CLARIDAD
Por tercera ocasión el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) declaró nulos los Reglamentos Conjuntos del 2019 y del 2020, y por tercera ocasión la Junta de Planificación (JP), desobedece al tribunal.
Este viernes (16 de junio) se dio a conocer que el TSPR volvió a declarar nulos los RC del 2019 y 2020 y dijo que el reglamento vigente con el cual se deberán evaluar las nuevas solicitudes de permisos es el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos del 2010 (RC 2010). La determinación del tribunal fue unánime. No obstante, al día siguiente la JP informó que estaba adoptando un reglamento de “emergencia”.
En entrevista el planificador y arquitecto Pedro Cardona Roig, apuntó que, aunque hay que reconocer que el TSPR volvió a afirmarse en la determinación a la que llegó en el 2021, otra vez la JP decidió no acatarla y actuar en un abierto desafió a la determinación. “Aquí hay un caso muy serio donde el Ejecutivo ha roto con el balance que siempre había existido entre el Judicial, el Ejecutivo y Legislativo”.
Cardona Roig, describió como una acción contumaz la determinación de la JP de adoptar un reglamento de “emergencia”, el cual nadie ha visto, que no ha tenido difusión pública, en un fin de semana largo en la que no hay posibilidad de que la gente intervenga. Atribuyó que lo que se debe deducir de esta acción es, primero la incompetencia y la incapacidad tanto de Manuel Cidre como secretario del, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la de Julio Lassús, presidente de la JP y la del director de la OGP, Gabriel Hernández Rodríguez.
“Los tres tenían que haber adoptado la determinación del TS de acoger el reglamento del 2010 tal y como lo dispuso el tribunal en febrero del 2021, que quede claro todos los que somos expertos en este tema hemos estado indicando que es lo que había que hacer, sin embargo la JP ha hecho otras cosas”, denunció en referencia a las recomendaciones de los expertos que no ha atendido la JP.
En esa dirección señaló sobre los reglamentos conjuntos que quiere usar la JP comprometen la inversión en Puerto Rico, comprometen la estabilidad del sistema de permisos, comprometen la reconstrucción. El planificador ex miembro de la JP expresó que se ve claramente que el RC 2020 es uno de encargo y que por eso es que se quiere que se mantenga. “Ciertamente favorece a unos sectores como el de las placas solares, y a los principales financiadores de la campaña de Pedro Pierluisi. Estamos ante una situación provocada y una situación muy incomoda y de mucho peligro para Puerto Rico”, manifestó.
Por su parte, para el planificador David Carrasquillo, con la determinación el TSPR simplemente está tratando de salvaguardar una situación que hace mucho tiempo ya está fuera de control. “Creo que remedia, resuelve algunas cosas en términos procesales, pero definitivamente va a tener repercusiones a largo plazo donde se están legalizando muchas cosas que no se deberían, es una situación de decisiones que se han tomado muy irresponsablemente por la pasada década, se están legalizando sin ningún tipo de evaluación justa y responsable”.
Se refiere a que pese a que el TSPR declaró nulos los reglamentos del 2019 y 2020 no declaró inválidos los permisos otorgados bajo ambos reglamentos.
Los reglamentos de permisos datan del 2009 con la llamada reforma de permisos. El primer RC que se aprobó en el 2010, dijo, no es un mal reglamento, pero sin embargo no incluye muchas de las cosas que se han añadido durante la pasada década que en algunas cosas son buenas noticias y en otras no necesariamente. Señaló, por ejemplo, que en el RC del 2010 no se contemplan los proyectos de energía renovable, no se toman en consideración usos nuevos como lo que puede ser un alquiler a corto plazo, la regulación de aquel momento en cuanto a los terrenos agrícolas y reservas naturales era mucho mas restricta, eso sí podría representar buenas noticias porque presenta una mayor protección para el patrimonio, sin embargo -reparó- para los desarrolladores y para el mismo gobierno no es una buena noticia en el sentido de que ellos han estado progresivamente en cada versión del RG flexibilizando la capacidad de los terrenos para aceptar usos nuevos.
Ante la decisión del TSPR recordó que, a principio de año finalizó el proceso de vistas públicas para el RG 2022, por lo que dijo que no le sorprendería en lo absoluto si esta misma semana la JP aprueba la versión nueva del reglamento la cual dijo que tanto para él como todos los que conoce versados en el asunto han categorizado el borrador del RC 2022 como el peor reglamento que se ha diseñado durante los pasados años. Precisamente porque es muy laxo a la hora de permitir proyectos como de energía renovable en terrenos agrícolas, el desarrollo de proyectos en escuelas cerradas, alquileres a corto plazo en zonas residenciales, y mucho más en reservas naturales.
El director ejecutivo de la organización sin fines de lucro, Planifiquemos, quien dijo que ha participado de todas las vistas públicas de todos los reglamentos denunció que la práctica de la JP ha sido la de ignorar los reclamos primordiales que se han hecho en las vistas públicas. “A mí no me cabe duda de que cuando se empiece a implementar el RC 2022 habrá otra ronda de problemas cuestionando la legitimidad y el contenido”.
Carrasquillo describió como una de las cosas terribles al inicio del cuatrienio de Ricardo Rosselló, fue colocar a la JP y a la OGP bajo el DDEC. Al respecto se expresó en sentido similar a Cardona Roig sobre el propósito de este cambio. Anteriormente la JP estaba adscrita a la Oficina de la Gobernación. “Con ese cambio definitivamente el problema es que a la planificación no se le está permitiendo ser implementada de una forma integral manteniendo el balance entre los asuntos ambientales, sociales y la están viendo más como una herramienta de desarrollo económico con vista a un perfil particular de crear incentivos contributivos, nuevas formas de recaudo para pagar la deuda y realizar cierto tipo de desarrollo para beneficio de un sector particular del país”.
