La debacle del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático, aunque diferenciada, solo puede entenderse como la etapa final de un largo proceso de debilitamiento y descomposición. Está estrechamente vinculada a las crisis provocadas por las políticas que ambos partidos han adoptado durante los pasados treinta años. Además, el PNP y el PPD han privilegiado a los grandes intereses y sus propios intereses partidistas con evidente menosprecio por el bienestar de las grandes mayorías. Ante esta debacle, la inercia de los sectores progresistas sería un gran error. Ante esta debacle, por lo tanto, debemos ser capaces de presentar una propuesta programática viable como alternativa al bipartidismo y a sus políticas.

Una crisis prolongada

 La crisis que enfrentamos comenzó en el año 2006, cuando concluyó el período de diez años aprobado por el Congreso de Estados Unidos para eliminar la Sección 936 y sus exenciones fiscales. La iniciativa – impulsada por el exgobernador Carlos Romero Barceló desde que perdió las elecciones frente a Rafael Hernández Colón – contó con inversiones y esfuerzos de cabildeo del gobierno del PNP. Estaban convencidos de que eliminar esa exención golpearía fuertemente al Estado Libre Asociado y al Partido Popular Democrático y obtendrían finalmente la estadidad para Puerto Rico.

La exención contributiva nunca fue capaz de garantizar empleo o desarrollo suficiente. Pero el Congreso eliminó ese mecanismo – aunque inadecuado e insuficiente – sin adoptar medidas para mitigar su impacto. En todo este periodo, los gobiernos del PPD y del PNP desaprovecharon la oportunidad que esos recursos brindaban para estimular la actividad productiva.

Como resultado, en este periodo de desfase de la Sección 936, la manufactura perdió más de la mitad de los empleos, y la economía de Puerto Rico se ha desplomado desde 2006. Han pasado 16 años desde el inicio de la crisis, pero esta todavía persiste, demostrando su carácter estructural, aunque mitigada muy recientemente por el aumento en recaudos producto de las transferencias de fondos de recuperación durante el año fiscal 2022. Esta mejoría no responde a cambios estructurales ni al desarrollo de actividades productivas. Según anticipado por la Junta de Planificación, no se sostendrá. Por el contrario, se seguirá reduciendo la economía y, con el tiempo, regresará al estancamiento.

Puerto Rico no estará exento de la recesión que se sigue fermentando globalmente. Por eso, el debilitamiento del PNP y la descomposición del PPD no pueden desvincularse de las crisis provocadas por las políticas de ese programa neoliberal que ambos comparten.

El programa del colapso

Según la economía de Puerto Rico colapsaba, los gobiernos -del PNP y del PPD – no reconsideraron sus políticas, ni sus prioridades. En lugar de hacerlo, optaron por endeudar el país masivamente. A la misma vez, administraciones de ambos partidos permitieron que la infraestructura – incluyendo la red eléctrica – se deteriorara deliberadamente, buscando generar apoyo para su privatización.

Esta situación provocó que en junio de 2015 el gobierno admitiera que sus deudas eran insostenibles, no se podían pagar. Ambos partidos apoyaron la ley PROMESA, aprobada por el Congreso, la cual creó la Junta de Control Fiscal y le dio amplios poderes sobre las finanzas públicas de Puerto Rico. La Junta impulsó recortes presupuestarios y más políticas de austeridad que acentúan la pobreza a la vez que profundizan la crisis y perpetúan la depresión económica. Los recortes vienen luego de otras medidas de austeridad, como nuevos impuestos al consumo, despidos masivos en el gobierno, ataques a los derechos laborales en los sectores público y privado y reducción gradual del empleo público (90 mil plazas eliminadas desde 2006). Además, ambos partidos han impulsado medidas cuyo impacto ambiental sigue siendo desastroso.

Como consecuencia han seguido perdiendo apoyo electoral: entre el 2004 y el 2008, el PPD perdió 162,000 votos. Aunque recuperaron 67,000 votos para ganar las elecciones en el 2012, esa cantidad todavía es menor a la que obtuvieron en el 2004. Entre el 2012 y el 2016 tuvo una pérdida de votos todavía más dramática: casi 282,000.

La debilidad del PNP confirma que lleva la misma dirección: Fortuño ganó las elecciones del 2008 con 1 millón 25 mil votos derrotando a Acevedo Vilá con la ayuda de la fiscalía federal. Pero ya en el 2012 perdió al obtener 884,775 votos. Es decir, el PNP perdió 141 mil votos. Este dato es muy revelador pues hacía más de veinte años que el PNP no sacaba menos de 900 mil votos.

La reconfiguración de la política electoral

La reconfiguración actual de la política electoral comenzó a gestarse en el 2008 con el debut del Partido Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR). En el 2012 concurrieron seis partidos a las elecciones: además del bipartidismo tradicional, del Partido Independentista Puertorriqueño y del PPR, participaron por primera vez el Partido del Pueblo Trabajador (PPT) y el Movimiento Unión Soberanista (MUS). Sin embargo, el descontento político, en su expresión electoral, se mantenía en los márgenes mientras el abstencionismo iba en aumento.

En las elecciones de 2016 hubo dos figuras emergentes -con programas similares y un discurso cuya crítica se limitaba a la ineficiencia y la corrupción gubernamental- que causaron gran revuelo mediático y electoral: Alexandra Lúgaro y Manuel Cidre. En conjunto obtuvieron 266,000 votos, equivalentes a cerca del 17% del voto total. Si a esto se le suman los escasos votos del PIP y del PPT, vemos que ya cerca del 20% de las personas que participaron votó fuera del bipartidismo en la candidatura a la gobernación, posición de mayor importancia desde la óptica del gobierno colonial.

Ricardo Rosselló ganó las elecciones de 2016 con menos del 42% del total de votos, la misma cantidad de votos que obtenía quien perdía en las elecciones más abiertas. El nuevo golpe que recibió entonces el bipartidismo tradicional abrió paso a una nueva realidad electoral: la pluralidad de partidos y candidaturas independientes.

El resultado electoral de 2020 confirma la nueva realidad que la pluralidad de partidos representa. Reitera también el hecho innegable de que el bipartidismo tradicional está en bancarrota. Pedro Pierluisi ganó las elecciones del 2020 con apenas el 33,24% de los votos. El PPD por su parte recibió el 31,75% de los votos y obtuvo mayoría en la Cámara de Representantes y aunque en el senado logró la mayoría de los escaños, no son suficientes para aprobar medidas sin el apoyo de otros partidos. La gestión de Pierluisi sigue el curso servil de adoptar como suyas las políticas de austeridad impulsadas por la Junta de Control Fiscal. Por su parte, las candidaturas a la gobernación de Victoria Ciudadana y del PIP obtuvieron cerca del 28% de los votos con programas claramente antineoliberales.

El potencial de una alianza electoral

Para las organizaciones socialistas la participación electoral es una cuestión táctica que tiene que basarse en un análisis concreto de la coyuntura específica. Cuando la realidad cambia – como cambió en Puerto Rico – debemos analizarla y, si es necesario, cambiar de táctica.

Hay una gran variedad de posibles tácticas electorales. En algunas situaciones, las condiciones imponen el boicot o retraimiento electoral. En ciertos casos puede ser necesario lanzar una candidatura propia para dar mayor visibilidad al programa socialista – lo que no ha sido posible en este siglo para el movimiento socialista en Puerto Rico. Democracia Socialista decidió participar de la construcción de Victoria Ciudadana para las elecciones del 2020 producto de su análisis. La situación sigue cambiando, desde nuestra perspectiva, favorablemente.

La coyuntura para el ciclo electoral de 2024 exige – a pesar de existir diferencias irreconciliables entre organizaciones e individuos sobre algunos temas – impulsar un frente unido en función de un cálculo político que prioriza la necesidad de derrotar a un enemigo común – el bipartidismo tradicional – e impulsar un programa mínimo antineoliberal que aproveche la debacle del bipartidismo tradicional, detenga el avance de las nuevas fuerzas reaccionarias y nos permita tomar la ofensiva.

Una táctica electoral bien definida debe considerar también la correlación política de fuerzas, especialmente dentro de los sectores progresistas. En esta coyuntura, que combina la crisis del proyecto colonial en su fase neoliberal con la debacle del PPD y del PNP, las organizaciones socialistas y la izquierda en general deben apoyar un frente unido electoral que sea capaz de aglutinar las fuerzas políticas progresistas bajo un programa que incorpore demandas de transición que nos permitan contribuir al desarrollo y radicalización de nuestras luchas.

Las condiciones actuales son excepcionales y presentan por primera vez en nuestra historia reciente la posibilidad de derrotar ese binomio dañino constituido por el PNP y el PPD. No debe, sin embargo, subestimarse la posibilidad de reconfiguración de las fuerzas reaccionarias y de la extrema derecha, cuya expresión más estridente es el partido Proyecto Dignidad (PD). Ya hemos visto que dirige la alianza antiderechos que integra junto al liderato del PPD y del PNP en la legislatura.

Los sectores progresistas deben seguir uniendo fuerzas para resistir la ofensiva de este sector contra los derechos democráticos y las libertades fundamentales, para vencer e inclinar la balanza a favor de las grandes mayorías. Por eso, resultan muy esperanzadores los acercamientos entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño. Igualmente, vemos con optimismo el entusiasmo que han generado, en los diversos sectores sociales con los cuales se han tenido reuniones bilaterales, las conversaciones sobre la necesidad y la posibilidad que tendría una alianza electoral en el 2024. Sobre todo, en las organizaciones del movimiento obrero.

A pesar de la prohibición de las coaligaciones introducidas al ordenamiento electoral en el 2011 y aunque no prevalezca una impugnación judicial de esa violación a nuestros derechos democráticos, los sectores progresistas del país han demostrado que tienen la disposición y también la experiencia para desobedecer leyes injustas y prevalecer. El terreno electoral no debe ser la excepción.

Existen condiciones para que se pueda constituir un frente unido electoral sobre las bases de un programa mínimo, que debe incluir la descolonización y la democratización del proceso electoral y de la administración pública, para derrotar al bipartidismo tradicional. El desprendimiento demostrado hasta ahora por el liderato de estos esfuerzos ha sido una pieza clave. Por eso, una alianza de esta naturaleza tendría el potencial de aglutinar a toda una serie de colectividades y figuras bajo un programa que sea capaz de generar el apoyo necesario para derrotar al PNP y al PPD e impulsar los cambios que el país necesita. Un programa que debe incorporar las demandas y las propuestas de los diversos sectores que protagonizan los procesos de lucha que resisten la embestida neoliberal. Procesos de los cuales participan activamente muchas de las personas que promueven las conversaciones sobre alianzas y que interesan extender sus luchas al terreno electoral para eventualmente impulsar sus demandas y sus propuestas desde el gobierno. Un proyecto que ponga los intereses de las grandes mayorías primero.

El desprestigio y la agonía del PNP y del PPD son consecuencia directa de las políticas que han impulsado. Es además la confirmación de que el neoliberalismo conduce directamente al desgobierno: deliberadamente y como consecuencia inevitable de sus políticas. Esta ha sido la alianza de facto que ha llevado al país al estado crítico en el que se encuentra y que ha sido llamada acertadamente por portavoces de Victoria Ciudadana como una alianza viciosa. Es precisamente en contraposición a esa alianza viciosa que hoy debatimos -con entusiasmo y optimismo- sobre la posibilidad de construir una alianza virtuosa para ganar: una alianza de país.