esas organizaciones radicaron objeciones ayer porque así la jueza ve que los expertos que han anticipado la debacle económica están apoyados por situaciones de hechos específicos, por casos concretos que le van a dar a ella toda esa perspectiva de que si confirma el plan lo que nos espera al pueblo de Puerto Rico es devastador”.

El experto en casos de quiebra fue más allá y atribuyó que hasta cierta medida el gobernador está desinformando de manera deliberada porque él es un abogado que entiende estos procesos. Puntualizó que el gobernador es el octavo miembro de la JCF, “está sentado ahí como miembro ex oficio, conoce todo este proceso desde adentro y lo que está diciendo, la información es contraria a la realidad, contrario a lo que está ocurriendo en el tribunal y contrario a lo que nos viene encima”.

A la luz de estas palabras y actitud del gobernador durante todo este proceso, porque no es solo la expresión de ayer, sino de lo que se ha visto en el tribunal, cómo evalúa la defensa que ha hecho el gobierno de Pierluisi. El da la impresión de que lo que propone la Junta no es final, ni firme, pero si la jueza no ve oposición no va a tener criterios para decidir otra cosa.

El licenciado Emmanuelli Jiménez reveló que el mismo 12 de junio el gobierno de Pierluisi, mediante la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) radicó una declaración, no una moción, en la que no se opone al plan de ajuste. “Lo que radicó fue una declaración y la postura es patética”.

Lo que dice la declaración del gobierno de Pierluisi es que con la propuesta de la JCF con este cargo híbrido está tratando de hacer un balance entre la viabilidad de la AEE y el recobro de los acreedores, pero AAFAF está “preocupada” porque el tamaño del cargo híbrido –como en Puerto Rico pagamos más costo de energía de lo que se paga en Estados Unidos– podría tener un efecto en los consumidores. Alega que si el plan se confirma, el gobierno va a trabajar con la JCF y con el Negociado de Energía para implantar el aumento de una manera que mitigue el impacto de los ciudadanos más vulnerables de Puerto Rico.

La interpretación de Emmanuelli Jiménez a lo que dice el gobierno es que no se opone al cargo, sino que le preocupa. Es decir -expone Emmanuelli Jiménez- que ya el plan contempla mitigar el impacto en los más vulnerables porque saben que la mitad de los consumidores van a estar exentos. “Así que eso no hace ninguna diferencia, es un aguaje lo que ha hecho ahí el gobierno y no plantearon una objeción, sino que se allanaron a que si el plan lo confirman él está de acuerdo”.

El detalle está -apuntó- en que si la misma JCF reconoce que la mayoría de las personas no puede pagar, y se eximen del cargo híbrido, la responsabilidad va a caer en los sectores productivos. Coincidió en que ese es el impacto que debiera ver la jueza, ya que si no hay actividad económica en el país, no se puede pagar. Todavía anotó que la propia JCF ha admitido que el balance que está haciendo con ese cargo híbrido es bien precario.

Por otra parte la JCF también ha reconocido que en el plan fiscal del 2023 del gobierno central que el país caerá en deficit estructural tan pronto como en el 2027.

Hay que señalar y recordar que en la última vista la jueza dijo que estaba descepcionada porque la JCF le dijo que el plan fiscal de la AEE no había salido por culpa de Luma Energy, que no había entregado los números de la demanda de energía y cuando entregó los números de estimado de cual va a ser la demanda de energía, la misma va a ser mucho más baja de lo que la Junta había calculado.

Así las cosas luego del 12 de junio se supone que ahora haya un periodo para que la JCF conteste todas las mociones presentadas. Luego habrá un periodo de réplica y el caso vuelve al tribunal el próximo 17 de julio con la vista de confirmación. A menos que la JCF informe que el estimado de la AEE cambia ahora en el 2023 y entonces se tiene que revisar todo el plan, porque según la ley Promesa el PAD tiene que ser compatible con el plan fiscal de la AEE.

Ante las cientos de mociones presentadas por diversos sectores de la sociedad incluyendo unas 500 de personas en su carácter individual el licenciado Emmanuelli Jiménez, defendió que en los casos de quiebra se supone que los perjudicados presenten sus argumentos. “En este caso todos los consumidores en Puerto Rico somos perjudicados, por lo que el gobernador no es quien para decir que no nos quejemos por lo que nos viene pa’ encima. Lo hace ver como capricho, estamos en nuestro derecho de acudir al tribunal”.

El texto de AFFAC

“By proposing the Legacy Charge, the Oversight Board is attempting to strike a balance between PREPA’s viability and providing meaningful recovery to creditors. But AAFAF is concerned about the size of the Legacy Charge since Puerto Rico’s energy consumers already pay more for electricity relative to their income than consumers in any mainland U.S. state.20 That said, if this Plan is confirmed, AAFAF will work with the Oversight Board and PREB to implement it as needed, in a manner that mitigates its impact on Puerto Rico’s most vulnerable citizens”.

«Al proponer el Cargo por Legado, la Junta de Supervisión está tratando de lograr un equilibrio entre la viabilidad de la AEE y proporcionar una recuperación significativa a los acreedores. Pero a AAFAF le preocupa el tamaño del Cargo por Legado, ya que los consumidores de energía de Puerto Rico ya pagan más por la electricidad en relación con sus ingresos que los consumidores en cualquier estado continental de EE.UU.AA. Dicho esto, si se confirma este Plan, AAFAF trabajará con la Junta de Supervisión y la PREB para implementarlo según sea necesario, de una manera que mitigue su impacto en los ciudadanos más vulnerables de Puerto Rico».

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator