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“convocados por la rabia”: Sobre una colección de crónicas contemporáneas

Especial para En Rojo

La crónica, un género literario que es flexible, ambiguo, proteico, ha sido cultivada con frecuencia en nuestros días en América Latina.  En su cultivo se han destacado escritores de gran importancia para nuestras letras.  Pienso en el chileno Pedro Lemebel, en el mexicano Carlos Monsiváis, en la argentina María Moreno, en el dominicano Frank Báez.  La lista se puede agrandar con muchos otros nombres y entre estos habría que incluir los de algunos boricuas: Edgardo Rodríguez Juliá, Magali García Ramis, Ana Lydia Vega, Cezanne Cardona.  Y también Ana Teresa Toro tendría que estar en esa lista.

Fue el nombre de Toro el que me llevó a una muestra recopilada por Javier Lafuente y Eliezer Budasoff: Rabia: crónicas contra el cinismo en América Latina (Barcelona, Editorial Anagrama, 2022).  Mi admiración por su trabajo y el contexto latinoamericano que se propone desde el título de esta colección me llamaron la atención y me llevaron al libro.  Pero, en el fondo, lo que me preguntaba al tener el libro en mano era como cabría nuestra cronista en ese amplio contexto.

En su breve prólogo los compiladores de Rabia… no definen el género porque dan por sentado que sus lectores saben qué es la crónica.  En cambio, Darío Jaramillo Agudelo en el suyo a Antología de la crónica latinoamericana actual (2012) apunta que “[l]a crónica periodística es la prosa narrativa de más apasionante lectura y mejor escrita hoy en día en Latinoamérica” (11).  Su afirmación, más allá de señalar la importancia y el mérito del cultivo del género hoy en América Latina, llama la atención porque considera la crónica como “prosa narrativa”, aunque otros críticos la definen meramente como un subgénero del ensayo.  Por su parte, Susana Rotker insiste en La invención de la crónica (2005) en el carácter ambiguo de este: “La crónica es un producto híbrido, un producto marginado y marginal que no suele ser tomado en serio ni por la institución literaria ni por la periodística, en ambos casos por la misma razón: el hecho de no estar definitivamente dentro de ninguna de ellas.” (225)  A las valiosas observaciones sobre el género de Jaramillo Agudelo y a las de Rotker hay que añadir como rasgos esencial del género la marcada presencia de la voz del cronista que se convierte muchas veces en personaje o hasta protagonista de su propio texto.  Esta marcada presencia se ha visto – pienso en Tom Wolfe en su The new journalism (1973) – como uno de los rasgos de la crónica estadounidense, crónica que ha tenido importantísimos cultivadores – Joan Didion, Truman Capote, Norman Mailer, entre muchos otros – y que para algunos ha marcado la obra de ciertos escritores nuestros, como Monsiváis.

Por todo ello parece ser que para definir la crónica nos tenemos que quedar con dos rasgos principales: hibridez y marcada presencia de la voz autorial.  ¿Pero no eran esos rasgos del ensayo clásico?  Michel de Montaigne no destacaba en sus texto el aspecto narrativo, pero sí y sobre todo su punto de vista personal.  Estoy seguro que el gran maestro francés a quien le atribuimos la paternidad del ensayo hubiera leído con gran interés las crónicas que aparecen hoy por todos nuestros países, en unos más fuerte que en otros.  Declaro que con igual o mayor interés me acerqué a las incluidas en Rabia….

Budasoff y Lafuente recogen textos de ocho escritores latinoamericanos de sendos países: Perú, México, Cuba, Argentina, Colombia, Puerto Rico, Nicaragua y Chile.  La colección es una excelente exposición de algunos de los problemas políticos y sociales que marcan esos países.  Por ejemplo, se presenta la plaga de feminicidios en México, la lucha contra la represión del régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua, el movimiento estudiantil en Chile, la lucha por la libertad de expresión artística en Cuba; cada escritor se enfoca en un problema nacional.  Rabia… es un libro de interés e importancia ya sólo porque nos ofrece detalladas imágenes – muy personales, eso sí – de la actualidad latinoamericana.  La lectura de esta colección me dejó con inmensas ganas de ver textos parecidos de otros países.  ¿Qué me ofrecería, por ejemplo, una cronista boliviana o uno panameño o una guatemalteca o uno brasileño?  En fin, Rabia… nos ayuda a que construyamos una imagen más precisa y fidedigna del mundo latinoamericano de hoy.

Pero siempre está el problema de la visión personal del autor.  Recordemos las palabras fundacionales de Montaigne: “…aquí están mis sentimientos y opiniones…” dice acerca de los textos que nos ofrece.  Pero el padre del ensayo era realista y humilde.  Por ello esta cita cierra con un reconocimiento de su falibilidad: “… en tanto que constituyen lo que yo creo, no porque deban ser creídos”.  Se presenta la opinión propia que se reconoce a sí misma como tal, pero que no se impone a otros.  Por ello leí los textos incluidos en Rabia… agradeciendo a sus autores el brindarme su imagen de su país, imagen muy personal y que, estoy seguro, no todos aceptarán como válida.  Pero de eso mismo se trata: de retratos escritos desde un punto de vista personal pero que no por ello dejan de ser iluminadores y llenos de atisbos y aciertos.

Las ocho crónicas que componen Rabia… tienden a enfatizar el aspecto periodístico del género y no el artístico, aunque en ellas hallamos algunos elementos narrativos y, sobre todo, encontramos cambios de puntos de vista.  Estos cambios, que recuerdan los cortes y las composiciones empleadas en el cine, crean un cuadro amplio sobre el tema.  Esto se nota particularmente en la crónica de la argentina Estefanía Pozzo, “El fuego que se enciende en un momento preciso”, donde se ofrecen, como si fueran piezas de un rompecabezas, casos concretos y diversos para presentar una compleja y amplia imagen de la lucha por la legalización del aborto en su país.  La mexicana Elena Reina es posiblemente quien, entre los cronistas incluidos, se acerca más creativamente al género pues en su texto recrea las meditaciones de un asesino en serie de mujeres.  Cuando leía “Catarsis”, dicha crónica, sentía tanto asco que tenía que suspender esporádicamente la lectura para recomponerme y hasta llegué a considerar dejar de leer este texto que crea un cuadro grotesco pero que, como en otros, intenta presentar diversos puntos de vista sobre la problemática que se trata.  El del cubano Carlos Manuel Álvarez, “Un país extranjero dentro de La Habana”,  presenta la lucha del Movimiento San Isidro y es el más autobiográfico de todo el libro; por ello mismo, puede resultar problemático para algunos lectores.  No para mí.

En ese contexto es que hay que colocar el texto de Ana Teresa Toro, “No hay príncipes en el Caribe”, y este encuadra perfectamente bien en el contexto de Rabia….  Toro escoge como tema nuestro Verano del 2019 cuando la protesta colectiva consiguió la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló y muchos de los miembros de su nefasto “chat”.  Su crónica es la más larga de todas las incluidas en el libro.  Creo que hay dos razones interrelacionadas que llevan a esa longitud: el caso de Puerto Rico no es tan conocido como el de otros países latinoamericano lo que obligó a la autora a presentar antecedentes y, segundo y más importante, Toro selecciona un hecho muy amplio como meollo o metáfora central.  Pero la presentación de nuestra situación social y política hecha por la autora es excelente.  (Por ello le he recomendado su crónica a amigos de otros países; creo que les ofrecerá una excelente síntesis de nuestra situación.)  Toro, como otros de los cronistas incluidos, emplea diferentes hechos, que a veces parecen salirse del tema, para van creando con ellos un cuadro amplio y complejo.  Como conozco bastante de su obra anterior ya publicada puedo decir que en esta crónica Toro recalca el aspecto periodístico del género, no el narrativo.  Más allá de su empleo correcto y siempre elegante del lenguaje y de su impecable y efectiva construcción de los argumentos que presenta, me sorprendió en su crónica la ausencia de elementos narrativos, tan típico y tan bien manejados en otras suyas.   Además me parece excesiva su dependencia de otras voces para crear su cuadro del Verano del 2019.

Pero este no es sólo un problema del texto de Toro sino un rasgo de todas las crónicas incluidas en Rabia…: domina aquí el interés por ofrecer información sobre la situación de los países de origen de sus autores pero escasea la hibridez de los textos, rasgo esencial en la crónica.  Esto no quiere decir que estos textos estén mal escritos.  Muy al contrario: estas crónicas evidencia una visión amplia y muy efectiva del lenguaje de cada uno de los países representados.  Por ello aparecen frecuentemente localismos y palabras en inglés, así como referencias a la cultura popular de cada país.  Sorprenden las frecuentes alusiones a la cultura popular puertorriqueña, especialmente a la música.  El reguetón se convierte en muchos de estos textos en clave para entender a los jóvenes de todos estos otros países, de la misma manera que Twiter, Facebook e Instagram aparecen con gran frecuencia para crear una imagen fiel de la juventud latinoamericana de hoy, una juventud que depende de los medios sociales y que llega a través de ellos a la cultura popular de otros países.

Rabia… es un libro que nos ayuda a ver cómo la cultura popular sirve de puente entre países aparentemente diferentes y distanciados.  Como en otros momentos, en ese aspecto nuestra música popular desempeña un papel de importancia.  ¡Antes era Daniel Santos y ahora es Bad Bunny!  También sirve para ver claramente cómo nosotros y nuestros problemas encajamos a perfección en el gran rompecabezas de la realidad latinoamericana.  Y la contribución de Ana Teresa Toro es esencial para hacer evidente este punto.

Pero Rabia… es también un libro que nos deja con las ganas – ganas, no deseo que es algo más fino y menos urgente – de leer otros libros similares que nos abran puertas y ventanas a otros países latinoamericanos desde la perspectiva de crónicas de otros jóvenes escritores, preferiblemente aún más híbridas que estas.  Pero los cronistas de ese futuro libro imaginario y ansiado, como los que se incluyen en este, llegaran también a escribir sus crónicas “convocados por la rabia”.  No tienen otra alternativa si quieren ser fieles a sus circunstancias y a sí mismos.

“El concepto ‘alianza’ es un eufemismo para referirse a las escuelas chárter”

Tomada de Facebook

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El presidente de la  Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Victor Bonilla, afirmó que el utilizar el concepto ‘alianza’ es un eufemismo para referirse a las escuelas chárter. “No vemos gran diferencia en utilizar fondos públicos para crear cualquier sistema análogo, pero, independientemente, ya constituye una violación a la Constitución, y lo podemos ver como una privatización de la educación pública de nuestro país, no importa el modelo que se utilice”.

En entrevista con este semanario, el presidente de la AMPR explicó que la utilización del término de escuela alianza y el hecho de que haya cinco escuelas que conforman una Alianza para la Educación Alternativa (AEA), es un tipo de escuelas chárter. En particular, esta AEA (según publicó el periódico El Nuevo Día) recibió entre el 2015 a 2019 la cantidad de $49 millones, a razón de de $9 a $10 millones anuales.

A la pregunta de cómo compara ese presupuesto con el que reciben las escuelas, Bonilla indicó que existe una diferencia abismal. “Si vemos las escuelas públicas de nuestro país, en estos momentos no están recibiendo el presupuesto asignado totalmente, mientras a estas escuelas se les está otorgando, hemos calculado, casi $2 millones. Es inaceptable y a la misma vez no es justo que se traten de forma diferente, aunque entendemos y sabemos que el presupuesto de estas escuelas no se está asignando como lo establece la ley, porque no hay un cómputo de presupuesto por estudiantes”.

En cuanto al modelo de éxito del cual se ufanan las escuelas alianza, preguntamos qué considera que tienen de diferente que no pueda hacer el DE. El educador concedió que habría que hacer la investigación para saber cuál es el método utilizado en esas escuelas; si la enseñanza es individualizada, si es por destrezas, y que están haciendo tan diferente que “no podamos hacer las escuelas públicas del sistema, sabiendo que nosotros tenemos más de 150 escuelas de excelencia”.

Agregó y cuestionó si no es que esas escuelas se están  adelantando. Este tiene conocimiento, como maestro, de que esas escuelas son para graduar estudiantes de una manera rápida, de una manera acelerada; que utilizan  módulos para pasar exámenes, una prueba, para poderlos certificar. Aclara que esa no es la enseñanza pública que se da en las escuelas de nuestro país y defendió que en el sistema público la enseñanza es una de  conceptos, de destrezas y de un proceso gradual.

Bonilla precisó que en  la actualidad hay 10 escuelas alianza y que, de  acuerdo con una investigación de la AMPR,  hay escuelas alianza que han perdido estudiantes porque no han recibido el presupuesto por estudiante que se les había otorgado, por lo que ha habido estudiantes que han regresado a la escuela tradicional. Estas escuelas alianza, dijo, también han confrontado problemas en atender la educación de los niños de Educación Especial porque no tienen el personal capacitado para atender a esa población.

También destacó que de acuerdo a la  Ley 85-2018, de Reforma Educativa, se supone que se creen  87 escuelas chárter, las llamadas ‘alianza’. Incluso hubo una escuela, la Jesús María Quiñones, de Santurce, que el DE tuvo que cancelar su contrato debido a que un miembro de su junta es convicto por malversación de fondos.

Bonilla afirmó que  ya sea que se les llame chárter o alianza, el modelo constituye una privatización del sistema, por lo que son anticonstitucionales y “vamos a seguir luchando para que no se abra una más. En todas las ponencias y conversaciones con el secretario nos hemos opuesto tanto a las escuelas chárter  como a los vales educativos porque se están utilizando los fondos del Gobierno para la privatización”. Denunció también que el dinero no está llegando a las escuelas, otro aspecto del cual la AMPR estará muy pendiente

El presidente de la sindical que negocia un convenio colectivo con el DE acreditó que en las reuniones que tienen cada dos semanas con el actual secretario  no lo ven tan apercibido por traer el tema de las escuelas chárter como lo estaba el anterior secretario, que sí lo llevaba a la mesa de conversación.

Al rechazar la  implementación de escuelas chárter y las escuelas municipalizadas, la  Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) también hizo un llamado a que derogue la Ley 85-2018.  En particular, en  comunicado de prensa la organización magisterial denunció la pretensión del alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, de junto a un artista urbano llamado Jowell comenzar  el proceso de  apertura de una escuela privatizada en dicho pueblo, bajo el modelo de municipalización de  escuela alianza.

“Durante décadas, la FMPR ha denunciado que este tipo de escuela no persigue otro objetivo que el lucro mediante el robo del presupuesto destinado a las escuelas, y en el caso de las escuelas municipalizadas, es uno de los vehículos para continuar con la politiquería rampante en el proceso educativo”, denunció la organización que agrupa también a parte del  magisterio del DE.

El vicepresidente de la Federación, Edwin Morales, calificó de una vergüenza que se esté planteando abrir escuelas de este tipo, “mientras a muchísimos de nuestros planteles le falta lo más básico para dar un servicio de excelencia, desde una fotocopiadora hasta simplemente papel”.  Precisó que pese a que el DE cuenta con un  presupuesto de más de $5 billones, las escuelas siguen sin los recursos necesarios para ofrecer una educación de calidad.

Agregó que de parte de la Federación han  planteado en innumerables ocasiones la necesidad de ampliar la oferta académica para tener un currículo llamativo y enriquecedor que genere interés en nuestros estudiantes. “Sin embargo, esto no se puede hacer a costillas de seguir desmantelando nuestra educación pública, dejando de asignar los recursos adrede, para otorgarlos a estos quioscos que a la larga terminan convirtiéndose en un nido de saqueo y corrupción”.

La Federación recordó que  la ley que permite este tipo de escuelas  fue impulsada y aprobada por el gobierno del depuesto Ricardo Rosselló, su secretaria del DE y ahora convicta por corrupción, Julia Keleher, y el también convicto por corrupción, el exsenador y alcalde de Yauco, Abel Nazario.

Los portavoces de la FMPR estiman que la mayoría del interés en la privatización ha provenido de colegios privados que están montando sus negocios, desangrando el presupuesto del DE  y robándose la matrícula del sistema público de enseñanza. “Ahora se impulsa esta otra modalidad, que representa un descaro al país, de cerrar escuelas para volver y abrirlas privatizadas y seguir quitándole matrícula a las escuelas existentes” indicó la educadora.

La Federación hizo un llamado al magisterio y a las comunidades a organizarse para luchar y detener este proceso de privatización de escuelas desde donde sea. “También hacemos un llamado a los artistas que bien quieren contribuir a la educación de nuestra niñez, a no prestarse para validar este modelo de saqueo de fondos públicos en nuestras escuelas ni lavarle la cara a quienes perjudican al pueblo con políticas que afectan a la gente humilde”.

Con el mismo énfasis hicieron un  llamado a los legisladores para que detengan la implementación de este modelo de negocio en medio de la crisis educativa que persiste a pesar de esta ley 85. “La privatización de escuelas la tendremos que detener desde la calle tomando las acciones concertadas que sean necesarias”, concluyeron los líderes de la Federación de Maestros.

 

Listado de Escuelas Alianza (según el DE)

Christian Military Academy – Vega Baja

Academia de Ciencias y Tecnología – Bayamón

Escuela Camino al Éxito – Yabucoa

Escuela Pública Bilingue Cacica Yuisa – Loiza

Escuela Superior Rosalina C Martínez – Guaynabo

LEAP STEAM + E Academy of San Juan – San Juan

Escuela Especializada en Ciencias y Tecnología – Montellano, Rio Piedras

Escuela del Deporte – San Juan

 

 

Editorial – A ritmo vertiginoso la entrega del país a manos privadas

Hotel Normandie. Foto por: Esteban Gómez

 

 

Un golpe tras otro. Como si quisieran mantenernos aturdidos para que casi no podamos reaccionar. Así se suceden los tratos y contratos que traspasan o arriendan propiedades del pueblo puertorriqueño a las manos veloces de los “empresarios de la Ley 22 (60)”, nombre legal con el cual el Gobierno de Puerto Rico ha bautizado la práctica de la evasión contributiva que, en nuestro país, es cobijada bajo el manto de “incentivos económicos” para multimillonarios extranjeros. El caso más reciente es el del Parque Sixto Escobar en el sector de la Playa del Escambrón, ahora objeto de un contrato de arrendamiento entre el Municipio de San Juan e Ishay Group, propiedad de un empresario de nombre Ezra Ishay. En el contrato se arrienda por 30 años (pero todo indica que podrían ser más) el uso de los terrenos del Parque Sixto Escobar  para  construir un estacionamiento de huéspedes y otras amenidades para el hotel Normandie, propiedad de Ishay, que es inmediato al predio donde ubica el parque.

El Parque Sixto Escobar es un monumento arquitectónico e histórico de mucho valor para nuestro pueblo y aún conserva un uso práctico como espacio para deportes para niños, y la celebración de eventos deportivos y recreativos. La Playa del Escambrón, aledaña al parque y al hotel, es de libre acceso público- como todas las playas de Puerto Rico- y un balneario altamente atesorado y utilizado por la gente de San Juan, pues constituye uno de los pocos espacios gratuitos de esparcimiento en todo el litoral costero de la Capital. Nada de eso pesó en el ánimo del Alcalde de San Juan, Miguel Romero, a la hora de arrendar para uso privado dicha propiedad pública. De hecho, la forma atropellada en que se acordó el contrato y los términos del mismo- en extremo generosos con el arrendatario y pobres para el pueblo de Puerto Rico- además de las mentiras  y medias verdades que han rodeado la narrativa oficial en torno al mismo, han levantado una masiva ola de protestas y oposición a que se continúe con este proyecto. A pesar de que el alcalde Romero ha insistido en que el arrendamiento de los terrenos del Parque Sixto Escobar no impedirá el acceso público a la playa, un examen de los planos del proyecto de construcción del estacionamiento demuestra que no es así. De acuerdo al plano, dicho proyecto se extendería mucho más allá de la estructura del hotel hasta el llamado Parque del Tercer Milenio, que es parte de la playa. También se conoce que Ishay Group pidió incluir en el plano, además del estacionamiento, varias áreas recreativas y acceso al mar, todo lo cual le ha sido concedido en el contrato firmado con el Municipio de San Juan. Así consta en la evidencia en detalles presentada a CLARIDAD y publicada en esta edición, por el grupo Escambrón Unido, que organiza la oposición ciudadana al proyecto de estacionamiento y al contrato perdidoso para San Juan y Puerto Rico firmado por el Municipio.

Este proyecto, así como la venta a empresarios privados de edificios de vivienda pública y otras propiedades de uso público en Puerta de Tierra y otras localidades dentro de la isleta de San Juan, son el ejemplo más reciente de la nefasta política de enajenación y traspaso de bienes públicos hacia manos privadas contenida en la llamada Ley 22,  la cual demuestra la decadencia creciente de los sucesivos gobiernos coloniales de Puerto Rico, bajo el binomio partidista PPD- PNP, los dos pilares que sostienen el despojo y la dominación colonial en Puerto Rico. Diseñada y aprobada bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, del PPD, la Ley 22 ha ido cobrando cada vez más espacio bajo los gobiernos de Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garced y Pedro Pierluisi Urrutia, todos del PNP. Sin embargo, hasta este momento, ninguno de esos gobiernos ha podido divulgar una lista de los logros alcanzados por Puerto Rico desde la implantación de la Ley 22, ni mucho menos han podido demostrar, con datos concretos, cómo dicho estatuto ha beneficiado y beneficiará al pueblo de Puerto Rico en métricas tan sencillas como la cantidad de empleos directos e indirectos generados, ni las pruebas del impacto social de la labor filantrópica o de las actividades de desarrollo económico y comunitario que dichos proyectos han generado, o dichos empresarios han llevado a cabo, y que justifiquen los incentivos tan jugosos que disfrutan. Lo que sí ha logrado la Ley 22 es levantar una bandera roja en el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS), que tiene unidades de agentes dedicadas  a investigar y analizar la conducta fiscal de los empresarios acogidos a la Ley 22, y los efectos del estatuto en los recaudos contributivos en las arcas del gobierno federal, que es donde verdaderamente le importa al Imperio que nos gobierna.

Peor aún, la voz se sigue regando como pólvora, en Estados Unidos y otros países, de que Puerto Rico se ha ido convirtiendo en un “paraíso fiscal”, y de que los gobernantes y oficiales de la Isla son dulces y dóciles ante los grandes empresarios, y que no hacen muchas preguntas, ni fiscalizan, ni exigen, lo cual atrae cada vez más a personajes excéntricos y altisonantes que llegan a nuestro país con las maletas cargadas de proyectos fantasiosos  y billetes, para comprar o arrendar todo lo que tenga valor, y de paso, obtener apertura y cobertura para su botín.

 

 

No a la venta y privatización de nuestros parques y playas

Fotos por: Esteban Gómez

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

“¿Cuánto más vamos a perder nosotros? Este es el único parque que tenemos los habitantes de la ciudad y los puertorriqueños de a pie para ir, porque desde el Caribe Hilton hacia Isla Verde ya se nos negó el paisaje, está todo tapiado, esto es lo único que nos queda. En cuanto esto empiece a delimitarse, la gente va a dejar de usar la playa y va a ser nuevamente una playa privada”, denunció una de los miembros del grupo Escambrón Unido.

Este movimiento, junto a otros participantes, ha dado  la voz de alerta respecto al arrendamiento del Parque de Pelota Sixto Escobar por parte del Municipio de San Juan (MSJ) a la empresa Normandie OZ, LLC – Ishay Group para la construcción de un estacionamiento y dar paso al desarrollo de un complejo turístico en el área. El   proyecto hotelero que Ishay Group propone para el área tiene como consecuencia la usurpación de bienes de dominio público y la privatización del área del Parque del Escambrón.

La portavoz del grupo Escambrón Unido, Gradissa Fernández, destacó que “este es  un ejemplo más de lo que estamos viendo en el país de la usurpación absoluta de nuestras playas y nuestros parques para regalarlo a un ente privado. ¡Porque esto es un regalo bárbaro!”. Sus expresiones se dieron durante un recorrido por toda la zona en donde se mostraron detalles de lo que se propone construir Ishay Group.

Otro de los participantes, Herminio Pagán, portavoz de un grupo de surfistas que utilizan la playa, explicó que su grupo está en una lucha de hace 20 años tratando de reclamar lo que se conoce en  la esfera federal como la Parcela C, donde ubicaba en un pasado un  club de oficiales del Navy. Son tres cuerdas que incluyen la segunda línea de defensa que en su tiempo trazaron los españoles.

Ante la acción del alcalde, anunció con énfasis que se proponen radicar una querella en la Oficina de Permisos del MSJ porque “no solo este proyecto no cuenta con los permisos…si hace dos días le dieron titularidad.  El primer paso para solicitar permiso de construcción o de demolición es demostrar titularidad, por eso la premura de darle un contrato de arrendamiento para que pueda radicar la solicitud de permisos”. Alertó de que todos saben que no solo en la OPSJ, sino que a nivel estatal, en la Oficina de Gerencia de Permisos que lidera Manuel Cidre (secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, bajo la cual está OGP), habrá influencias de  poderosos extranjeros tratando de sacar esos permisos de manera rápida.

Pagán reclamó que sus conocimientos sobre los procedimientos de permisos le permiten saber que para un proyecto de la  índole del presentado se requieren vistas públicas, la publicación de edictos, enviar cartas certificadas, una  rotulación, una recomendación en uso de calidad ambiental (REA) estatal y federal, por encontrarse en una zona marítimo terrestre (ZMT), y otros  18 requisitos adicionales. Explicó que normalmente, los empresarios locales se tardan un año en obtener un permiso o una preconsulta.

“Vamos a estar bien pendientes, porque vamos a ver si Manuel Cidre va a hacer que esto salga rápido o va a hacer que hagan fila como los locales aquí. Todos los pequeños y medianos comerciantes, para renovar un permiso de uso, se tardan, mínimo, tres meses, seis, un año. Este señor viene a impactar una ZMT imponiendo intereses privados sobre los públicos”.

El activista denunció y cuestionó el anuncio del alcalde Romero y de la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes de que para mayo se iba a comenzar la demolición del parque.

“Quiero ver si eso va a suceder, porque entonces estoy seguro que tan pronto salga ese permiso vamos a tener la primera evidencia de corrupción en la oficina de planificación y de permisos, sin contar la oficina del municipio, que probablemente es la peor oficina de permisos de Puerto Rico. Le advertimos que el estacionamiento no va”.

Otro de los usuarios del parque y participante de Escambrón Unido, José Rodríguez,  quien también es portavoz del Comité Dominicano de Derechos Humanos, narró que participó en la lucha de Santurce no se Vende:

“Somos una comunidad que fuimos sacados de su hábitat porque somos unas personas vulnerables, inmigrantes que alquilan sitios en que nadie quiere vivir. Luego, los lugares se desarrollan y luego los sacan. Hemos estado en varias luchas en Puerto Rico  y lo que estamos viendo aquí es que aquí no hay un fin público para expropiar y construir. Ponerle cemento a una zona natural, a un sitio donde vienen las especies marinas a aparearse, eso no se menciona; pero eso también va ser afectado. Nosotros le hacemos un llamado al alcalde, que cuenta con los votos de la comunidad migrante, que ha sido desatendida por su administración.  Yo vivo aquí, en Puerta de Tierra, aquí vivimos muchos inmigrantes. Entonces, se le está quitando el área recreativa al pueblo. Aquí corrieron mis hijas en competencias deportivas, aquí se rompió el récord del mundo con Javier Sotomayor, esto es un sitio histórico. ¿Cómo él piensa destruir algo así? Hacemos un llamado al alcalde para que rectifique.   Como portavoz del CDH y en nombre de mi comunidad, nos oponemos a que construya y destruya un área protegida”.

Dos miembros de la organización ambientalista Amigos del Mar, Irimar Landrón y Carlos Rivera, coincidieron en las denuncias de que el proyecto representa una usurpación de bienes de dominio público y resultará en la  privatización del sector.

“Hay  una agenda desde hace mucho tiempo de seguir privatizando al país y seguir desplazando a las y los puertorriqueños de nuestra isla. Todas las costas se siguen vendiendo y entregando a inversionistas que no son boricuas y a algunos boricuas para privatizar y llevarse nuestro tesoro como isla. Esto lo que hace es re confirmar que es un desplazamiento, que nos están sacando. Cada vez nos aumentan más la luz, el costo de vida, y lo están preparando para una clase particular que no representa a la clase empobrecida de nuestro país”, expresó Landrón, coordinadora.

Por su parte, Carlos Rivera, analista de Política Pública, planteó que la situación representa otro ejemplo de la contradicción total que hay entre la política pública y lo que estipulan las leyes. Indicó que es necesario abogar por una moratoria de la construcción en las costas por cinco años y reclamar a la Legislatura una nueva ley de costas.

Desmienten a  Normandie OZ, LLC – Ishay Group

 En comunicado de prensa, la organización sin fines de lucro Scuba Dog Society (SDS), por medio de sus portavoces, el licenciado Herman Colberg y el ecólogo Ariel E. Lugo, aclaró que nunca ha endosado el proyecto propuesto para el hotel Normandie en el área de El Escambrón,.

“Desautorizamos a cualquier persona u organización que indique o sugiera que Scuba Dogs Society endosó el proyecto. Scuba Dogs Society no endosa proyectos privados”, informó.

La organización reclamó que ha sido parte de los esfuerzos de conservación y mejoramiento de El Escambrón por los pasados 20 años, por lo que considera que en este lugar debe hacerse una planificación integral en armonía ecológica y social, tomando en consideración a la comunidad y el mejor criterio científico. Ese siempre ha sido el acercamiento de Scuba Dogs Society para todas las costas y los espacios naturales de Puerto Rico.

“Las declaraciones que hagan, a título personal, miembros de la Junta de Directores de Scuba Dogs Society o la escuela acuática Scuba Dogs no representan las posturas de nuestra organización. Scuba Dogs Society no ha endosado este proyecto y nunca emite endosos a proyectos privados”, remarcaron Colberg y Lugo.

 

 

Sigue el despojo en San Juan y el Escambrón

Foto por: Esteban Gómez

 

CLARIDAD

Casi al unísono, el gobierno central y el Municipio de San Juan, ambos bajo control del PNP, anunciaron la entrega de valiosos bienes públicos a inversionistas estadounidenses para que los exploten durante largos años. Además del despojo que esa entrega representa, en ambos casos se trata de proyectos de enorme impacto ecológico, que afectarán comunidades y estructuras históricas. A pesar de esa evidente realidad, el anuncio tomó por sorpresa a las comunidades afectadas y, en el caso de uno de ellos, la información se adornó con mentiras sobre el apoyo de organizaciones defensoras del ambiente.

El primero de los anuncios incluye al histórico Parque Sixto Escobar y la playa del Escambrón, que le es contigua. Difícilmente exista un lugar más vinculado a la historia deportiva puertorriqueña que esa estructura. Allí creció el béisbol boricua y desde sus gradas se disfrutaron confrontaciones memorables. También sirvió de escenario para importantes eventos políticos porque partidos y movimientos celebraron allí sus asambleas y concentraciones. Luego de que el béisbol se mudó al nuevo estadio Hiram Bithorn en la década del ’60 el parque siguió usándose y en la década siguiente, en ocasión de los Juegos Panamericanos de 1979, fue mejorado y ampliado, convirtiéndolo en un centro para la práctica del atletismo y el fútbol. A su lado se mantuvo un parque beisbolero conocido como “la liga del Canódromo”, abierto a las comunidades del Santurce y Puerta de Tierra. De allí se caminaba a la playa del Escambrón y la de la Parada 8, centros de esparcimiento para ambas comunidades.

Las construcciones efectuadas antes de 1979, junto al desarrollo posterior de otro parque en el lugar donde estuvo “la liga del Canódromo”, auguraban que el lugar se mantendría por siempre como centro de esparcimiento para Puerta de Tierra y Santurce. Sin embargo, luego llegó la desidia. Las áreas deportivas, que tras los Juegos permanecerían para uso público, fueron poco a poco abandonadas tanto por las administraciones municipales como gubernamentales. A pesar de la gran inversión financiera que allí se hizo, y de la calidad de las instalaciones, la falta de mantenimiento las fue haciendo inservibles. No fueron los huracanes, ni mucho menos el más destructor de ellos, María en 2017, los responsables del deterioro creciente de las instalaciones deportivas y recreativas del Escambrón. Fue el resultado de la desidia gubernamental y de la corrupción pública que desvía el uso del dinero hacia lo menos esencial.

Esa desidia no siempre es producto de la negligencia y la incompetencia de los funcionarios del gobierno. A veces es intencional, pero el efecto es el mismo. Las áreas e instalaciones que sirven al pueblo se abandonan y entonces aparecen los empresarios como “salvadores”. El lugar que la desidia convirtió en ejemplo de abandono, llevándolo a que pareciera un estorbo público, es “rescatado” por un inversionista privado, pero a cambio de convertirlo en un multiplicador de ganancias.

CLARIDAD, 1970

En el caso del Sixto Escobar y el Escambrón es un tal Ezra Ishay, uno de los nuevos ricos que llega a Puerto Rico atraído por nuestra condición de paraíso fiscal. Para lavar dinero especulan con bienes raíces, que luego utilizan para aumentar sus ganancias, trastocando de paso el mercado puertorriqueño. Este tal Ishay primero adquirió el dilapidado Hotel Normandie siendo consciente de que lo que de verdad puede generarle ganancias es la playa del Escambrón que ubica detrás del edificio, así como los terrenos del Sixto Escobar que está al lado. El alcalde de San Juan, Miguel Romero, corrió a complacerlo y de espalda a las comunidades de Santurce y Puerta de Tierra firmó el contrato de entrega. Para echarle más sal a la herida, el buscón Ishay se inventó aplausos que no tenía, mintiendo durante la conferencia de prensa del supuesto apoyo de organizaciones ambientalistas a su proyecto. El contrato es por 30 años y, según el alcalde, incluye la “garantía” de que no se cerrará el acceso a la playa. Los puertorriqueños ya sabemos lo que esa “garantía” representa.

Casi simultáneo con el proyecto del Escambrón se anunció la entrega de un importante predio de terreno frente a la bahía de San Juan para la construcción de un hotel de la cadena Hard Rock. En este caso no solo se trata de la entrega graciosa de un valioso bien público, sino de la escala del desarrollo propuesto. Según el anuncio y las descripciones gráficas mostradas, lo que se construirá es un mega hotel que terminaría trastocando el valor histórico de la isleta, arrinconando la vieja ciudad. El paseo que ahora existe en la zona portuaria se convertiría en la práctica en el patio delantero del nuevo hotel.

Igual como le sucedió a los vecinos de Puerta de Tierra y Santurce con la entrega del Escambrón y el Sixto Escobar, los vecinos del Viejo San Juan supieron del nuevo proyecto por la conferencia de prensa donde se anunció. El desarrollo trastocará sus vidas, pero nadie los consultó antes de aprobarlo.

CLARIDAD, 1970

Contrario a lo que el gobierno y el municipio esperan, los anuncios efectuados no representan el final del camino. Esos dos nuevos desarrollos se añaden a la agenda de quienes luchamos contra el despojo que promueven y patrocinan los partidos del bipartidismo isleño. En el Escambrón comenzó en 1970 la campaña “Playas para el Pueblo” impulsada por el Movimiento Pro Independencia (MPI). La realidad que la impulsó no solo existe, sino que se ha agravado. Habrá que aumentar la lucha contra esos nuevos proyectos sin olvidar que el principal objetivo tiene que ser ponerle fin a los gobiernos entreguistas que los hacen posible.