En Puerto Rico hay un consenso masivo, casi unánime, de que el sistema eléctrico del país requiere un cambio radical. No es posible seguir remendando y poniendo parchos a un sistema eléctrico deficiente y posiblemente, uno de los más caros del mundo.
Donde se quiebra el consenso es cuando chocan de frente la sensatez y el interés por el bien común, con el interés económico y de ganancias de los grandes conglomerados energéticos extranjeros que, por décadas, han dominado a los gobiernos coloniales de Puerto Rico, ejerciendo su poder e influencia en el Congreso de Estados Unidos . Ese poder e influencia se ejercen especialmente en el Comité de Recursos Naturales, bajo cuya jurisdicción estamos todas las llamadas «posesiones de ultramar» o colonias del Imperio estadounidense.Así nos enfrentamos a las más flagrantes contradicciones entre el discurso público, e incluso las leyes y políticas públicas que aprueban nuestros gobernantes, y la realidad sobre el terreno de lo que está pasando con la llamada «reconstrucción eléctrica» en nuestro país.
De un lado, existen una ley y una política pública energética que establecen que, para el año 2050, el 100 por ciento de la energía que se produzca en Puerto Rico debe provenir de fuentes renovables, como el sol y el viento, entre otras. Del otro lado está la realidad que nos da en la cara todos los días: a casi seis años del huracán María, y de la supuesta aprobación por el Gobierno de Estados Unidos de decenas de miles de millones de dólares para un renovado sistema eléctrico en Puerto Rico, todavía padecemos de apagones continuos e inexplicados que mantienen a la población en un constante estado de aprensión y ansiedad, al no poder contar con estabilidad energética en los hogares, ni tampoco en los negocios. En Puerto Rico se vive con resguardo eléctrico continuo de generadores o costosos sistemas solares, solo accesibles a quienes los pueden pagar. El resto de la población, que somos la mayoría, vive en la incertidumbre de no poder contar con el suplido eléctrico por el que se paga cada mes tarifas dos o tres veces más altas que en las jurisdicciones de Estados Unidos, quizá con la excepción de Hawai.
Peor aún, las acciones del gobierno de Pedro Pierluisi y el PNP en cuanto a la energía eléctrica, van a contracorriente de la propia ley y política pública que dicen suscribir en sus pomposos pronunciamientos. Las dos decisiones energéticas más importantes, desde el desastre del huracán hacia acá, han sido contrarias a dicha ley y política pública, porque han ido dirigidas a la privatización total del sistema eléctrico de Puerto Rico y a fortalecer la infraestructura de gas natural, un combustible fósil e importado que no debe tener primacía en ningún plan hacia la energía renovable. La entrega de la red de transmisión y distribución eléctrica a LUMA Energy, en un contrato altamente cuestionable y cuestionado, le traspasa el mando del flujo de la energía a la subsidiaria de dos empresas, una canadiense y otra estadounidense, fuertemente vinculadas a la industria del gas natural del continente norteamericano. El área de generación también se privatizó, y la operación de las unidades de gas natural de San Juan y la construcción de una nueva planta de gas natural se le traspasó a Genera PR, subsidiaria de New Fortress Energy, empresa estadounidense que opera un terminal de gas natural desde el muelle de San Juan. Estas acciones atentan contra un futuro energético sostenible para nuestras nuevas generaciones y. traicionan el objetivo de la ley y política pública aprobadas, de que Puerto Rico produzca el 100 por ciento de su energía de fuentes renovables para el año 2050.
Querer que nuestra Isla tropical se mueva a la producción masiva de energía solar y renovable es un proyecto de pueblo donde nos va la vida y el futuro. Además, es lo correcto, lo sensato y lo ambiental y personalmente sensible. La energía del sol y renovable es mejor porque es limpia y no contamina el aire, el suelo ni las aguas. Es mejor, porque a menor contaminación ambiental, mejora también la salud pública, ahora muy afectada por la energía contaminante. La energía solar distribuida en los techos genera también una mayor justicia social, porque convierte a las personas en productores de su propia energía y la de otros, en lugar de sólo ser consumidores de energía ajena. Actualmente, es una injusticia que una población con salarios que son apenas una tercera parte de los de Estados Unidos, pague la energía dos o tres veces más cara que allá.
No podemos permitir que se tuerza un camino tan claro y obvio como el de la energía solar y renovable para Puerto Rico, por la codicia de los mercaderes de los combustibles fósiles y la flojera y corrupción de los gobiernos coloniales.
Por eso, el próximo 18 de marzo Adjuntas y Puerto Rico alzarán la bandera del sol, como fuente de luz y de futuro para nuestra amada Patria.
