Como un acto cínico, de motivaciones políticas, fueron algunas de los atributos con los cuales se denunció la radicación de una medida que pretende eliminar el derecho al aborto e impone penas de hasta 25 años de cárcel a una mujer por practicarse un aborto. La revelación de la existencia de la radicación de la medida se dio el mismo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, mientras el movimiento feminista, integrado por organizaciones no gubernamentales de las más diversas ocupaciones, conmemoraba dicha fecha.
Aunque el proyecto PC 1644 había sido radicado el 28 de febrero por los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) José González Mercado, Wilson Román López y Yazzer Morales Díaz, no fue hasta el 7 de marzo en que estuvo disponible en el sistema de radicación de medidas. Las reacciones de rechazo por parte de los grupos feministas, diversos sectores de la opinión pública, legisladores e, incluso, del mismo gobernador y presidente del PNP, Pedro Pierluisi, provocó que al día siguiente, González Mercado y Morales Díaz anunciaran que deseaban que sus nombres fuesen retirados como autores de la medida, alegando que lo que acordaron para radicar la medida no fue lo que se presentó.
Consultada por este medio, la senadora pionera en los temas feministas, licenciada Ana Irma Rivera Lassén, reaccionó que se ha visto cómo cada cierto tiempo en la Legislatura se radican proyectos para tratar de minar o de alguna manera erosionar el derecho de las personas gestantes al acceso a interrumpir un embarazo. Recordó que en esta última sesión hubo varios proyectos en la Cámara que pretendían prohibir el aborto. También hubo uno para ratificar el derecho vigente, de que el derecho al aborto está protegido por el derecho a la intimidad en la Constitución de Puerto Rico. La senadora por el Movimiento Victoria Ciudadana indicó que lo que se estableció en la pasada sesión fue que no se iba a aprobar ninguna de las medidas presentadas, incluida la de la ratificación del derecho vigente, porque no era necesario.
“En la víspera del 8 de marzo nos topamos con la sorpresa de que se radica un proyecto que tiene lo peor de los anteriores, tratando de enmendar el código para tratar de enmendar lo que quiere decir salud”. (Se refiere al artículo 98 del Código Penal). Aclaró que tal y como está vigente, se entiende salud como un concepto amplio de las razones que tiene una mujer para decidir sobre un embarazo. El nuevo proyecto hasta pretende definir con anticipación lo que son criterios puramente médicos.
Señaló que la exposición de motivos del PC 1644 es una totalmente errónea, ya que según los legisladores, la derogación del Tribunal Supremo de Estados Unidos del caso Row versus Wade dispone que los estados tienen que hacer su propia legislación. En el caso de Puerto Rico, ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico ratificó en el caso Pueblo versus Duarte que la cláusula del derecho a la intimidad de la Constitución garantiza el derecho al aborto. Esto incluso lo presentó la ponencia del Departamento de Justicia, firmada por el secretario, licenciado Domingo Emmanuelli.
Rivera Lassén expresó que le preocupa el que ahora algunos de los que firmaron el proyecto estén “tratando de bajarse del barco” porque supuestamente lo que firmaron no fue lo que leyeron: “No se están distanciando del proyecto en su totalidad, de lo que se están distanciando es de los 25 años; pero del contenido como tal, no”.
En entrevista por separado, la licenciada Yanira Reyes, profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana y miembro de la organización Inter Mujeres, calificó la presentación de la medida como una cínica y trajo a la atención que los cinco proyectos sobre el aborto que estuvieron en discusión a finales del año pasado fueron derrotados. “Gracias al activismo y lucha de los grupos feministas. Había uno de ellos terrible, que era el de Lisie Burgos, que pretendía prohibir el aborto después de que se escuchasen los latidos del corazón; ese también se derrotó. Y ahora, estos tres representantes del PNP presentan esta propuesta para enmendar los artículos del Código Penal que tienen que ver con aborto”.
Al respecto, dijo que las enmiendas propuestas en el PC 1644 van dirigidas a eliminar el derecho al aborto en cualquier momento, excepto por tres causas: prevenir la muerte o incapacidad permanente de la madre, por anormalidad fetal severa que ponga en riesgo la vida de la madre y la criatura y en caso de violación si la madre violada ha sometido una querella en la Policía no más tarde de las primeras 10 semanas de gestación.
“Eso quiere decir que se elimina el aborto terapéutico por razón de salud y salud mental que está vigente ahora mismo en Puerto Rico”. El proyecto elimina el criterio médico cuando este recomienda la terminación de un embarazo porque el feto viene con alguna condición que no necesariamente sea anormalidad severa, pero implica condiciones de desarrollo que lo pondría en condiciones de vida precaria una vez nazca o porque afecte la salud de la madre. Por ejemplo, a una mujer con cáncer que no desee continuar con su embarazo se le puede impedir que reciba tratamiento. Ese proyecto no lo permitiría porque solo podría practicarse un aborto cuando la continuación del embarazo pudiera provocarle la muerte o una incapacidad permanente.
En cuanto a lo estipulado en caso de violación, Reyes lo calificó como “una cosa perversa, cruel, e inhumano” y destacó que se sabe que hay muchas razones por las cuales no siempre una mujer revela una violación, máxime cuando se trata de un ente familiar o una menor de edad.
A juicio de la licenciada, la razón principal por la cual estos tres representantes radicaron este proyecto luego de tan amplia discusión con los cinco proyectos que se presentaron en la pasada sesión es que estos “no son importantes en el debate público, lo hicieron para ganarse alguna atención de los medios de comunicación. Utilizan las vidas de los cuerpos de las mujeres como balón político. Eso es terrible”.
Esta censuró, además, el pretender imponer penas de 25 años por realizarse un aborto, que según el proyecto sería ilegal, y reparó que en los países donde que se criminaliza de esta forma la terminación de un embarazo se ha demostrado que aumentan los abortos clandestinos, lo que pone aun más en peligro la vida de las mujeres.
La insistencia de algunos legisladores en presentar proyectos para de alguna manera impedir que las personas gestantes tengan derecho a decidir sobre su cuerpo deja en evidencia el que, “la lucha de la mujer no termina mientras predominen mentes como esas, de hombres y mujeres. Las feministas en Puerto Rico hemos logrado detener estas iniciativas siempre. No tengo dudas de que este proyecto lo lograremos derrotar, pero implica que la lucha por tener más derechos y retener incluso los que ya hemos adquiridos para las mujeres nunca termina. Por eso es importante siempre el activismo”.
En tanto, por parte de la mayoría legislativa del Partido Popular Democrático, hasta el momento, solo la legisladora Estrella Martínez Soto se expresó en contra de la medida. En declaraciones escritas a la prensa, la legisladora por el distrito 27 de Aibonito, Coamo, Juana Díaz, Santa Isabel y Salinas indicó: “Sabemos lo que realmente significa el aborto, pero cada persona, en su carácter personal y por su situación, elige qué hacer. Este proyecto no podemos permitirlo bajo ningún concepto. Lo vamos a combatir”.
Por su parte, el legislador municipal de San Juan, Manuel Calderón Cerame igual se manifestó en contra y solicitó a los firmantes que retiraran la medida: “Que nadie se llame a engaño, este proyecto responde a una estrategia de cálculo político que el PNP lleva efectuando desde su asamblea, el pasado domingo, para contrarrestar el auge del partido conservador Proyecto Dignidad. A mí me parece una irresponsabilidad mezclar los derechos de las mujeres con política partidista. Lo correcto es retirar la medida, máxime cuando ya la Comisión de lo Jurídico atendió estos temas al final de la sesión pasada”, concluyó.
