Especial para CLARIDAD
Cuando llegó la Junta de Control Fiscal a Puerto Rico en 2016 una gran parte de la población la vio con buenos ojos debido al creciente descontento con los dos partidos de gobierno. Ya se sentía un agobio social profundo con la proliferación descontrolada de la corrupción en un contexto de austeridad que aumentaba la precariedad económica de grandes sectores del país. El camino de la crisis económica y fiscal que desembocó en la JCF estuvo lleno de acontecimientos. En esa trayectoria se destacaron varias medidas notables: la privatización del sistema público de salud y la eliminación de la Sección 936 (1996-2005), durante el gobierno de Pedro Rosselló; el cierre del gobierno en mayo de 2006 bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá; la aprobación de la Ley 7 de 2009, con decenas de miles de despidos de empleado(a)s del sector público bajo el gobierno de Luis Fortuño, hasta la aprobación de la Ley 66 de 2014, seguida por el reconocimiento de la quiebra del gobierno por Alejandro García Padilla. Estos acontecimientos fueron hitos destacados en un camino mucho más complejo.
La continuación tenaz de la misma política pública neoliberal por las administraciones PNP-PPD fue lo que propició el concepto de bipartidismo hasta convertirse en un lugar común. Ahora bien, esa política neoliberal, con sus privatizaciones, desregulaciones y reformas laborales, además de su inevitable componente de corrupción, ha conllevado una profunda restructuración en términos de la relación del estado con el mercado, como también de la relación de las empresas privadas con el mercado y el estado. Entre estos tres elementos destacados, estado-empresas-mercado, el mercado adquirió una preponderancia decisiva. Cuando Pedro Rosselló acogió el enunciado “que el mercado decida”, abrió el camino más amplio a las nuevas fuerzas de re-estructuración económica de la economía global. El proceso de acumulación de capital estimulado por la nueva política neoliberal, con amplia expresión en economías occidentales desarrolladas, fue alterando dramáticamente la relación entre el sector público y el sector privado. La fuerza principal de esa alteración entre los espacios público-privados fue impulsada por el poder creciente del capital financiero.
En Puerto Rico la restructuración económica de rostro político neoliberal, con más de tres décadas y media de vida, ha desembocado en una crisis económica y política que se intensificó a partir de 2006, después de culminar el período de diez años concedido para la eliminación total de la Sección 936. Pero no se puede olvidar que el PNP propuso dicha eliminación en el Congreso de Estados Unidos bajo la idea principal de la política neoliberal: el mercado se encargaría de neutralizar y eliminar eventualmente las irregularidades o faltas de armonía creadas por la desaparición de la Sección 936. Evidentemente, no sucedió como pensaban los dirigentes principales del PNP. El mercado, irónicamente, decidió eliminar más de la mitad del empleo mal llamado manufacturero. La ideología neoliberal, como derivación de las nuevas fuerzas de re-estructuración de la acumulación de capital a nivel global, al ser adoptadas miméticamente, sin comprensión adecuada al contexto colonial local, tuvo el efecto perverso de provocar un colapso en el empleo industrial privado, acompañado del cierre de muchas fábricas. Nada de esto ha provocado cuestionamientos significativos en los gobiernos bipartitas o algún proceso de autocrítica y evaluación. Por el contrario, se acentuó la misma política irreflexiva, aderezada con formas cada vez más conspicuas de endeudamiento y corrupción.
Los dos partidos de gobierno siguieron bailando la misma música, el mismo bolero. El bipartidismo neoliberal se hizo visible en múltiples acciones. Basta una muy significativa: la privatización del aeropuerto Luis Muñoz Marín. La comenzó Luis Fortuño y la culminó Alejandro García Padilla: dos cantantes de la misma orquesta. Por consiguiente, la quiebra del gobierno, como expresión de una quiebra económica mucho más profunda, desembocó en la acción congresional que aprobó la Ley PROMESA y nos impuso la JCF. La ruta de la re-estructuración capitalista de rostro neoliberal, con su fundamentalismo de mercado, no condujo hacia la estadidad, sino hacia una dictadura desnuda y descarada de la JCF como instrumento congresional. Este hecho contundente, de concentrada violencia colonial, debe provocar reflexión.
La JCF no vino a Puerto Rico simplemente a cuadrar las finanzas del gobierno, ni como comité de cobro de bonistas extranjeros. Aunque las dos cosas anteriores no sean falsas, no recogen el aspecto principal de la dictadura de la JCF. Su objetivo fue mucho más amplio y puede verse como la coronación de un proceso de re-estructuración económica a favor del capital multinacional. Si las luchas laborales desde la última década del pasado siglo elaboraron la consigna “Puerto Rico no se vende”, la política de la JCF tiene como objetivo aplanar el camino para la privatización de las corporaciones públicas y la entrega de la riqueza pública al capital extranjero. La privatización de la AEE ha sido su reforma estructural más significativa. ¿Hubiese sido posible este proceso con tanta efectividad sin la presencia agresiva de la dictadura de la JCF? Cuando la Jueza Taylor Swain falló recientemente a favor de la JCF y anuló la Ley 41 de 2022, aprobada por la legislatura y firmada por el gobernador Pierluisi, lo que hizo fue dejar ver el verdadero rostro del poder imperial: bloquear incluso reivindicaciones laborales tímidas y sacar del panorama las fuerzas de oposición a la re-estructuración capitalista impulsada por la política neoliberal. Nadie debe ignorar la reacción de apoyo a la decisión de la jueza por parte de prácticamente todas las organizaciones empresariales locales.
Tampoco se puede ignorar la decisión de las organizaciones empresariales de Puerto Rico de actuar concertadamente en el terreno electoral para defender sus intereses. La reacción empresarial es una respuesta a la idea de promover alianzas electorales amplias para derrotar el bipartidismo. El fantasma de una alianza obsesiona los elementos patronales más conservadores. Tienen razón en preocuparse. La política dictatorial de la JCF ha expresado su mayor agresividad en dos frentes principales: en la Universidad de Puerto Rico con los recortes draconianos a su presupuesto y en la AEE con su proyecto de privatización. Ni la universidad pública, como proyecto del pueblo de Puerto Rico, ni la energía pública, como necesidad colectiva, son parte de la agenda de la JCF. Son piezas claves de un amplio proyecto de re-estructuración económica del gran capital extranjero, defendido abierta o solapadamente por el bipartidismo.
No tiene realmente sentido hablar de una ausencia de proyecto económico para Puerto Rico de parte de la JCF. Los intereses financieros representados por ese comité dictatorial colonizador responden a un proyecto que no encarna los intereses de nuestras mayorías sociales. Encarna principalmente intereses extranjeros, con la colaboración de fracciones de capital local en condiciones de servidumbre. Pero no todo es color de rosa en el camino de las fuerzas neo-colonizadoras de nuestra sociedad. La agresión y la expropiación de riqueza, en un contexto social de intensificación de la explotación económica, acentúa las contradicciones y acumula energías que posibilitan estallidos sociales. Además, la corrupción, lejos de amainar con la JCF, ha incrementado. La JCF es un pistero inagotable de corrupción y de desmoralización. Ya hemos visto explosiones sociales históricas: las inmensas movilizaciones y actos de desobediencia civil que obligaron la salida de la Marina de Guerra estadounidense de Vieques al comenzar el siglo XXI, así como las movilizaciones todavía mayores que obligaron a Ricardo Rosselló a salir de La Fortaleza en el verano de 2019. Atacar a las mayorías del país pensando que se pueden aplanar sus fuerzas de resistencia, así como pensar que un junte de minorías empresariales pueden bloquear nuevas fuerzas de organización electoral puede llevar a errores peligrosos. La voracidad del capital, extranjero y local, si piensa que puede caminar por un terreno despejado, podría muy bien encontrarse con la horma de su zapato.
