CLARIDAD
Más allá de descubrir a las personas que están evadiendo impuestos federales, el objetivo final de la campaña Not Your Tax Haven es conocer cuál ha sido el impacto de la Ley 22 en Puerto Rico durante los pasados 11 años, afirmó a CLARIDAD Marlyn Goyco, portavoz del Centro para la Democracia Popular (CDP).
La semana pasada, Puerto Rico se enteró por medio de la revista Bloomberg, de que el Servicio Federal de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS, siglas en inglés), lleva a cabo una investigación en la isla de los beneficiarios de la Ley 22 (hoy Ley 60) por evasión de impuestos federales y que se prepara para radicar cargos.
“La investigación del IRS confirma lo que es conocido por todos. Tenemos beneficiarios de la Ley 22, que no solo incumplen con los requisitos mínimos de ley, sino que además buscan cómo sacar mayor ventaja a la falta de fiscalización por parte del Gobierno. El DDEC ha admitido públicamente que no cuenta con la capacidad para fiscalizar, y los beneficiarios lo saben. La pregunta que nos debemos hacer ahora es ¿si no pueden fiscalizar los decretos que otorgan, cómo pueden decir que la Ley está resultando en beneficio económico para Puerto Rico? ”, expresó la portavoz.
Goyco reveló que en marzo el CDP le sometió una petición de información al IRS sobre el estatus de la auditoría que empezó en el 2021, que son los resultados que anunció Blommberg. Aunque dijo que el proceso de investigación es uno que toma bastante tiempo, en dos semanas el IRS les dejó saber que para el próximo mes de agosto les estarían compartiendo más información sobre el estatus de la auditoría, lo que la lleva a pensar que la agencia está preparando un caso criminal y que este es el principio de otras medidas que va a estar tomando el IRS respecto a esa evasión contributiva federal.
La campaña Not Your Tax Haven, es una extensión en Estados Unidos de la campaña aquí en la isla de, Puerto Rico no se Vende. Goyco señaló que uno de sus propósitos es conocer cuál ha sido el impacto durante los pasados 11 años de esta exención por decreto. Incluso el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) no ha cumplido con la publicación de estudios que muestren los beneficios a la economía de dicho decreto.
“En medio de esta crisis económica debemos de saber cuánto dinero estamos otorgando en decretos. Lo único que se tiene disponible son unas proyecciones en el Departamento de Hacienda en el Informe de Gastos Tributarios, que dice que en ingresos no captados entre el 2020 y el 2023 hay alrededor de $4.5 millones, así que es necesario conocer el impacto porque el Tribunal Apelativo y el Tribunal Supremo ya han dicho que eso es información pública”, reclamó Goyco.
Un segundo propósito de la campaña, destacó, es eliminar el decreto. Esta afirmó que el mismo DDEC ha dicho en innumerables ocasiones que no tiene la capacidad para fiscalizar, y que aun cuando el Departamento de Hacienda ha pedido en varias ocasiones que se enmiende la ley para que se le autorice a fiscalizar y ayudar a velar el cumplimiento, el Gobierno no ha hecho nada.
Goyco explicó que lo único que ha hecho el DDEC han sido dos estudios, uno encomendado a la firma Estudios Técnicos y el otro a la firma Econométrica. Este segundo estudio —aunque señaló no estar de acuerdo con los resultados obtenido— hace unas recomendaciones basadas en jurisdicciones donde hay tasas contributivas bajas y también hace varias recomendaciones para poder otorgar este tipo de decretos que, en efecto, resulten en inversión en la economía. Los estudios, dio a entender, no han tenido ninguna consecuencia o efecto y, por el contrario, al presente, en la página en Internet del DDEC, no hay ninguna información relacionada con los decretos de la Ley 22 y sus beneficiarios.
Además de los esfuerzos para que se derogue la ley, el CDP trabaja, junto a las organizaciones que integran la coalición de la campaña Puerto Rico No se Vende, para promover políticas públicas de protección de viviendas a personas desplazadas y de políticas públicas para incentivar el retorno de personas que se han ido del país. “El enfoque del gobierno como el nuestro debería ser mantener el talento local, y hacia eso nos vamos a estar moviendo”.
En entrevista por separado, el licenciado Adrián González Costas, quien ha investigado el acaparamiento de propiedades por inversionistas de la Ley 22 en la comunidad de Puerta de Tierra y Río Piedras, explicó a CLARIDAD que en primer lugar hay que subrayar que estas leyes, por definición, crean un esquema de evasión legal al ser una concesión que el Gobierno les hace por las contribuciones locales que debieran pagar, pero que por decreto están exentos. Con ello fomentan el traslado de esos individuos a Puerto Rico, respecto a sus obligaciones en su lugar de origen.
González coincidió con la apreciación de que estos inversionistas han provocado en Puerto Rico muchísimos impactos adicionales al impacto económico de no rendir contribuciones por las ganancias que obtienen a través de las riquezas que generan en la isla, como el desplazamiento de comunidades y el alza en los precios de bienes raíces, tanto en venta como en renta. “Está requeteprobado que la presencia de inversionistas de la Ley 22 ha tenido el impacto de aumentar el precio de las casas entre un 15 a un 25 %”.
El asesor legislativo de la senadora del PIP, María de Lourdes Santiago, explicó que la investigación del IRS pone de manifiesto la participación activa del Gobierno local en atraer personas a Puerto Rico que se enriquecen y gozan del privilegio de no pagar las contribuciones que los demás sí pagan, además de con su presencia están provocando problemas sociales, económicos y ambientales.
Señaló que a diferencia de otras instancias en que el Gobierno federal ha intervenido en Puerto Rico, no meramente porque se haya quebrantado una ley, en este caso, el Gobierno de Estados Unidos está interviniendo por la misma razón que debería intervenir el Gobierno local, que es que está dejando de percibir dinero a través de sus arcas de Hacienda federal.
“Acá, al Gobierno se le advierte que esta ley es mala por su definición. El Gobierno está dejando de percibir dinero, está afectando la calidad de vida de los puertorriqueños, y el Gobierno no hace nada. Así que creo que las actuaciones del IRS lo que hacen es sumar a la lista otra característica negativa de la Ley 22 en Puerto Rico, porque aun cuando el decreto establece un mecanismo de evasión legal, lo que el IRS está investigando es que se están desviando de lo que pudieran hacer dentro de la ley para hacer cosas ilegales. Si son ilegales allá, son ilegales acá también”.
Este denunció que la Legislatura ha arrastrado los pies al enmendar la legislación. La postura del PIP es que la ley debe ser derogada, señalo además, que otros proyectos que se han presentado plantean enmiendas tímidas de manera prospectiva. Eso significa que los entre cinco a siete mil decretos ya concedidos estarían vigentes hasta el 2035. Coincidió también con la apreciación de que ese tiempo es suficiente para que estos inversionistas sigan haciendo daño, ya que pueden seguir vendiendo y revendiendo.
El licenciado González Costas cuestiona cuál es el miedo a enmendar la legislación y redactar una legislación adecuada. La actual legislación no tiene ninguna fiscalización, ni cuando se otorga, porque no se sabe de dónde vienen los peticionarios, si los está buscando la justicia en otro país y, una vez otorgado el decreto, tampoco hay un seguimiento de su conducta en Puerto Rico.
