Es difícil saber lo que se dice y transpira tras bastidores en la llamada “mediación” judicial para la  reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La transparencia sobre los asuntos fundamentales de la quiebra fiscal del gobierno de Puerto Rico no ha sido “el fuerte” de la Junta de Control Fiscal (JCF)  en ninguna de las etapas de este tortuoso proceso que ya lleva seis años. Desde entonces hacia acá, las reglas del juego en esta colonia cambiaron, como habían cambiado antes varias veces a lo largo de la historia colonial de Puerto Rico bajo Estados Unidos. El gobierno Militar, la Ley Foraker, la Ley Jones, la Ley 600 y el ELA,  y ahora, la Ley PROMESA y la JCF son las variantes políticas bajo las cuales la metrópolis imperial ha ejercido su poder  sobre Puerto Rico. Bajo ninguna de esas variantes el pueblo de Puerto Rico ha sido incluido en la discusión de los planes y decisiones del colonizador. La opacidad y las mentiras  han sido herramientas hábilmente utilizadas para mantener el  control sobre nuestra población, y ahorrarse las explicaciones por las decisiones que se toman por nosotros.  La llamada “confidencialidad” se ha convertido en un subterfugio para mantener a nuestro pueblo ajeno a  lo que se trama y acuerda en nuestro nombre y a nuestras espaldas.

Por eso, a escasos dos días de que se venza el plazo del Tribunal de Quiebras de la Ley PROMESA y de la jueza estadounidense que lo preside, Laura Taylor Swain, para que la JCF someta  la nueva versión del Plan de Ajuste de Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PAD- AEE), el pueblo de Puerto Rico se encuentra totalmente a oscuras,  no solo por los apagones de LUMA sino también por el “apagón” de transparencia de la JCF  sobre los planes de reestructuración de la deuda de AEE que están pactando en nombre de todos y todas.  Hace apenas unos meses, el PAD original pactado por la JCF con los acreedores de la AEE fue descartado,  y el proceso comenzó de nuevo, con menos tiempo y nuevos esfuerzos de mediación ordenados por el tribunal. Nunca se han explicado las verdaderas razones para descartar el PAD anterior. Solo se dijo que no era conveniente. Pero, cuando el gobierno de Pedro Pierluisi y el PNP y la JCF acordaron abandonarlo debe ser por nefasto e indefendible. Se especuló entonces que el mismo conllevaría un cargo fijo en la factura eléctrica de entre $23 y $26 mensuales por cada abonado de la AEE, pagadero por  los próximos cincuenta años.

El contenido del nuevo PAD- AEE-  el mismo que debe entregarse al tribunal dentro de dos días-  también se desconoce.  Hay solo un dato que ha trascendido  y lo anunció la propia JCF el mismo día 1ero. de diciembre en que  la jueza del Tribunal de PROMESA ya les había extendido el plazo para entregar el mismo. La jueza precisó  que quería darle más tiempo al proceso de “mediación” judicial con los acreedores de la AEE.  Por eso, fue muy sorpresivo que David Skeel , presidente de la JCF, anunciara  el acuerdo por separado entre el ente fiscal y el grupo de acreedores de los préstamos para la compra de combustible en la AEE.  A este grupo particular de acreedores, la JCF acordó pagarles  84 centavos por cada dólar de deuda, un recorte de 16 centavos de cada dólar, o un 16%. El pago se garantiza con una emisión de bonos nueva  y un cargo fijo en la factura de AEE. No hay que ser adivino para saber que serán los abonados de la AEE quienes pagarán el cargo que no se sabe a cuánto asciende.

Peor aún, en toda la discusión sobre el nuevo PAD- AEE, y en el proceso  hasta que se presente y se discuta en el tribunal, hay interrogantes persistentes para las que nuestro pueblo debe exigir respuestas. Cuando Skeel habla del acuerdo pactado con el grupo de acreedores combustible, ¿será que la mediación fracasó irremediablemente y cada  grupo de acreedores  se siente con el derecho a exigir un pacto por separado que le beneficie? ¿Será que el  afán de la JCF por terminar la reestructuración de la deuda de AEE les hará tambalearse  ante las presiones de acreedores furibundos que no quieren ningún recorte de deuda?  En todo esto,  ¿ quién defiende  al pueblo de Puerto Rico, sobre todo a los que  han sufrido despidos, recortes, traslados, a los y las que sienten y padecen  el nudo de la austeridad en su propia casa, en su propia mesa,  en su propio convivir diario?  Los males que llevaron a la AEE a esta situación insostenible siguen vivos en nuestro país.

No saldremos de este hoyo mientras no tomemos las tiendas de nuestro destino,  y se erradiquen para siempre el coloniaje y sus secuelas, como el bipartidismo decadente, la politiquería y la corrupción. Mientras reine el cinismo y la decepción, seremos perdedores. En este proceso,  el pueblo de Puerto Rico ha sido el gran ausente y el gran olvidado. La energía estable y asequible es un requisito para el desarrollo económico sostenible de un país. Con el baldón de una deuda impagable no hay desarrollo económico posible.  El pueblo puertorriqueño necesita  un PAD- AEE que sea justo,  y que no condene a nuestro país al subdesarrollo.