CLARIDAD
Integrantes de la Colectiva Feminista en Construcción (CFC) han sido citadas con la intención de radicarles cargos por presuntamente cometer un delito de usurpación. Otras doce personas arrestadas en octubre frente a la Fortaleza también han sido citadas por segunda ocasión para intentar radicarles cargos por un delito menor.
La licenciada María Soledad Sáez, quien es miembro del equipo de la defensa de ambos grupos, a preguntas de CLARIDAD indicó que en el caso de la Colectiva, la fiscalía pretende presentar cargos de usurpación por haber limpiado un edificio desocupado. El edificio en cuestión es el de la antigua tienda Teatrolandia, entre la esquina de las calles Brumbaugh y la Roble, en Río Piedras, que lleva más de 10 años abandonado.
“En los 26 años que llevo practicando, no recuerdo haber visto un caso bajo ese artículo. Son delitos que están ahí durmiendo el sueño de los justos y a la hora de ver actividades que son políticas o, en el caso de ellas, un problema de salud para la comunidad (la comunidad también participó, no fueron solo ellas), entonces deciden acusar a algunas en lo que se parece una selección bien particular”.
En el caso de las 12 personas arrestadas por acostarse en la calle frente a La Fortaleza durante una manifestación en octubre, luego de que en la primera vistas el grupo fuera dividido y dos jueces distintos encontraron no que no había razón para que los casos siguieran ni siquiera para la etapa de juicio debido a que los cargos eran menos graves, la fiscalía está intentando volver a radicar los mismos cargos. Los 12 fueron citados para una nueva vista este 12 de diciembre. Sáez indicó que la fiscalía tiene derecho a una segunda oportunidad, que es lo que se conoce como Vista 6 en alzada, que no es otra cosa que la misma vista ante un juez distinto para que este nuevo juez vuelva a evaluar la misma prueba y determine si hay causa para juicio o no.
La contención de la defensa es que aquí no se cometió ningún delito. “La fiscalía lo que está pretendiendo presentar en contra de ellos es lo que se conoce como resistencia al arresto, que es un delito menos grave, que no tendría ningún sentido porque no había razón para arrestar”. Agregó que en los videos se ve que no hubo resistencia al arresto ni agresión a ningún oficial y se ve que, una vez las personas se acostaron en el piso, fueron removidos uno a uno.
Preguntada sobre la insistencia de presentar cargos, esta atribuyó a la fiscal de distrito de San Juan María Esther Hernández, haber firmado las mociones solicitando la alzada. Por parte de la defensa se anotaron una victoria, ya que el juez que vio la vista, Rafael Taboas Dávila, aceptó que todos los casos se vean juntos. Cuando la fiscalía pidió las alzadas, radicó las mociones de manera individual. Sáez explicó que en teoría eso quiere decir que esas mociones pudieron haberles tocado a cualquier sala y no habría jueces suficientes para poder atender todas las vistas.
“No tiene ningún sentido que se atienda individualmente porque es el mismo evento y los mismos testigos. Hay unos puntos que varían, que son los que se refieren al que arresto a cada uno”.
En términos judiciales y políticos, la licenciada Sáez coincidió con la apreciación de que en ambos casos la conducta de la fiscalía se asemeja con la demostrada en el caso de los estudiantes que fueron arrestados por protestar en las oficinas de la presidencia de la Universidad de Puerto Rico, de insistir en radicar cargos por delitos menores. A su juicio, el sistema está en la crisis de legitimidad más grande que ha tenido el Departamento de Justicia en mucho tiempo. “Nunca había visto que los mismos fiscales estén dando información sobre Justicia, y me llama poderosamente la atención cómo en un momento como este, y donde se ve que hay sectores del país con una impunidad total, es cuando más arrecian el interés con casos como este”.
La licenciada contrastó que en otros lugares de la isla hay manifestaciones todas las semanas y que sin embargo no ha habido arrestos de esta índole. Esta considera que ello responde a que en San Juan hay más visibilidad y es donde está La Fortaleza. Señaló que esta es una política que está establecida desde que Olga Castellón era la jefa de fiscales, cuando preparó un memo, con fecha del 24 de abril de 2017, que dicta que los casos de protesta había que atenderlos de forma especial. Con ello creó como una categoría sospechosa, de que en el caso de manifestaciones había que asignar turnos de fiscales.
“En San Juan se estableció esa dinámica que yo creo que es una altamente preocupante y que está dirigida obviamente a coartar derechos de libertad de expresión y de reunión. Se supone que la gente tiene derecho a expresarse en una vía pública; es preocupante ver que esos casos siguen apareciendo”.
Sáez dio a conocer que se enteró de dicha instrucción cuando un fiscal lo mencionó durante una vista. El equipo de defensa tuvo que acudir al tribunal y llegar hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico para que el Departamento de Justicia cediera a entregar copia del memorándum, ya que insistía en alegar que este era un documento confidencial. El memo crea unos turnos de fiscales para los casos de manifestaciones.
La abogada censuró que el memorándum cree una categoría particular para manifestaciones, cuando en las manifestaciones, si se comete un delito, se supone que se atienda como cualquier otro delito. Al presente no sabe si esa política sigue vigente, dijo.
En comunicación escrita, CLARIDAD solicitó al secretario de justicia, licenciado Domingo Emmanuelli, que conteste si esa instrucción sigue en pie, si entiende o no que es necesaria y por qué. Al cierre de esta edición no se había recibido contestación.
